Detrás de los sellos (Reforma, 22 de septiembre de 2015)

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Las leyes del notariado, tanto en México como en el resto de los países del llamado sistema latino, regulan la función y al gremio notarial. En México hay tantas leyes como entidades federativas, incluyendo al Distrito Federal. El rasgo común, entre ellas, es que declaran ser de orden e interés público y, en algunos casos, incluso de interés social.

Se ha señalado por algunos, no sólo en México sino a nivel internacional, que los notarios encarecemos el costo de las transacciones. Al respecto, sugiero dar lectura al artículo “Breaking the seals” (“Rompiendo los sellos”), del que tomo prestado parte del título, publicado en The Economist, el 11 de agosto de 2012.

Sin duda, tales aseveraciones son desafortunadas pues omiten ponderar los altos beneficios y eficiencias que genera el notario en relación con la seguridad jurídica “preventiva”, y en particular respecto de los derechos de propiedad, fundamento de toda economía moderna.

La labor notarial, a la distancia, puede parecer muy simple, como si el notario se limitara a plasmar en un documento lo que otros manifiestan y a dar fe de sus firmas, pero, en rigor, es una labor compleja: escuchar a las partes, aconsejarlas respecto de los medios jurídicos para lograr los fines lícitos que se proponen alcanzar, en cada caso; redactar y controlar la redacción del contrato, ajustarlo a la legalidad, exigiendo las autorizaciones pertinentes; autorizar el documento (asumir su autoría), garantizando la fecha y lugar de celebración, además de la autenticidad formal de su contenido, la identidad, capacidad y legitimación de los contratantes y, en su caso, la suficiencia de sus poderes.

Autorizado el documento, el notario lo conserva y expide copias, con fuerza probatoria y fuerza ejecutiva. La escritura pública es una forma de entrega de la posesión de la cosa vendida y título idóneo para la inscripción en los registros públicos, de comercio y de la propiedad. La importancia y efectos de las inscripciones, ameritan y exigen la más alta calidad de los documentos inscribibles.

A todo ello, no olvide agregar que el notario está obligado a colaborar con el Estado, en materia fiscal y administrativa, obligación que imprime deberes cada ves más numerosos y complejos. No es el notario un simple testigo; al contrario, desarrolla una amplia labor de calificación jurídica que compromete su responsabilidad y que culmina con el control de legalidad que realiza sobre el contenido del documento. Hablar de actividad notarial implica hablar de control de legalidad.

En lo que respecta a la regulación relativa al gremio, tales ordenamientos se ocupan de organizar la actividad sustantiva y adjetiva del notariado así como las condiciones y requisitos de acceso que los licenciados en Derecho deben satisfacer para ser aspirantes a notario, oscilando cuantitativamente y, en menor medida cualitativamente, a lo largo del país.

Las leyes del notariado, en la regulación de la función notarial, son claras en el establecimiento de principios que la rigen y que se traducen en obligaciones para los notarios y, muy trascendente, en derechos para quienes solicitan sus servicios. Es importante hacer énfasis en que las leyes del notariado asignan derechos a quienes reciben el servicio notarial.

Con los elementos anteriores, podemos advertir que la labor del notario, en nuestro modelo latino, no se limita a la formalización de negocios jurídicos para facilitar su prueba posterior, sino que esencialmente se condensan en su actuación integral todas las obligaciones y deberes que referí párrafos arriba.

Fernando García Sais

Notario Público 210 de Sinaloa

www.minotario.mx

@FGarciaSais

Protocolizando negocios (Noroeste, 12 de septiembre de 2015)

No para todos es clara la vinculación entre el ambiente de negocios y la función, en términos amplios, de la fe pública —para incluir al notariado y a la correduría púbica—. El notario público y, junto con nosotros, las autoridades federales, estatales y locales, incidimos de manera cuantitativa y cualitativa en el desarrollo de las empresas.

Para constituir una sociedad mercantil es preciso acudir ante un fedatario, quienes tenemos la necesidad funcional de gestionar ante diversas autoridades (Secretaría de Economía, Registro Público del Comercio, Servicio de Administración Tributaria) algunos trámites para que los accionistas puedan iniciar sus negocios lo más rápido posible. Pero no sólo eso, también principalmente los notarios y corredores púbicos colaboramos para que los negocios se realicen a partir de una base sólida jurídicamente. No se trata de “copiar y pegar”, sino de asesorar en la amplia acepción del término.

Si bien es cierto que no todos los fedatarios hemos logrado reunir todos los conocimientos y experiencia práctica en los diversos temas del Derecho Societario y Corporativo y que, en tales casos, la asesoría que damos a nuestros clientes corre la misma suerte, en términos generales podemos confiar en que los empresarios pueden acudir ante nosotros para recibir una asesoría de calidad.

Por otro lado, las empresas se dedican a algo, a lo que su objeto social se refiera. Algunas veces realizan adquisiciones de inmuebles que, como sabemos, las operaciones sobre ellos requieren ser inscritas en los registros públicos del lugar de ubicación del inmueble. Es aquí, un ejemplo, donde la colaboración con la autoridad es fundamental.

En el caso de Sinaloa, y concretamente de Mazatlán, el Registro Público de la Propiedad, con la administración del gobernador Mario López Valdez, ha hecho grandes y notables esfuerzos por propiciar un ambiente de negocios positivo, en evidente beneficio de la economía regional. Para sorpresa de muchos, el trámite de registro llega a resolverse en un solo día.

Hace unas semanas tuve la oportunidad de visitar a la Delegada en Mazatlán, Rosa Alicia León Soto, con el mero propósito de felicitarla, pues mis clientes en mi notaría reciben un servicio de la más alta calidad por el valor generado con el buen trabajo de esa oficina pública, a pesar de las serias limitaciones materiales (dése una vuelta y observará la cantidad de instrumentos notariales sin empastar). Otro botón de muestra de buen desempeño es el Archivo General de Notarías a cargo de Don Arturo Wilson, quien facilita con sus buenos oficios el trabajo de las notarías. Con el esfuerzo de ambos, se elevan los niveles de productividad en el Estado.

Ojalá que el Gobierno del Estado continúe disminuyendo brechas, que por cierto, han sido objeto de pronunciamiento por el Banco Mundial en su última edición (2014) del reporte “Doing Business in Mexico” (Haciendo negocios en México).

De acuerdo con ese informe, el problema persistente en México es la baja productividad. Ante ello, el Banco Mundial nos da la receta: mitigar la desigualdad, desarrollar más el sistema financiero, propiciar mercados más competitivos, aumentar la innovación y tener un clima de negocios favorable. Según el Banco de México, el costo de la falta de competitividad se refleja en 1 punto porcentual del crecimiento del PIB cada año.

Si el amplio número de empresas en México son microempresas e informales, su protección legal es nula o mínima. Es aquí donde los notarios debemos participar de manera relevante. Hoy constituir una empresa se puede hacer en tres días. Con ello, se abatirá la informalidad, se mejorará el acceso al crédito y, de la mano, el notariado colaborará para mejorar el ambiente de negocios para tener un país más competitivo.

Un empresario mal o poco asesorado dedicará más tiempo a resolver los problemas en que incurrió por una deficiente asesoría jurídica que a dedicarse a actividades productivas, a arriesgar, a competir. Empresario que no compite no es empresario.

Según el Banco Mundial, más de la mitad del costo para abrir una empresa corresponde al pago de honorarios al fedatario público. Este costo varía, naturalmente, entre entidades según la existencia o no de leyes arancelarias, que en ocasiones va ligado al capital social de la empresa. El pago de derechos al Registro Público de Comercio es el segundo costo más alto y también varía si la entidad aplica una tarifa fija, o una variable en función del capital social según lo prevea la ley de hacienda o de ingresos de cada Estado.

En Sinaloa, el arancel notarial dispone que el notario debe cobrar 153.55 salarios mínimos cuando el capital social sea de hasta $50,000.00 pesos, más 1% sobre el capital social. Si excede de esa cantidad, debe añadirse el .30% sobre cada peso. Los honorarios del notario son de $10,984.39 pesos, en el caso de constituirse con ese capital social. Por cierto, como dato cultural, los notarios estamos obligados a cobrar conforme al arancel y a exhibirlo en nuestras notarías. No hacerlo equivale a competencia desleal.

En materia mercantil, a nivel federal —desde luego— y en el ámbito estatal se han hecho reformas importantes para permitir la apertura rápida de empresas y realizar las inscripciones de los actos respectivos de manera ágil. Los empresarios tienen también derecho de recibir un servicio notarial de la más alta calidad. Escoger al mejor notario para nuestra empresa formará parte del éxito o fracaso empresarial.

@FGarciaSais

www.garciasais.com

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Notario 210 de Sinaloa

Lic. en Derecho por el ITAM, summa cum laude