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Transgénicos e invasión de poderes. La ideología del maíz se acaba al país.

Con motivo de una temeraria y frívola acción colectiva interpuesta a finales del 2013, un juez de distrito y un magistrado de un tribunal unitario han decretado una medida cautelar impensable en materia de acciones colectivas. Con base en las reformas al Código Federal de Procedimientos Civiles, se previó la posibilidad para los juzgadores de ordenar tales medidas.

En términos del artículo 610, las medidas precautorias pueden consistir en cualquiera de las siguientes:

La orden de cesación de los actos o actividades que estén causando o necesariamente hayan de causar un daño inminente e irreparable a la colectividad.

  1. La orden de realizar actos o acciones que su omisión haya causado o necesariamente hayan de causar un daño inminente e irreparable a la colectividad.
  2. El retiro del mercado o aseguramiento de instrumentos, bienes, ejemplares y productos directamente relacionados con el daño irreparable que se haya causado, estén causando o que necesariamente hayan de causarse a la colectividad, y
  3. Cualquier otra medida que el juez considere pertinente dirigida a proteger los derechos e intereses de una colectividad.  

En la acción colectiva subyacente se demandó a dos autoridades federales pertenecientes a la Administración Pública Federal (Sagarpa y Semarnat) junto con varias empresas del sector privado que se dedican a la comercialización de semillas genéticamente modificadas para su utilización en el campo.

El escrito de demanda es muy confuso respecto del tipo de acción que se intenta. Parece que se fundamenta en los derechos de los consumidores y a la vez en un derecho al medio ambiente, todo ello sobre la base de un “derecho humano e interés difuso de conservación, utilización sostenible y participación justa y equitativa de la diversidad biológica de los maíces nativos”.

La colectividad que se dice afectada, reclama que con base en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LBOGM.pdf), las autoridades federales referidas tienen las atribuciones de permitir a los sujetos de derecho privado actividades de utilización confinada, liberación experimental, liberación en programa piloto, liberación comercial, comercialización, importación y exportación de organismos genéticamente modificados.

Y como a su entender dicha atribución se refleja en un daño al maíz, les pareció que mediante una acción colectiva se podría detener el ejercicio de las atribuciones legales y reglamentarias de las autoridades federales.

Dicha acción colectiva adolece de un problema insuperable: las acciones colectivas en México sólo proceden en materia de relaciones de consumo o en materia de medio ambiente por actos materiales que dañen a los consumidores finales (no a cualquier consumidor) o al medio ambiente.

“ARTICULO 578.- La defensa y protección de los derechos e intereses colectivos será ejercida ante los Tribunales de la Federación con las modalidades que se señalen en este Título, y sólo podrán promoverse en materia de relaciones de consumo de bienes o servicios, públicos o privados y medio ambiente.”

Haz clic para acceder a 6.pdf

 

Una acción colectiva no puede tener como objetivo aniquilar facultades y atribuciones de las autoridades. Para ello, en nuestro Derecho, existen otras vías constitucionales y administrativas más adecuadas y específicas.

Suponiendo que existe un daño al medio ambiente, se tendría que atacar un acto material de una persona pública que haya sido defectuoso o excesivo; esto es, por no hacer (o por hacer de manera deficiente) a lo que la dependencia está obligada y que en consecuencia causa de manera directa un daño. Pero nunca puede causar un daño el ejercicio de una atribución legal, por sí mismo.

En el caso de los particulares que con base en una autorización del Estado realizan actividades reguladas, si su actividad se realiza respetando la autorización, difícilmente se podrían generar daños (ilícitos).

Me parece sumamente peligroso que los jueces estén siendo sorprendidos con argumentaciones que no tienen sustento en nuestro sistema jurídico. No estaría de más que los juzgadores se informaran respecto de qué son las acciones colectivas. En casos como el particular, es atentatorio de la división de poderes e, incluso, podría dar lugar a juicio político por la grave afectación a intereses públicos fundamentales, como lo es la actividad administrativa de las dependencias federales, puesto que hoy por hoy está siendo paralizada a consecuencia de un poco sesudo análisis de la acción colectiva planteada, que el juez le dio tratamiento de amparo (colectivo) en lugar de acción colectiva.

 

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