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Real Estate Mazatlán

If you are going to buy a property located within 50 km from the beach line, please be aware of the following:

1.- In Mexico there are not “title insurance” services.

2.- The “notario” (notary public) will perform a due diligence and draft all legal papers in order for you to enjoy your property.

A notary in México is a lawyer, but not all lawyers have the same credentials. 99% of them don’t have any further studies like masters or PhD’s.

Look for the best notario to protect your investment.

3.- Don’t trust the notario because your real estate agent (that you don’t also know his/her backgrounds).

Most notarios don’t speak English and some of them have not specialized on the complex world of trusts for foreigners to acquire a property.

4.- The buyer will pay for the property and all expenses, taxes and fees, since that’s a general costume in Mazatlan.

Estimate a 7% of the transaction price for all those other charges. A little difference on your benefit or otherwise could apply.

5.- If your future home is located in a Condominium, your notary will also review if it is properly designed, considering basic rights for peaceful enjoyment and for the healthy relationships between co-owners.

6.- Please have a translator of your own trust at your side and make sure your notary is bilingual.

If not, walk away!

7.- Don’t forget to appoint substitute beneficiaries in case you suffer a serious decease or death occurs. You can modify this any time.

8.- If you want to sell the property get your notario to advice on capital gains and on LEGAL exemptions you may be entitled of.

Again, tax issues are not understood by all notarios at the same level. Don’t put your self on legal risks, authority won’t hesitate to use all power to collect any due taxes and to punish any ilegal strategy to avoid them.

If you should have any questions, I notario and Ph.D Fernando García Sais, will gladly assist you.

My office is comfortable and well located on the golden zone. My team is highly professional and bilingual also.

Welcome to Mazatlan!

Fernando

http://www.garciasais.com.mx

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Artículos Periódico Noroeste

Jubilación y relevo notarial (Noroeste, julio 2017)

Fernando García Sais

Notario 210  de Sinaloa

La prestación del servicio notarial es de orden e interés público. En todas las leyes locales del notariado que están vigentes en México (recordemos que la facultad para legislar en la materia está reservada a los Estados) se establece un mínimo de edad para poder acceder al notariado, pero no para salir, para dejar la función, para favorecer el relevo generacional. Hablar de la jubilación forzosa del notario es una necesidad.

En Sinaloa, el artículo 24 de la Ley del Notariado sitúa el límite inferior de edad para acceder al notariado, en los 30 años. Considerando que, de manera general, los estudiantes terminan la licenciatura a los 22-23 años, la edad de 30 años parece adecuada para iniciar, después de haber acumulado años de estudio y práctica profesional en distintos ámbitos del Derecho.

Un jurista a los 30 años ya pudo haber terminado un doctorado o haberse desempeñado exitosamente en diversas áreas de los sectores público y/o privado, con un cúmulo de conocimientos que le serán de utilidad para prestar un buen y eficiente servicio notarial.

A primera vista ello es encomiable. No obstante, la LN tiene importantes barreras de entrada que entorpece que el ingreso al notariado suceda como lo he descrito. Se necesita tener residencia efectiva de 10 años en Sinaloa (inmediatos anteriores a la convocatoria) y haber realizado prácticas con un notario de la localidad. Estos dos candados importan serias limitantes para los licenciados en derecho y favorece que las notarías se transmitan de padres a hijos, excluyendo a otros candidatos que, en teoría, pudieran competir en igualdad de circunstancias. Este tema debe también analizarse por los hacedores de leyes y de políticas públicas.

El aspirante a notario no sólo debe esperar tener 30 años, sino que debe ser paciente y cuando el ejecutivo estatal disponga publicar una convocatoria a examen, presentarse. Ello implica que para ajustarse a la irracional regla, debe sacrificar posibilidades de estudio y/o profesionales fuera del pueblo. No me parece que dicho canon produzca los resultados más deseables. ¿A usted?

La falta de reglas eficientes respecto de la carrera notarial es costosa para la sociedad y perjudicial para esa clase “tan desprotegida” que son los aspirantes a notarios. La mayoría no llega a la meta. Y dedican su vida a la(s) notaría(s). Paralelamente, no hay una seria formación de talento en las notarías: se privilegia la contratación de amanuenses (a quienes se les paga poco y dan un mal servicio), produciéndose el fenómeno de la extracción de los frutos del trabajo: notarios ricos y empleados pobres. La sucesión notarial por ADN importa más que el servicio prestado y que la garantía del servicio a futuro.

En Sinaloa, por citar un caso, en 2010 se asignaron notarías después de casi 15 años de espera. Dejar pasar tanto tiempo, no produce los mejores resultados. La continuidad y el dinamismo de la función, se lastima. La incertidumbre dificulta el adecuado desarrollo de la carrera notarial y desincentiva que nuevos profesionales del derecho se preparen y busquen competir por acceder a la función.

En otra ocasión abordaré el tema de otras barreras de entrada y los desincentivos generales que hacen que el notariado no tenga a los mejores abogados interesados en formar parte de sus filas. Lo que queda claro es que los notarios deberían jubilarse a cierta edad para permitir que las nuevas generaciones vayan supliendo las funciones que, naturalmente, ya no pueden realizar.

¿Debería el Estado garantizar una pensión al notario jubilado? Ese es otro tema relevante y merece voltear a ver lo que hacen otros países. En lo relativo a la edad de jubilación, en España, desde 1983 con la “Ley 29/1983, de 12 de diciembre, sobre jubilación de Notarios, Agentes de Cambio y Bolsa y Corredores colegiados de Comercio” los notarios se jubilan forzosamente a los 70 años, pudiendo hacerlo antes de manera voluntaria. La jubilación se complementa con un fondo de jubilación creado por una mutualidad.

En Uruguay, existe la “Caja Notarial de Seguridad Social”, que comprende no sólo a los notarios sino a quienes trabajan con ellos, un tema sin duda de urgente revisión en México, por la desprotección de los colaboradores de las notarías. La regulación es de 2001(Ley Nº 17.437), y prevé una edad de jubilación de 60 años y un mínimo de 35 años de servicio notarial. En la provincia de Córdoba, Argentina.

El 10 de octubre de 1995 se publicó la Ley 8427 y establece el cómo se financia la Caja Notarial de Jubilaciones, que me parece un maravilloso ejemplo de lo que pudiéramos hacer en México. Los notarios aportan el 1% de sus honorarios, si tienen una antigüedad menor a 5 años, y un 2% de ahí en adelante. Los usuarios de las notarías aportan 3% de los honorarios por pagar; el Estado aporta el 3% de los impuestos por traslados de dominio –lo que pudiéramos ampliar a los derechos registrales y al ISR enterado a la Federación, mediante un convenio entre el Estado y la Secretaría de Hacienda Federal—.

Determinar una edad de retiro puede ser caprichoso. Es, empero, un paso necesario para que la función notarial mejore. El Estado debería estar atento y proveer de mecanismos financieros que garanticen un mínimo vital para los notarios que se retiren. Con ello, el mecanismo de relevo generacional puede mejorar.

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Newsletter Enero 2019

Condominios civilizados / Civilized condominiums

Fernando García Sais Abogado, Doctor en Derecho y Notario Público 210 Juris Doctor, Ph.D. & Notary Public

http://www.garciasais.com.mx

Utilizar los bienes que forman parte de las áreas comunes de un inmueble afecto al régimen de condominio, es un derecho inherente a la calidad de dueño (condómino). Sin embargo, como sucede en todas las relaciones y situaciones jurídicas, hay consideraciones, excepciones y regulaciones que ordenan, en beneficio colectivo, ese derecho.

La Ley del Régimen de Propiedad en Condominio define qué porciones del inmueble son de propiedad común y así quedan comprendidos el “terreno, sótanos, pórticos, puertas de entrada, vestíbulos, galerías, corredores, escaleras, patios, jardines, senderos y calles interiores y espacios que se hayan señalado en los permisos de construcción como suficientes para estacionamiento de vehículos, siempre que sean de uso común”; “los locales dedicados a la administración, alojamiento del portero y los destinados a las instalaciones generales y servicios comunes; “las instalaciones, aparatos y demás objetos que sirvan al uso o disfrute común, tales como fosas, pozos, cisternas, tinacos, ascensores, montacargas, incineradores, estufas, hornos, bomba y motores”; “albañales, canales, conductos de distribución de agua, drenaje, calefacción, electricidad y gas; obras de seguridad y locales deportivos, de recreo, de ornato, de reunión social y otros semejantes, con excepción de los que sirvan exclusivamente a cada departamento, vivienda, casa o local; “los cimientos, estructuras, muros de carga y los techos de uso general; y “cualesquiera otras partes del inmueble, locales, obras, aparatos o instalaciones que se resuelva, por unanimidad de los condóminos, usar o disfrutar en común o que se establezcan con ese carácter en la escritura constitutiva o en el Reglamento del Condominio.”

La escritura pública en la que nació el régimen de condominio y el reglamento elaborado por el constituyente del mismo pueden contener regulaciones complementarias a lo que la ley dispone. No hace daño revisar, además, el Código Civil y leyes en materia urbana.

Using the assets that are part of the common areas of a property subject to the condominium regime, is an inherent right linked the quality of owner (condominium). However, as in all legal relationships and situations, there are considerations, exceptions and regulations that shape, for collective benefit, that right.

The Condominium Property Regime Law defines what portions of the property are common property and thus include the “land, basements, porches, entrance doors, halls, galleries, corridors, stairs, patios, gardens, paths and interior streets and spaces that have been indicated in the construction permits as sufficient for parking of vehicles, provided they are of common use “; “The premises dedicated to the administration, accommodation of the doorman and those destined to the general facilities and common services; “The installations, appliances and other objects that serve common use or enjoyment, such as pits, wells, cisterns, water tanks, elevators, hoists, incinerators, stoves, ovens, pumps and motors”; “Sewers, channels, water distribution pipes, drainage, heating, electricity and gas; security and sports facilities, recreation, decoration, social gathering and the like, with the exception of those that serve exclusively each department, home, house or premises; “The foundations, structures, load-bearing walls and ceilings of general use; and “any other parts of the property, premises, works, appliances or installations that are resolved, unanimously by the condominium owners, to use or enjoy in common or that are established with that character in the articles of incorporation or in the Condominium Regulations.”

The public deed in which the condominium regime was born and the regulations drawn up by the constituent thereof may contain regulations that are complementary to what the law provides. It does not hurt to review, in addition, the Civil Code and laws in urban

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Encontrarán, por ejemplo, la prohibición de vender o dar en arrendamiento porciones de un departamento (cuartos) o la imposición de una obligación solidaria del dueño respecto de las obligaciones contraídas por quien, por cualquier título, haga uso de la unidad privativa (invitados, arrendatarios, comodatarios, etc.).

La administración de los condominios recae en quien válidamente haya designado el constituyente o los condóminos en asamblea. Las decisiones del Administrador son obligatorias para todos. Por ello, es importante, que los condóminos se abstengan de llevar cabo acciones o tomar decisiones que impidan, obstaculicen o hagan menos eficaz las actividades del administrador, pues de lo contrario serían responsables de reparar el daño causado, sin perjuicio de las consecuencias que en otras materias pudiera haber (como por ejemplo, penal).

La buena y ordenada convivencia se logra si cada propietario de su unidad privativa (sea casa, departamento o local comercial), hace uso de dichos bienes comunes de manera civilizada; esto es, respetando su destino natural y sus reglas de uso, y siempre, teniendo presente que el resto de vecinos tiene iguales derechos. Llevar a cabo acciones indebidas y omisiones que produzcan los mismos efectos es contrario a la ley. El orden y tranquilidad es consecuencia del nivel de civismo imperante en la comunidad.

There you will find, for example, the prohibition to sell or lease portions of a department (rooms) or the imposition of a joint obligation of the owner with respect to the obligations contracted by whoever, for whatever reason, makes use of the privative unit (guests, tenants, tenants, etc.).

The administration of the condominiums rests with those who have validly designated the constituent or the condominium owners in the assembly. The decisions of the Administrator are obligatory for all. Therefore, it is important that condominium owners refrain from carrying out actions or taking decisions that prevent, hinder or render less efficient the activities of the administrator, otherwise they would be responsible for repairing the damage caused, without prejudice to the consequences that other subjects could be (for example, criminal).

The good and orderly coexistence is achieved if each owner of his private unit (be it a house, apartment or commercial place) makes use of said common goods in a civilized way; that is, respecting their natural destiny and their rules of use, and always, bearing in mind that the rest of the neighbors have equal rights. Carrying out undue actions and omissions that produce the same effects is contrary to the law. The order and tranquility is a consequence of the level of civism prevailing in the community.

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Newsletters Notaría 210

Disponer, administrar y litigar (Newsletter, Noviembre de 2018)

Dr. Fernando García Sais

Notario 210 del Estado de Sinaloa

www.garciasais.com.mx

@FGarciaSais

13 de noviembre,2018

 

 

Los socios, accionistas, administradores, gerentes, comisarios de una empresa están familiarizados con los poderes notariales. Las personas físicas, en menor medida, dado que para ellas es más común la elaboración de cartas poder, sobre todo para la gestión de trámites administrativos. Pero, en ocasiones, como para vender un inmueble o para interponer una demanda, se requiere un poder otorgado en escritura pública.

El poder, es una institución jurídica que se traduce en la posibilidad jurídica de actuar en nombre y por cuenta de otro, produciéndose el fenómeno normativo de la representación. A consecuencia de la representación, una persona puede estar celebrando en el mismo momento, en distintos lugares del planeta, una pluralidad indefinida de actos jurídicos. Los efectos de dichos actos no repercuten en el representante (apoderado) sino en el patrimonio y en la esfera jurídica del representado (poderdante). Es una ficción jurídica que el Derecho crea para propiciar la realización de actos, para resolver problemas, para propiciar el tráfico mercantil.

Sirve lo anterior para introducir un tema de relevancia nacional vinculado con los poderes notariales. Este 2018, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió una contradicción de tesis (225/2016), en las que medularmente contendían dos criterios: por un lado, la que sostenía que el artículo 2554 del Código Civil Federal (equivalente al 2436 del Código Civil sinaloense), al regular los poderes generales lo hacía en una idea jerarquizadora y con gradación.

Este criterio era el sostenido de manera unánime por la doctrina mexicana y, con cierto nivel de generalización en la práctica notarial en todo el país. Se seguía la noción de los círculos concéntricos en los que al exterior de los aros figuran las facultades de dominio; al círculo intermedio, las de administración y en el del centro, las de pleitos y cobranzas.

El otro criterio novedoso pero contradictorio con el expuesto, sostenía que cada uno de los poderes generales (pleitos y cobranzas; administración, y dominio) tenían su propia naturaleza y objeto; y se emplean para supuestos diversos, por lo que no existe gradación ni jerarquización que permita concluir que “quien puede lo más, puede lo menos”.

Como se advierte, es un choque brutal de ideas y, como lo pueden leer en la ejecutoria, de argumentos. Cabe precisar que la nueva jurisprudencia no se ocupó conscientemente del poder general para actos de dominio que, de conformidad con el texto legal, el dueño (y su apoderado) tiene todas las facultades que son propias de los dueños, pudiendo desde luego administrarlos y pleitear por ellos.

Así acontece, por ejemplo, con el administrador único o gerente que, salvo las limitaciones contenidas en el pacto social (estatutos) podrá representar a la sociedad de manera general, pudiendo enajenar, hipotecar, donar, presentar demandas, querellas, etc.

La Jurisprudencia se circunscribe a los poderes generales para actos de administración, a los que se les relaciona con la conservación de un patrimonio; y a los poderes generales para pleitos y cobranzas, concernientes a la defensa jurisdiccional del patrimonio. A partir de esa fecha, en virtud de este nuevo criterio de la SCJN, habrá que otorgar poderes en la inteligencia de que los de administración no abarcan los de pleitos y cobranzas.

El gremio notarial está comprometido con la difusión del conocimiento y de los cambios relevantes que puedan repercutir en las personas, familias y empresas. Acudir ante un tribunal con un poder insuficiente hará que la contra parte impugne la personalidad y, eventualmente, pierda el caso y el derecho conexo.

La tesis jurisprudencial se publicó en el Semanario Judicial de la Federación el 13 de julio de 2018 y es obligatoria, como una ley del Congreso, a partir del 1 de agosto de 2018.

En la notaría 210 de Sinaloa, a cargo del doctor Fernando García Sais, estamos comprometidos con la seguridad jurídica y con el bienestar social.

 

 

Artículos Periódico Noroeste

El Consejo de Notarios de Sinaloa (Noroeste, 26 octubre 2018)

El Consejo de Notarios de Sinaloa

Dr. Fernando García Sais

@FGarciaSais

www.garciasais.com.mx

Notario 210 de Sinaloa

La Ley del Notariado dispone que el Consejo de Notarios tiene como función representar y procurar los legítimos intereses de los notarios. En el mismo rango y nivel, se la adscribe la función de garantizar la defensa de la sociedad, por medio de un servicio notarial que pueda ser calificado de competente, eficaz, digno y responsable.

Todos los notarios sinaloenses, en ejercicio, formamos parte del Consejo. Se trata de una asociación forzosa, viene incluida en la función. Al tratarse de una función pública, no queda duda alguna de que los notarios carecemos del derecho fundamental del artículo 9º de la Constitución, en lo que se refiere a la libertad de asociación respecto de ese órgano que tiene naturaleza de autoridad.

El Consejo, tiene una junta directiva que lo representa, con nueve consejeros propietarios y sus suplentes. Lo integran también cinco vocales, uno por los grupos de municipios que menciona el artículo 177. El quinto vocal representa a los notarios de San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa, por ejemplo.

La junta directiva, que actúa de manera honorífica (sin remuneración) se renueva cada dos años, por votación mayoritaria, personal, directa y secreta de todos los notarios que integran el Consejo. Entre sus funciones relevantes está el de auxiliar al Ejecutivo en la vigilancia y cumplimiento de la ley notarial; promover reformas a la propia ley; organizar cursos de capacitación; participar en los exámenes de calificación para ser notarios (con una intervención menor desde la reforma de 2010), y recibir quejas y resolver las diferencias entre los prestatarios y los notarios, entre otras.

De las funciones más relevantes, además de las citadas, está la de resolver las consultas que le hicieren las autoridades y vigilar la aplicación del arancel “pudiendo dispensar su aplicación en actuación concreta, previa solicitud fundada de cualquier Notario en ejercicio”.

Me detengo en la antepenúltima. Recientemente revisé un anteproyecto de “Reglamento Municipal de Servicios Inmobiliarios” de Mazatlán. Con independencia de que en su oportunidad se hagan comentarios exhaustivos y puntuales a dicho documento, inquieta que se le asignen funciones al “Colegio de Notarios de Mazatlán, Sinaloa”, cuando el colegio que existe en Mazatlán no se llama así y, superado el lapsus, no es una autoridad ni una entidad de derecho público, como sí lo es el Consejo de Notarios y sus órganos.

No es la única ley municipal o estatal que le da una silla a una asociación civil de notarios, desplazando al Consejo y restándole legitimidad, ya de por sí tan atenuada. Lo correcto es que las leyes reconozcan a los órganos que el propio Estado crea para fortalecer los derechos, en este caso, de los notarios y de la ciudadanía.

¿Quién defenderá mejor a los beneficiarios del servicio notarial, quién entenderá mejor los problemas y temas que requieren asesoría técnica? Ciertamente supongo que el Consejo. También supongo que los redactores de instrumentos como el que señalo desconocen la estructura del notariado sinaloense. Si lo hacen a sabiendas, qué terrible manera de diseñar políticas públicas y de producir cuerpos normativos que se irán a la trituradora.

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Mujeres que aborten a la cárcel: “Congreso de Sinaloa”

Mujeres que aborten a la cárcel: “Congreso de Sinaloa”

Dr. Fernando García Sais

www.garciasais.com.mx

@FGarciaSais

 

Haciendo gala de una profunda ignorancia en materia científica, jurídica y filosófica, el pasado 28 de septiembre de 2018 el Honorable Congreso de Sinaloa aprobó por mayoría de votos una reforma que adiciona el artículo 4º Bis, fracción I, de la Constitución Política de nuestro estado, al establecer literalmente lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. El Estado tutelar el derecho a la vida desde el momento en que un individuo es concebido, el trabajo la protección de la ley correspondiente, hasta su muerte, respetando en todo momento la dignidad de las personas”.

En el ámbito periodístico esta noticia dio la vuelta no solamente Sinaloa por todo el país. El tema recuerda la disputa entre conservadores y progresistas que, con ciertos vaivenes y vicisitudes políticas, han ido logrando avances y retrocesos en lo que se refiere a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Federal.

Recordemos junto al caso del aborto, el de la eutanasia pasiva (conocida como la ortotanasia o voluntad anticipada) y la eutanasia activa, que ha sido objeto de discusiones parlamentarias no solamente en nuestro país sino en muchos otros países civilizados, así como de sentencias de tribunales constitucionales en Estados Unidos (Roe vs. Wade), la Corte Constitucional colombiana en una sentencia de 10 de mayo de 2006 en la que, por cierto, estableció la “no equivalencia” entre el que está por nacer (con una potencialidad, que siguiendo Aristóteles puede llegar a ser o no ser) y la vida humana de la mujer, siendo ésta la titular de derechos fundamentales (a su cuerpo, sexualidad, reproducción, intimidad, etc.).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación también se ha pronunciado sobre el aborto. El caso concreto y específico es el de la reforma a la Constitución de la Ciudad de México y a su Ley de Salud, y a la reforma previa al Código Penal (despenalizando el aborto, abril de 2007) y en la cual la Corte–nuestro constitucional— declaró que dicha posibilidad (la de abortar) constituye un ejercicio de los derechos fundamentales de las mujeres que no puede ser limitado (ni por las constituciones locales ni por las leyes inferiores).

Por ello, cualquier debate serio, ya sea en sede legislativa, jurisdiccional o inclusive en cualquier charla entre amigos, los argumentos en torno al avance en el Estado de Derecho, a los valores de la cientificidad, laicidad, pluralismo democrático y, finalmente, muy importante al estado de la ciencia son imprescindibles.

En lo que se refiere al Estado de Derecho, la Constitución General tras la reforma de 2010 en materia de derechos humanos ha establecido su universalidad y progresividad. Con sustento en esas dos características son inconstitucionales todas aquellas leyes que discriminen a las mujeres criminalizándolas por las mismas conductas que en otro Estado de la República no constituyen un delito. Es el caso del aborto en el que como lo he dicho en la Ciudad de México es constitucional y legal.

Además, en 2010, se adicionó el principio pro homine (pro persona), por lo que debe buscarse la interpretación más favorable a las personas. Por ello la recién aprobada reforma constitucional en Sinaloa pudiera ser atacada a través de los distintos medios de control constitucional, por atentar en contra de dichos principios y valores supremos, por lesionar la igualdad de las mujeres y constituir un ataque sus libertad y salud.

En lo que se refiere a la cientificidad el estado de la ciencia se decanta por permitir el aborto hasta antes de las 12 semanas de la concepción. En virtud del conocimiento científico en materia de desarrollo embrionario y fetal, se ha concluido jurídicamente que el feto no es titular de derechos fundamentales (como lo ha señalado Jorge Carpizo) sino que es un bien jurídicamente tutelado, lo que arrojaría conclusiones jurídicas diferentes.

Tomar decisiones desde el Estado con base en la ciencia implicará necesariamente tomar decisiones respetando el principio de laicidad. Para el servidor público vale todo y sólo lo empírico-racional, dado que ese es el pilar del Estado constitucional y democrático de derecho. No tengo duda alguna de que la creencia de que desde la fecundación, Dios infunde en el cigoto al alma, es toda digna de respeto, sin embargo, jurídicamente no tiene ningún sustento.

Como lo ha sostenido el ilustre jurista sinaloense, doctor Diego Valadés, “lo importante en un Estado constitucional no consiste en imponer ni en proscribir credos, sino en prescribir las más amplias libertades a favor de todos los integrantes de la comunidad estatal”. Como lo ha dicho el filósofo y profesor del ITAM, Dr. Rodolfo Vázquez, “los enunciados de fe, las verdades reveladas, las premisas que no pueden someterse un análisis empírico-racional, no parecen ser los candidatos idóneos, no sólo para una discusión seria sobre el aborto y eutanasia, sino para cualquier razonabilidad posible en las actividades de los tres poderes del Estado […]”.

En sede legislativa, en lo que se refiere pluralismo democrático, siempre es importante recoger consensos a través de juicios demoscópicos que permitan a legislador llevar a cabo adecuaciones normativas incluyentes, tolerantes y que fortalezcan el principio de libertad y pluralidad de pensamiento, so pena de ir perdiendo legitimidad pública.

En vista de lo anterior, es evidente que en lo concerniente a una eventual tensión de derechos entre la mujer y su feto no existe colisión entre ellos: el embrión de hasta 12 semanas no es un individuo biológico ni una persona. El feto no es titular de derechos fundamentales.

Cuestión totalmente diferente es la posibilidad de que el nasciturus sea designado donatario, heredero o legatario, ya que la propia ley dice que ello se actualizará si nace vivo y viable. La constitución cuando se refiere la persona lo hace en relación con el nacido no con el que no existe.

Con la Constitución Federal, las mujeres pueden acudir al juicio de amparo para obligar a las instituciones públicas a que les practiquen el aborto, extendiendo en su beneficio los derechos consagrados para todas, sin discriminación y en igualdad. Ello a pesar de la atroz reforma que comento.

El Estado no debe abandonar a las mujeres ni tomar decisiones que no le competen sino a ellas. El Estado debe utilizar todos sus recursos para salvaguardar los derechos de las mujeres no para minimizarlos ni atentar contra su dignidad.

 

Fuentes consultadas:

Derechos humanos, aborto y eutanasia, visible en https://www.nexos.com.mx/?p=12617

 

 

 

Conferencias, Uncategorized

Real Estate Talks 2018, Brujos y Aprendices, Mazatlán

En el link siguiente: Charlas de bienes raíces encontratrán la presentación que sirvió de guía a la presentación del pasado 21 de septiembre de 2018, llevada a cabo ante 40 corredores inmobiliarios de Mazatlán y 15 empresas del sector Inmobiliario.

Amicus Curiae, Uncategorized

Amicus Curiae, Etiquetado frontal de alimentos y bebidas, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (agosto, 2018), presentado por Fernando García Sais.

Amparo en revisión

No. De expediente: 240/2018

Quejoso: El Poder del Consumidor A.C.

Autoridades responsables: COFEPRIS y otros.

Amicus Curiae

 

Temas: Etiquetado frontal de alimentos y bebidas

Protección al Consumidor

Principio Pro Colectivad

Principio del interés superior de la niñez.

Derechos Prestacionales y Bienestar

 

Derecho a la salud. CPEUM.-

 

Artículo 2º, Apartado B, inciso III: Derecho prestacional a la salud para los indígenas; que abarca derecho a la alimentación y nutrición de la población infantil.

 

Artículo 4º: Derecho prestacional a la salud para toda persona. Además, se regula el derecho a la alimentación “nutritiva, suficiente y de calidad”, garantizado por el Estado.

 

 

 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

MINISTROS INTEGRANTES DE LA SEGUNDA SALA

 

El suscrito, doctor en Derecho Fernando García Sais, en lo personal y en mi carácter de Presidente de Acciones Colectivas, A.C., de la manera más respetuosa, me permito distraer su atención, a efecto de que en el expediente citado supra sean tomas en consideración, en caso de que Ustedes así lo estimen oportuno, algunas consideraciones que por su relevancia deben ser valoradas por ese órgano límite constitucional, que se suman (evitando repeticiones innecesarias) con las presentadas ante Ustedes por un conjunto de asociaciones civiles integradas en la “Alianza por la Salud Alimentaria”.

 

Para lo anterior, el método de exposición partirá desde la revisión de algunos principios en materia de protección al consumidor para después vincularlo con el derecho prestacional a la salud y poder, entonces, ofrecer algunas ideas que puedan ser de utilidad en la elaboración del proyecto de sentencia que Ustedes elaborarán.

 

  • LA PROTECCIÓN DE LA SALUD EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

 

 

La tutela de los consumidores en el mercado obedece a la asimetría informativa, entendida como la brecha cognitiva que existe en el consumidor final respecto de las características, cualidades, funciones, origen, y un conjunto amplio de elementos que de ser conocidos por el consumidor oportunamente pudieran modificar su decisión de compra. El empresario es quien tiene esa información y puede utilizarla para generar muchas utilidades, pero también mucho bienestar (o sacrificarlo).

 

En muchas ocasiones, el Estado, con recursos de los impuestos lleva a cabo actividades de investigación que deben ser tomadas en cuenta para mitigar los efectos potencialmente dañinos a los consumidores respecto de los bienes y servicios que circulan en el mercado.

 

El problema no sólo es cuantitativo (qué tanta información proporciona el empresario) sino también cualitativo (que la información sea inteligible para el consumidor destinatario[1],[2] del producto de que se trate).

 

El derecho a la información es un principio medular de las relaciones de consumo, tanto contractuales como extracontractuales (aquí entra la publicidad y el etiquetado). El Artículo 1, fracción III, de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) lo dice textualmente:

 

“La información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio, así como sobre los riesgos que representen; […]”[3]

 

La regulación en materia de protección al consumidor y la interpretación que de ella se haga en los tribunales es fundamental para medir el Estado de Derecho en lo concerniente al bienestar que se produce en el país.

 

México tiene un marco jurídico que permite incentivar que los operadores económicos se conduzcan de una manera tal que el consumo produzca bienestar en el destinario final y que la sociedad y el Estado inviertan menos recursos públicos en atender externalidades negativas, que de otra manera sería producidas ilícitamente por unos con el afán de incrementar sus utilidades empresariales.

 

La asignación de responsabilidades constituye otro principio basilar que de su correcta aplicación permite imputar a quien hace un daño la obligación de indemnizarlo integralmente.

 

Así, al legislador del consumidor le interesa que a través de esa ley se proteja al consumidor de manera exhaustiva, siendo la salud una de sus prioridades. Por ello, otro de los principios básicos en las relaciones de consumo; i.e., las que se establecen en el mercado entre proveedores y destinatarios finales, es el de la protección de la vida, salud y seguridad del consumidor contra riesgos provocados por productos, prácticas en el abastecimiento de productos y servicios considerados peligrosos o nocivos[4].

 

 

 

 

  • RESPONSABILIDAD POR PRODUCTOS

 

 

La circulación de bienes en el mercado debe ser inocua. Un producto es susceptible de producir un daño al consumidor atendiendo a tres criterios (i) diseño del producto (ii) proceso de elaboración del producto (iii) inadecuada información contenida en el etiquetado o en la publicidad comercial.

 

Un producto tiene un defecto de diseño cuando todos los productos, al haberse elaborado con base en el mismo patrón, tienen el mismo factor que es susceptible de dañar. Basta con tomar aleatoriamente un producto para acreditar que daña (piénsese en medicamentos o vehículos automotrices). Un bien resulta defectuoso, también, cuando a pesar de que el diseño es bueno se presentó alguna falla durante el proceso productivo, de tal manera que alguno o algunos de los productos de la serie son susceptibles de producir un daño.

 

Por último, y es el que me interesa sea objeto de especial atención por Ustedes señores ministros, es el caso del producto que resulta dañino (o potencialmente, al menos) cuando la información suministrada al consumidor no es clara ni adecuada para prevenir un daño en su persona o en su salud, como es el caso de las etiquetas frontales de alimentos y bebidas con alto contenido calórico, azucares, sodio y grasas saturadas.

 

¿Qué debe hacer el empresario para eliminar la posibilidad de incurrir en defecto de información? La respuesta es compleja y amerita análisis particulares del tipo de producto y del tipo de consumidor destinatario del mismo, dado que no todos los grupos interpretan la información de la misma manera. Requiere esfuerzos demoscópicos que sobrepasan este escrito pero que deben ser reconocidos por Ustedes.

 

La información que se deba dar debe ser toda aquella que resulte razonable para prevenir daños, sobre todo en entornos como el mexicano con cifras públicas que refieren a una situación crítica en materia de obesidad (incluyendo a la población infantil). Ello invita a ser prudentes y cautos en los efectos que la sentencia que Ustedes dictarán producirá sobre la salud de la población mexicana y, sobre las finanzas públicas. [5]

 

El deber de advertir al consumidor se cumple con un etiquetado nutrimental que permita que el consumidor tome mejores decisiones que se traduzcan en bienestar individual y familiar, y a la postre social y que contribuya en el largo plazo a consolidar una mejor educación en el consumo que privilegia la toma racional de decisiones de compra y que sea compatible con la política pública en materia de salud.

 

  • LA PROTECCIÓN DE LA SALUD COMO DERECHO PRESTACIONAL EXIGIBLE AL EMPRESARIO

 

 

Siguiendo de cerca las aportaciones que sobre los derechos prestacionales ha desarrollado el profesor José Ramón Cossío Díaz, una de las reivindicaciones sociales más importantes tras la Primera Guerra Mundial, fue la incorporación del valor igualdad en los textos constitucionales “como signo visible de un compromiso estatal y social tendente al mejoramiento de las condiciones materiales de vida de las personas y grupos”.[6]

 

Como ha escrito el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, la defensa jurídica de la Constitución supone necesariamente la existencia y aceptación de ésta como norma jurídica, lo que implica respetar su innegable carga política y sociológica, y que los problemas del poder se disuelvan en una norma jurídica y se resuelvan a través del derecho.[7]

 

Pero ¿cuál es el rol de la empresa privada para que los derechos prestacionales a cargo del Estado, se cumplan? Para responder, son utilísimas las aportaciones que los economistas y abogados en asuntos de economía han divulgado, desde los inicios del movimiento del Law and Economics hasta los más recientes del Behavioral Economics, y que se han ido introduciendo al campo del Derecho, para valorar qué significa satisfacer necesidades, cómo lograrlo, en qué magnitud, y cuál es el efecto causado sobre el bienestar individual y social, junto con las consideraciones estrictamente normativas de lo que se ha venido considerando como “normas programáticas” pero que ya se superaron con la moderna concepción de los derechos prestacionales accionables y vinculantes.

 

Al respecto, el problema que enfrentamos en México no es de derechos, sino de garantías ─entendidas éstas como deberes consistentes en obligaciones de prestación o en prohibiciones de lesión─, según los derechos (garantizados) sean positivos o negativos (siguiendo a Luigi Ferrajoli). El problema, pues, es de eficacia normativa, no de ausencia normativa.

 

Histórica y evolutivamente, el principio de igualdad implicó dejar atrás las obligaciones exclusivas de abstención impuestas a los poderes públicos, para introducir determinados tratos desiguales y con ello un catálogo extenso de derechos otorgados en favor de los particulares. Así, los jueces en ejercicio del control constitucional deben imprimir materialidad a, entre otros, los derechos prestacionales.

 

En materia de derechos sociales, los grandes avances y referentes se han dado gracias a oportunas intervenciones judiciales. En el caso mexicano, las resoluciones comienzan a cambiar la realidad, desafiando una añeja pasividad. El Poder Judicial de la Federación ha comenzado a explorar, con el impulso procesal de los litigantes innovadores, nuevas soluciones frente a demandas de exigencia de los derechos sociales y prestacionales.

 

  • CONCLUSIONES.-

 

En una sociedad como la mexicana con profundas asimetrías, resulta que la población más pobre es también la más afectada ante una violación al derecho a la información. El daño a su salud producirá más desigualdades. La ausencia de salud será un impedimento para que el individuo se desarrolle competitivamente frente a sus semejantes. La sociedad pierde, con ello, talento y valor.

 

La jurisprudencia del PJF da cuenta de cierto nivel de evolución hacia un “constitucionalismo social” que busca disminuir la brecha existente entre la igualdad formal y la igualdad material.

 

En materia del derecho a la alimentación, una tesis aislada en materia civil proveniente de un TCC en 2007, sostiene que:

“el derecho de que se trata requiere prestaciones positivas, de dar o de hacer, por parte del Estado como sujeto pasivo, en tanto busca satisfacer necesidades de los niños cuyo logro no siempre está al alcance de los recursos individuales de los responsables primarios de su manutención, es decir, los progenitores y, por ende, precisa de políticas de bienestar, de solidaridad y seguridad sociales, así como de un desarrollo integral (material, económico, social, cultural y político), ya que la dignidad de los seres humanos tutelados, elemento sine qua non de las tres generaciones de derechos conocidas, requiere condiciones de vida sociopolítica y personal a las que el Estado debe propender, ayudar y estimular con eficacia, a fin de suministrar las condiciones de acceso al goce del derecho fundamental de los niños. Tal es la forma en que el Estado mexicano tiene que acatar su obligación constitucionalmente establecida de proveer “lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos”, y no sólo mediante la emisión de leyes que detallen los derechos, como las antes invocadas, mismas que también destacan diversas obligaciones estatales”.[8]

El criterio anterior ha evolucionado para caracterizar el derecho a la salud como un derecho social, conforme al cual existe una corresponsabilidad entre Estado, sociedad e interesados, donde se observa que el Estado no es el sujeto pasivo exclusivo, sino el sector empresarial debe ser copartícipe, de ahí que, dice el Pleno de esa SCJN, “la salud sea una responsabilidad que comparten indisolublemente el Estado, la sociedad y los interesados, con base en criterios de capacidad contributiva y redistribución del ingreso.”[9]

 

Cuando las empresas se sienten cómodas sabiendo que, aunque no mejoren sus prácticas comerciales y sus productos, los consumidores no modificarán sus hábitos y decisiones (yéndose con otros), existe un problema serio de mercado (monopolios, concentraciones, prácticas monopólicas, abusos al consumidor, etc.).[10] La actuación en favor de los consumidores finales y de los consumidores en general debiera partir de fortalecer el principio de la información pues el ejercicio de derechos vagos, ambiguos y costosos puede ser un gran desincentivo.

 

En materia de información / publicidad engañosa, además de su énfasis sancionador por parte del Estado, debería complementarse en el sentido de contribuir hacia una toma de decisiones que generen bienestar. La publicidad engañosa, recordemos, se produce por acción y por omisión; esto es, por lo que se dice y por lo que no se dice (incluido su presentación y el medio de presentación).

 

Esta última es un área de oportunidad para guiar al consumidor hacia hábitos de consumo más benéficos.

 

Cass Sunstein, con acierto rotundo, sostiene que:

 

“Los arquitectos de la decisión conducen a la gente. Son ellos quienes pueden promover la complejidad o la simplicidad; confundir a la gente o facilitarles las cosas. Ellos deciden que los platos de tu cena y los marcos de tus gafas sean grandes o pequeños, que los primeros productos que veas en la tienda sean dulces y nueces, que tu automóvil tenga cámara retrovisora y una clara exposición de cuántos kilómetros obtienes por galón, que tus papeles hipotecarios sean largos y complejos, y que veas, o no, todas las tarifas extras asociadas a tu boleto aéreo”.”[11]

 

Señores, ministros: en México, debemos construir instituciones que midan el impacto de las leyes, normas, actos y omisiones de autoridad y de la empresa sobre el bienestar, e ir construyendo soluciones realistas para que los derechos prestacionales a la alimentación y salud sean una realidad creciente para la mayoría de los mexicanos, con el interés superior de los niños al frente.

 

En el mercado, la participación de la empresa debe producir eficiencias para que circulen productos y servicios de mayor calidad, inocuos (a las personas y al medio ambiente), en un entorno de competencia económica. Si continúan las estrategias que buscan limitar la información (o su eficacia) que circula en el mercado, el consumidor no obtendrá niveles de calidad de vida adecuados.

 

El Derecho tiene que ser el mejor aliado en esta línea evolutiva del derecho social hacia el respeto de los derechos humanos, hacia la generación de bienestar.

 

 

 

PROTESTO LO NECESARIO

 

 

 

 

 

Fernando García Sais

 

 

 

 

Mazatlán, Sinaloa a 20 de agosto de 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Aquí deben hacerse análisis sectorizados por grupos destinatarios de los productos, pues el impacto, efecto y la interpretación que de la publicidad, información y etiquetado realice un menor de edad, un miembro de la población indígena, una persona adulta mayo o un enfermo (población vulnerable) no es igual en todos los casos, comparativamente hablando.

[2] Cfr., Artículo 1, fracción X, de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC): “La protección de los derechos de la infancia, adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas, y […]”

[3] De ahí nace la protección contra la publicidad engañosa ex arts. 32 y ss. de la propia ley del consumidor.

[4] Cfr. Artículo 1, fracción I, ex LFPC.

[5] Donde se presentan otros temas de interés público: la financiación colectiva a daños privados mediante impuestos generales.

[6] Cossío Díaz, José Ramón. Estado Social y Derechos de Prestación. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1999, p. 18.

[7] Zaldívar, Arturo, El juicio de amparo y la defensa de la Constitución, “Fundamentos teóricos de la defensa de la constitución en un estado federal”, en Cossío Díaz, José Ramón (comp.), La defensa de la Constitución, México, Fontamara, 2015, pp. 44-45. Según Zaldívar, en los orígenes del constitucionalismo moderno se consideró que la simple consagración de los derechos fundamentales, así como de los límites de los órganos del Estado, eran motivos suficientes para generar respeto; desgraciadamente, la experiencia nos lleva a lo contrario, ya que es necesario establecer instrumentos que obliguen a los titulares del poder público a ceñirse a lo mandado por la Constitución.

[8] Tesis I.3o.C.589 C, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXV, febrero de 2007, p. 1606, rubro “ALIMENTOS. FORMA EN QUE EL ESTADO MEXICANO DEBE ACATAR SU OBLIGACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL.”

[9] Tesis 49, Apéndice 1917-septiembre 2011, Novena Época, tomo I, p. 893, rubro “SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4o., TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL.”

[10] El resultado de contar con un mercado que funcione adecuadamente se traduce en mejores productos, mayor calidad y mejores precios. Y es que, en un escenario de mal funcionamiento del mercado, el bienestar es extraído del consumidor hacia el empresario, como lo demuestran las gráficas de utilidad usadas en microeconomía.

[11] Sunstein, Cass R., Simpler. pp. 37-38.