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La Suprema Corte de Justicia de la Nación atenta contra el acceso a la justicia

La Primera Sala al resolver el Amparo Directo 34/2013, por mayoría de 3 a 2, determinó que en las acciones colectivas difusas la colectividad demandante debe integrarse con al menos 30 miembros, lo que constituye un atentado contra el acceso a la justicia.

Dicho asunto generó dos nuevas tesis aisladas (ver abajo) y dos votos particulares (aún no publicados) de los ministros Pardo Rebolledo y Cossío Díaz, quienes durante la sesión argumentaron que la interpretación de la mayoría era equivocada por no desprenderse así de las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Ello es intensamente grave dada la señal que envían a los juzgadores inferiores, jueces de distrito y magistrados, quienes han mostrado poca disposición y profesionalismo en el manejo de las acciones colectivas que tan escasamente se han presentado.

En diversos foros y espacios he sostenido que el requisito de los 30 miembros es exigible, por determinación de la ley, en tratándose de acciones colectivas en sentido estricto y en acciones colectivas individuales homogéneas. Ello es así ya que el titular de las acciones colectivas difusas es una colectividad indeterminada, en las que no es necesario que exista un vínculo jurídico alguno entre el demandado y la colectividad, por lo que es evidente que, atendiendo a esa peculiaridad (el titular es una colectividad indeterminada) no es exigible que al momento de presentar la demanda se identifique de manera indubitable a un número de 30 afectados. Es más, en algunos casos, podría no conseguirse ese número y existir un derecho difuso en riesgo.

Así que esperemos que los señores ministros Sánchez Cordero, Gutiérrez Ortíz Mena y Zaldívar Lelo de Larrea, reflexionen y en futuros casos modifiquen este lamentable criterio mayoritario que obstaculiza de manera exponencial el acceso colectivo a la justicia que tanto hemos tratado de impulsar.

 

Aquí les dejo las tesis:

“ACCIONES COLECTIVAS DIFUSAS. PARA CONSIDERAR QUE EL REPRESENTANTE COMÚN TIENE LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA EJERCERLAS, ES NECESARIO QUE LA COLECTIVIDAD ESTÉ CONFORMADA POR AL MENOS TREINTA MIEMBROS.

 

La legitimación activa del representante común implica que éste represente no a cualquier colectividad, sino a una reconocida por el legislador como aquella que puede defender sus derechos en juicio; para ello, el legislador estableció expresamente en el artículo 585, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, que debe estar conformada por al menos treinta miembros. Ahora bien, lo anterior puede sostenerse aun tratándose de acciones colectivas difusas, en las que el titular del derecho difuso es una colectividad indeterminada (al no existir una relación jurídica entre sus miembros). Así, no debe confundirse al titular del derecho con la colectividad que se ha organizado para defender dicho interés, pues el hecho de que en estos casos el titular del derecho sea indeterminado, no implica que sea imposible identificar si una persona tiene un interés difuso y que pudieran existir treinta personas con dicho interés. Esto es, una cosa es que el derecho le corresponda a la colectividad como tal y no a un grupo o una persona en particular, y otra, que no deba exigirse que un número determinado de personas promuevan dicha acción; aunado a lo anterior, debe recordarse que la protección privada de los intereses difusos, a través de las acciones colectivas, requiere precisamente de una acción de grupo o concertada, es decir, que coincidan varios individuos.”

 

Época: Décima Época, Registro: 2006667, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 13 de junio de 2014 09:37 h, Materia(s): (Civil), Tesis: 1a. CCXXIV/2014 (10a.)

 

Amparo directo 34/2013. Daniel Eduardo Tenorio Arce y otros. 15 de enero de 2014. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quienes reservaron su derecho para formular voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín.

 

ACCIONES COLECTIVAS DIFUSAS. EL JUEZ, DESDE EL AUTO INICIAL, PUEDE PRONUNCIARSE SOBRE REQUISITOS DE FORMA PARA EJERCERLAS Y DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA CUANDO LA COLECTIVIDAD NO ESTÉ CONFORMADA POR AL MENOS TREINTA PERSONAS.

 

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los jueces deben ser proclives a tramitar la etapa de certificación para valorar todos los elementos y argumentos de las partes y decidir en dicha instancia si la acción es o no procedente. Ello, porque de acuerdo con las características de las acciones colectivas en sentido amplio, en muchos casos la legitimación en la causa se confunde con la legitimación en el proceso; de ahí que los juzgadores estarán mejor preparados en la etapa de certificación para resolver sobre el cumplimiento de este tipo de requisitos de procedencia, que al dictar el auto inicial del juicio. Sin embargo, lo anterior no implica que en todos los casos la legitimación en la causa y en el proceso se confundan, pues existen requisitos de procedencia que no tienen relación con el derecho sustantivo controvertido. Así, para verificar el cumplimiento de requisitos “formales”, sería ocioso tramitar la etapa de certificación, ya que desde el auto inicial el juez cuenta con todos los elementos para determinar si se cumple o no con el requisito en cuestión y, en su caso, desechar de plano la demanda. En ese sentido, el requisito relativo a que la colectividad esté conformada por al menos treinta miembros no tiene relación alguna con la legitimación en la causa, pues, en este caso, el estudio se limita a contar el número de promoventes; por tanto, se trata de un requisito de forma sobre el cual el juez puede pronunciarse desde el auto inicial y desechar de plano la demanda por la que se ejercita la acción relativa cuando la colectividad no esté conformada con dicho número de personas.

 

Época: Décima Época, Registro: 2006666, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 13 de junio de 2014 09:37 h, Materia(s): (Civil), Tesis: 1a. CCXXV/2014 (10a.)

 

Amparo directo 34/2013. Daniel Eduardo Tenorio Arce y otros. 15 de enero de 2014. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quienes reservaron su derecho para formular voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín.

 

Esta tesis se publicó el viernes 13 de junio de 2014 a las 09:37 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

 

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