Artículos Periódico Noroeste

Seguridad Jurídica Inmobiliaria (Noroeste, 13 de mayo de 2016)

Fernando García Sais

Notario Público 210 de Sinaloa

@FGarciaSais

El pasado 28 de abril de 2016, el presidente Peña Nieto presentó un conjunto de iniciativas en el marco de las reformas en materia de “justicia cotidiana”. En esta ocasión me interesa comentar la relacionada con la “Ley General para Armonizar y Homologar los Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales y los Catastros”.

El antecedente normativo de esta iniciativa es la reforma al artículo 73 de la Constitución de 27 de diciembre de 2014, por la que se facultó al Congreso de la Unión a emitir una ley general sobre los registros públicos de la propiedad y sobre los Catastros. Como es bien sabido, por diseño constitucional, desde 1917 dichas la facultad para legislar en dichas materias corresponde a las entidades federativas.

El antecedente que justifica que el presidente de la República haya presentado la iniciativa de ley general, tiene que ver con un aspecto de crucial importancia: la seguridad jurídica inmobiliaria, que se desdobla en diversas manifestaciones que repercuten en el desarrollo de la economía nacional y, consecuentemente, en la competitividad, no sólo a nivel municipal o local sino a nivel internacional. Recuerde Usted que México ha sido señalado por organizaciones internacionales serias respecto de su capacidad para generar seguridad jurídica en lo que a la propiedad privada se refiere.

Uno de los principales defectos del sistema, por llamarlo de alguna manera, nacional de registros públicos es que los que actualmente existen no operan de manera armónica ni homogénea. Por ejemplo, en la Ciudad de México, desde hace varios lustros opera el sistema de folio real. En Sinaloa y otras entidades, el sistema que se sigue es el de libros. Existe unanimidad entre juristas, notarios, registradores e incluso entre profesionales de otras disciplinas vinculadas con la actividad registral, que el mejor sistema es el de folio real, en la medida que constituye un mecanismo de consulta rápido y confiable respecto del estado que guarda un inmueble.

Desde el punto de vista económico, hay un incentivo a las inversiones generado por un buen sistema registral y catastral. La diversidad de legislaciones a nivel Estado, la falta de procesos sustantivos homólogos, así como de unidades de registro, constituyen acicates importantes para que la iniciativa de ley general sea discutida y aprobada con la mayor celeridad y rapidez posible.

Para el ciudadano, contar con un registro público de la propiedad que tenga la mejor tecnología disponible, que opere con sistemas informáticos eficientes, que comparta información cartográfica y descriptiva de los inmuebles con el Catastro evitando contradicciones y diferencias, se traducirá en mejorar la accesibilidad para la pronta obtención de documentos y muy importante que dichos documentos reflejen la realidad. Hoy, gracias a las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC´s) los trámites se deberían hacer en línea y de manera remota, obteniendo respuesta inmediatamente. Naturalmente, previo pago de derechos.

Los notarios públicos, en la medida que somos operadores jurídicos y que como agentes económicos que prestamos un servicio, estaremos en posibilidad de participar de mejor manera en las transacciones inmobiliarias que nuestros clientes nos confían. El patrimonio de las familias y el de las empresas tendrá mayor seguridad jurídica. Esta reforma, de concretarse, se convertirá en una reforma estructural para impulsar la actividad económica inmobiliaria.

Sería conveniente que, paralelamente, se produjera una política pública nacional orientada hacia la regulación nacional del notariado, de tal manera que las condiciones de acceso, los principios rectores y su ejercicio fueran también armonizados con base en una ley general. Sobre este aspecto comentaré en una próxima colaboración.

http://beta.noroeste.com.mx/publicaciones/opinion/pseguridad-juriacutedica-inmobiliariap-94596

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