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Notariado y Registro Civil (Noroeste, 7 de noviembre de 2015)

En el 2010 se modificó la Ley del Notariado para el Estado de Sinaloa permitiendo, desde entonces, que los notarios públicos resolvamos, en beneficio de la sociedad, algunos asuntos no contenciosos (sin litigio) conocidos como de “jurisdicción voluntaria” o litigiosos como los de “tramitación especial”, ahorrándose así, las personas y familias mucho tiempo y dinero, a la vez que descongestiona los servicios ante las oficinas del Registro Civil.

Lo que el legislador estatal estableció, de manera resumida, es que los notarios podemos llevar a cabo la aclaración (no la rectificación) de apellidos cuando, en las actas del registro civil, existan errores mecanográficos, ortográficos o de otra índole (siempre deben ser errores “accidentales” por oposición a los que son esenciales). Parece ser que lo accidental está referido, pues, a los “errores de dedo” o mecanográficos y se circunscribe a los apellidos (no a los nombres de pila). Aclarar y rectificar no es lo mismo.

Leída así la ley, el significado prescriptivo de la norma, equivale a determinar que sería improcedente que una persona pretendiera que el notario corrigiera su acta de nacimiento para rectificar datos esenciales como el nombre de pila, la fecha y/o el lugar de nacimiento, ya que el procedimiento previsto con la reforma es, como dije arriba, para los casos en los que se hubiera cometido un error en la escritura de los apellidos. Si la madre es Hernández, el hijo no debe ser “Ernández”, por ejemplo. Hay que corregir el error de dedo. Distinto es si la señora se llama Ma. del Carmen y se pretenda rectificar por “María” del Carmen.

No debería permitirse, tampoco, según esa interpretación la inclusión por parte del notario de un apellido al nombre de una persona. Tal conclusión se sostiene con el razonamiento plasmado en un precedente de 2007 de un tribunal colegiado especializado en materia civil (en Puebla) que determinó que “la inclusión de un apellido al nombre de una persona entraña definir la procedencia de los hijos respecto de sus padres, con las consecuencias jurídicas que ello implica”.

Empero, llama la atención que la Ley del Notariado dice que la aclaración también procede  cuando se haya omitido alguno de los apellidos, siempre y cuando en el acta conste que se trata de hijo de matrimonio o sea reconocido como tal. Es decir, sí se permite que el notario incluya un apellido si, y sólo si, consta que por error del Registro Civil no se incluyó alguno de los apellidos. Para todo lo demás, debe seguirse la regla de que si se afectan datos esenciales, siempre debe haber un juicio.

El procedimiento notarial es mucho más ágil y sencillo que hacerlo ante un juzgado. Basta que se haga la solicitud al notario, proveerle de una copia certificada del acta que se corregirá y de los medios de pruebas pertinentes, precisando cuál es el error que se impugna. Insisto, una buena reforma.

El proceso notarial es tan simple como que los notarios debemos valorar las pruebas y determinar si procede o no la aclaración. En caso de procedencia, redactaremos un instrumento notarial que remitiremos al Oficial del Registro Civil para que, sin más trámite, efectúe la anotación marginal que corresponda.

El arancel notarial establece un costo de 95.95 salarios mínimos (alrededor de $6,522 pesos). Un juicio administrativo en el que se contrate a un abogado puede costar lo mismo o más caro y ser no tan rápido. Además de que es mucho más cómodo acudir a una notaría, generalmente más acogedoras, y sobre todo más cercanas (gracias a la distribución geográfica del notariado).

Se trata de una herramienta que debemos promover y usar más. Hay que verla como un elemento extra de prevención de muchas otras contingencias. Desde aspectos relacionados con la filiación, alimentos, contratos traslativos de dominio o de uso, hasta consecuencias complejas en sucesiones testamentarias o intestametarias. Los costos “por dejarlo para después” serán mucho más altos.

Una buena reforma, sin duda, que facilitará a gran parte de la población, generalmente, la más vulnerable económica y socialmente, la corrección de sus actas del Registro Civil. Es plausible que se vincule a los notarios públicos con esta actividad. Recordemos que tradicionalmente hemos participado de diversos actos que tienen que ver con la familia, su patrimonio, los regímenes matrimoniales, etc., y más recientemente hasta en el divorcio.

Sobre el divorcio notarial, escribiré en la próxima colaboración.

 

Fernando García Sais

Notario 210 del Estado de Sinaloa

www.minotario.mx

@fgarciasais

 

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