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Real Estate Mazatlán

If you are going to buy a property located within 50 km from the beach line, please be aware of the following:

1.- In Mexico there are not “title insurance” services.

2.- The “notario” (notary public) will perform a due diligence and draft all legal papers in order for you to enjoy your property.

A notary in México is a lawyer, but not all lawyers have the same credentials. 99% of them don’t have any further studies like masters or PhD’s.

Look for the best notario to protect your investment.

3.- Don’t trust the notario because your real estate agent (that you don’t also know his/her backgrounds).

Most notarios don’t speak English and some of them have not specialized on the complex world of trusts for foreigners to acquire a property.

4.- The buyer will pay for the property and all expenses, taxes and fees, since that’s a general costume in Mazatlan.

Estimate a 7% of the transaction price for all those other charges. A little difference on your benefit or otherwise could apply.

5.- If your future home is located in a Condominium, your notary will also review if it is properly designed, considering basic rights for peaceful enjoyment and for the healthy relationships between co-owners.

6.- Please have a translator of your own trust at your side and make sure your notary is bilingual.

If not, walk away!

7.- Don’t forget to appoint substitute beneficiaries in case you suffer a serious decease or death occurs. You can modify this any time.

8.- If you want to sell the property get your notario to advice on capital gains and on LEGAL exemptions you may be entitled of.

Again, tax issues are not understood by all notarios at the same level. Don’t put your self on legal risks, authority won’t hesitate to use all power to collect any due taxes and to punish any ilegal strategy to avoid them.

If you should have any questions, I notario and Ph.D Fernando García Sais, will gladly assist you.

My office is comfortable and well located on the golden zone. My team is highly professional and bilingual also.

Welcome to Mazatlan!

Fernando

http://www.garciasais.com.mx

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Artículos Periódico Noroeste

Jubilación y relevo notarial (Noroeste, julio 2017)

Fernando García Sais

Notario 210  de Sinaloa

La prestación del servicio notarial es de orden e interés público. En todas las leyes locales del notariado que están vigentes en México (recordemos que la facultad para legislar en la materia está reservada a los Estados) se establece un mínimo de edad para poder acceder al notariado, pero no para salir, para dejar la función, para favorecer el relevo generacional. Hablar de la jubilación forzosa del notario es una necesidad.

En Sinaloa, el artículo 24 de la Ley del Notariado sitúa el límite inferior de edad para acceder al notariado, en los 30 años. Considerando que, de manera general, los estudiantes terminan la licenciatura a los 22-23 años, la edad de 30 años parece adecuada para iniciar, después de haber acumulado años de estudio y práctica profesional en distintos ámbitos del Derecho.

Un jurista a los 30 años ya pudo haber terminado un doctorado o haberse desempeñado exitosamente en diversas áreas de los sectores público y/o privado, con un cúmulo de conocimientos que le serán de utilidad para prestar un buen y eficiente servicio notarial.

A primera vista ello es encomiable. No obstante, la LN tiene importantes barreras de entrada que entorpece que el ingreso al notariado suceda como lo he descrito. Se necesita tener residencia efectiva de 10 años en Sinaloa (inmediatos anteriores a la convocatoria) y haber realizado prácticas con un notario de la localidad. Estos dos candados importan serias limitantes para los licenciados en derecho y favorece que las notarías se transmitan de padres a hijos, excluyendo a otros candidatos que, en teoría, pudieran competir en igualdad de circunstancias. Este tema debe también analizarse por los hacedores de leyes y de políticas públicas.

El aspirante a notario no sólo debe esperar tener 30 años, sino que debe ser paciente y cuando el ejecutivo estatal disponga publicar una convocatoria a examen, presentarse. Ello implica que para ajustarse a la irracional regla, debe sacrificar posibilidades de estudio y/o profesionales fuera del pueblo. No me parece que dicho canon produzca los resultados más deseables. ¿A usted?

La falta de reglas eficientes respecto de la carrera notarial es costosa para la sociedad y perjudicial para esa clase “tan desprotegida” que son los aspirantes a notarios. La mayoría no llega a la meta. Y dedican su vida a la(s) notaría(s). Paralelamente, no hay una seria formación de talento en las notarías: se privilegia la contratación de amanuenses (a quienes se les paga poco y dan un mal servicio), produciéndose el fenómeno de la extracción de los frutos del trabajo: notarios ricos y empleados pobres. La sucesión notarial por ADN importa más que el servicio prestado y que la garantía del servicio a futuro.

En Sinaloa, por citar un caso, en 2010 se asignaron notarías después de casi 15 años de espera. Dejar pasar tanto tiempo, no produce los mejores resultados. La continuidad y el dinamismo de la función, se lastima. La incertidumbre dificulta el adecuado desarrollo de la carrera notarial y desincentiva que nuevos profesionales del derecho se preparen y busquen competir por acceder a la función.

En otra ocasión abordaré el tema de otras barreras de entrada y los desincentivos generales que hacen que el notariado no tenga a los mejores abogados interesados en formar parte de sus filas. Lo que queda claro es que los notarios deberían jubilarse a cierta edad para permitir que las nuevas generaciones vayan supliendo las funciones que, naturalmente, ya no pueden realizar.

¿Debería el Estado garantizar una pensión al notario jubilado? Ese es otro tema relevante y merece voltear a ver lo que hacen otros países. En lo relativo a la edad de jubilación, en España, desde 1983 con la “Ley 29/1983, de 12 de diciembre, sobre jubilación de Notarios, Agentes de Cambio y Bolsa y Corredores colegiados de Comercio” los notarios se jubilan forzosamente a los 70 años, pudiendo hacerlo antes de manera voluntaria. La jubilación se complementa con un fondo de jubilación creado por una mutualidad.

En Uruguay, existe la “Caja Notarial de Seguridad Social”, que comprende no sólo a los notarios sino a quienes trabajan con ellos, un tema sin duda de urgente revisión en México, por la desprotección de los colaboradores de las notarías. La regulación es de 2001(Ley Nº 17.437), y prevé una edad de jubilación de 60 años y un mínimo de 35 años de servicio notarial. En la provincia de Córdoba, Argentina.

El 10 de octubre de 1995 se publicó la Ley 8427 y establece el cómo se financia la Caja Notarial de Jubilaciones, que me parece un maravilloso ejemplo de lo que pudiéramos hacer en México. Los notarios aportan el 1% de sus honorarios, si tienen una antigüedad menor a 5 años, y un 2% de ahí en adelante. Los usuarios de las notarías aportan 3% de los honorarios por pagar; el Estado aporta el 3% de los impuestos por traslados de dominio –lo que pudiéramos ampliar a los derechos registrales y al ISR enterado a la Federación, mediante un convenio entre el Estado y la Secretaría de Hacienda Federal—.

Determinar una edad de retiro puede ser caprichoso. Es, empero, un paso necesario para que la función notarial mejore. El Estado debería estar atento y proveer de mecanismos financieros que garanticen un mínimo vital para los notarios que se retiren. Con ello, el mecanismo de relevo generacional puede mejorar.

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Real Estate Acquisition Tax

Real Estate Acquisition Tax
Fernando García Sais Ph.D.
Notary Public 210
Mazatlan, Mexico.
http://www.garciasais.com.mx

If you are a regular buyer of real estate, surely what you will find in the next lines are a set of truisms. The truth is that, according to official statistics, in Mexico most people buy a property only once in their life. Therefore, talking about this subject acquires significant relevance among us, potential buyers of all types of real estate, for commercial or residential purposes.

The Civil Code of Sinaloa establishes a very rare rule of scarce application: the expenses of registration and registration correspond to both parties equally, unless otherwise agreed (the exception becomes a general rule in practice). That is, in fact the parties agree that it is the buyer who disbursed everything or practically everything, except the taxes that are caused to the transferor (which may also be subject to agreement between the parties).

The source of the expenses may have as a source payment obligations that arise against the State (taxes, duties, tariffs); in front of individuals who have the nature of fees (appraiser, real estate agent, tax advisor), and notarial fees that have the nature of official rate.

Regarding the first item (against the State) the purchaser must pay the Tax on Acquisition of Real Estate (ISAI) at a rate of 2% on the taxable base, which is determined from the value that is greater among (i) the operation value and (ii) the one of any of the following bank or commercial appraisals made by experts authorized by the City or by an expert recognized by the National Banking Insurance Commission, or by an expert member of the Mexican Institute of Appraisal of Sinaloa , AC or by Public Broker or by the Cadastral Institute of the State of Sinaloa.

Additionally, the law stipulates that the municipal authority will charge 10% of the amount that resulted according to the preceding paragraph (on the payment slip it appears as “pro-sport”).

The law establishes some exceptions to this rate of 2%. This is the case of social housing acquisitions provided they do not exceed 6,500 UMAS *. In these cases, the taxable base of the tax is determined according to the commercial value that must be set by the Cadastral Institute.
*UMA: $80.60 pesos.

The law establishes some exceptions to this rate of 2%. This is the case of social housing acquisitions provided they do not exceed 6,500 UMAS *. In these cases, the taxable base of the tax is determined according to the commercial value that must be set by the Cadastral Institute.

If the house-room of social interest type is of new construction and its value does not exceed 5,500 UMAS, there is a benefit: the rate is 10% of the tax base. Where the value is from 5,501 to 9,500 UMAS, the tax will be calculated on 32% of the tax base.
In the case of property received due to death (inheritance or bequest) or donation, provided that the purchaser is a child, grandchild, great-grandchild (without limitation of degree and in both directions) or the surviving spouse, the same rate applies. 2% but with a cap of 25 UMAS.

All taxes must be paid within the term established by law. The ISAI must be paid within 30 calendar days following the occurrence of each of the following situations: (i) The adjudication of the assets of the estate as well as when hereditary rights are assigned or assets are sold by the estate; (ii) in the case of acquisitions made through a trust, when the cases of alienation or assignment of rights are made, under the terms of the Federal Fiscal Code; (iii) when the resolution is registered or registered by the judicial or administrative authority, in cases of positive prescription, or award by auction; (iv) in the case of contracts of sale with reservation of title or promise of sale, as well as in the cases of assignment of rights related to said contracts, when the respective contract is executed; and, (v) as a general rule of supplementary application if the case is not foreseen in the previous cases, the term of 30 days is counted from the date of celebration of the act that causes the tax.

Not paying the tax or doing it out of time generates consequences. Contributing to public spending, through compliance with tax obligations, materializes the constitutional principle that empowers citizens to demand quality public services from their authorities.

A good municipal administrator will use the actions of the law to collect the omitted taxes, being able to exercise an action to seize the property even when they have already been the object of another sale. That’s why the importance of obtaining “municipal fiscal solvency” before signing a promise or purchase agreement. To your misfortune, the expenses and fees for the municipal procedure will also be for you.
Public notaries are prohibited from definitively authorizing the deed if the ISAI has not been paid. The municipal authority, after much pressure from the Mazatlan notaries, is about to implement an electronic system so that, from the notaries, such payment is made. This will imply savings in resources and greater efficiency in transactions.

Notary 210 provides legal, real estate, tax and corporate advice. The holder has 18 years of solid experience in the best offices in Mexico City and in relevant positions in the SAT, Treasury, Profeco and Presidency of the Republic; In addition, he is a professor and author of academic books on Notarial Law, Consumer Protection and Commercial Bankruptcy.

Fernando García Sais, Ph.D. is National Coordinator of Notaries of the Graduate Bar Association of ITAM.

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El ISAI al comprar un inmueble

El ISAI al comprar un inmueble

Dr. Fernando García Sais

Notario Público 210 de Sinaloa

Acreditado ante el Better Business Bureau (México)

Coordinador del Notariado del Colegio de Abogados del ITAM

Si usted es un comprador habitual de bienes raíces, seguramente lo que encontrará en las próximas líneas son un conjunto de obviedades. Lo cierto es que, según las estadísticas oficiales, la mayoría de las personas compran un inmueble solamente una vez en su vida. Por ello, hablar del tema adquiere relevancia significativa entre nosotros y en esta Revista Espacios, en la que sus lectores son potenciales adquirentes de todo tipo de inmuebles, destinados o no a casa habitación.

El Código Civil de Sinaloa establece una regla de rarísima aplicación: los gastos de escrituración y registro corresponden a ambas partes por igual, salvo convenio en contrario (la salvedad se convierte en regla general en la práctica). Es decir que, en los hechos las partes acuerdan que sea el comprador el que desembolsé todo o prácticamente todo, salvo los impuestos que se causen al enajenante (que también pueden ser objeto de pacto entre las partes).

El origen de los gastos puede tener como fuente obligaciones de pago que surgen frente al Estado (impuestos, derechos, tarifas); frente a particulares que tienen la naturaleza de honorarios (perito valuador, agente inmobiliario, asesor fiscal), y los honorarios notariales que tienen la naturaleza de tarifa oficial.

En lo concerniente al primer rubro (frente al Estado) el adquirente debe pagar el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) a una tasa del 2% sobre la base gravable, la que se determina a partir del valor que sea mayor entre (i) el valor de operación y (ii) el de uno de cualquiera de los siguientes avalúos bancario o comercial realizado por peritos autorizados por el Ayuntamiento o por perito reconocido por la Comisión Nacional Bancaria de Seguros, o por perito miembro del Instituto Mexicano de Valuación de Sinaloa, A.C. o por Corredor Público o por el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa.

Adicionalmente, está previsto en ley, que la autoridad municipal cobrará un 10% del monto que resultó según el párrafo precedente (en la boleta de pago aparece como “pro deporte”).

La ley establece algunas excepciones a dicha tasa del 2%. Es el caso de las adquisiciones de casa habitación de interés social siempre que no excedan de 6,500 UMAS*. En estos casos la base gravable del impuesto se determina conforme al valor comercial que deberá ser fijado por el Instituto Catastral.

Si la casa-habitación de tipo interés social es de nueva construcción y su valor no exceda de 5,500 UMAS, existe un beneficio: la tasa es del 10% de la base gravable. En las que el valor sea de 5,501 a 9,500 UMAS, el impuesto se calculará sobre el 32% de la base gravable.

Para el caso de inmuebles recibidos por causa de muerte (herencia o legado) o por donación, siempre que el adquirente sea hijo, nieto, bisnieto (sin limitación de grado y en ambos sentidos) o el cónyuge sobreviviente, se aplica la misma tasa del 2% pero con un tope de 25 UMAS.

Todo impuesto debe ser pagado dentro del plazo que la ley disponga. El ISAI debe ser pagado dentro de los 30 días naturales siguientes a que se presenten cada una de las siguientes situaciones: (i) La adjudicación de los bienes de la sucesión así como al cederse los derechos hereditarios o al enajenarse bienes por la sucesión; (ii) tratándose de adquisiciones efectuadas a través de fideicomiso, cuando se realicen los supuestos de enajenación o de cesión de derechos, en los términos del Código Fiscal de la Federación; (iii) al protocolizarse o inscribirse la resolución, de la autoridad judicial o administrativa, en los casos de prescripción positiva, o adjudicación por remate; (iv) tratándose de contratos de compraventa con reserva de dominio o de promesa de venta, así como en los casos de cesión de derechos relacionados con dichos contratos, cuando se celebre el contrato respectivo; y, (v) como regla general de aplicación supletoria si el caso no está previsto en los supuestos anteriores, el plazo de 30 días se cuenta a partir de la fecha de celebración del acto que cause el impuesto.

No pagar el impuesto o hacerlo fuera de plazo genera consecuencias. Contribuir al gasto público, mediante el cumplimiento de las obligaciones tributarias, materializa el principio constitucional que empodera al ciudadano a exigir a sus autoridades servicios públicos de calidad.

Un buen administrador municipal utilizará las acciones de la ley para cobrar los impuestos omitidos, pudiendo ejercer una acción para embargar el inmueble aun y cuando ya hayan sido objeto de otra venta. Por eso la importancia de obtener la “solvencia fiscal municipal” antes de firmar un contrato de promesa o de compraventa. Para su mala fortuna, los gastos y honorarios por el procedimiento municipal serán también para Usted.

Los notarios públicos tenemos prohibido autorizar definitivamente la escritura si no se han pagado el ISAI. La autoridad municipal, después de mucha presión por parte de los notarios mazatlecos, está por implementar un sistema electrónico para que, desde las notarías, se realice dicho pago. Ello implicará ahorro de recursos y mayor eficiencia en las transacciones.

*UMA: $80.60 pesos en 2018.

La notaría 210 brinda asesoría jurídica, inmobiliaria, fiscal y corporativa. Su titular tiene 18 años de sólida experiencia en los mejores despachos de la Ciudad de México y en posiciones relevantes en el SAT, Hacienda, Profeco y Presidencia de la República; además de que es profesor y autor de libros académicos de Derecho Notarial, Protección al Consumidor y Concursos Mercantiles.

El Doctor Fernando García Sais es Coordinador Nacional del Notariado del Colegio de Abogados Egresados del ITAM.

www.garciasais.com.mx

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First steps to living, working or buying real estate in Mexico – The Mazatlán Post

First steps to living, working or buying real estate in Mexico – The Mazatlán Post
— Read on www.google.com.mx/amp/s/themazatlanpost.com/2018/07/14/if-you-are-interested-in-living-in-mexico-opening-a-business-or-buying-property-the-first-thing-you-need-to-do-is-hire-a-notary-in-mexico/amp/

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Amparo del notario Cecilio González Márquez

Importantísima sentencia en el Amparo en Revisión del asunto del Notario Cecilio González Márquez (Ciudad de MÉXICO).

El Tribunal Colegiado se pronuncia, entre otras cosas, en que los notarios son agentes económicos, postura que he sostenido en mis publicaciones académicas.

Si tienes algún amigo notario, ¡avísale que la tiene que leer!

sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx

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Amlo y notariado nacional (Reforma, 25 julio 2018)

Desde la campaña electoral, el actual Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, por conducto de la ministro en retiro y también notario público Olga Sánchez Cordero, presentaron ante el Colegio Nacional del Notariado México (Acapulco, mayo de 2018) un “decálogo” relacionado con su perspectiva de las transformaciones que habrán de, una vez ganada la elección, materializarse en el mercado de la fe pública.

Ciertamente, estamos ante un escenario halagüeño que permitirá, de poderse plasmar dichas ideas en algún ordenamiento jurídico nacional (lo que implica una reforma constitucional para darle competencia a la federación en material notarial, dado que hoy la tienen los estados), contar con un sistema notarial que, concentrado en buscar la seguridad jurídica, la certeza y la paz social, fortalecerá la posición del notario frente a los poderes económicos e, incluso, frente al propio poder gubernamental.

Al propiciarse la realización del Derecho a través de la fe pública, sin duda, quienes se benefician en última instancia son los prestatarios de los servicios notariales y todas las personas y empresas que se relacionen con ellos. El instrumento notarial produce una cadena infinita de externalidades positivas (concepto económico que podemos resumir en “beneficios sociales que trascienden la relación notario-cliente”).

El notario al dar fe de la constitución de una empresa o al constituir un condominio, produce una escritura que naturalmente entra en contacto con millones de consumidores. Si esa escritura reúne toda la calidad jurídica que el sistema notarial espera, las relaciones comerciales fluirán y replicarán de manera incesante dicha calidad.

En la cotidianidad del trabajo notarial, cierto es que el notario se encuentra bajo un conjunto de factores externos que tratan de presionarlo para que deje de ser baluarte de los valores que el sistema notarial y el Estado de Derecho proclaman. La fuerza de la ley parece ceder y el notario, aunque Usted no lo crea, se encuentra relativamente solo y aislado. La imposición de condiciones y prácticas, por ejemplo, como las que existen desde los Bancos, al cercenarle a los usuarios de servicios financieros (consumidores tutelados por la ley) la posibilidad de elegir a su notario de confianza, se traduce en una lamentable sumisión del notariado a la banca, con el descuido implícito de los derechos de los clientes.

Cuando el Estado, en su faceta de ordenador social, requiere servicios notariales, tradicionalmente utiliza los servicios notariales de los notarios con quienes tiene algún tipo especial de vinculación. El tratamiento desigual de los notarios, en este escenario, produce que las notarías desfavorecidas, aunque quizá técnicamente superiores, comiencen a desmerecer y a demeritarse. La competencia desleal propiciada desde el gremio o desde el Estado, no le conviene a nadie.

La inversión que los notarios realizan para que las oficinas funcionen, tanto en personal bien calificado como en equipo, implican costos que, como en cualquier actividad económica, se trasladan al adquirente del servicio. Proponer comunicar bidireccional y tecnológicamente a los registros públicos de la propiedad y a los catastros, es una idea que debemos aplaudir e impulsar decididamente.

Homologar las condiciones de acceso al notariado, mediante exámenes de oposición, rigurosos, transparentes, teóricos y prácticos, constituye la aspiración inicial del correcto funcionamiento del sistema. Empero, extrañamente no se ha dicho nada de la jubilación y retiro del notario ni del derecho a recibir una pensión, como sí se ha dicho en el sector de la judicatura. Los incentivos embonarán mejor si permitimos el relevo generacional oportunamente y si al notario se le garantiza que al finalizar su función se retirará con dignidad, alejándolo de tentaciones económicas que se traduzcan en descuidar la función o en hacer competencia desleal a sus pares.

Las materias sustantivas con las que el notario trabaja deben también homologarse. Es el caso de las disposiciones en materia de muerte digna y voluntad anticipada. ¿Por qué unos clientes en unas notarías si pueden hacerlo y otros no? Solamente por su código postal. En un entorno nacional de igualdad y de no discriminación, ello es inadmisible.

Los programas sociales permanente para que quienes menos recursos disponen puedan acceder a los servicios notariales es también de celebrarse. El notario cobra honorarios con base en aranceles (tarifas estatales) que no debe modificar a su arbitrio sino que corresponde al Estado hacer excepciones para mitigar asimetrías y favorecer que la población vulnerable pueda otorgar testamentos o regularizar sus propiedades.

La falta de calificación del notario como agente económico será un tema que deberá resolverse por el órgano constitucional autónomo competente; la COFECE y, seguramente materia de algún medio de control constitucional ante la SCJN. Ser agente económico no es peyorativo ni denuesta: es una consecuencia del contexto constitucional en materia de economía de mercado. Entendido de manera correcta, al sistema notarial le conviene ser un agente económico. Sólo así podrá tener otro blindaje ante los factores reales del poder: las concentraciones y los monopolios. Los beneficiarios serán los consumidores y los clientes de los notarios.

Los notarios de todo México debemos ser aliados del futuro presidente y sumarnos activamente a que su decálogo se haga realidad en el corto plazo. Como lo dije durante la presentación de mi libro “Derecho Notarial” (29 de junio, ITAM) el notariado va directo a estrellarse con el iceberg y debemos corregir el rumbo.

@FGarciaSais

Doctor en Derecho por la UNAM Licenciado en Derecho por el ITAM Notario Público 210 en Mazatlán, Sinaloa Coordinador del Notariado del Colegio de Abogados Egresados del ITAM

— Read on www.reforma.com/aplicacioneslibre/editoriales/editorial.aspx

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AMLO y Notariado

Desde la campaña electoral, el actual Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, por conducto de la ministro en retiro y también notario público Olga Sánchez Cordero, presentaron ante el Colegio Nacional del Notariado México (Acapulco, mayo de 2018) un “decálogo” relacionado con su perspectiva de las transformaciones que habrán de, una vez ganada la elección, materializarse en el mercado de la fe pública.

Ciertamente, estamos ante un escenario halagüeño que permitirá, de poderse plasmar dichas ideas en algún ordenamiento jurídico nacional (lo que implica una reforma constitucional para darle competencia a la Federación en material notarial, dado que hoy la tienen los estados), contar con un sistema notarial que, concentrado en buscar la seguridad jurídica, la certeza y la paz social, fortalecerá la posición del notario frente a los poderes económicos e, incluso, frente al propio poder gubernamental.

Al propiciarse la realización del Derecho a través de la fe pública, sin duda, quienes se benefician en última instancia son los prestatarios de los servicios notariales y todas las personas y empresas que se relacionen con ellos. El instrumento notarial produce una cadena infinita de externalidades positivas (concepto económico que podemos resumir en “beneficios sociales que trascienden la relación notario-cliente”). El notario al dar fe de la constitución de una empresa o al constituir un condominio, produce una escritura que naturalmente entra en contacto con millones de consumidores. Si esa escritura reúne toda la calidad jurídica que el sistema notarial espera, las relaciones comerciales fluirán y replicarán de manera incesante dicha calidad.

En la cotidianidad del trabajo notarial, cierto es que el notario se encuentra bajo un conjunto de factores externos que tratan de presionarlo para que deje de ser baluarte de los valores que el sistema notarial y el Estado de Derecho proclaman. La fuerza de la ley parece ceder y el notario, aunque Usted no lo crea, se encuentra relativamente solo y aislado. La imposición de condiciones y prácticas, por ejemplo, como las que existen desde los Bancos, al cercenarle a los usuarios de servicios financieros (consumidores tutelados por la ley) la posibilidad de elegir a su notario de confianza, se traduce en una lamentable sumisión del notariado a la banca, con el descuido implícito de los derechos de los clientes.

Cuando el Estado, en su faceta de ordenador social, requiere servicios notariales, tradicionalmente utiliza los servicios notariales de los notarios con quienes tiene algún tipo especial de vinculación. El tratamiento desigual de los notarios, en este escenario, produce que las notarias desfavorecidas, aunque quizá técnicamente superiores, comiencen a desmerecer y a demeritarse. La competencia desleal propiciada desde el gremio o desde el Estado, no le conviene a nadie.

La inversión que los notarios realizan para que las oficinas funcionen, tanto en personal bien calificado como en equipo, implican costos que, como en cualquier actividad económica, se trasladan al adquirente del servicio. Proponer comunicar bidiireccional y tecnológicamente a los registros públicos de la propiedad y a los catastros, es una idea que debemos aplaudir e impulsar decididamente.

Homologar las condiciones de acceso al notariado, mediante exámenes de oposición, rigurosos, transparentes, teóricos y prácticos, constituye la aspiración inicial del correcto funcionamiento del sistema. Empero, extrañamente no se ha dicho nada de la jubilación y retiro del notario ni del derecho a recibir una pensión, como sí se ha dicho en el sector de la judicatura.

Los incentivos embonarán mejor si permitimos el relevo generacional oportunamente y si al notario se le garantiza que al finalizar su función se retirará con dignidad, alejándolo de tentaciones económicas que se traduzcan en descuidar la función o en hacer competencia desleal a sus pares.

Las materias sustantivas con las que el notario trabaja deben también homologarse. Es el caso de las disposiciones en materia de muerte digna y voluntad anticipada. ¿Por qué unos clientes en unas notarías si pueden hacerlo y otros no? Solamente por su código postal. En un entorno nacional de igualdad y de no discriminación, ello es inadmisible.

Los programas sociales permanente para que quienes menos recursos disponen puedan acceder a los servicios notariales es también de celebrarse. El notario cobra honorarios con base en aranceles (tarifas estatales) que no debe modificar a su arbitrio sino que corresponde al Estado hacer excepciones para mitigar asimetrías y favorecer que la población vulnerable pueda otorgar testamentos o regularizar sus propiedades.

La falta de calificación del notario como agente económico será un tema que deberá resolverse por el órgano constitucional autónomo competente; la Cofece y, seguramente materia de algún medio de control constitucional ante la SCJN. Ser agente económico no es peyorativo ni denuesta: es una consecuencia del contexto constitucional en materia de economía de mercado.

Entendido de manera correcta, al sistema notarial le conviene ser un agente económico. Sólo así podrá tener otro blindaje ante los factores reales del poder: las concentraciones y los monopolios. Los beneficiarios serán los consumidores y los clientes de los notarios.

Los notarios de todo México debemos ser aliados del futuro Presidente y sumarnos activamente a que su decálogo se haga realidad en el corto plazo. Como lo dije durante la presentación de mi libro “Derecho Notarial” (29 de junio, ITAM) el notariado va directo a estrellarse con el iceberg y debemos corregir el rumbo.

@FGarciaSais

Doctor en Derecho por la UNAM

Licenciado en Derecho por el ITAM

Notario Público 210 en Mazatlán, Sinaloa

Coordinador del Notariado del Colegio de Abogados Egresados del ITAM

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Senado aprueba punto de acuerdo para evitar que los bancos siguen imponiendo a sus notarios

Siempre he manifestado que los abogados tenemos una función social importante qué cumplir.

No necesitamos tener “un hueso” para participar y resolver problemas y mejorar nuestras instituciones y fortalecer al Estado de Derecho.

Un amigo muy querido me envió hoy el punto de acuerdo que presentó una senadora del grupo parlamentario del PRI relacionado con el llamamiento que hace para evitar la práctica de imponer notarios por parte del sistema financiero mexicano (Léase bancos y créditos hipotecarios con consumidores).

Me da gusto que la senadora haya citado como referencia bibliográfica mi artículo publicado el año pasado en el Mundo del Abogado.

Con esto celebraré hoy el día del abogado y aprovecho para felicitar a mis amigos y colegas abogados y a invitarlos a seguir impulsando las transformaciones que México requiere.

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72924#_ftnref3

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Tesis doctoral “Constitucionalismo contemporáneo y bienestar”, Unam, 2018

Si les interesa leer mi tesis doctoral “Constitucionalismo contemporáneo y bienestar” dirigida por los doctores José Ovalle @dvalades y @JRCossio

http://oreon.dgbiblio.unam.mx/F/EYAJRUF4KBS68549GC21M4QGQHK71J8JJS7J65V1DJHJVFQ7YN-37452?func=full-set-set&set_number=001496&set_entry=000001&format=999