Artículos Periódico Reforma

Parquímetros y bienestar (Reforma, 8 de mayo de 2015).

OBITER DICTUM
Parquímetros y bienestar

Fernando García Sais

Con la operación de los parquímetros en el Distrito Federal, introducidos en 2012, se han generado ingresos al Gobierno del Distrito Federal, tan sólo en 2014 (en Polanco) por un poco más de 97 millones de pesos. Habría que sumar los ingresos (de naturaleza fiscal) para el resto de las zonas. De ahí, 29 millones de pesos se destinaron al mejoramiento del espacio urbano. Hubo casi 40 mil vehículos inmovilizados y alrededor de 300 arrastrados en grúa. Esto es, en multas se ingresaron unos 20 millones 720 mil pesos ($324 pesos por incumplir la norma, más $194 pesos por el servicio de inmovilizador).
El uso de estos dispositivos implican un cambio cultural radical. De “pensar” que se podíamos “expropiar” el espacio público, excluyendo a otros ciudadanos, se transitó a tomar decisiones racionales en torno al gasto familiar y privado. Antes era gratuito, en el sentido de que no se tenia que pagar, pero implicaba extraer ese espacio del derecho que todos los demás tenían a usarlo. Hoy por excluirlos se paga. El ingreso, en alguna proporción, debe destinarse al gasto público. En ello hay claridad y transparencia.
La política pública subyacente en la regulación de los espacios públicos está inscrita en la ruta de generar mayor calidad de vida y bienestar a la ciudadanía que debe acompañarse de una visión más amplia. Es evidente, por un lado, la insuficiencia de la infraestructura urbana para proveer del número de espacios de estacionamiento en función de las necesidades laborales, comerciales y residenciales; por el otro, la deficiencia del sistema de transporte público. Ambas carencias plantean retos importantes a los gobiernos.
Con los parquímetros se incrementa la calidad de vida de los residentes, al dedicarle menos tiempo a los traslados y reducirse los niveles de contaminación ambiental, visual y auditiva. Del lado de los usuarios, se pueden hacer algunas mejoras.
En primer lugar, la tarifa debe ser razonable y, además, debe ser sensible en función de la demanda. Al usuario que se exceda del límite máximo temporal permitido, se le debe cobrar por esas fracciones de tiempo extra un poco más, para desincentivar su permanencia.
En segundo lugar, como acontece en otros países (Nueva York, EUA) las tarifas deben diferenciarse en función de si el vehículo estacionado es particular o comercial, pues éstos últimos deben pagar una tarifa mayor en función de su naturaleza jurídico-comercial.
En tercer lugar, los gobiernos deben favorecer el uso de las nuevas tecnologías para realizar pagos con tarjetas bancarias (lo que daría, además, transparencia respecto de los ingresos fiscales), poder acreditar los saldos de tiempo-dinero no utilizados (pues de lo contrario hay un pago de lo indebido y no existe un mecanismo confiable y ágil para reclamarlo, con lo que se produce un detrimento en el bienestar del usuario), y también con base en las TIC´s poder utilizar los teléfonos inteligentes y dispositivos similares para distintas gestiones (pagar, ampliar el tiempo, recuperar saldos a favor, recibir información de espacios disponibles de estacionamiento, etc.).
Ante la imposibilidad de usar esa tecnología, al usuario se le penaliza por no actuar rápido y “abandonar las reuniones” para poner saldo. El Estado, curiosamente, aquí sí reacciona con rapidez pero para sancionar, no para facilitar al ciudadano el disfrute de su ciudad. En otros países, los parquímetros son “inteligentes” (igual que sus gobernantes) y permiten que los ciudadanos gocen a plenitud su ciudad. Aquí se castiga a las personas por salir de sus casas.
Los servicios públicos deben orientarse hacia el respeto de los ciudadanos. Los gobernantes, dado el estado de la ciencia y tecnología, carecen de razón para dejar de implementar sistemas amigables. Las policy makers deben ser más sensibles con todos los afectados por la regulación.
@FGarciaSais
*Ha sido profesor de Derecho de los Consumidores en el ITAM. Precursor de las acciones colectivas y del acceso de los consumidores a la justicia. Es autor de “Derecho de los Consumidores a la Información”, “Jurisprudencia del Consumidor”, “Estado, Mercado y Derecho”. Notario Público 210 de Sinaloa. http://www.garciasais.com.mx @FGarciaSais

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