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Transgénicos e invasión de poderes (Noroeste, 6 de junio de 2015)

OBITER DICTUM

Transgénicos e invasión de poderes

A Carlos Constandse Romo, honrado jurista

Fernando García Sais

Con motivo de una temeraria y frívola acción colectiva interpuesta a finales del 2013, un juez de distrito y un magistrado de un tribunal unitario han decretado una medida cautelar impensable en materia de acciones colectivas, paralizando de manera inusitada las actividades con organismos genéticamente modificados, lo que pone en riesgo grave la investigación y el desarrollo no sólo respecto de productos agrícolas sino de otros destinados a contender con enfermedades y a mejorar la salud humana.

Con base en las reformas sobre acciones colectivas de 2011, se previó que los juzgadores ordenen medidas precautorias para evitar la generación acumulada de daños, cuando ya están produciendo o que necesariamente se van a generar y tengan el carácter de irreparables.

En la acción colectiva contra el maíz transgénico se demandó por parte de un colectivo de “ambientalistas” a las autoridades federales Sagarpa y Semarnat junto con varias empresas cuyo objeto circunda en torno a las semillas genéticamente modificadas para su utilización en el campo (Monsanto, Syngenta, etc.).

El escrito de demanda, al que tuve acceso de manera fortuita, es muy confuso respecto del tipo de derecho y de acción que se intenta. Parece que se fundamenta en los derechos de los consumidores y a la vez en un derecho al medio ambiente, todo ello sobre la base de un “derecho humano e interés difuso de conservación, utilización sostenible y participación justa y equitativa de la diversidad biológica de los maíces nativos”. De entrada, pues, se evidencia una falta de adecuada representación que debe ser valorada por el Poder Judicial de la Federación.

La colectividad “afectada” reclama que con base en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados las autoridades tienen las atribuciones de permitir actividades de utilización confinada, liberación experimental, liberación en programa piloto, liberación comercial, comercialización, importación y exportación de organismos genéticamente modificados. Y, como a su entender, dicha atribución se refleja en un daño al maíz, les pareció que mediante una acción colectiva se podría detener el ejercicio de las atribuciones legales de las autoridades federales para que dejaran de autorizar, en sede administrativa, las actividades así reguladas. Y el juez mordió el anzuelo.

Dicha demanda adolece de un problema insuperable: las acciones colectivas en México sólo proceden en materia de relaciones de consumo y en materia de medio ambiente, por actos materiales que dañen a los consumidores finales (no a cualquier consumidor) o al medio ambiente. Una acción colectiva no puede tener como objetivo aniquilar facultades de las autoridades. Para ello, el Derecho provee de otras vías más adecuadas y específicas.

Suponiendo que existe un daño al medio ambiente, se tendría que atacar un acto material de “alguien” que haya sido defectuoso o excesivo; esto es, por no hacer (o por hacer de manera deficiente) lo que se está obligado o es debido y que, en consecuencia, cause de manera directa un daño. Pero nunca puede causar un daño el ejercicio de una atribución legal, por sí mismo, ni tampoco lo causa la actividad mercantil de las empresas con base en un permiso o licencia, siempre que dichos actos se hagan dentro de los límites de la autorización administrativa.

Por ejemplo, si Usted usa su vehículo para trasladarse, evidentemente está contaminando, pero no está dañando (ilegalmente) al medio ambiente, solamente lo hará si lo hace en violación al permiso que, en su caso, se le dio.

Es peligroso que los jueces federales estén siendo sorprendidos con argumentaciones sin sustento jurídico y científico por falta de conocimiento tanto del proceso colectivo como de los OGM´S. Con la medida cautelar ordenada, es evidente el atentado contra la división de poderes que permitiría una controversia constitucional e, incluso, podría dar lugar a juicio político por la grave afectación a intereses públicos fundamentales, como lo es la actividad administrativa de las dependencias federales, hoy está paralizada indebidamente.

Además, al detenerse las actividades con organismos genéticamente modificados se ponen en riesgo valores constitucionales de la más alta jerarquía como los de la soberanía y seguridad alimentaria, puesto que los cultivos tradicionales no ofrecen garantía alguna para contender con las necesidades de alimentación de los mexicanos, amén de que el uso de pesticidas químicos atenta contra la salud de todos los consumidores por la generación de cáncer y dañar al medioambiente al ser recalcitrantes y afectar de manera indiscriminada la biota.

@FGarciaSais

*Ha sido profesor de Derecho de los Consumidores en el ITAM. Precursor de las acciones colectivas y del acceso de los consumidores a la justicia. Es autor de “Derecho de los Consumidores a la Información”, “Jurisprudencia del Consumidor”, “Estado, Mercado y Derecho”. Notario 210 y del Patrimonio Inmobiliario Federal en el Estado de Sinaloa. www.garciasais.com.mx

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