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Real Estate Mazatlán

If you are going to buy a property located within 50 km from the beach line, please be aware of the following:

1.- In Mexico there are not “title insurance” services.

2.- The “notario” (notary public) will perform a due diligence and draft all legal papers in order for you to enjoy your property.

A notary in México is a lawyer, but not all lawyers have the same credentials. 99% of them don’t have any further studies like masters or PhD’s.

Look for the best notario to protect your investment.

3.- Don’t trust the notario because your real estate agent (that you don’t also know his/her backgrounds).

Most notarios don’t speak English and some of them have not specialized on the complex world of trusts for foreigners to acquire a property.

4.- The buyer will pay for the property and all expenses, taxes and fees, since that’s a general costume in Mazatlan.

Estimate a 7% of the transaction price for all those other charges. A little difference on your benefit or otherwise could apply.

5.- If your future home is located in a Condominium, your notary will also review if it is properly designed, considering basic rights for peaceful enjoyment and for the healthy relationships between co-owners.

6.- Please have a translator of your own trust at your side and make sure your notary is bilingual.

If not, walk away!

7.- Don’t forget to appoint substitute beneficiaries in case you suffer a serious decease or death occurs. You can modify this any time.

8.- If you want to sell the property get your notario to advice on capital gains and on LEGAL exemptions you may be entitled of.

Again, tax issues are not understood by all notarios at the same level. Don’t put your self on legal risks, authority won’t hesitate to use all power to collect any due taxes and to punish any ilegal strategy to avoid them.

If you should have any questions, I notario and Ph.D Fernando García Sais, will gladly assist you.

My office is comfortable and well located on the golden zone. My team is highly professional and bilingual also.

Welcome to Mazatlan!

Fernando

http://www.garciasais.com.mx

Artículos Periódico Noroeste

Jubilación y relevo notarial (Noroeste, julio 2017)

Fernando García Sais

Notario 210  de Sinaloa

La prestación del servicio notarial es de orden e interés público. En todas las leyes locales del notariado que están vigentes en México (recordemos que la facultad para legislar en la materia está reservada a los Estados) se establece un mínimo de edad para poder acceder al notariado, pero no para salir, para dejar la función, para favorecer el relevo generacional. Hablar de la jubilación forzosa del notario es una necesidad.

En Sinaloa, el artículo 24 de la Ley del Notariado sitúa el límite inferior de edad para acceder al notariado, en los 30 años. Considerando que, de manera general, los estudiantes terminan la licenciatura a los 22-23 años, la edad de 30 años parece adecuada para iniciar, después de haber acumulado años de estudio y práctica profesional en distintos ámbitos del Derecho.

Un jurista a los 30 años ya pudo haber terminado un doctorado o haberse desempeñado exitosamente en diversas áreas de los sectores público y/o privado, con un cúmulo de conocimientos que le serán de utilidad para prestar un buen y eficiente servicio notarial.

A primera vista ello es encomiable. No obstante, la LN tiene importantes barreras de entrada que entorpece que el ingreso al notariado suceda como lo he descrito. Se necesita tener residencia efectiva de 10 años en Sinaloa (inmediatos anteriores a la convocatoria) y haber realizado prácticas con un notario de la localidad. Estos dos candados importan serias limitantes para los licenciados en derecho y favorece que las notarías se transmitan de padres a hijos, excluyendo a otros candidatos que, en teoría, pudieran competir en igualdad de circunstancias. Este tema debe también analizarse por los hacedores de leyes y de políticas públicas.

El aspirante a notario no sólo debe esperar tener 30 años, sino que debe ser paciente y cuando el ejecutivo estatal disponga publicar una convocatoria a examen, presentarse. Ello implica que para ajustarse a la irracional regla, debe sacrificar posibilidades de estudio y/o profesionales fuera del pueblo. No me parece que dicho canon produzca los resultados más deseables. ¿A usted?

La falta de reglas eficientes respecto de la carrera notarial es costosa para la sociedad y perjudicial para esa clase “tan desprotegida” que son los aspirantes a notarios. La mayoría no llega a la meta. Y dedican su vida a la(s) notaría(s). Paralelamente, no hay una seria formación de talento en las notarías: se privilegia la contratación de amanuenses (a quienes se les paga poco y dan un mal servicio), produciéndose el fenómeno de la extracción de los frutos del trabajo: notarios ricos y empleados pobres. La sucesión notarial por ADN importa más que el servicio prestado y que la garantía del servicio a futuro.

En Sinaloa, por citar un caso, en 2010 se asignaron notarías después de casi 15 años de espera. Dejar pasar tanto tiempo, no produce los mejores resultados. La continuidad y el dinamismo de la función, se lastima. La incertidumbre dificulta el adecuado desarrollo de la carrera notarial y desincentiva que nuevos profesionales del derecho se preparen y busquen competir por acceder a la función.

En otra ocasión abordaré el tema de otras barreras de entrada y los desincentivos generales que hacen que el notariado no tenga a los mejores abogados interesados en formar parte de sus filas. Lo que queda claro es que los notarios deberían jubilarse a cierta edad para permitir que las nuevas generaciones vayan supliendo las funciones que, naturalmente, ya no pueden realizar.

¿Debería el Estado garantizar una pensión al notario jubilado? Ese es otro tema relevante y merece voltear a ver lo que hacen otros países. En lo relativo a la edad de jubilación, en España, desde 1983 con la “Ley 29/1983, de 12 de diciembre, sobre jubilación de Notarios, Agentes de Cambio y Bolsa y Corredores colegiados de Comercio” los notarios se jubilan forzosamente a los 70 años, pudiendo hacerlo antes de manera voluntaria. La jubilación se complementa con un fondo de jubilación creado por una mutualidad.

En Uruguay, existe la “Caja Notarial de Seguridad Social”, que comprende no sólo a los notarios sino a quienes trabajan con ellos, un tema sin duda de urgente revisión en México, por la desprotección de los colaboradores de las notarías. La regulación es de 2001(Ley Nº 17.437), y prevé una edad de jubilación de 60 años y un mínimo de 35 años de servicio notarial. En la provincia de Córdoba, Argentina.

El 10 de octubre de 1995 se publicó la Ley 8427 y establece el cómo se financia la Caja Notarial de Jubilaciones, que me parece un maravilloso ejemplo de lo que pudiéramos hacer en México. Los notarios aportan el 1% de sus honorarios, si tienen una antigüedad menor a 5 años, y un 2% de ahí en adelante. Los usuarios de las notarías aportan 3% de los honorarios por pagar; el Estado aporta el 3% de los impuestos por traslados de dominio –lo que pudiéramos ampliar a los derechos registrales y al ISR enterado a la Federación, mediante un convenio entre el Estado y la Secretaría de Hacienda Federal—.

Determinar una edad de retiro puede ser caprichoso. Es, empero, un paso necesario para que la función notarial mejore. El Estado debería estar atento y proveer de mecanismos financieros que garanticen un mínimo vital para los notarios que se retiren. Con ello, el mecanismo de relevo generacional puede mejorar.

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Reflexiones a partir de la rifa del TP01 (Noroeste, 11 marzo 2020)

Reflexiones a partir de la rifa del TP01

Fernando García Sais

11/03/2020 | 04:00 AM

@fgarciasais

La fracción X, del artículo 73 de la Constitución Federal, establece que es facultad del Congreso legislar en toda la República sobre “juegos con apuestas y sorteos”, entre otras, por lo que al haber una reserva específica, las legislaturas estatales no pueden legislar en materia de juegos de azar. El artículo 124 constitucional dispone que lo que no se haya reservado la Federación corresponde a los estados, con ello se articula, pues, el sistema competencial nacional.

La abrogada (DOF, 14 de enero de 2020) Ley Federal de Juegos y Sorteos, en su artículo 3º, establecía que la “Lotería Nacional” se regularía por su propia ley; esto es por la ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, por la que se creó dicho organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con el objeto de apoyar económicamente las actividades a cargo del Ejecutivo Federal en el campo de la asistencia pública, destinando a ese fin los recursos que obtenga mediante la celebración de “sorteos con premios en efectivo”. Esta parte seguramente será objeto de modificación para permitir entregar premios distintos al numerario, como aeronaves, buques, inmuebles, vehículos, joyas, etc.

Los juegos de azar, como género, plantean en tiempos actuales retos de cara a la responsabilidad social frente a problemas que surgen a consecuencia del juego patológico. Si revisamos las leyes antes referidas encontraremos un silencio absoluto en temas cruciales como la prevención de la ludopatía y los deberes de control y atención sanitaria para los enfermos. Promover el juego responsable debería ser una política de Estado, con mayor intensidad desde que se ha permitido que operadores privados ofrezcan dichos servicios a la población.

La Federación, al operar un sistema de juegos de azar (a través de la Lotería Nacional y de Pronósticos Deportivos, hoy en proceso de desincorporación y fusión), debería seriamente considerar incorporar en su regulación los aspectos antes referidos así como otros vinculados con los derechos de los consumidores, como el de recibir información clara y veraz, regular los derechos al cobro y a las reclamaciones (puesto que hoy en día quedarían comprendidos bajo el manto protector de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de la Profeco, institución que dada su poca capacidad técnica no podría lograr ningún beneficio tangible).

Los aspectos de gran importancia a considerar, relativos a la adicción patológica al juego y a los medios que convendría emplear para concienciar a los jugadores sobre la necesidad de desarrollar esta forma de ocio de una manera libre y responsable, deberían ser el eje rector de la nueva legislación y política pública federales, creando un “registro federal de interdicciones de acceso al juego” (como se llama en España y el nombre es ejemplificativo) en virtud del cual se veda la participación a menores de edad, así como a personas por resolución judicial, por declaración de incapacidad o por decisión voluntaria decidan hacerlo.

Los efectos civiles de las apuestas por personas “incapaces” plantea un tema importantísimo para poder reclamar la devolución de lo apostado (la ludopatía favorece la presencia de un vicio del consentimiento), la apertura de procedimientos administrativos sancionadores y la imposición de penas; de la misma manera que es relevante evitar que los clientes incurran en juego patológico, lo que no se logra si se permite que se les suministren, por ejemplo, préstamos, créditos o mediante cajeros automáticos operados por los bancos e instalados en los casinos.

La imparcialidad y la ausencia de influjo contrario al azar también deben garantizarse. Resulta razonable pensar que quien organiza el juego no sea cliente. En el caso de los sorteos organizados por el Estado los funcionarios relevantes deberían estar incluidos dentro de la prohibición de adquirir cachitos o boletos.

Si logramos producir un nuevo marco jurídico que busque moderar la voracidad de los operadores, públicos y privados, para generar un contexto de juego responsable, mejoraremos sustancialmente. No paso inadvertido, por supuesto, que “la fuerza interna que impulsa al ludópata le restringe su libertad, incluso de una manera más contundente y decisiva que la coacción en sentido propio, esto es, la externa”. (Robles Morchón, Gregorio, La justicia en los juegos. Dos ensayos de teoría comunicacional del derecho, Mínima Trotta, Madrid, 2012, p. 27.).

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Tomar agua (Noroeste, 4 marzo 2020)

Tomar agua

OBITER DICTUM

Fernando García Sais

04/03/2020 | 04:20 AM

@fgarciasais
fernando@garciasais.mx

 

En febrero de 2012 se constitucionalizó el derecho al agua. La innovadora dicción del artículo 4º abandona la redacción de los derechos de prestación conforme a la cual los ciudadanos, frente a la norma constitucional, eran disimuladamente orientados a asumir una posición pasiva. Ahora, además de beneficiarios, son partícipes solidarios en la consecución de los objetivos constitucionales. La norma no se dirige en exclusiva a la autoridad, involucra al ciudadano. Todos somos responsables de hacer uso equitativo y sustentable del agua.

Esa evolución no es menor. Si las normas se redactan asignando derechos pero, a la vez, imponiendo cargas a las personas, se producirán efectos sociales positivos. La nota distintiva de los derechos sociales es que participan de los rasgos de los derechos e intereses difusos (medio ambiente, mercado eficiente) y colectivos (educación de calidad, vivienda digna, salud). Ante la falta de satisfacción se producen privaciones difusas y colectivas.

Hay una tendencia cada vez más palmaria en la jurisprudencia hacia una Constitución más normativa que política: los derechos prestacionales vinculan al Estado. Es un cambio jurídico paradigmático que se ha presenciado respecto de la aplicación de la Constitución.

La Suprema Corte y algunos tribunales del Poder Judicial de la Federación han comenzado a interpretar los derechos prestacionales superando su concepción de normas programáticas, donde el Estado no se hallaba obligado a nada: daba lo que quería, sin tener que esforzarse por presupuestar y administrar bien el dinero público. Con esa visión política se favoreció la profunda desigualdad social que enfrentamos y que es el origen de muchos problemas sociales, entre ellos el de seguridad.

El derecho al agua plantea retos significativos a los organismos operadores del agua, dadas las deficiencias de la infraestructura nacional y las administrativas de los sistemas de agua. Tenemos derecho a que los proveedores del servicio público de agua garanticen su acceso para consumo personal y doméstico de manera suficiente, salubre, aceptable y asequible.

Los consumidores tienen la expectativa (de fuente constitucional) de que, al ingerir el agua que llega a sus casas, no serán dañados en su salud. Hoy, la Constitución establece que no basta con que dispongamos de agua en nuestras casas o escuelas, es imperativo que pueda ser consumida de manera inocua.

Complementariamente, los consumidores de agua potable gozan del derecho legítimo a ser advertidos cuando, extraordinariamente, el agua deje de tener la condición de salubre. Ese deber de advertir es lo menos que el proveedor del agua potable debe hacer para prevenir enfermedades y daños públicos, sin perjuicio de las medidas correctivas para suministrar agua potable por otros medios, durante el plazo que dure la crisis, tanto en los hogares como en las escuelas, restaurantes y espacios públicos.

Los ciudadanos confiamos en nuestras instituciones. Mientras las advertencias no se comuniquen, las personas deben seguir confiando, so pena de producirse un lamentable y costoso desmoronamiento de nuestras instituciones, públicas y privadas.

El aprovechamiento del agua debe estar regido por una visión humana y social, para preservar la dignidad humana. El derecho al agua potable es un derecho fundamental. Su preservación es tarea compartida entre Estado y sociedad. De él depende la realización, goce y disfrute de los demás derechos económicos, sociales y culturales.

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Justicia en el comercio (Noroeste, 26 febrero 2020)

Justicia en el comercio

OBITER DICTUM

Fernando García Sais

26/02/2020 | 05:08 AM

 

El texto constitucional se refiere a los elementos de justicia y mercado (concepto que incluye al comercio), tanto en la parte general de la tutela judicial como en particular de los mercados competitivos y de la defensa del consumidor.

Desde 1983 (con la reforma al artículo 28) comenzó a perfilarse una incipiente e inacabada política de Estado de protección y cuidado de los intereses de los consumidores, hoy considerados como un derecho humano.

La Ley del Consumidor de 1992 (que abrogó la de 1975) ha tenido reformas que han afectado a más del 50 por ciento de sus 135 artículos y prevé un conjunto de derechos (protección del patrimonio, salud, seguridad, información y educación, representación, prevención y reparación de daño) incluyendo a la población vulnerable (niños, adultos mayores y enfermos) en un contexto evolucionado hacia la justicia colectiva.

Referirse al acceso a la justicia implica aludir a los instrumentos -individuales y colectivos- al alcance para hacer efectivos aquellos derechos sustantivos. El concepto desborda la actuación oficiosa de orden sancionador, en la que el consumidor no participa del proceso ni del resultado.

Las pocas multas ingresan, tras la revocación por los jueces de muchas, vía la autoridad exactora al erario. Presumiblemente son disuasorias de violaciones reincidentes. La práctica demuestra que no es así.

Lo cierto es que el cumplimiento de lo ofrecido en un contrato, lo prometido (o sugerido) en la publicidad, la eliminación de cláusulas abusivas y la reparación de los daños son retos con miras al fortalecimiento de la política de Estado, en proceso de construcción.

El hecho más relevante, política y jurídicamente, respecto del acceso a la justicia tuvo lugar en 2010 con la reforma (descafeinada) de acciones colectivas que permite que las colectividades sean oídas por jueces federales y resuelvan con efectos generales, logrando disuadir violaciones futuras e indemnizar los daños generados.

El resto de instrumentos se desenvuelven en un doble plano: extrajudicial y judicial. El primero se lleva a cabo mediante los procedimientos administrativos de queja, conciliación y arbitraje, que no están exentos de limitaciones, como su carácter voluntario, y que han demostrado un acceso meramente formal (y costoso) a la justicia administrativa. El judicial se desarrolla, en cambio, mediante el proceso que se instaura ante los jueces (Poder Judicial). Se desarrolla y resuelve de manera vinculatoria, haciendo realidad la tutela judicial efectiva.

Los procesos deben ajustarse, no sólo para paliar las deficiencias de la regulación de las acciones colectivas, sino para facilitar el ejercicio de acciones individuales de consumo, estableciendo principios que favorezcan al consumidor, como las presunciones probatorias a su favor y el de la inversión de la carga de la prueba -liberándole de la onerosa probanza de la culpabilidad del empresario- así como el principio de que la competencia territorial se establece por el domicilio del actor. Ello se realiza en un régimen dual de procedimientos, ordinarios y orales, en un entorno de inmediatez procesal.

La política de Estado necesita transitar hacia su plena consolidación. Debe evolucionarse de una administración meramente sancionadora hacia la instauración de un sistema de procedimientos que permita la solución de conflictos de manera rápida y a bajo costo, removiendo los obstáculos correlativos (procesos excesivamente dilatados y onerosos, resoluciones y procesos no vinculantes).

Al consumidor poco o nada le sirve tener una ley -innovadora en cuanto a los derechos que otorga- si no hay medios eficientes y efectivos para hacerlos valer. Mientras no se favorezca la instauración de procedimientos sencillos que resuelvan las tensiones con efectos vinculantes, la justicia cotidiana del consumidor seguirá siendo una meta que debemos alcanzar.
El acceso real a la justicia favorecerá que se acceda a un mercado eficiente en condiciones de libre competencia y concurrencia. El reto inmediato es avanzar en la credibilidad del consumidor en sus instituciones, en el mercado y en sus derechos.

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Se rechaza por no saber (Noroeste, 19 febrero 2020)

Se rechaza por no saber

OBITER DICTUM

Fernando García Sais

19/02/2020 | 04:10 AM

@fgarciasais

 

Salir de viaje, enfermarse o no ser abogado experto en formalismos judiciales pueden ser algunas de las causas que le traerán como consecuencia perder su casa. Presentar un documento (pruebas, recursos, etc.) en una ventanilla equivocada, aun en el mismo edificio de la sede jurisdiccional, es un gravísimo error que provocará el desvío de la justicia. El sistema judicial reposa en formalismos sacramentales que, lejos de servir, atentan contra los derechos de las personas.

Estamos a buen momento, puesto que nunca será demasiado tarde, para hacer esfuerzos por parte de la comunidad jurídica y política para que los procedimientos sean revisados. Hoy, el acceso individual a la justicia es un timo que, privilegiando las formas, sacrifica “dar a cada quien lo suyo”. Se ha optado por la justicia formal no material. Se lastima el bienestar. El formalismo anacrónico se perpetúa a través de los precedentes.

Transformar la “cultura jurisdiccional” es un largo proceso de evolución que va más allá y es más profundo (y urgente) que las reformas de gran calado que hemos logrado a partir de 2010 -con la de acciones colectivas, la de derechos humanos y la relativa al juicio de amparo-. Por más que nos esforcemos para discurrir nuevos conceptos (derechos difusos y colectivos, interés legítimo, efectos generales de la cosa juzgada), mientras sigan prevaleciendo los formalismos sobre los derechos, el acceso material a la justicia seguirá siendo un mito.

El mencionado cambio mental, tanto de los litigantes como de los juzgadores y sus auxiliares, es tan importante con el normativo, pero éste no lo detona. No se da en automático ni espontáneamente. Implica grandes esfuerzos al interior de los Poderes Judiciales, federal y de los Estados, de las Barras y Colegios de Abogados, así como de las Universidades y Escuelas de Derecho. La evolución cultural es un aspecto del Derecho que, en cierto grado, es inmutable frente al cambio jurídico. Su ausencia lo nulifica o, al menos, lo lentifica.

El catálogo de derechos, amplios y novedosos, a partir de la reforma de derechos humanos, se va haciendo realidad a cuentagotas. Para que tengamos derecho a la salud, a la educación, al medio ambiente sano, a los mercados competitivos, se impone la necesidad de que los abogados comencemos a argumentar de manera novedosa y creativa y los jueces a mostrarse receptivos y valientes para ir cambiando las innecesarias rigideces. Si el funcionario judicial no conoce de las materias sustantivas, se escudará en las formas, en desechar, en sobreseer, en no hacer justicia.

Los cambios de paradigmas jurídicos exigen sentencias que los consoliden. Advierto recientes precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que comienzan a perfilarse en esa dirección. Los ministros, algunos, han demostrado querer despojarse de atavismos que, a la luz del movimiento de tutela de derechos humanos y de materialización de derechos sociales o de prestación, no hacen más que recordarnos su carácter arcaico.

Los juzgadores, de todos los ámbitos, no pueden continuar favoreciendo la perpetuación de formas judiciales que sean contrarias al bienestar. El reto rebasa a los once ministros, tanto por la división propia del Poder Judicial de la Federación, que abarca a los magistrados y a los jueces de distrito, como por el sistema de reparto de competencias entre la Federación y los Estados.

Mucha tarea debe hacerse en los poderes judiciales locales, desde la profesionalización hasta la sistematización y divulgación de los precedentes. La mayor parte de los problemas cotidianos (arrendamientos, compraventas, derecho de familia, etc.) se presenta en los tribunales del llamado fuero común (bautizado en la jerga como el “fuero corriente”, para sintetizar en un calificativo la ausencia de calidad).

En los litigios, primordial pero no exclusivamente en los llamados “de estricto derecho”, los jueces se han caracterizado por ser meros espectadores del pleito entre las partes, y que fallan en favor de quien tuvo una mejor actuación formal, de quien cuidó mejor el proceso. Un demandado débil -por no tener los conocimientos técnicos, no tener a su alcance un buen abogado, no enterarse oportunamente del litigio o por otras vicisitudes- puede verse privado de su patrimonio.

Los procedimientos, para la mayoría, son campos minados. Las reglas y las actitudes (aunque legales) de los jueces supeditan la consecución de justicia material al cumplimiento de aquéllas. Gana quien mete más goles. Esa manera de resolver los conflictos individuales en los más diversos temas poco contribuye a la consolidación de nuestras instituciones y del Estado de Derecho.

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Este artículo, fue publicado en 2015 en el periódico Reforma, pero ha sido retocado y actualizado por el autor.

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Productos milagro (Noroeste, 12 febrero 2020)

Productos milagro

OBITER DICTUM

Fernando García Sais

12/02/2020 | 04:07 AM

Notario 210 de Sinaloa

@FGarciaSais

La reputación es un valor, es una consecuencia no natural ni espontánea, sino resultado de un trabajo consistente en una dirección que produce ese efecto y que es valorado por los terceros que adquieren ya sea los bienes o los servicios de quien los ofrece. La pérdida de reputación acarrea el fracaso comercial, la quiebra y la desaparición del oferente, quien en ocasiones se camuflagea para aparecer con otra apariencia que, a la postre, se convierte en lo mismo.

Una empresa que vende productos milagro, al ser descubierta, seguirá buscando la manera de engañar al consumidor. La vocación empresarial para cometer fraudes lo trae en su “ADN”. Hoy anuncia la solución para combatir la obesidad y bajar de peso; mañana, la cura de la calvicie; pasado la eliminación de manchas de la piel; y así sucesivamente. Tal es el entorno de los productos milagro: prometen servir para todo, pero no funcionan para nada.

Cuando el consumidor adquiere un determinado bien, a consecuencia de las promesas publicitarias del anunciante, en las que incluye ciertos resultados (bajar de peso, verse mejor, eliminar cicatrices, tener más cabello, mejorar el rendimiento sexual, etc.) si al consumir el producto, el resultado no se produce como fue sugerido, la reputación del empresario comienza a disminuir hasta perderse.

Fuera del mercado, espacio donde se presentan las transacciones descritas, podemos encontrar las declaraciones u ofertas políticas de candidatos de los más distintos colores que buscan hacerse de las preferencias del electorado a partir de las promesas específicas. Sabemos de antemano que no podemos aplicar las mismas reglas que sancionan al engaño publicitario, que se inscriben dentro de un contexto de economía de mercado donde debe primar la veracidad, que al engaño que comete el político que, por ejemplo, promete acabar con la corrupción o el nepotismo, pues su discurso encuentra cobertura más en la libertad de expresión que en el principio de veracidad.

Lo cierto es que al político que pueda ser calificado como un producto milagro por no servir para aquello que fue elegido sufrirá una pérdida de reputación y de seguidores que otros actores, en el camino, buscarán persuadir. El ciclo se va a repetir, con mayor o menor intensidad, pero es un proceso normal de las democracias. Al elector le compete ser un ciudadano informado, atento y perspicaz para evitar dar el voto al producto milagro, igual que al consumidor en el mercado.

Así como detectamos que el producto anunciado de madrugada y que promete resultados que contradicen el sentido común (y cualquier escrutinio científico) hay signos inequívocos para descubrir a un producto o candidato milagro: dice que las soluciones son sencillas, que el resultado se verá de manera inmediata (cuando él llegue al poder); que no se necesita estudiar ni tener experiencia, que todo lo hecho por los anteriores está mal (aunque no explique el porqué) pero que el sí sabe cómo (nunca nos lo dice), su vida personal no es precisamente la más disciplinada, sus relaciones familiares tampoco, sus empresas o actividad profesional deja mucho qué desear, y así sucesivamente.

El verdadero arte de la política, escribió Platón (La República), es el arte que se cuida del alma y la convierte en lo más virtuosa posible. Por eso decía que el político debía convertirse en filósofo para que pueda construir la verdadera ciudad, la que debe fundamentarse sobre el supremo valor de la justicia y del bien. Para Aristóteles, la finalidad del Estado es moral, por ello afirma “podemos llamar feliz y floreciente a la ciudad virtuosa”. Quien no realice buenas acciones, por más que las prometa, no logrará la felicidad. Será simplemente un producto milagro.

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El tutelado interés público (Noroeste, 5 febrero 2020)

El tutelado interés público

OBITER DICTUM

Fernando García Sais

05/02/2020 | 04:07 AM

Notario 210 de Sinaloa
@FGarciaSais

 

“[…] pero este gallo es más bravo, les canta en su gallinero”. Clave Privada, Mario Quintero (Los Tucanes de Tijuana)

El instrumento público es el vehículo que el Estado previó para transmitir seguridad jurídica y producir paz social. Proteger que la función notarial se desarrolle en un ambiente de libertad y autonomía es de interés público. El Estado logra lo anterior con un marco jurídico claro y fuerte. En materia penal se protege la función notarial para que el notario que se rehúse a cumplir con su función se le prive de la libertad hasta por un año; a quien afecte la labor del notario puede ser encarcelado hasta por tres años.

Así, el servicio notarial, dado su conceptualización como una función pública y de su categorización como una función de interés público, encuentra un sano blindaje ante declinaciones caprichosas, así como frente a atentados por parte de los particulares.

Entre los delitos que se cometen en relación con la notaría, como órgano del Estado, podemos ubicar fácilmente la “falsedad de declaraciones” que se castiga con una pena corporal que puede ir de tres meses a tres años de prisión y de treinta a cien días de multa. Si las notarías se ponen al servicio de la falsedad documental, de la falsedad de declaraciones o de las ambiciones ilícitas, el Estado y la sociedad pierden. Se vulnera profunda y gravemente el interés público. Por eso, al iniciar la redacción del instrumento público, el notario le toma la protesta de decir verdad a los comparecientes e intervinientes.

Pudiera ser que, por ejemplo, al notario se le ruegue dar fe de ciertos hechos materiales en una finca. Si ante ello, el dueño del predio vecino se opone a que el notario ejerza sus funciones, ya sea por medio de amenazas o de violencia, podrá ser encarcelado hasta por dos años y pagar una multa de hasta 40 días. Pudiera ser que el notario ya haya dado fe de los hechos, y la amenaza se materialice posteriormente, para evitar nuevas actuaciones.

Por último, cometer cualquier delito en contra de un notario con motivo del ejercicio de sus funciones, puede ser castigado hasta por tres años de prisión, además de la que le corresponda por el delito que se cometa (artículo 323 del Código Penal).

Para alcanzar la seguridad y paz jurídicas, el notariado se nutre entre la sociedad de un grupo heterogéneo de abogados, entre quienes debe primar esa visión de Estado. Ejercer fielmente la función notarial implica aguantar, tolerar y sobrepasar un conjunto de presiones que naturalmente surgen en las comunidades cuando los intereses colisionan. El servicio notarial es general y es continuo, no puede vedarse para alguien en particular ni suspenderse por capricho o pusilanimidad.

Probablemente, en otros tiempos y en algunas ciudades de este país, el poder económico se autoproclamó con la fuerza del dinero como superior jerárquico del notariado. Fortunas, proyectos inmobiliarios, desarrollos hoteleros, sociedades mercantiles con aportaciones inmobiliarias fraudulentas y, en suma, operaciones que pasaron por las notarías sometiendo a los notarios a los caprichos del poder. Puede ser ficción, pero puede ser realidad. Supongo que tras la lectura de este artículo, habrá quien nos pueda narrar en alguna parte de México fenómenos como el descrito.

Hoy, con leyes fiscales complejas y una legislación que prohíbe las operaciones relacionadas con recursos de procedencia ilícita (conocida como ley anti lavado), los notarios nos convertimos en un aliado importantísimo del Estado mexicano. Fortalecer la autonomía e independencia del notariado es un paso imprescindible si la Federación y las entidades federativas realmente desean que los mecanismos de prevención y control funcionen.

Los gobernadores de los Estados nunca han dejado al notariado descobijado. A pesar de que se han pasado reformas a las leyes que debilitan al gremio notarial, parece ser que se ha comprendido fielmente la importancia de la función y su correlación con el Estado de Derecho. Ojalá que el Congreso del Estado de Sinaloa revise más a detalle el marco jurídico y expanda la tutela a la función notarial, porque las amenazas a las funciones pueden desencadenarse. Hay que prevenir.

“Soy cerca de Mazatlán, tierra de puros valientes”. (ibídem)

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Ideología, idea o buen gobierno (Noroeste, 29 enero 2020)

Ideología, idea o buen gobierno

OBITER DICTUM

Fernando García Sais

29/01/2020 | 04:00 AM

Notario 210 de Sinaloa

fernando@garciasais.mx

 

La alternancia política es un buen propósito de las democracias. Salvo por la relativamente reciente incorporación de las candidaturas independientes -cuya negativa injustificada no encontraba feliz cobertura en nuestra Constitución, pues ahí se dice con claridad que los ciudadanos tenemos la prerrogativa para votar y ser votados, pero, cual cacicazgos, dicha posibilidad se cercenó en beneficio de los partidos, no de los ciudadanos- la formación de cuadros en los partidos ha privilegiado la acumulación de experiencias para ganar elecciones (y retener el poder como sea, instrumento de la apropiación de la riqueza) y no para gobernar bien, mejor, o con técnica (Usted elija).

El propio Presidente de la República sostiene, de manera equivocada, que gobernar no requiere ciencia. Habría que incendiar entonces todas las bibliotecas y cerrar las escuelas y universidades. Pésima convicción de lo público que produce que su Gabinete no acierte. Administrar es complejo y se requiere tomárselo con seriedad. El coronavirus abre la puerta claramente para demostrar que ante un riesgo sanitario, los gobiernos sí requieren mucha ciencia, mucha técnica y mucha experiencia.

Quienes han accedido al poder político han ido plasmando en la Constitución su manera de entender al País y su visión de hacia dónde debe dirigirse. Lo cierto es que hoy las reglas son las que son y el administrador público debe cumplirlas, con independencia de su ideología o de la ideología del partido que lo postuló para el cargo. La ideología jamás podrá detener al mandato constitucional. De juicios de amparo se llenarán los juzgados y tribunales, en caso contrario. De ahí el afán de algunos gobiernos de controlar a los poderes judiciales.

Desde el punto de vista ideológico, los deberes y las obligaciones impuestas sobre las autoridades del País, en lo que a los poderes ejecutivos (de los tres ámbitos) se refiere, son neutros. Con ello no ignoro que su establecimiento en la ley no lo fue, sólo sostengo que su cumplimiento debe serlo. Lo verdaderamente peligroso es la falta de una doctrina o corriente de pensamiento, así como la ausencia de gobernanza. El desarrollo económico, social e institucional que sirve para promover equilibrios en la sociedad, en la economía y del Estado hacia ellos, no se logra a partir de ingeniosidades o chistes que no consiguen conformar una política pública y que se asemejan, en los hechos, más a ocurrencias que a programas políticos.

Anunciar la rifa del avión presidencial sin antes haber aterrizado en la lectura del marco jurídico que constituye un obstáculo, al menos transitorio, desnuda esa improvisación que marca agendas públicas y que vaticina el fracaso. Si algo sale mal, que habrá de salir mal cuando las decisiones se toman sin conocimiento y se ejecutan por personas sin experiencia, culpar a quienes antecedieron o a los espectadores sociales, sean medios de comunicación, sociedad civil organizada, cámaras y grupos empresariales o sindicales se antoja como excusa fácil. La receta de poca o nula experiencia, es infalible: presagia el fracaso.

Por otro lado, las opacidades en los ingresos, la falta de transparencia en el gasto, la posibilidad de hacer negocios desde el poder político, siempre producirán incentivos perversos, sobre todo cuando los políticos busquen sacarse la lotería con el puesto público. La concepción patrimonialista de la función, de la oficina pública, sus recursos y su personal, sigue siendo una de las causas de las profundas ineficacias de las autoridades en México. Ricos que antes eran pobres. Durante su gestión se codean con quienes (dicen) no estar de acuerdo con esas asquerosas fórmulas. Después, son repudiados socialmente. No los saludan ni en su casa.

¿Qué podemos hacer para corregir el rumbo? La respuesta no se pinta de manera sencilla ni tampoco se requiere descubrir el hilo negro. Basta con revisar lo que otros países han hecho. Evitar, por ejemplo, el contacto del dinero con el servidor público, a través de trámites y pagos por Internet y pago con tarjetas bancarias. Poner fin a las reuniones privadas a puerta cerrada de funcionarios que controlan permisos y licencias. Evitar el lambisconeo y coqueteo del poder económico con los funcionarios públicos. Todo abierto, todo por Internet y sin flujo de efectivo. Cuando adviertan que es más difícil hacer dinero ilícito desde el gobierno, abandonarán el servicio público y otras personas con otros valores los ocuparán.

Desde la ciudadanía, la participación de todos es apremiante. No se trata de sustituirse en la autoridad, ni que ésta decline a sus deberes constitucionales. ¿Cómo? Colaborando limpiando las banquetas, las calles, parques y jardines (aunque el deber sea del Municipio). Al hacerlo, otros lo imitarán y tendremos una mejor ciudad. Denunciar al quien ensucie la ciudad y exhibir la indolencia de las autoridades, también. Sentirse y ser agente del cambio.

¿Ideología, idea o buen gobierno?

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Periodismo y Derecho (Noroeste, 22 enero 2020)

Periodismo y Derecho

OBITER DICTUM

Fernando García Sais

22/01/2020 | 04:07 AM

Notario 210
http://www.garciasais.com.mx
@FGarciaSais

 

No pocas ocasiones los reporteros y periodistas en general, cuando se refieren a una situación jurídica, la mayoría de las veces (y no sólo en temas complejos) ya sea de suspensión por tribunales de obras públicas o desarrollos inmobiliarios privados; asuntos relacionados con derechos humanos que llegan a tribunales de amparo -incluyendo, desde luego, a la Suprema Corte; cuestiones de naturaleza pena o litigios privados que trascienden a lo público, se evidencia una suerte de desconexión.

Recientemente nació un nieto del Presidente de la República en territorio estadounidense. Escuché la noticia mientras conducía a la oficina. Se trataba de un programa de radio que, gracias al Internet, se puede sintonizar, pues de lo contrario la escasez de espacios como ese es notoria. El conductor principal del programa cantinfleaba. Ignoraba, lo que ocultaba o pretendía hacer, si los hijos de mexicanos que nacen el extranjero son mexicanos. Una cuestión que cualquier persona que sepa leer puede solucionar.

No es mi afán señalar los yerros sino las áreas de oportunidad. Al final, quienes escribimos en un periódico somo también periodistas. Ejercemos la libre expresión de ideas y el medio de comunicación es el responsable de la transmisión al público. La jurisprudencia así ha asimilado para efectos de protección a los editorialistas y columnistas.
En un país con, aproximadamente, 350 mil licenciados en Derecho (“ocupados) y otro número en el desempleo o subempleo, llama la atención que los medios de comunicación logren expresarse, cuando lo hacen en términos jurídicos, tan mal. El carácter informativo, y en ocasiones educativo, de los medios de comunicación importa que el profesionalismo que los deben nutrir abarque todas las páginas de los medios impresos y todos los espacios de los medios audiovisuales.

Si la desconexión entre el Derecho y la sociedad no fuera tan férrea quizá, solo quizá, pudieran pasar este aspecto por alto. Mi colega y amigo, el ilustre doctor Pablo Mijangos y González lo ha dicho magistralmente: “[h]ay un divorcio cultural entre el mundo de los abogados y la sociedad mexicana”.

Mientras los medios de comunicación sigan narrando los problemas jurídicos, primordialmente, los que se resuelven cotidianamente en los tribunales en términos de peleas de box (ganador, perdedor) olvidando los aspectos torales de los pleitos, el Derecho se aprenderá más por su valor como chisme que como medio para solucionar pacífica y ordenadamente los problemas.

Cuando se da noticia de que determinada empresa o persona venció a una autoridad, no se analizan los cómos ni los porqués, los argumentos, las pruebas, su valoración, ni si la sentencia estuvo bien hecha (estudiada, escrita, estructurada); mucho menos sabemos respecto de las cualidades profesionales de quienes las dictan (jueces) o de quienes les ayudan (secretarios proyectistas) o como éstos personajes judiciales dan giros o vaivenes en casos similares dependiendo de las partes o intereses involucrados. Solamente dicen quién venció -cuando quien lo hizo pudo no haber tenido la razón-. Muchas veces las sentencias dan el derecho a quien no lo traía en la bolsa. De eso nada se sabe, nada se dice, no hay periodismo que lo investigue.

¿Estarán los juzgados lo suficientemente preparados para resolver problemas complejos que importan el conocimiento de disciplinas científicas ajenas al Derecho, como medicina, ecología, urbanismo, etc. pero que constituyen el problema litigioso? ¿Cuentan los juzgados con infraestructura para llevar a cabo esas investigaciones, se apoyan en terceros expertos?

Los juzgados son de vital importancia para el funcionamiento adecuado de la comunidad. Si el periodista no les presta atención (seria) estaremos perdiendo gran parte del tiempo reproduciendo historias de esas que tanto gustan en las mesas de café de gente sin oficio ni beneficio.

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El municipio como igualador social (15 enero 2020)

El municipio como igualador social

OBITER DICTUM

Fernando García Sais

15/01/2020 | 04:08 AM

fernando@garciasais.mx
El impacto público que tiene el municipio en la vida cotidiana de las personas es de una dimensión considerable. La Constitución le asigna al municipio tareas, por decir lo menos (pues se trata de obligaciones constitucionales), y a la vez implican una especie de monopolio (dado que dichas funciones son propias y exclusivas) para entregar a los ciudadanos un conjunto de servicios públicos de gran relevancia.

Para cumplir adecuadamente con sus funciones, insisto constitucionales, la Ley Suprema les permite a los municipios organizar su hacienda pública y les confiere autonomía. Tienen, pues, plena libertad hacendaria, a partir de los rendimientos de los bienes propios, así como de las contribuciones y otros ingresos previstos en las leyes locales.

Además de sus deberes constitucionales y de sus autonomías (hacendaria y presupuestal) los municipios controlan el desarrollo urbano. El taller mecánico junto al hospital es imputable al municipio, al igual que el ruido o la falta de banquetas y accesos para sillas de ruedas. las ciclopistas peligrosas o su ausencia, es imputable al municipio. Los baches y sus costos, riesgos y peligros, corren la misma vía.

La Constitución les asigna a los municipios mexicanos (y excluye a otros de) la posibilidad de crear planes de desarrollo urbano, administrar la zonificación, autorizar y vigilar el uso de suelo, emitir licencias de construcción, crear zonas de reservas ecológicas, así como la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros.

Entre los servicios públicos que conviene que se presten adecuada y regularmente, están los más importantes para que las personas vivamos dignamente y en condiciones de igualdad. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; alumbrado público; limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; calles, parques y jardines y su equipamiento; seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito, por citar algunas. O sea, todos sin importar el código postal de la ciudad, tenemos derecho y acciones para exigir se nos presten.

Administrar bien una ciudad sí requiere mucha ciencia. Evidentemente mucha honradez y honestidad. Dichas cualidades deben coexistir, no riñen ni se excluyen. Si las comunidades a las que los municipios gobiernan tienen deficiencias en los temas apuntados, es evidente que algo falló. La causa puede encontrar varias raíces que se resumen en incapacidad para gobernar.

Los daños y la desigualdad que padecemos en las ciudades, emanada de la inequidad e insuficiencia en la prestación de servicios públicos, no es obra de la casualidad. Si el municipio tiene recursos, maneja su hacienda y organiza el desarrollo urbano, es palpable que las decisiones que históricamente se han tomado no son las mejores. Basta recorrer las ciudades hacia las zonas menos favorecidas para percatarse de ello.

La responsabilidad por los daños por la deficiente o ausente infraestructura o, bien, por la desigualdad que desde el municipio se produce no es compartida con nadie. No es culpa de los empresarios ni de los comerciantes; tampoco de los emprendedores o de los profesionistas. Tampoco de los ciudadanos que trabajan y pagan sus impuestos.

Lucrar políticamente con los menos favorecidos se ha convertido en un atractivo negocio para facilitar el acceso a cargos públicos. El engaño y la desigualdad que prevalecerá no conviene a nadie. Debemos concentrarnos en buscar ciudades más igualitarias con mayor equidad y justicia social, pero de verdad.

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La representación del consumidor (8 enero 2020)

La representación del consumidor

OBITER DICTUM

Fernando García Sais

08/01/2020 | 04:07 AM

Notario 210 de Sinaloa
fernando@garciasais.mx

 

No hay mejor política económica que la que se centre en mejorar las condiciones de contratación para los consumidores y su seguridad frente a los productos peligrosos o defectuosos. Que los consumidores reciban mejores servicios en un entorno de rivalidad empresarial que empuje los precios hacia abajo es una política constitucional. Lamentablemente, los consumidores como grupo, no están adecuadamente representados. No hay organizaciones civiles lo suficientemente amplias y efectivas. Políticamente, la agenda de los partidos políticos no se ha ocupado de los problemas del consumidor. Paradójico, dado que prácticamente no hay decisión pública que no repercuta en los consumidores.

Los consumidores, como grupo, es el mayor en número. El gasto que realizan representa también la mayor parte del reflejado en la economía nacional. Tomarlos en cuenta pudiera sino garantizar sí facilitar a algún político ganar una elección. Escuchar sus problemas y aterrizar soluciones tangibles producirá ausencia de ineficiencias productivas. El ahorro del consumidor, formado por su trabajo cotidiano, debe asignarse a bienes y servicios en condiciones justas para que reciba a cambio satisfactores de necesidades de calidad (con bienestar). Consumir para mejorar, no para empeorar.
La seguridad de los productos (medicamentos, vehículos, aparatos electrónicos) y la equidad en las relaciones (financieras, contractuales) son dos temas que nos permiten entender, de manera general, lo anterior. Si el consumidor se daña o no se cura al usar el medicamento o el defectuoso diseño del coche no lo protege adecuadamente en una colisión o si la entidad financiera le impone abusivamente tasas de interés, comisiones, servicios no solicitados, estaremos permitiendo que se derrochen, que se despilfarren los ahorros de ese grupo numeroso de la economía. Como dijo John F. Kennedy, en su famoso discurso ante el Congreso de EUA (15 de marzo de 1962), si ello sucede “el interés nacional sufre”.

El papel de los órganos reguladores del Estado es crucial. En México se ha optado por una desconcentración administrativa y legislativa, en varios entes públicos con leyes especiales. Así, hay entidades federales para consumidores, otras para usuarios de servicios financieros, otras para telecomunicaciones, competencia económica, propiedad industrial, salud, transporte. Sus normativas no se integran ordenadamente ni su actividad administrativa es homogénea. Cada quien atiende el tema desde su perspectiva que quizá no busca la uniformidad en la actuación del Estado.

El Estado produce información importante, que bien entendida, puede servir para contrarrestar las prácticas fraudulentas y engañosas, y que fácilmente la podemos localizar en Internet, para saber si por ejemplo, la elaboración de las medicinas o de un vehículo reúne los estándares mínimos de seguridad, calidad y eficacia; o para entender el costo financiero de un préstamo al consumo.

Para lograr una mejor representación del consumidor, sería deseable contar con una nueva legislación uniforme que pase por una revisión profesional de sus ámbitos de aplicación y sea la base para nuevas políticas públicas reforzadas, por áreas y sectores, para que la implementación de esa nueva legislación sea eficiente.

Mientras no haya una efectiva representación del consumidor o una agenda púbica seria que atienda con eficacia sus problemas, corresponde a cada quien en lo particular elevar los niveles de perspicacia. Obtener información de parte de las empresas, bancos y proveedores; consultar con entidades gubernamentales, nacionales o extranjeras, respecto de las cualidades de los productos o de los efectos que en otros países han producido e identificar la información relevante para tomar decisiones más racionales.