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Curriculum Vitae (actualizado a febrero de 2015)

CURRICULO

 

Nombre:                              Fernando Eugenio García Sais

Nacionalidad:                      mexicana

Fecha de nacimiento:           1 de abril de 1975

Cédula Profesional:             3377682

 

Notario Público 210 para el Estado de Sinaloa con jurisdicción en Mazatlán.

 

TRAYECTORIA ACADÉMICA

PRIMARIA                           Instituto Cultural de Occidente, Mazatlán, Sinaloa

1981-1987

SECUNDARIA                      Instituto Cultural de Occidente, Mazatlán, Sinaloa

1987-1990

PREPARATORIA                  Instituto Cultural de Occidente, Mazatlán, Sinaloa

1990-1993

ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO    Orono High School, Tercero de Preparatoria

Minneapolis, Minnesota

1993-1994

 

LICENCIATURA                    Instituto Tecnológico Autónomo de México

Licenciatura en Derecho

1996-2000

TESIS DE LICENCIATURA     “La declaración general de inconstitucionalidad en el amparo contra leyes”

PROMEDIO GENERAL          “9.02”, obteniendo mención honorífica por tesis y promedio.

DOCTORADO                       Facultad de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, 2002 – 2004.

Sin titulación.

DOCTORADO                       Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2014 – fecha.

IDIOMAS                             Inglés

Catalán e italiano (traducción).

ACTIVIDADES PROFESIONALES

  • Pasante en la Notaría Pública número 74, en la Ciudad de México, Distrito Federal, de abril de 1998 a abril de 1999.
  • Oficial Judicial en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de abril de 1999 a octubre de 2000.
  • Analista en la Secretaría de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, de enero a marzo de 2001.
  • Abogado Asociado en Von Wobeser y Sierra, S.C., de marzo de 2001 a octubre de 2002.
  • Director de Publicidad y Normas de la Procuraduría Federal del Consumidor, de octubre de 2004 a abril de 2006.
  • Abogado Asociado en Martínez, Algaba, Estrella, De Haro y Galván-Duque, S.C., de abril de 2006 a agosto de 2007.
  • Asesor del Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de agosto de 2007 a junio de 2009.
  • Administrador Local de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria, en Mazatlán, Sinaloa, de julio de 2009 a diciembre de 2010.
  • Administrador Local Jurídico del Servicio de Administración Tributaria, en Mazatlán, Sinaloa, de diciembre de 2010 a febrero de 2013.
  • Director General Adjunto de Estudios Jurídicos de la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Oficina de la Presidencia de la República, de febrero de 2013 a la fecha.
  • Notario Público 210 para el Estado de Sinaloa con jurisdicción en Mazatlán, desde el 6 de febrero de 2015 (aún no inicio funciones).ACTIVIDADES ACADÉMICAS
  • Profesor de asignatura, impartiendo la materia de “Derecho de los consumidores y responsabilidad por productos” en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, de enero de 2007 a junio de 2009.
  • Profesor de asignatura, impartiendo la materia de “Derecho empresarial” en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, de enero de 2007 a junio de 2009.
  • Profesor invitado de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, impartiendo la materia “Derecho de los consumidores”, desde abril de 2012.
  • Profesor invitado de la Universidad Panamericana, campus Ciudad de México, impartiendo “Derecho comparado de los usuarios de servicios financieros” en el Curso de Actualización de la Reforma Financiera de 2014.

 

 

OTRAS ACTIVIDADES Y CARGOS

  • Fundador y presidente de Acciones Colectivas, A.C., desde 2010.
  • Miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C., desde 2011.
  • Columnista de opinión en el periódico “Noroeste”, desde 2011.
  • Miembro del Consejo Asesor de la Editorial Tirant Lo Blanch para la colección “El derecho en la práctica en México”, desde 2013.
  • Columnista invitado en la Sección Opinión Negocios del periódico “Reforma”, a partir de enero de 2014.
  • Columnista invitado en “Newsweek en Español”, a partir de octubre de 2014.
  • Dictaminador para la revista Gestión y Política Pública del CIDE.

PARTICIPACIONES LEGISLATIVAS

  • Elaboración del anteproyecto de la reforma constitucional en materia de acciones colectivas y acceso a la justicia.
    • Reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de julio de 2010.
  • Elaboración del anteproyecto de reformas a legislación secundaria en materia de acciones colectivas.
    • Reforma legal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de julio de 2011.

CONFERENCIAS

  • El carácter regresivo de la regulación de las acciones colectivas. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Casa de la Cultura Jurídica de Mazatlán, 31 de octubre de 2014.
  • Derechos humanos de los usuarios de transporte aéreo. Congreso en Derecho Aeronáutico, ITAM, 29 de agosto de 2014.
  • Acciones colectivas, un análisis de la acción de grupo de Profeco contra Nextel. Taller de acciones colectivas, CIDAC, A.C., México, D.F., 26 de septiembre de 2013.
  • Acceso a la justicia y acciones colectivas, Mazatlán Fórum Crossborder Collaboration, Mazatlán, Sinaloa. 8 de marzo de 2013.
  • Procedimiento y sentencia en las Acciones Colectivas. Seminario: Acciones colectivas en materia de protección al ambiente. Academia Mexicana de Ciencias, A.C.  26 de octubre de 2012.
  • Consumidores, competencia y publicidad, Seminario: El derecho a la información de los consumidores y la publicidad responsable. Instituto de Investigaciones Jurídicas-COFEPRIS-PROFECO, México, D.F. 17 de mayo de 2012.
  • Derecho de los consumidores y Competencia. Una política que mitigue las asimetrías. En el Ciclo de conferencias: Los derechos del consumidor hoy y mañana, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM-PROFECO, México, D.F., 5 de noviembre de 2011.
  • Legitimación y representación adecuada. Diplomado sobre Acciones Colectivas, Instituto de la Judicatura Federal. Escuela Judicial, México, D.F., julio de 2011.
  • El Acceso a la Justicia: grandes retos para 2010. Universidad Autónoma de Sinaloa, Mazatlán, 15 de enero de 2010.
  • La tutela colectiva de los derechos e intereses colectivos y difusos de los consumidores como derechos humanos de cuarta generación. Universidad Autónoma de Sinaloa, Mazatlán. 15 de noviembre de 2009.
  • El acceso a los consumidores a la justicia a través de acciones colectivas. Seminario sobre Acciones Colectivas organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación-Senado-ITAM, México, D.F., 28 de marzo de 2008.
  • Insuficiencias de los actuales instrumentos de protección al consumidor. ITAM. Congreso Internacional sobre acciones colectivas, México, D.F., 15 de noviembre de 2007.
  • Publicidad engañosa y consumidores. Primer Seminario Internacional. Consejo Nacional para la Autorregulación y Ética Publicitaria (CONAR). México, D.F., junio de 2006.
  • Misleading advertising, the Mexican regulations. Television Association of Programmers– PROFECO, mayo de 2005. Miami, Florida.
  • La responsabilidad frente a los consumidores por productos defectuosos. International Chamber of Commerce (ICC) Capítulo Mexicano. México, D.F., 2005.PUBLICACIONESLIBROS
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  • Estado, Mercado y Derecho, Ed. Tirant Lo Blanch, México, 2014, prólogo del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Dr. José Ramón Cossío Díaz.
  • Jurisprudencia del Consumidor, Ed. Tirant Lo Blanch- ITAM, México, 2012, prólogo del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Dr. José Ramón Cossío Díaz.
  • Derecho de los Consumidores a la Información. Una aproximación a la publicidad engañosa en México. Ed. Porrúa-ITAM, México, 2007, prólogo del Jefe del Departamento de Derecho del ITAM, Dr. José Roldán Xopa.
  • Derecho Concursal Mexicano. Ed. Porrúa, México, 2005, Prólogo del Director del Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, Dr. Luis Manuel C. Méjan.

ARTÍCULOS EN LIBROS COLECTIVOS

  • Influencia de la legitimación procesal y de la representación adecuada sobre la cosa juzgada en las acciones colectivas, en “Las acciones colectivas en el Derecho Mexicano”, Ed. Tirant Lo Blanch- CIDAC, México, 2013. ARTÍCULOS EN REVISTAS
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  • Hablemos menos de justicia y más de bienestar. Revista Mundo del Abogado, febrero de 2015, México.
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  • Servicios financieros, acciones colectivas y competencia. Revista Mundo del Abogado, julio de 2014, México.
  • Cinco deficiencias del sistema de protección al consumidor. CIDAC-Red Mexicana de Competencia y Regulación, marzo de 2014, México http://reddecompetencia.cidac.org/propuestas/Cinco_deficiencias_del_sistema_de_protecci_n_del_consumidor.php
  • El test de la relación de consumo. Revista Mundo del Abogado, marzo de 2014, México.
  • Delimitación y alcances de las nociones de consumidor y proveedor en México. CIDAC-Red Mexicana de Competencia y Regulación, febrero de 2014, México http://gamol.com.mx/CIDAC/la_red_recomienda/17-02-2014/img/Delimitacio-CC-81nyalcancesFGS.pdf
  • La acción de grupo de Profeco vs Nextel 2012: el consumidor impostor. CIDAC-Red Mexicana de Competencia y Regulación, octubre de 2013, México (http://reddecompetencia.cidac.org/propuestas/La_acci_n_de_Grupo_Profeco_vs_Nextel_2012_El_consumidor_impostor.php)
  • La transversalidad entre competencia económica y consumidores. Revista Mundo del Abogado, julio de 2013, México.
  • Legitimación y representación adecuada en las acciones colectivas (y su influencia sobre la cosa juzgada). Revista del Instituto de la Judicatura Federal, Número 32, 2011, México.
  • La información como principio y finalidad del Derecho de los Consumidores. Revista Abogado Corporativo, Número 24, julio-agosto, 2011, México.
  • Notarios públicos como autoridad en el juicio de amparo. Revista Mundo del Abogado, mayo de 2011, México.
  • ¿Conviene respetar al consumidor? Revista Dirección Estratégica. La Revista de Negocios del ITAM, no. 33, marzo de 2011, México.
  • La nueva realidad empresarial. Revista Bien Informado, Número 309, Mayo de 2010, Culiacán, México.
  • Usuarios de servicios financieros, consumidores y acciones colectivas. Revista Mundo del Abogado, abril de 2010, México.
  • Acceso a la Justicia: los grandes retos en México para 2010. Revista Politeia, Número 42, año 4, marzo de 2010, Culiacán, México.
  • Falsos consumidores. Revista Letras Jurídicas, Volumen 19, enero-junio de 2009, Veracruz, México.
  • El Código Pabi bajo la lupa: los consumidores olvidados. Revista Abogado Corporativo, Número 9, junio-julio, 2009, México.
  • Las listas negras de la Profeco. Revista Mundo del Abogado, abril de 2009, México.
  • Acciones colectivas en defensa del consumidor. Revista Mundo del Abogado, febrero de 2009.
  • En qué consiste el engaño. El Universal. 7 de febrero de 2009, México.
  • Competencia económica y derecho de los consumidores. Revista Iuris Tantum, número 19, diciembre de 2008, México. En coautoría con Xavier Ginebra Serrabou.
  • Hacia las acciones colectivas en materia de protección al consumidor. Revista Abogado Corporativo, Número 7, septiembre-octubre, 2008, México.
  • El enfriamiento del consentimiento en contratos con consumidores. Revista Abogado Corporativo, Número 3, enero-febrero, 2008, México.
  • La publicidad engañosa y la población vulnerable. Revista Dirección Estratégica. La Revista de Negocios del ITAM, no. 25, año 6, marzo-mayo 2008, México.
  • Día Mundial del Consumidor. Revista Mundo del Abogado, abril de 2008, México.
  • El enfriamiento del consentimiento en contratos con consumidores. Revista Trilogía, Número 4, Año 1, noviembre, 2007, México.
  • Las penas con pan son menos: el daño moral. Revista Mundo del Abogado, abril de 2007.
  • Efectos de la publicidad engañosa sobre la validez de los contratos celebrados con consumidores. Revista de Derecho Privado del Instituto de Investigaciones Jurídicas, números 9-10, 2005, México.
  • La eficacia jurídica contractual de la publicidad en los contratos con consumidores. Revista de Derecho Privado del Instituto de Investigaciones Jurídicas, números 9-10, 2005, México.

TESIS PROFESIONALES DIRIGIDAS

  • Consideraciones Jurídicas de la Publicidad, de Hansi Friedrich Giovanini Ollinger, ITAM, 1998.
  • El problema de la inadecuada regulación del trinomio procesal de las acciones colectivas plasmadas en nuestro Código Federal de Procedimientos Civiles vigente, de Diana Lima Cortés, ITAM, 2013.DISTINCIONES
  • Aspirante a la Comisión Federal de Competencia Económica con una de las mejores 35 calificaciones, de conformidad con la determinación del Comité de Evaluación (publicación en el Diario Oficial de la Federación de 12 de agosto de 2013).PARTICIPACIÓN CON AUTORIDADES
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  • Invitado a participar en el foro de Justicia Cotidiana, mesa de Justicia Administrativa, coordinado por el CIDE a petición del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Guanajuato, 29 de enero de 2015.
  • Participación en la mesa de trabajo “Competencia y Fomento Económico”, Alianza para el Gobierno Abierto, Construcción del Plan de Acción 2013-2015, Secretaria de la Función Pública-IFAI-Fundar, A.C., México, D.F., 5 de septiembre de 2013.
  • Participación en el Foro de Consulta Técnico del Programa de Desarrollo Innovador de PROFECO 2013-2018, “Fortalecer el mercando interno dentro de un propicio ambiente de negocios y una eficaz defensa del consumidor”, México, D.F., 28 de agosto de 2013.
  • Participación como experto en materia de competencia económica en la Convocatoria de Consulta a Especialistas, Comisión de Competitividad de la Cámara de Diputados, para revisar la iniciativa del Ejecutivo Federal respecto de la Ley Federal Competencia Económica, México, D.F., 26 febrero 2014.
  • Participación en la elaboración del Programa Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor 2013-2018, en el Foro Prevención de los Derechos del Consumidor, México, D.F., 14 de marzo de 2014.
  • Febrero de 2015
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Uso de redes sociales y Gobierno Abierto

Derivado del uso cada vez mayor de diversos medios electrónicos para difundir acciones de gobierno, surge la necesidad de regular –en la esfera administrativa— el uso de las redes sociales por parte de las entidades públicas así como por parte de sus servidores públicos.

Problemas por resolver (algunos)

  1. El primer tema que se debe solventar es determinar cuál es el mejor instrumento normativo para regular el uso institucional de las redes sociales como Twitter, Facebook, y otras. Es decir, ¿debe hacerse en un reglamento interior o en algún acuerdo, lineamiento o similar?
  2. El segundo tema por resolver es a quién se le otorga el control y administración de la cuenta respectiva.
  3. El tercer punto es precisar para qué se va a utilizar y qué contenidos se difundirán a través de las redes sociales. Es decir, se utilizará exclusivamente para difusión, o también para comunicación e, incluso, para atención ciudadana (asistencial).
  4. El cuarto aspecto es determinar cuál es el efecto jurídico del uso de la red social. Esto es, por ejemplo, ¿es válida para el ejercicio del derecho de petición?
  5. El quinto tema es lo relacionado con los servidores públicos del ente de que se trate. ¿Pueden anunciarse en redes sociales como miembros de la organización? ¿Son vinculantes para la entidad pública sus manifestaciones? ¿Puede la organización prohibir el uso de cuentas en las que se anuncie que el servidor público es parte de dicho ente público o limitar el contenido de sus publicaciones a temas estrictamente personales ajenos a la institución? Al terminar su relación contractual con la oficina pública, ¿cuál es el destino de la cuenta del servidor público?

El principio de legalidad

Entre los abogados y estudiosos del llamado “Derecho Público” es conocido un principio conforme al cual los servidores públicos sólo pueden hacer aquellos actos para los cuales tienen autorización expresa. Es decir, pueden hacer sólo lo permitido.

El uso de redes sociales, en algunos casos, aparece como una actividad de las instituciones públicas y como tal debería tener reconocimiento en una regla jurídica que la prevea. En cualquiera de los tres poderes de la Unión, es necesario que las disposiciones administrativas resuelvan los temas enumerados de manera enunciativa anteriormente.

La falta de regulación genera incertidumbre y, me parece, eventuales áreas de tensión para el propio sector público. Imaginemos el caso de una dependencia de la Administración Pública Federal que opera de manera desconcentrada en los Estados de la Federación y que cada titular de esas delegaciones decida abrir su cuenta de Twitter. Desde el punto de vista de comunicación social, ¿le conviene a la dependencia esa dispersión? y ¿cuál es el efecto normativo hacia la ciudadanía del contenido de lo que ahí se publique? Si hacemos el mismo ejercicio para el caso del Poder Judicial, ¿los jueces y magistrados tienen autorización para ejercer su cargo público a través de redes sociales? ¿La cuenta “oficial” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que implicaciones en cuanto a su uso tiene? ¿Puede alguien hacer valer, por ejemplo, un amparo por comparecencia a través de @SCJN?

Cuentas de Twitter/Facebook en el limbo jurídico

De una revisión en el Diario Oficial de la Federación, aparecen dos registros de regulación del uso de redes sociales.

Uno de ellos es del Instituto Federal Electoral de 17 de enero de 2012. Se trata de un acuerdo del Consejo General por el que se aprueban los criterios generales para el uso institucional de las redes sociales en internet.

El otro es de la Procuraduría General de la República de 24 de septiembre de 2012 en el que se prohíbe la utilización de redes sociales a los integrantes de la Policía Federal Ministerial, cuando su uso los vincule como miembros de dicha corporación o de las instalaciones de la misma.

El uso político o electoral de las cuentas de Twitter

Algunos servidores públicos se valen de la publicidad implícita que tiene la institución pública en la que laboran para adherirse a ella y darse a conocer ante la sociedad. No cuento con información estadística pero es notoriamente evidente al revisar algunas cuentas de Twitter que algunos usuarios que a la vez son servidores públicos, usan con frecuencia dicho medio de comunicación para difundir actividades públicas (que en principio deberían ser difundidas por la institución).

En algunos casos los servidores públicos utilizan medios materiales (computadoras, smartphones) pagados con recursos públicos. ¿Implica ello, per se, una responsabilidad administrativa?

Sin valorar axiológicamente dichas conductas, me parece de lo más oportuno que se emita una regulación al respecto.

Experiencia Internacional

Sin hacer un análisis pormenorizado, me limito a referir que en España en el 2013 se emitió una “Guía de Comunicación para la Administración General del Estado” (que actualiza la de 2005), en la que se manifiesta tener como objetivo “ser un marco de recomendaciones y buenas prácticas para los diferentes organismos que componen la Administración General del Estado a la hora de crear o evolucionar los diferentes portales de internet, las sedes electrónicas, los sitios para dispositivos móviles y la presencia en las redes sociales, wikis, blogs o canales multimedia.”.

Ahí se puede leer que entre sus objetivos está el lograr que se aumente “el grado de confianza de los usuarios de los sitios web de los departamentos u organismos de la AGE: portales, sedes, cuentas o perfiles de redes sociales a los que accede bajo los nombres oficiales de dichos departamentos u organismos.”

La normativa española regula no todos los problemas que he identificado anteriormente, pero es una buena guía de lo que se debe hacer cuando la comunicación por redes sociales se toma en serio.

Se los dejo de tarea.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación atenta contra el acceso a la justicia

La Primera Sala al resolver el Amparo Directo 34/2013, por mayoría de 3 a 2, determinó que en las acciones colectivas difusas la colectividad demandante debe integrarse con al menos 30 miembros, lo que constituye un atentado contra el acceso a la justicia.

Dicho asunto generó dos nuevas tesis aisladas (ver abajo) y dos votos particulares (aún no publicados) de los ministros Pardo Rebolledo y Cossío Díaz, quienes durante la sesión argumentaron que la interpretación de la mayoría era equivocada por no desprenderse así de las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Ello es intensamente grave dada la señal que envían a los juzgadores inferiores, jueces de distrito y magistrados, quienes han mostrado poca disposición y profesionalismo en el manejo de las acciones colectivas que tan escasamente se han presentado.

En diversos foros y espacios he sostenido que el requisito de los 30 miembros es exigible, por determinación de la ley, en tratándose de acciones colectivas en sentido estricto y en acciones colectivas individuales homogéneas. Ello es así ya que el titular de las acciones colectivas difusas es una colectividad indeterminada, en las que no es necesario que exista un vínculo jurídico alguno entre el demandado y la colectividad, por lo que es evidente que, atendiendo a esa peculiaridad (el titular es una colectividad indeterminada) no es exigible que al momento de presentar la demanda se identifique de manera indubitable a un número de 30 afectados. Es más, en algunos casos, podría no conseguirse ese número y existir un derecho difuso en riesgo.

Así que esperemos que los señores ministros Sánchez Cordero, Gutiérrez Ortíz Mena y Zaldívar Lelo de Larrea, reflexionen y en futuros casos modifiquen este lamentable criterio mayoritario que obstaculiza de manera exponencial el acceso colectivo a la justicia que tanto hemos tratado de impulsar.

 

Aquí les dejo las tesis:

“ACCIONES COLECTIVAS DIFUSAS. PARA CONSIDERAR QUE EL REPRESENTANTE COMÚN TIENE LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA EJERCERLAS, ES NECESARIO QUE LA COLECTIVIDAD ESTÉ CONFORMADA POR AL MENOS TREINTA MIEMBROS.

 

La legitimación activa del representante común implica que éste represente no a cualquier colectividad, sino a una reconocida por el legislador como aquella que puede defender sus derechos en juicio; para ello, el legislador estableció expresamente en el artículo 585, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, que debe estar conformada por al menos treinta miembros. Ahora bien, lo anterior puede sostenerse aun tratándose de acciones colectivas difusas, en las que el titular del derecho difuso es una colectividad indeterminada (al no existir una relación jurídica entre sus miembros). Así, no debe confundirse al titular del derecho con la colectividad que se ha organizado para defender dicho interés, pues el hecho de que en estos casos el titular del derecho sea indeterminado, no implica que sea imposible identificar si una persona tiene un interés difuso y que pudieran existir treinta personas con dicho interés. Esto es, una cosa es que el derecho le corresponda a la colectividad como tal y no a un grupo o una persona en particular, y otra, que no deba exigirse que un número determinado de personas promuevan dicha acción; aunado a lo anterior, debe recordarse que la protección privada de los intereses difusos, a través de las acciones colectivas, requiere precisamente de una acción de grupo o concertada, es decir, que coincidan varios individuos.”

 

Época: Décima Época, Registro: 2006667, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 13 de junio de 2014 09:37 h, Materia(s): (Civil), Tesis: 1a. CCXXIV/2014 (10a.)

 

Amparo directo 34/2013. Daniel Eduardo Tenorio Arce y otros. 15 de enero de 2014. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quienes reservaron su derecho para formular voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín.

 

ACCIONES COLECTIVAS DIFUSAS. EL JUEZ, DESDE EL AUTO INICIAL, PUEDE PRONUNCIARSE SOBRE REQUISITOS DE FORMA PARA EJERCERLAS Y DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA CUANDO LA COLECTIVIDAD NO ESTÉ CONFORMADA POR AL MENOS TREINTA PERSONAS.

 

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los jueces deben ser proclives a tramitar la etapa de certificación para valorar todos los elementos y argumentos de las partes y decidir en dicha instancia si la acción es o no procedente. Ello, porque de acuerdo con las características de las acciones colectivas en sentido amplio, en muchos casos la legitimación en la causa se confunde con la legitimación en el proceso; de ahí que los juzgadores estarán mejor preparados en la etapa de certificación para resolver sobre el cumplimiento de este tipo de requisitos de procedencia, que al dictar el auto inicial del juicio. Sin embargo, lo anterior no implica que en todos los casos la legitimación en la causa y en el proceso se confundan, pues existen requisitos de procedencia que no tienen relación con el derecho sustantivo controvertido. Así, para verificar el cumplimiento de requisitos “formales”, sería ocioso tramitar la etapa de certificación, ya que desde el auto inicial el juez cuenta con todos los elementos para determinar si se cumple o no con el requisito en cuestión y, en su caso, desechar de plano la demanda. En ese sentido, el requisito relativo a que la colectividad esté conformada por al menos treinta miembros no tiene relación alguna con la legitimación en la causa, pues, en este caso, el estudio se limita a contar el número de promoventes; por tanto, se trata de un requisito de forma sobre el cual el juez puede pronunciarse desde el auto inicial y desechar de plano la demanda por la que se ejercita la acción relativa cuando la colectividad no esté conformada con dicho número de personas.

 

Época: Décima Época, Registro: 2006666, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 13 de junio de 2014 09:37 h, Materia(s): (Civil), Tesis: 1a. CCXXV/2014 (10a.)

 

Amparo directo 34/2013. Daniel Eduardo Tenorio Arce y otros. 15 de enero de 2014. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quienes reservaron su derecho para formular voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín.

 

Esta tesis se publicó el viernes 13 de junio de 2014 a las 09:37 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

 

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Transgénicos e invasión de poderes. La ideología del maíz se acaba al país.

Con motivo de una temeraria y frívola acción colectiva interpuesta a finales del 2013, un juez de distrito y un magistrado de un tribunal unitario han decretado una medida cautelar impensable en materia de acciones colectivas. Con base en las reformas al Código Federal de Procedimientos Civiles, se previó la posibilidad para los juzgadores de ordenar tales medidas.

En términos del artículo 610, las medidas precautorias pueden consistir en cualquiera de las siguientes:

La orden de cesación de los actos o actividades que estén causando o necesariamente hayan de causar un daño inminente e irreparable a la colectividad.

  1. La orden de realizar actos o acciones que su omisión haya causado o necesariamente hayan de causar un daño inminente e irreparable a la colectividad.
  2. El retiro del mercado o aseguramiento de instrumentos, bienes, ejemplares y productos directamente relacionados con el daño irreparable que se haya causado, estén causando o que necesariamente hayan de causarse a la colectividad, y
  3. Cualquier otra medida que el juez considere pertinente dirigida a proteger los derechos e intereses de una colectividad.  

En la acción colectiva subyacente se demandó a dos autoridades federales pertenecientes a la Administración Pública Federal (Sagarpa y Semarnat) junto con varias empresas del sector privado que se dedican a la comercialización de semillas genéticamente modificadas para su utilización en el campo.

El escrito de demanda es muy confuso respecto del tipo de acción que se intenta. Parece que se fundamenta en los derechos de los consumidores y a la vez en un derecho al medio ambiente, todo ello sobre la base de un “derecho humano e interés difuso de conservación, utilización sostenible y participación justa y equitativa de la diversidad biológica de los maíces nativos”.

La colectividad que se dice afectada, reclama que con base en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LBOGM.pdf), las autoridades federales referidas tienen las atribuciones de permitir a los sujetos de derecho privado actividades de utilización confinada, liberación experimental, liberación en programa piloto, liberación comercial, comercialización, importación y exportación de organismos genéticamente modificados.

Y como a su entender dicha atribución se refleja en un daño al maíz, les pareció que mediante una acción colectiva se podría detener el ejercicio de las atribuciones legales y reglamentarias de las autoridades federales.

Dicha acción colectiva adolece de un problema insuperable: las acciones colectivas en México sólo proceden en materia de relaciones de consumo o en materia de medio ambiente por actos materiales que dañen a los consumidores finales (no a cualquier consumidor) o al medio ambiente.

“ARTICULO 578.- La defensa y protección de los derechos e intereses colectivos será ejercida ante los Tribunales de la Federación con las modalidades que se señalen en este Título, y sólo podrán promoverse en materia de relaciones de consumo de bienes o servicios, públicos o privados y medio ambiente.”

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/6.pdf

 

Una acción colectiva no puede tener como objetivo aniquilar facultades y atribuciones de las autoridades. Para ello, en nuestro Derecho, existen otras vías constitucionales y administrativas más adecuadas y específicas.

Suponiendo que existe un daño al medio ambiente, se tendría que atacar un acto material de una persona pública que haya sido defectuoso o excesivo; esto es, por no hacer (o por hacer de manera deficiente) a lo que la dependencia está obligada y que en consecuencia causa de manera directa un daño. Pero nunca puede causar un daño el ejercicio de una atribución legal, por sí mismo.

En el caso de los particulares que con base en una autorización del Estado realizan actividades reguladas, si su actividad se realiza respetando la autorización, difícilmente se podrían generar daños (ilícitos).

Me parece sumamente peligroso que los jueces estén siendo sorprendidos con argumentaciones que no tienen sustento en nuestro sistema jurídico. No estaría de más que los juzgadores se informaran respecto de qué son las acciones colectivas. En casos como el particular, es atentatorio de la división de poderes e, incluso, podría dar lugar a juicio político por la grave afectación a intereses públicos fundamentales, como lo es la actividad administrativa de las dependencias federales, puesto que hoy por hoy está siendo paralizada a consecuencia de un poco sesudo análisis de la acción colectiva planteada, que el juez le dio tratamiento de amparo (colectivo) en lugar de acción colectiva.

 

Artículos Periódico Reforma

Fracking ¿peligroso per se? (Reforma, 16 de junio de 2014).

En 1947 las gaseras desarrollaron, en Kansas (EUA), la técnica para producir gas y aceite a partir de fracturar ciertas formaciones rocosas. El proceso consta de tres etapas: (i) inyectar un fluido viscoso (90% agua mezclada con polímeros químicos que dan la apariencia de un gel) para fracturar; (ii) inyectar pequeñas esferas que permiten mantener abiertas las fracturas (típicamente, arena), y (iii) extraer el fluido viscoso hacia la superficie (flow back).

En EUA ha empezado el litigio por daños ambientales y a la salud humana derivado de este método utilizado en New York, Ohio, Pensilvania, Tennessee y West Virginia, donde están las reservas potencialmente más productivas de shale gas. Los tribunales de EUA han desarrollado una amplia doctrina, basada en el precedente judicial, respecto del Derecho de Daños (Tort Law) que informará las sentencias que en el tema del fracking se vayan produciendo.

En 2010, PEMEX inició trabajos exploratorios e identificó un área prospectiva de 43,000 km2 con potencial en Chihuahua, Sabinas-Burro-Picachos, Burgos, Tampico-Misantla y Veracruz, lo que se traducirá en la detonación de inversiones, empleo, recaudación y desarrollo económico regional.

¿Y los daños? En México ni la literatura jurídica ni la jurisprudencia permiten anticiparse de manera estratégica y con una alta predictibilidad a las conclusiones de los fallos de los eventuales litigios que llegaren a presentarse ante los tribunales, federales (en el caso del daño medioambiental) o locales (en los casos de daños personales, patrimoniales, a la salud o morales). En este último caso, mucho más complejo, dada la poca transparencia (casi nula) de los criterios que en el ámbito estatal se van consolidando a manera de jurisprudencia estatal.

La bibliografía especializada y las investigaciones llevadas a cabo en EUA, por la autoridad ambiental (EPA, Environmental Protection Agency) concluyen que la amenaza contra los mantos acuíferos y las fuentes subterráneas de agua potable es pequeña o inexistente. Las razones son, principalmente, porque hay una separación geológica considerable –de miles de kilómetros— entre las lutitas y las fuentes de agua. Además, porque una efectiva recuperación de los fluidos durante el flow back reduce significativamente cualquier riesgo.

No obstante la posibilidad de minimizar o anular cualquier riesgo, daños pudieran generarse si al utilizar este singular método, en cualquier etapa, no se garantiza la seguridad, tanto del medioambiente como de las personas.

¿Es el fracking peligroso por sí mismo? La respuesta debe partir del conocimiento técnico y de la valoración judicial de los juzgadores. Una de las características de la responsabilidad civil objetiva es la posibilidad de calificar como “peligrosa” a la actividad desarrollada. En juicio se tiene que acreditar que el demandado generó un daño a consecuencia de haber hecho uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o substancias “peligrosos en sí mismos”. Es, sin duda, un tema técnico.

Si se desecha la calificación de peligrosidad per se, la imputación de la responsabilidad por los daños debe canalizarse a través de la responsabilidad civil subjetiva, que requiere acreditar que la causación del daño se produjo a partir de una conducta ilícita (culpa, como dice la jurisprudencia).

En el litigio ambiental, las acciones colectivas permiten la defensa de intereses difusos y colectivos y, en el caso del fracking, cobrarán vigencia e importancia. Para los daños a las personas (propiedad, salud) las acciones colectivas deberán esperar momentos legislativos más acordes a la realidad y necesidades sociales, pues fuera del caso ambiental sólo proceden en y para las relaciones de consumo, quedando abierta la acción individual.

Las inversiones en el sector energético no deberían retraerse o detenerse. Los inversionistas, de la mano con procesos de fracking escrupulosos y cuidadosos, cuentan con un marco jurídico y jurisprudencial favorable para evitar demandas frívolas, pues es necesario probar de manera fehaciente la existencia de un daño y la relación de causalidad con el fracking.

En estos temas, se evidencia la obsolescencia de algunas instituciones jurídicas. La ausencia de sistematización de precedentes locales no ayuda. Ojalá y nuestros congresistas empiecen a tomar en serio su trabajo y provean de reglas eficientes a nuestro incipiente Derecho de Daños, que sirva para cumplir el deseo de la ley: que quien haga daño, lo pague.

@FGarciaSais

Presidente de Acciones Colectivas, A.C.

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Diez aspectos que la ley federal de telecomunicaciones debe contener

  1. Obligación del empresario de someterse a un procedimiento prejudicial y a cumplir con su resolución.
  2. Que todos los contratos con usuarios finales (no con usuarios empresariales o intermedios) contengan el derecho a terminación/revocación anticipada y sin penalización para el consumidor.
  3. Derecho a la ininterrupción del servicio y a la compensación automática (sin trámites) en casos de fallas en el servicio.
  4. Derecho a cambiar de proveedor del servicio de que se trate. Entratándose del servicio de telefonía a conservar el número (portabilidad).
  5. Derecho a la protección de datos personales y derecho a la protección de la privacidad.
  6. Derecho de acceso equivalente para usuarios finales con discapacidades.
  7. Derecho a utilizar un call center o website de manera gratuita y que sea efectivo para resolver quejas, aclaraciones y realizar todo tipo de trámites (contratación/revocación).
  8. Derecho a la protección contra publicidad e información contractual engañosa. La información debe ser calara, adecuada, comprensible y disponible.
  9. Derecho a no recibir publicidad comercial sin necesidad de registrarse previamente (opt out).
  10. Derecho a evitar spam telefónico y vía SMS.