Artículos Periódico Noroeste

Notariado Nacional Homogéneo (Noroeste, 27 de mayo de 2016)

 

Fernando García Sais

Notario Público 210 del Estado de Sinaloa

www.garciasais.com.mx

@FGarciaSais

 

En el imaginario colectivo mexicano, es común hallar el arquetipo de que solamente en la Ciudad de México los notarios públicos son seriamente evaluados previo a su designación. Correlativamente, en la llamada provincia, el proceso mengua en calidad –dado que se considera por algunos que se trata de una graciosa concesión de los Poderes Ejecutivos–.

Con esos antecedentes y prejuicios, algunos más certeros que otros, la economía nacional difícilmente puede desarrollarse adecuadamente, dado el papel tan importante que tenemos los notarios públicos en la formalización de los diversos actos jurídicos, patrimoniales o familiares.

Hasta hace algunos años, en la realidad del notariado, era casi casi impensable que un aspirante al notariado impugnara un proceso de elección vía amparo (pelearse con el cocinero no es sano) o que un notario en ejercicio se atreviera a hacer lo propio para evitar la incursión de nuevos notarios. En diversas partes del país existen expedientes judiciales con ambos tipos de quejas y por ambos tipos de dolientes.

Los notarios, todos, son iguales frente al Estado mexicano y frente a las instituciones privadas (desde las personas, familias y empresas) sin importar el municipio del Estado en el que tengan su residencia y su “jurisdicción”. Esa igualdad formal (ante la ley) debe coincidir en la práctica. El Estado debe cuidar a su notariado, no por el notariado mismo, sino por la finalidad última a la que sirve: la seguridad jurídica, que se sustenta en la independencia, imparcialidad y autonomía del fedatario.

El notario tiene facultades que el Estado le delega, no el titular del Poder Ejecutivo, ni el Federal ni los de los Estados (no pueden delegar lo que no tienen). Se delega la fe pública. Se trata de una maravillosa función que debe blindarse celosamente frente a cualquier intromisión que la pretenda minimizar.

La homologación del notariado en todo el país debería ser el sueño a perseguir por las nuevas generaciones: bastaría reformar el artículo 73 de la Constitución para que se agregara una fracción más a las treinta existentes para contar con una ley general sobre el notariado que siente las bases de un nuevo notariado mexicano con altos estándares en cuanto a sus instituciones y con una homogeneidad que haga de la función un verdadero pilar de la seguridad jurídica.

En mi colaboración anterior referí que el 27 de diciembre de 2013 se añadió en ese precepto constitucional una facultad vinculada materialmente con el tema notarial: la de expedir la ley general que armonice y homologue la organización y el funcionamiento de los registros públicos inmobiliarios y de personas morales de las entidades federativas y los catastros municipales (fracción XXIX-R).

Para los legos en constitucionalismo, noten que la fracción XXIX contiene 24 incisos (desde la letra “A” hasta la “W”), todos y cada uno con facultades para legislar en materia federal. El menú de facultades del Congreso de la Unión para legislar ha ido creciendo de manera rampante desde 1917 hasta 2016. Es uno de los artículos de la Carta Magna más reformado: a la fecha 76 reformas.

La homologación del notariado tendría muchos efectos positivos sobre el desarrollo económico y sobre la seguridad jurídica. Una de sus consecuencias sería que dejaríamos de tener nombramientos de notarios sin méritos profesionales con sus respectivos beneficios para la sociedad beneficiaria de la fe pública.

Otra consecuencia sería la posibilidad de contrarrestar un conjunto de prácticas que pudieran ser calificadas como monopólicas y que perjudican a los intereses de la población consumidora, que a la fecha no han podido erradicarse a pesar de sus perniciosos efectos sobre la economía nacional.

Dejo estas breves ideas y líneas para que, espero, sean objeto de reflexión por parte de nuestros legisladores, con la petición de que observen lo que acontece allende nuestras fronteras y tomemos las mejores prácticas internacionales.

 

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Artículos Periódico Noroeste

Matrimonio y la suerte (Noroeste,29 de abril de 2016)

 

A Loreta y Ferran

 

Fernando García Sais

Notario 210 de Sinaloa

www.garciasais.com.mx

@FGarciaSais

 

El matrimonio se puede celebrar bajo el régimen (económico-jurídico) de sociedad conyugal o de separación de bienes (y ésta puede ser total o parcial). Existe la posibilidad normativa de que en algunos Estados de la República Mexicana se establezca un régimen por defecto (legal supletorio) en caso de que al momento de celebrarse no se elija de manera expresa alguno de ambos regímenes.

De igual manera, el régimen elegido o aplicado por defecto, se puede modificar cuando ambos cónyuges así lo decidan, acudiendo ante Notario para reflejar dicho acuerdo en sus capitulaciones matrimoniales para después, y en su caso (cuando hay inmuebles) inscribirse en el Registro Público de la Propiedad, para que surta efectos frente a terceros.

En las capitulaciones matrimoniales, que son los pactos entre los esposos, puede acordarse que los bienes que integren la sociedad conyugal sean todos los que tengan cada uno de ellos desde antes de la celebración del matrimonio o solamente los que se adquieran después y, en este caso, también puede pactarse cuáles sí y cuáles no entran en la bolsa común. En caso de defecto o falta de reglas en las capitulaciones, se aplica el régimen previsto en el Código (el Familiar en nuestro caso).

En contra de la común creencia de que cuando se contrae matrimonio sujeto al régimen de sociedad conyugal todo lo que se ingrese al patrimonio individual forma parte de dicha sociedad, el legislador establece la posibilidad de que los esposos regulen qué bienes no la integrarán o si, por ejemplo, solamente los frutos (y qué algún porcentaje) que los bienes produzcan. Los frutos pueden ser naturales, civiles e industriales; esto es, de manera general los que las cosas producen naturalmente, los que derivan de un contrato o los que se producen a consecuencia del trabajo.

Un caso interesante que ha merecido opiniones divergentes en un sector de la abogacía y del notariado, es el de los bienes recibidos por –actos calificados como títulos gratuitos como la— herencia, legado y donación; así como el caso de los bienes adquiridos por don de la suerte (lotería y casos similares) por alguno de los cónyuges casados bajo el régimen de sociedad conyugal.

La regla general debe ser que, si solamente uno de los esposos lo recibió, lo heredado, legado o donado le pertenece íntegramente a quien fue el beneficiario directo, en exclusión total del otro cónyuge, salvo que en el acto de constitución del derecho (herencia, legado, donación) se haya designado a ambos consortes. En este último caso, el bien será administrado por ambos.

En Sinaloa, la respuesta viene dada por el artículo 95, fracción II, del Código Familiar que dispone que, salvo que en las capitulaciones matrimoniales se disponga otra cosa, forman parte del fondo social “la herencia, legado o donación hechos en favor de ambos cónyuges sin designación de parte”. Es decir, solamente integran a la sociedad conyugal los bienes recibidos -por esos medios- cuando ambos cónyuges sean designados herederos, legatarios o donatarios. Pero si solamente uno de ellos se constituye en sucesor, entre vivos o por causa de muerte, solo él o ella será el propietario. Claro está, salvo lo que se haya pactado en las capitulaciones matrimoniales, pues el artículo 95 admite pacto en contrario.

Pero ¿qué pasa con los bienes obtenidos por don de la fortuna? Mientras que en el Código Civil Federal (art.215), este tipo de bienes tiene la misma regulación que los adquiridos por herencia, donación o legado; en el caso de la (desafortunada) redacción del Código Familiar de Sinaloa (art.126) parecen recibir un tratamiento diferente. Estoy convencido que el origen del trato diferenciado es por un defecto de redacción en sede legislativa.

En concordancia con una jurisprudencia aislada de 2007 (VII.3o.C.70 C) podemos concluir que “quedan excluidos de la sociedad aquellos bienes que obtenga uno solo de los cónyuges por donación, herencia, legado, por cualquier otro título gratuito o por don de la fortuna, puesto que éstos no se obtuvieron como resultado de los esfuerzos de ambos cónyuges durante el matrimonio, sino por uno solo a título gratuito”.

La solución se incardina en el artículo 95, fracción VIII, del Código Familiar que dispone que forman parte del fondo social (salvo que se haya pactado otra cosa) “los bienes adquiridos durante la sociedad a costa del caudal común, aunque aparezca como adquirente uno sólo de los cónyuges” (El premio por el billete de lotería si fue adquirido con dinero común).

En la separación de bienes, tanto los adquiridos por uno de los cónyuges vía herencia, legado, donación o por don de la fortuna, pertenecen a quien los adquirió. Si ambos fueron herederos, legatarios o donatarios o beneficiarios del premio, ambos administran el bien hasta en tanto no se haga la partición.

Apéndice: La Notaría 210 cumple su primer año de vida. Este mes cumplí 15 años de haber egresado del ITAM. Agradezco a mi familia, equipo de trabajo, amigos y clientes por su confianza. Al señor Gobernador, Mario López Valdez, refrendo mi más alto compromiso con el Estado de Derecho. Seguiremos prestando el mejor servicio notarial para estar a la altura de las necesidades de los mazatlecos y de las empresas sinaloenses. Somos la primer Notaría de todo México en certificarse ante el Better Business Bureau, por nuestras mejores prácticas en pro del mercado, de los consumidores y de la sana y leal competencia.

Artículos Periódico Noroeste

Seguridad Jurídica Inmobiliaria (Noroeste, 13 de mayo de 2016)

Fernando García Sais

Notario Público 210 de Sinaloa

@FGarciaSais

El pasado 28 de abril de 2016, el presidente Peña Nieto presentó un conjunto de iniciativas en el marco de las reformas en materia de “justicia cotidiana”. En esta ocasión me interesa comentar la relacionada con la “Ley General para Armonizar y Homologar los Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales y los Catastros”.

El antecedente normativo de esta iniciativa es la reforma al artículo 73 de la Constitución de 27 de diciembre de 2014, por la que se facultó al Congreso de la Unión a emitir una ley general sobre los registros públicos de la propiedad y sobre los Catastros. Como es bien sabido, por diseño constitucional, desde 1917 dichas la facultad para legislar en dichas materias corresponde a las entidades federativas.

El antecedente que justifica que el presidente de la República haya presentado la iniciativa de ley general, tiene que ver con un aspecto de crucial importancia: la seguridad jurídica inmobiliaria, que se desdobla en diversas manifestaciones que repercuten en el desarrollo de la economía nacional y, consecuentemente, en la competitividad, no sólo a nivel municipal o local sino a nivel internacional. Recuerde Usted que México ha sido señalado por organizaciones internacionales serias respecto de su capacidad para generar seguridad jurídica en lo que a la propiedad privada se refiere.

Uno de los principales defectos del sistema, por llamarlo de alguna manera, nacional de registros públicos es que los que actualmente existen no operan de manera armónica ni homogénea. Por ejemplo, en la Ciudad de México, desde hace varios lustros opera el sistema de folio real. En Sinaloa y otras entidades, el sistema que se sigue es el de libros. Existe unanimidad entre juristas, notarios, registradores e incluso entre profesionales de otras disciplinas vinculadas con la actividad registral, que el mejor sistema es el de folio real, en la medida que constituye un mecanismo de consulta rápido y confiable respecto del estado que guarda un inmueble.

Desde el punto de vista económico, hay un incentivo a las inversiones generado por un buen sistema registral y catastral. La diversidad de legislaciones a nivel Estado, la falta de procesos sustantivos homólogos, así como de unidades de registro, constituyen acicates importantes para que la iniciativa de ley general sea discutida y aprobada con la mayor celeridad y rapidez posible.

Para el ciudadano, contar con un registro público de la propiedad que tenga la mejor tecnología disponible, que opere con sistemas informáticos eficientes, que comparta información cartográfica y descriptiva de los inmuebles con el Catastro evitando contradicciones y diferencias, se traducirá en mejorar la accesibilidad para la pronta obtención de documentos y muy importante que dichos documentos reflejen la realidad. Hoy, gracias a las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC´s) los trámites se deberían hacer en línea y de manera remota, obteniendo respuesta inmediatamente. Naturalmente, previo pago de derechos.

Los notarios públicos, en la medida que somos operadores jurídicos y que como agentes económicos que prestamos un servicio, estaremos en posibilidad de participar de mejor manera en las transacciones inmobiliarias que nuestros clientes nos confían. El patrimonio de las familias y el de las empresas tendrá mayor seguridad jurídica. Esta reforma, de concretarse, se convertirá en una reforma estructural para impulsar la actividad económica inmobiliaria.

Sería conveniente que, paralelamente, se produjera una política pública nacional orientada hacia la regulación nacional del notariado, de tal manera que las condiciones de acceso, los principios rectores y su ejercicio fueran también armonizados con base en una ley general. Sobre este aspecto comentaré en una próxima colaboración.

http://beta.noroeste.com.mx/publicaciones/opinion/pseguridad-juriacutedica-inmobiliariap-94596