Derecho Aeronáutico y Derechos de los Consumidores

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¿Controversia Constitucional del IFT vs Congreso de la Unión? (Reforma, 4 de agosto de 2014)

El 13 de agosto de 2014 iniciará la vigencia de la recién promulgada, por el Presidente Peña Nieto, Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR), que junto con otras leyes federales acompañan la regulación del uso, en términos amplios, del espectro radioeléctrico y de los aspectos concernientes a la competencia económica.

Con la llamada reforma constitucional de telecomunicaciones y competencia, el 11 de junio de 2013 se reformó la Constitución y se incorporaron temas relevantes para nuestro propósito: (i) la ley federal establecería los derechos de los usuarios y de las audiencias, así como los mecanismos para su protección y (ii) se otorgó legitimación procesal a los órganos constitucionales autónomos para presentar –ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación— controversias constitucionales y poder enjuiciar, entre otros, la constitucionalidad de los actos y disposiciones generales del Congreso de la Unión.

Antes, el 29 de julio de 2010, producto del trabajo de un grupo de académicos del ITAM y UNAM (y del acompañamiento de algunas asociaciones civiles) logramos que se incluyera en la Constitución lo que se conoce como acciones colectivas, un mecanismo que pretendía lograr la celeridad del acceso a la justicia, libre de todo estorbo procesal anacrónico (como los principios del proceso individualista). Complementario a ello, posteriormente, se reformó el Código Federal de Procedimientos Civiles para desarrollar en un apartado especial el procedimiento de las acciones colectivas (con las lamentables limitaciones que todos conocemos).

Ahí se le dio legitimación procesal activa a la entonces Comisión Federal de Competencia para ejercitar acciones colectivas, lo que podría realizar tratándose de actos que hayan dañado al consumidor por la existencia de concentraciones indebidas o prácticas monopólicas, declaradas existentes (no dice “ilícitas, sólo que existan –casos de cierre de expediente o de convenio—) por resolución firme emitida por la Comisión.

El Congreso de la Unión al redactar la nueva Ley Federal de Competencia Económica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, tuvo cuidado de incluirle a la COFECE la facultad (que esperemos la use algún día) de “ejercitar las acciones colectivas de conformidad con lo dispuesto en el Libro Quinto del Código Federal de Procedimientos Civiles”.

Como señalé al principio, y para ampliarlo, de acuerdo con la LFTyR que desarrolla la política económica del artículo 28 Constitucional, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) es la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones; es decir, para regular el proceso de competencia y libre concurrencia en estos sectores.

Sin embargo, llama la atención el olvido-omisión del legislador en lo concerniente a otorgarle al IFT la facultad de ejercitar acciones colectivas por los daños a los usuarios finales derivados de prácticas monopólicas o concentraciones indebidas, como sí lo puede hacer la COFECE para el resto de los sectores, quedando por ello el de telecomunicaciones al margen, situando a los consumidores en situación desigual entre ellos mismos. Un escenario, pues, de asimetría y disparidad institucional que atenta contra la Constitución y el mercado y que debe ser corregido.

Con independencia del efecto que el defectuoso diseño institucional pueda tener sobre la recuperación de daños a los usuarios de telecomunicaciones y, por ende, sobre el bienestar de la sociedad mexicana, tras entrar en vigor la LFTyR, el IFT debería presentar ante la SCJN una controversia constitucional en contra del Congreso de la Unión por la omisión legislativa apuntada.

Los órganos constitucionalmente autónomos se caracterizan por formar parte del Estado pero por su independencia de los Poderes de la Unión. Si como dice Diego Valadés, nacen por una distorsión constitucional que se origina en la desconfianza acerca de cómo se practica el poder en México (Reforma, 27 de mayo de 2014, “La soberanía burocrática”), esperemos a ver si el órgano IFT tiene el ánimo o no de hacerse de ese novedoso y útil instrumento de acceso colectivo a la justicia en beneficio de los usuarios y de la economía.

La afrenta contra el equilibrio constitucional y la supremacía constitucional es palmaria; la dignidad y bienestar de los ciudadanos está en vilo.

@FGarciaSais

Presidente de Acciones Colectivas, A.C.