Servicio Social del Notario

Fernando García Sais

Notario 210 del Estado de Sinaloa

@FGarciaSais

http://www.garciasais.com.mx

La institución del notariado se diseñó para dar seguridad jurídica al patrimonio de las personas, familias y empresas. Por su contenido, el patrimonio, en su más amplia concepción, incluye desde luego la parte económica y la moral. El diseño de la institución abarca otros aspectos: tener a los mejores juristas y promover la carrera notarial para garantizar la prestación constante del servicio.

He comentado, en otros ensayos, que la función que desempeñan los notarios no es una función privada, similar a la de un abogado, sino que se trata de una función de orden público. Siguiendo al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, agrego que, dicho carácter de “público” proviene de la delegación que el Estado hace de la fe pública, con el objetivo de satisfacer una necesidad de interés social que se refleja de manera tripartida en dar certeza, autenticidad y seguridad jurídica. Estamos, pues, en presencia de un servicio público regulado por el Estado (Tesis: P./J. 73/2005). Es, desde luego, una función pública de carácter administrativo relativa a un sector de la vida social (Tesis: VII.2o.C.96 C).

¿Se puede concluir que, a partir de las peculiaridades anunciadas, los notarios estén obligados a prestar un servicio social? ¿Debe ser ese servicio social “gratuito”? ¿Cómo se regula el servicio social notarial? ¿Pudiera generar competencia desleal entre los notarios? ¿Pudiera ser utilizado políticamente?

La Ley del Notariado para la Ciudad de México dispone que las autoridades pueden requerir de los notarios la prestación de sus servicios para atender asuntos de orden público o de interés social. Sin embargo, no se dispone la gratuidad, sino que “las autoridades y el colegio convendrán los honorarios correspondientes”. Se complementa lo anterior con la disposición que señala que los notarios participarán con tarifas reducidas y convenidas por el Colegio con las autoridades correspondientes, en programas de fomento a la vivienda y regularización de la tenencia de la propiedad inmueble.

El diseño de cualquier institución pública no debe dejarse al arbitrio de gobernantes sin inteligencia. No podremos esperar que una institución produzca bienestar social, solo porque algunos operadores jurídicos tengan buena voluntad. Si el diseño institucional es defectuoso, el resultado material de su operatividad siempre tendrá fallas y costos sociales, se derrochan recursos escasos y habrá quien se aproveche de dichas fallas.

El Notariado, como servicio público, amerita un diseño que respete la autonomía e independencia (principalmente del poder público y de los grandes intereses económicos) de los notarios y promueva un ambiente de compromiso social junto con un respeto a la sana participación en el mercado de los servicios notariales entre todos los notarios. La ley presume que todos los notarios son iguales. Discriminatorio sería que el propio Estado tuviera “exclusividades” con algunos de sus notarios.

Hay quien opina que, por otro lado, los notarios no son agentes económicos (siguiendo una tesis de la SCJN que, por cierto, ha sido muy criticada por expertos en competencia económica, entre los que me sumo). Sin embargo, lo cierto es que existen leyes como la de Sinaloa que contienen expresamente normas que regulan la “competencia desleal” entre notarios, lo que abre la puerta para reflexiones más profundas.

Si el Estado considera que existen circunstancias sociales que ameritan que los notarios den precios especiales (modificar el arancel) se requiere que las autoridades que regulan la actividad notarial firmen convenios, que se difundan y se transparenten.

Peligroso sería que los notarios estuvieran sujetos al capricho de cualquier ente público, ajeno al sistema notarial, y sometieran su ejercicio a caprichos de un servidor público que busque más que la satisfacción de un interés general, elevar su rating y popularidad, trasladado el costo a los notarios.

Todos los notarios deben, democráticamente, participar en igualdad de circunstancias en la prestación de dichos servicios. No es válido ni legítimo que las autoridades seleccionen al notario. El notario que se rehúse a dar el servicio social debería ser sancionado.

El servicio social del notario es un deber (no una obligación) que implica que exista, forzosamente, una decisión de Estado tomada en el seno de los entes públicos competentes (los colegios privados constituidos como asociaciones civiles, en principio, no lo son, salvo que la ley los habilite), en la que se fije un arancel preferencial y que los notarios (todos) participen satisfaciendo la necesidad social que dio origen al convenio.

La violación del pacto federal y de la cláusula de entera fe y crédito en relación con los Poderes notariales: legalización de firmas exigidas por el Registro Público de la Propiedad de Cuernavaca, Morelos

Hace unos días recibí la llamada de un cliente que me pedía redactar un poder para actos de dominio en virtud del cual pudiera el apoderado recibir en su nombre y representación una donación de un bien inmueble.

A continuación me indicó que ese poder surtiría efectos en el estado de Morelos pero que por disposición normativa el registro público de la propiedad de la ciudad de Cuernavaca no aceptaban los poderes de los notarios de otras entidades federativas salvo que estuvieran legalizadas las firmas del notario y del titular del archivo General de Notarías (en nuestro caso por supuesto el  de Sinaloa).

En un primer momento pensé que se trataba de una errónea interpretación por parte de mi cliente respecto de algún comentario que alguien le pudo haber hecho tratándose de los poderes para ser ejercidos en el extranjero que requieren ya sea la legalización o la apostilla.

Le pedí a mi cliente me pusiera en contacto con el notario público que elaboraría la escritura que contendría la donación del inmueble y que utilizaría para acreditar la representación de mi cliente el poder que yo elaboraría.

Muy amablemente mi colega notario de aquella entidad me explicó que, entendía mi sorpresa, pero que efectivamente en aquella entidad federativa se exigía para la plena validez y efectos de los poderes emitidos en otro Estado de la República, su legalización.

Después de intercambiar opiniones sobre la evidente inconstitucionalidad de la disposición, principalmente a partir de lo que todos conocemos como la cláusula de entera fe y crédito reconocida en el artículo 121 constitucional, y de lamentarnos recíprocamente por las barreras que dicha legalización impone al libre ejercicio del notariado, pero medularmente por los costos que impone a la sociedad, toda vez que estos trámites además de necesarios son costosos, llegamos a la conclusión que no tendríamos otra alternativa que solicitar la legalización de firmas, tanto la de notario como la del director del archivo General de notarías de Sinaloa.

Para dejarlos reflexionar con este tema, a continuación les dejo un link a una resolución relativamente reciente, de junio de 2017, en la que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Unión analiza la constitucionalidad de las leyes estatales que imponen ciertos requisitos para la validez de los poderes emitidos en otra entidad federativa, y aunque no se refiere expresamente al tema de la legalización de firmas es útil para ir conformando un criterio:

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1fffdfffcfcff&Expresion=Notari*%2520121%2520&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=14&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=2014576&Hit=1&IDs=2014576,2011269,2009309,162368,169246,169783,178914,183778,186861,191073,202150,232872,321070,903423&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=
Para complementar lo anterior resulta conveniente leer la tesis del quinto tribunal colegiado en materia civil del tercer circuito que en el 2008 ya se había pronunciado sobre la inconstitucionalidad del requisito de exigir la legalización de firmas de los notarios, a saber:

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1fffdfffcfcff&Expresion=Notari*%2520121%2520&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=14&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=169246&Hit=5&IDs=2014576,2011269,2009309,162368,169246,169783,178914,183778,186861,191073,202150,232872,321070,903423&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=
Sería conveniente que las agrupaciones de notarios de la República mexicana, ya sean las asociaciones civiles o los consejos que dependen de los Estados se conviertan en vigilantes permanentes y apoyen a la ciudadanía en la presentación de juicios de amparo para evitar candados y restricciones que atentan en contra de los actos privados confiados a los notarios públicos.

Notariado medieval y sociedad Posmoderna

La revolución tecnológica y la era de las tecnologías de la información llegaron al mundo moderno para facilitarle a las personas y a las empresas sus actividades cotidianas, y por supuesto, para favorecer el entorno económico, la celeridad comercial y con ello incrementar los niveles de productividad y eficiencia.

Hace 20 años con el boom tecnológico, economistas de todo el mundo pronosticaron incrementos en las tasas de crecimiento y se especuló, inclusive, que ello incrementaría los niveles de bienestar de la sociedad.

Las instituciones jurídicas parece que no vivieron con intensidad esas profundas transformaciones tecnológicas. Con marcadas excepciones, como las relativas a la regulación del comercio electrónico y a sus efectos contractuales, hoy hay un gran número de ordenamientos jurídicos ameritan ser revisados a efecto de que exista un paralelismo que refleje de manera congruente los cambios en las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones.
El análisis costo-beneficio que hoy se exige a la hora de crear una ley también debe hacerse para valorar el costo-beneficio de las leyes vigentes.

 Los legisladores faltando a cualquier deber de diligencia asumen que las leyes que forman parte del derecho positivo son perfectas y en su labor legislativa cotidiana no asumen como una tarea su revisión expost.

Las leyes del notariado, me parece, adolecen de vicios y defectos que no favorecen aquel entorno: la innovación parece que es sancionable en incluso para algunos éticamente reprobable.
El mantenimiento del status quo, en lo relativo a la normativa notarial, parece inaceptable dado que los notarios tienen un gran número de funciones pensadas para mantener la seguridad jurídica, y hoy en día las manifestaciones de la sociedad y empresariales ya no se limitan aquellas formas del siglo pasado.

Llama la atención, por otro lado, que este tipo de reflexiones, debates y discusiones no encuentren un lugar común ni por parte de los sectores empresariales, de las organizaciones de la sociedad civil, y mucho menos del notariado nacional.

Hace unos días un cliente de la ciudad de México me solicitaba que yo desde Mazatlán diera fe respecto de acontecimientos que transmitiría desde distintas localidades a través de un sistema de telecomunicaciones por medio del cual yo estaría viendo en tiempo real la destrucción de determinados objetos de comercio.

Desde mi punto de vista, este tipo de actuaciones no deberían limitarse ni mucho menos prohibirse, con independencia de que el notario no esté físicamente en aquél lugar pero sí a través de las tecnologías de la información y de las comunicaciones.

¿Y usted qué piensa?

Jubilación y relevo notarial (Noroeste, julio 2017)

Fernando García Sais

Notario 210  de Sinaloa

La prestación del servicio notarial es de orden e interés público. En todas las leyes locales del notariado que están vigentes en México (recordemos que la facultad para legislar en la materia está reservada a los Estados) se establece un mínimo de edad para poder acceder al notariado, pero no para salir, para dejar la función, para favorecer el relevo generacional. Hablar de la jubilación forzosa del notario es una necesidad.

En Sinaloa, el artículo 24 de la Ley del Notariado sitúa el límite inferior de edad para acceder al notariado, en los 30 años. Considerando que, de manera general, los estudiantes terminan la licenciatura a los 22-23 años, la edad de 30 años parece adecuada para iniciar, después de haber acumulado años de estudio y práctica profesional en distintos ámbitos del Derecho.

Un jurista a los 30 años ya pudo haber terminado un doctorado o haberse desempeñado exitosamente en diversas áreas de los sectores público y/o privado, con un cúmulo de conocimientos que le serán de utilidad para prestar un buen y eficiente servicio notarial.

A primera vista ello es encomiable. No obstante, la LN tiene importantes barreras de entrada que entorpece que el ingreso al notariado suceda como lo he descrito. Se necesita tener residencia efectiva de 10 años en Sinaloa (inmediatos anteriores a la convocatoria) y haber realizado prácticas con un notario de la localidad. Estos dos candados importan serias limitantes para los licenciados en derecho y favorece que las notarías se transmitan de padres a hijos, excluyendo a otros candidatos que, en teoría, pudieran competir en igualdad de circunstancias. Este tema debe también analizarse por los hacedores de leyes y de políticas públicas.

El aspirante a notario no sólo debe esperar tener 30 años, sino que debe ser paciente y cuando el ejecutivo estatal disponga publicar una convocatoria a examen, presentarse. Ello implica que para ajustarse a la irracional regla, debe sacrificar posibilidades de estudio y/o profesionales fuera del pueblo. No me parece que dicho canon produzca los resultados más deseables. ¿A usted?

La falta de reglas eficientes respecto de la carrera notarial es costosa para la sociedad y perjudicial para esa clase “tan desprotegida” que son los aspirantes a notarios. La mayoría no llega a la meta. Y dedican su vida a la(s) notaría(s). Paralelamente, no hay una seria formación de talento en las notarías: se privilegia la contratación de amanuenses (a quienes se les paga poco y dan un mal servicio), produciéndose el fenómeno de la extracción de los frutos del trabajo: notarios ricos y empleados pobres. La sucesión notarial por ADN importa más que el servicio prestado y que la garantía del servicio a futuro.

En Sinaloa, por citar un caso, en 2010 se asignaron notarías después de casi 15 años de espera. Dejar pasar tanto tiempo, no produce los mejores resultados. La continuidad y el dinamismo de la función, se lastima. La incertidumbre dificulta el adecuado desarrollo de la carrera notarial y desincentiva que nuevos profesionales del derecho se preparen y busquen competir por acceder a la función.

En otra ocasión abordaré el tema de otras barreras de entrada y los desincentivos generales que hacen que el notariado no tenga a los mejores abogados interesados en formar parte de sus filas. Lo que queda claro es que los notarios deberían jubilarse a cierta edad para permitir que las nuevas generaciones vayan supliendo las funciones que, naturalmente, ya no pueden realizar.

¿Debería el Estado garantizar una pensión al notario jubilado? Ese es otro tema relevante y merece voltear a ver lo que hacen otros países. En lo relativo a la edad de jubilación, en España, desde 1983 con la “Ley 29/1983, de 12 de diciembre, sobre jubilación de Notarios, Agentes de Cambio y Bolsa y Corredores colegiados de Comercio” los notarios se jubilan forzosamente a los 70 años, pudiendo hacerlo antes de manera voluntaria. La jubilación se complementa con un fondo de jubilación creado por una mutualidad.

En Uruguay, existe la “Caja Notarial de Seguridad Social”, que comprende no sólo a los notarios sino a quienes trabajan con ellos, un tema sin duda de urgente revisión en México, por la desprotección de los colaboradores de las notarías. La regulación es de 2001(Ley Nº 17.437), y prevé una edad de jubilación de 60 años y un mínimo de 35 años de servicio notarial. En la provincia de Córdoba, Argentina.

El 10 de octubre de 1995 se publicó la Ley 8427 y establece el cómo se financia la Caja Notarial de Jubilaciones, que me parece un maravilloso ejemplo de lo que pudiéramos hacer en México. Los notarios aportan el 1% de sus honorarios, si tienen una antigüedad menor a 5 años, y un 2% de ahí en adelante. Los usuarios de las notarías aportan 3% de los honorarios por pagar; el Estado aporta el 3% de los impuestos por traslados de dominio –lo que pudiéramos ampliar a los derechos registrales y al ISR enterado a la Federación, mediante un convenio entre el Estado y la Secretaría de Hacienda Federal—.

Determinar una edad de retiro puede ser caprichoso. Es, empero, un paso necesario para que la función notarial mejore. El Estado debería estar atento y proveer de mecanismos financieros que garanticen un mínimo vital para los notarios que se retiren. Con ello, el mecanismo de relevo generacional puede mejorar.

Condominio y desarrollo inmobiliario, Segunda Parte (Noroeste,7 julio 2017)

Fernando García Sais

Notario 210 del Estado de Sinaloa

@FGarciaSais

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La Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio fue adicionada en 1992 para incorporar un capítulo con 8 artículos que regulan a los condominios integrales o turísticos.

Si Usted dedica una media hora a su lectura, encontrará que es una ley sencillísima. Se trata de una ley de naturaleza administrativa, pura y dura. Con muchos esfuerzos encontramos algunos, pero trascendentes, derechos sustantivos. Tristemente la ausencia está por la inexistencia de remedios procesales para los condóminos. Por último, desde el punto de vista de la sintaxis y semántica tiene amplias áreas de oportunidad.

El acelerado crecimiento de las ciudades y el complejo desarrollo urbano, junto con la diversidad demográfica, en las que conviven personas de distintas nacionalidades, culturas, edades, orígenes sociales, son algunos de los factores que ameritan, con cierto grado de urgencia, la revisión de la ley del condominio y su eventual modificación y ajuste, sobre todo si partimos de la idea de que la copropiedad, como lo señalé en la entrega anterior, es fuente de diversos inconvenientes y, ciertamente, también de satisfacciones.

 

Quienes trabajamos cotidianamente con dicha ley observamos su insuficiencia. Los derechos de los consumidores adquirentes de viviendas o de los compradores de locales comerciales pueden no estar siendo protegidos de la manera más adecuada y amplia posible.

La posición del empresario tampoco es la más cómoda: pesan sobre él obligaciones intransferibles que, ante su incumplimiento, pueden sufrir demandas o gastos desproporcionados, considerando además que no existen medios alternos de solución de controversias previstos en la ley.

Los conflictos que potencialmente se pueden suscitar junto con los que ya actualmente se presentan ameritan una revisión de los costos y beneficios de la actual ley con la idea de valorar la pertinencia de crear un nuevo marco jurídico que, no sólo dé cauce a las inversiones, sino que con una visión social de la propiedad haga de la convivencia de las personas un espacio más para el desarrollo de las familias y el adecuado esparcimiento de los hijos. En los condominios mixtos, con fines residenciales y comerciales, la atención del legislador debe ser cuidadosa y cautelosa a efecto de ponderar adecuadamente las externalidades (principalmente, las negativas),

Un tema que dejo señalado por su transcendencia es el de la consolidación de una cultura condominal: la ley debe propiciar acciones y actitudes que permitan una sana convivencia, el respeto, la tolerancia, la responsabilidad, el cumplimiento, la corresponsabilidad, la participación y la solidaridad, entre otros valores. Asimismo, no debemos dejar de lado la útil y conveniente participación del Estado para tareas de orientación y capacitación, incluyendo a la administración de los condominios, que muchas veces están en manos de empresarios que no tienen experiencia ni conocimientos en el tema.

Como en otras ocasiones lo hecho, en este espacio convoco a los actores políticos para que “antes de que explote la bomba” le dediquen algo de tiempo, al de sus ocupadas agendas, para revisar las leyes vigentes y hacer los ajustes necesarios para que acompañen a los ciudadanos y a los inversionistas, y Sinaloa crezca y se desarrolle en un clima competitivo y, sobre todo, con bienestar social.

 

Comparto texto de José Roldán Xopa, sobre foto multas, administrativo y análisis económico

Rebasar los límites de velocidad equivale a una infracción de tránsito. La multa es la consecuencia. La tecnología permite captar si el vehículo rebasa la velocidad permitida y también proporciona imágenes de la placa o de quien conduce. Si el dueño conduce es responsable de pagar la multa. Pero si el propietario no conduce ¿está […]

via FOTO MULTAS ¿DEBE PAGAR EL DUEÑO? — José Roldán Xopa

Condominio y desarrollo inmobiliario, Primera Parte (Noroeste, 23 junio 2017)

Fernando García Sais

Notario 210 del Estado de Sinaloa

@FGarciaSais

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La copropiedad como manifestación del derecho de propiedad es una situación jurídica que se presenta cuando una cosa o un derecho pertenece proindiviso (es decir, en comunidad, sin dividir) a dos o más personas. En el caso de los bienes inmuebles, se trata de un derecho real de propiedad que recae sobre una cosa (terreno, casa, departamento, local comercial).

Estudiada la copropiedad a partir de su regulación en los diversos códigos civiles se advierte que desde su concepción es una institución que legislador le ha parecido conveniente desincentivar, pero como es inevitable que surja, lo mejor es regularla eficientemente.

Como ejemplo de que la copropiedad es una situación jurídica que, desde el punto de vista social y económico, no debe ser incentivada lo constituye el esencial derecho a separarse, que en la dicción legal encuentra la siguiente fórmula: “[…] no pueden ser obligados a conservarlo indiviso, sino en los casos en que por la misma naturaleza de las cosas o por determinación de la ley, el dominio es indivisible”

Correlativamente al derecho de la indivisión se le acompaña con el derecho del tanto que tienen los copropietarios para adquirir –en lugar de cualquier tercero ajeno a la copropiedad— la parte del copropietario que quiere disminuirla o abandonarla. Las consecuencias de no respetar el derecho del tanto, en la medida que se trata de un verdadero derecho real, produce la nulidad del acto y la enajenación no produce efectos jurídicos.

 

Como cultura jurídica, no es lo mismo el derecho del tanto que el derecho de preferencia también llamado derecho de preferencia por el tanto. Este último derecho existe convencionalmente, no por ministerio de ley, y su violación produce una indemnización por contravención a la preferencia pactada. Ambas figuras son de indispensable conocimiento por cualquier abogado y, frecuentemente, es ignorado y desconocido y, en ocasiones, confundido.

La introducción anterior me permite avanzar en el tema del condominio, como situación que surge por la existencia de un derecho real de propiedad privada individual junto con un derecho de copropiedad sobre lo que son las áreas comunes que pertenecen proindiviso a todos los copropietarios de determinado régimen condominal. En el caso del condominio, por disposición de la ley, las áreas comunes no son susceptibles de división y solo pueden transmitirse junto con el derecho, llamémosle, principal de propiedad privada sobre el inmueble en cuestión.

Nosotros en Sinaloa desde 1973 contamos, afortunadamente, con una ley que regula la creación, la organización y los derechos derivados de regímenes condominales. La creación del régimen de condominio debe hacerse ante notario y por declaración del o los propietarios de lo inmueble. Dicha escritura equivale a una norma jurídica, creada en sede notarial, en la que junto con la escritura de compraventa y el reglamento del condominio, se fijan los derechos y obligaciones de los condóminos.

¿Cómo cobra el Notario? Segunda parte (Noroeste, 9 junio 2017)

 

Fernando Garcia Sais

Notario Público 210 del Estado de Sinaloa

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@FGarciaSais

Por un lado, el artículo 15 de la Ley del Notariado claramente se decanta por la idea de que los notarios no son servidores públicos, sujetos a una relación laboral, con subordinación jurídica ni con dependencia económica. Ello es importantísimo: el notario es independiente del Estado y de las vicisitudes políticas. Sin embargo, el Estado debe cuidar su función y vigilar su ejercicio.

En su segunda parte contiene el principio de cobro conforme al arancel. Es un derecho en favor de los usuarios: los notarios no pueden cobrar por los servicios de fe pública más de lo que prevea el arancel. Hay quienes opinan que la ley cuando dice “no excederán” es porque implícitamente permite “disminuirlo”. Es una lectura parcial e inexacta de la ley, que pasa por alto principios esenciales de derecho administrativo y de la función del notario. Para poder disminuirlo, debería preceder una autorización expresa por parte del legislador o de la autoridad.

El arancel, como toda norma jurídica, puede ser violado. Se requiere una supervisión. El Consejo de Notarios (no los Colegios, que son asociaciones civiles) tiene la atribución de vigilar la aplicación del arancel (art. 180) y se le permite al notario dispensar su aplicación en casos concretos, “previa solicitud fundada de cualquier Notario en ejercicio, siempre y cuando no exista riesgo de violación a lo dispuesto en la presente Ley”. El programa federal del “mes del testamento” actualizaría este supuesto.

Y es que en casos de interés social o por un problema de interés púbico, que el Estado quiera resolver, los notarios pudieran solicitar autorización para dar “precios especiales o descuentos” a la población. Aquí tenemos una norma que con contundencia autoriza a concluir que el notario no debe cobrar precios inferiores a los establecidos en la ley. Los notarios tienen derecho y obligación, pues, a cobrar los honorarios que señala el arancel previsto en el artículo 194.

Por la naturaleza pública del notario y de la función notarial, los notarios no están autorizados para acordar honorarios como sí lo hacen los abogados. Un notario que haga competencia desleal (similar a la prevista en el artículo 159 de la Ley del Notariado) manipulando el arancel a su antojo estaría violando la ley y dañando considerablemente a la función notarial.

Esa práctica se conoce como depredación de precios y es ilícita. De la misma manera, como lo ha resuelto la jurisprudencia, los acuerdos entre agentes económicos para fijar precios, ya sean bajos o altos, son anticompetitivos y sancionables por la Comisión Federal de Competencia. Hay, desde mi punto de vista, una relación importante entre la calidad del trabajo notarial, el respeto al arancel y la ética notarial.