Bienestar y Constitución (Reforma, 26 de mayo de 2014)

Uno de los valores del Derecho más aceptados en la historia del pensamiento filosófico-jurídico es el de la justicia. A pesar de su alta subjetividad, hay poca reflexión respecto de qué elementos incorporar en su definición. Hay “justicia” según Ulpiano, Rawls, Kelsen, los filósofos griegos y según cada uno de nosotros. El concepto es sumamente útil para evocar sentimientos. Nada más.

Si en el diseño normativo incluimos elementos objetivos de ponderación, el termómetro de la justicia pasará de moda. El concepto de bienestar posibilita la medición de los efectos que, sobre la población, tienen las normas, las políticas públicas y el mercado. Las normas regulan e incentivan conductas, no por justicia, sino por bienestar.

El bienestar, a diferencia de la justicia, no es una sensación sino un dato material, tangible y mensurable. Si ese dato fuera la finalidad de las normas, podríamos evaluarlas (particularmente su efecto) objetivamente –y junto con ellas a la actuación de los políticos, jueces, autoridades, empresarios y ciudadanos—. La evaluación permite la detección de áreas de oportunidad para mejorar e incentivar conductas, en esos espacios, que detonen circunstancias de vida más favorables para todos.

En México a partir de 2010 se efectuaron diversas reformas constitucionales en materia de acceso a la justicia, derechos humanos y amparo, que constituyen un viraje en el paradigma, una nueva “antropología constitucional” – en voz del Ministro de la Suprema Corte, Dr. José Ramón Cossío Díaz, refiriéndose a la de derechos humanos—.

Las implicaciones de ese giro serán enormes. Las autoridades (todas) deben estar a la interpretación que más favorezca. Transitaremos, en lo normativo, a una reconstrucción de criterios que conduzcan, materialmente, a lograr una sociedad más igualitaria, dejando atrás el anacrónico sistema normas programáticas no exigibles, “poniendo una carga extraordinariamente importante en la protección a los derechos humanos a partir del principio pro persona” (Cossío). La igualdad ante la ley (teórica) será, con mayor velocidad, una igualdad de facto, en la que todos tengamos acceso a los bienes públicos.

Debería ser en la Constitución donde se fijen las bases de medición del bienestar. Los derechos de origen constitucional deben ser un espacio de libertad para que las personas alcancen niveles equitativos de bienestar que les permitan desarrollarse, en condiciones más o menos homogéneas, donde los bienes públicos sean accesibles por todos con independencia de la riqueza personal.

La Constitución del Reino de Bután (2008) prevé que el Estado promoverá la consecución del “Gross National Happines”, como indicador de la calidad de vida. Una reciente publicación da cuenta de la urgencia de contar con una ciudadanía que pueda participar con un mínimo de igualdad (Piketty, 2014). Para lograr bienestar social equitativo no basta con proponérselo. Es menester contar con un diseño constitucional que permita que las decisiones públicas sean tomadas por quien la regla de la mayoría decida de la mano de un adecuado sistema de división de poderes.

Además, es imprescindible que la Constitución incentive que el poder público (en ocasiones de manera corresponsable con el sector privado) cumpla con la satisfacción de las necesidades –como el suministro de los bienes públicos— que los habitantes del país desean. En la medida que ello acontezca, el bienestar social se incrementará.

Una desigualdad en nuestra sociedad tan profunda no sólo atenta contra los derechos de quien está en la posición menos favorecida sino también de quienes tienen interés en que ello no sea así. Aunque no todos seamos conscientes de ello, no es conveniente mantener tan grande la brecha entre quienes tienen acceso a todo (y de más) y entre quienes no tienen nada. Entender a la Constitución de manera estática, con abstracción de su finalidad es estéril. La desigualdad, medida en términos de bienestar, nos cuesta a todos. México está pagando un precio muy alto.

@FGarciaSais

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