Artículos Periódico Noroeste

Agilidad Empresarial (Noroeste, 18 de julio de 2015)

Agilidad Empresarial

A Don Octavio Rivera Fárber, impulsor del notariado mazatleco

Fernando García Sais

Hace poco más de un año, el 13 de junio de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un relevante decreto de reformas a leyes federales relacionadas con la actividad diaria de las empresas. Entre dichas reformas, cabe destacar la del Código de Comercio (CCom), la de la Ley General de Sociedades Mercantiles y la de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (LGTyOC). Con el afán de difundirlas, las he sintetizado para que los lectores, que sean socios o accionistas de una sociedad mercantil, tengan nociones básicas sobre la “Miscelánea Mercantil”. Incluso, para que los estudiantes de Derecho profundicen en su análisis.

Se eliminó la obligación de “anunciar la calidad mercantil”, lo que se debía cumplir mediante la publicación en la prensa, lo que casi nadie cumplió desde que Don Porfirio Díaz promulgó el CCom de 1889, el que gobierna hasta hoy las operaciones de los comerciantes (con un buen número de reformas que culminaron, a la postre, en la codificación especial para diversas disciplinas reguladoras de la actividad empresarial. Fue así como nacieron de manera paulatina y progresiva las leyes comerciales de Navegación, Competencia Económica, la de Concursos Mercantiles, la de Correduría Pública, por mencionar algunas).

Se establece la obligación de inscribir en el denominado “Registro Único de Garantías Mobiliarias” algunos actos como el arrendamiento y el factoraje financieros, las cláusulas rescisorias y de reserva de dominio en las compraventas mercantiles (no civiles), los privilegios especiales o derechos de retención sobre bienes muebles, la prenda sin transmisión de posesión, hipoteca industrial, embargos, fideicomiso en garantía y, muy importante, la cesión de créditos mercantiles no endosables (los que no surten efectos frente a terceros si no se inscriben ahí).

Se modificó el régimen de la sociedad anónima, medularmente, en lo concerniente a los derechos de las minorías para permitir que los accionistas que representen el 25% del capital social puedan tomar decisiones (antes era el 33%). Asimismo, se incorporaron disposiciones similares a las previstas para las Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión (S.A.P.I.) —que están reguladas por la Ley del Mercado de Valores— mediante las cuales los accionistas pueden establecer expresamente pactos para el ejercicio de sus derechos corporativos y patrimoniales (para restringir la circulación de acciones, causales de exclusión de accionistas, series de acciones con derechos distintos y acciones sin derechos de voto, entre otras).

Se hizo una reforma que pretende que las empresas realicen todas las actividades vinculadas a su objeto social sin necesidad de reformar sus estatutos, con una redacción así: “Las sociedades mercantiles podrán realizar todos los actos de comercio necesarios para el cumplimiento de su objeto social, salvo lo expresamente prohibido por las leyes y los estatutos sociales”, para mitigar la inercia que en la práctica (lamentablemente) se ha usado de hacer unas listas demasiado amplias y exhaustivas del objeto social. Con ello, pues, se pretende mitigar la insana práctica de hacer escrituras engorrosas e ininteligibles.

Para complementar las referidas modificaciones, el pasado 12 de junio de 2015, se publicó un Acuerdo de la Secretaría de Economía por el cual se implementa el denominado “Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles”. Con este sistema se elimina la obligación de hacer publicaciones en prensa (oficial y particular) pues, ahora, de manera electrónica la Secretaría operará el sistema con el fin de que las publicaciones que deban hacerse, con base en las leyes mercantiles, se hagan ahí, de manera gratuita. El beneficio añadido es la plena certeza a todos los socios o accionistas e interesados en una determinada sociedad mercantil respecto de lo publicado y de la existencia de la publicación misma.

Así, se eliminan las publicaciones en periódicos en materia de reducciones de capital, estados financieros anuales, acuerdos en materia de fusiones y escisiones, balances en procesos de disolución y liquidación, entre otras. Se otorga a las sociedades un medio de publicidad eficiente, que disminuye los costos económicos que las publicaciones representan y también unifica el medio de publicación (ya no hay que andar buscando en diversos periódicos privados o públicos).

De la LGTyOC cabe destacar que los contratos de crédito reaccionarios o de habilitación o avío serán eficaces frente a terceros a partir de su inscripción en el Registro Único de Garantías Mobiliarias. Ahí mismo se deben inscribir los contratos de arrendamiento financiero. Al igual que acontece con las publicaciones en materia de sociedades, los balances certificados por contador público, respecto de las sociedades que emitan obligaciones, debe hacerse en el sistema electrónico establecido para tales efectos. Se establece que los contratos de garantía celebrados entre dos o mas personas, físicas o morales, que no tengan el carácter de comerciantes, no serán considerados como actos de comercio para ninguna de las partes. Las reformas a esta ley son más extensas, imposible e inadecuadas para un espacio de esta naturaleza.

Seguramente, su abogado podrá ampliarle la tan breve y superficial descripción que he realizado y, además, darle una explicación completa de la miscelánea mercantil. He tratado de sintetizar lo más relevante, a mi juicio, esperando colaborar con su difusión, labor que los abogados y notarios no debemos descuidar.

@FGarciaSais

Notario 210 y del Patrimonio Inmobiliario Federal en Sinaloa