Artículos Periódico Noroeste

Divorcios ante Notario (Noroeste, 21 de noviembre de 2015)

 

La disolución del vínculo matrimonial puede tramitarse, de manera tradicional, ante los jueces de lo familiar. Hoy, tras sólidos avances en la legislación y, ciertamente en la jurisprudencia, existe el “divorcio incausado o sin expresión de causa” conforme al cual, el cónyuge que lo desee, basta que manifieste su voluntad de no querer continuar con el matrimonio sin que sea necesario señalar alguna causa. Con este novedoso divorcio no hay posibilidad de que el otro cónyuge se oponga. No hay contradicción, litigio, controversia.

Según el cambio de paradigma en la interpretación de los derechos humanos, la Primera Sala de la Suprema Corte dijo que “considerando que con la simple manifestación de voluntad de uno solo de los cónyuges de no seguir casado, se ejerce el derecho al libre desarrollo de la personalidad” (1a. LVIII/2015 (10a.), las leyes estatales deben regular el divorcio sin expresión de causa o incausado y así promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos).

Por otro lado, coexiste el divorcio judicial con el divorcio administrativo, cuando ambos consortes convengan en divorciarse y se den ciertos requisitos (ser mayores de edad, haber liquidado la sociedad conyugal, no tener hijos menores o que tengan derecho a alimentos o, en este caso, alguno de los cónyuges). Este divorcio se tramita, a diferencia del jurisdiccional, ante los oficiales del Registro Civil, que tienen una naturaleza administrativa (en cuanto sus funciones, de manera formal, son “ejecutivas”).

La mayoría de los códigos prevén la cesación de la cohabitación, conocida como la “separación de cuerpos”. Esta figura permite suspender la obligación de cohabitar y puede plantearse cuando el que la solicite padezca alguna enfermedad incurable y contagiosa o hereditaria; sea impotente sexual (salvo por edad avanzada) o por trastorno mental incurable (previa declaración de interdicción).

Junto a esas posibilidades, la Ley del Notariado para el Estado de Sinaloa regula expresamente lo que podemos denominar como “divorcio notarial”, otorgándonos a los notarios públicos la facultad de dejar constancia de la disolución de los matrimonios, cuando ambas partes lo soliciten (“por mutuo consentimiento” dice la ley).

Los casos en los que procede se circunscriben a los matrimonios celebrados en Sinaloa (¿y la cláusula de entera fe y crédito ex art. 121 constitucional?), que no tengan bienes en común (por no haberlos adquirido o por haber liquidado la sociedad conyugal, en su caso); sin hijos en común o, teniéndolos, sean mayores de edad y no tengan derecho a alimentos (incluso los cónyuges). Por último, se requiere acreditar científicamente que la esposa no está embarazada.

La ratio legis de esa previsión legislativa (del divorcio en sede notarial) es la de que los notarios resolvamos aquellos temas en donde no haya controversia, siguiendo con la tradición de que sea solicitado por el interesado y que no se afecten intereses de terceros. Por eso dice “divorcios por mutuo consentimiento”. O sea, el legislador da atribución a los notarios a partir de la consideración de la ausencia de litigio.

Atendiendo otro precedente de la Primera Sala (1a. LIX/2015 (10a.)), dado que en el divorcio sin expresión de causa, no importa la posible oposición del diverso consorte y que la voluntad del individuo de no seguir vinculado con su cónyuge es preponderante “la sola manifestación de voluntad [ante notario público] de no querer continuar con el matrimonio es suficiente”. Por esa razón, los notarios sinaloenses podemos llevar a cabo también este tipo de divorcio, con fundamento en la habilitación del artículo 110. VII de la Ley del Notariado.

A dicha conclusión se arriba, fácilmente, si entendemos el cambio de modelo en la interpretación de los derechos de las personas y a partir de la consideración de que los notarios estamos obligados a respetar los derechos humanos. Así, ante la solicitud de divorciarse, al no ser contradictoria, y constituir por sí misma una forma de ejercer el derecho al libre desarrollo de la personalidad, debemos asentarlo en una escritura.

Como dice la SCJN “decidir no continuar casado y cambiar de estado civil, constituye la forma en que el individuo desea proyectarse y vivir su vida; es decir, el modo en que decide de manera libre y autónoma su proyecto de vida” y ahí, los notarios debemos participar de manera relevante.

El notariado no puede dejar pasar los cambios normativos ni tampoco las transformaciones en la concepción y operación del Derecho. Hoy, gran parte del patrimonio normativo no se halla en los textos aprobados y sancionados en sede legislativa, ni en la doctrina, sino primordialmente en las resoluciones de los jueces, principalmente del Poder Judicial de la Federación.

 

Divorcios ante Notario

Fernando García Sais

www.garciasais.com.mx

www.minotario.mx

@fgarciasais

Notario 210 de Sinaloa

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