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El consumidor de inmuebles (Noroeste, 19 de agosto, 2016)

El consumidor de inmuebles

Fernando García Sais

Notario 210 de Sinaloa

www.garciasais.com.mx

@FGarciaSais

 

La adquisición de inmuebles, destinados a residencia, por parte de consumidores, nacionales (mexicanos) o extranjeros es una actividad regulada por distintas leyes y de distintos ámbitos.

En primer lugar, en su calidad de consumidores, aplica la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC); en segundo lugar, las leyes locales del lugar de ubicación del bien inmueble de que se trate, entre ellas el Código Civil y la Ley del Notariado.

Si el consumidor es, además, un extranjero se aplican las disposiciones en materia de inversión extranjera y, desde luego, lo que la Constitución dispone para el caso de los inmuebles, tanto ubicados dentro de la llamada “zona restringida” –franjas de 100 km en las fronteras y 50 km en las costas— como fuera de ella, y considerando el fin o destino del mismo: residencial o no residencial.

Para los fideicomisos costeros y fronterizos se requiere, obligadamente, crear un fideicomiso ante notario y con una institución financiera mexicana, a través del cual se permitirá el uso y goce del inmueble hasta por 50 años (renovables al vencimiento). Este fideicomiso nunca genera derecho de propiedad, pues ésta recae en el fiduciario (banco). Otra alternativa, es mediante una sociedad mexicana, con socios extranjeros, para la adquisición de inmuebles no residenciales.

El artículo 27 constitucional establece que son mexicanos por nacimiento quienes hayan nacido en México y quienes hayan nacido en cualquier parte del planeta pero que sean hijos de padre y/o madre mexicanos. También son mexicanos quienes hayan recibido su carta de naturalización por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores o quienes hayan contraído matrimonio con un mexicano (a).

Los actos de consumo los realizan las personas físicas o morales para satisfacer necesidades personales o familiares. De ahí, que están excluidas de dicha posibilidad las personas morales de naturaleza mercantil (empresas). Una empresa nunca es consumidora para efectos de la tutela de la ley del consumidor, sería una aberración económica y jurídica admitir lo contrario, dado que una empresa está concebida -en exclusiva- para el tráfico mercantil.

Sólo el empresario individual podría ser consumidor, siempre y cuando destine el bien o servicio adquirido a su consumo personal o familiar. No me pronunció, aquí y ahora, sobre el terrible caso del consumidor intermedio, al que le he dirigido toda clase de descalificaciones en diversas publicaciones académicas (algunas de ellas disponibles en fernandogarciasais.wordpress.com).

El consumidor tiene diversos derechos. Es fundamental el de recibir información clara y adecuada respecto de la operación que va a celebrar y, en casos como la preventa (contrato aleatorio y sumamente riesgoso equiparado a una compraventa de esperanza o de cosa futura), tener un contrato de adhesión aprobado por la autoridad federal.

La ley contiene un listado de la información que el proveedor debe, forzosamente, entregarle y la autoridad mantiene un portal para informar de las empresas que tienen registrado su contrato de adhesión. Los invito a que la revisen http://burocomercial.profeco.gob.mx/BC/faces/inicio.jsp).

Los notarios públicos en defensa de la legalidad, cumplimos con una notable e importante tarea, en lo que a la licitud de los pactos contenidos en dichos contratos. La búsqueda del equilibrio contractual no debe ser pasada por alto, so pena de ver secuestrada la fe pública.

A los empresarios les conviene conocer Derecho del Consumidor y Competencia Económica, pues existe una confluencia entre prácticas monopólicas, relativas y absolutas, y algunas prácticas ilícitas de consumo, que pueden generar multas y costos a los buenos proyectos comerciales, incluso llevarlos a la quiebra.

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“Textear”, fumar y engordar (Noroeste, 5 de agosto de 2016).

“Textear”, fumar y engordar

FERNANDO GARCÍA SAIS

Notario 210 de Sinaloa

@fgarciasais

www.garciasais.com.mx

 

Por más que se diga que el ser humano es racional, lo cierto es que gran parte de nuestras decisiones se alejan de esa verdad: las personas tomamos decisiones, diariamente, y muchas de ellas son perjudiciales para nuestra salud y para la sociedad en la que vivimos. Ello descubre una racionalidad limitada por diversas causas: la inducción, deliberada o no, al error por parte de otros o la imitación de conductas ajenas (la del vecino, amigo, compañero de trabajo…).

En más de 15 años de estudio sobre el tema de los derechos de los consumidores, he podido llegar a la conclusión de que el consumidor necesita que, desde el Estado y de la empresa, se le guíe hacia mejores hábitos. Ello coincide con lo que profesores como Cass Sunstein (Harvard) han denominado el paternalismo libertario, identificado por otros como paternalismo suave, con base en el cual la regulación (el Derecho positivo) induce a las personas para que tomen la mejor decisión posible, respetando siempre su derecho a elegir.

Usar el teléfono celular, ya sea sin manos libres o para “textear” (término, por cierto, no reconocido aún por la Real Academia de la Lengua Española, pero de uso generalizado) es una muestra de la toma de decisiones nada racionales. Igual, podemos afirmar, respecto de la decisión de fumar y de consumir productos alimenticios dañinos, con alto contenido de azúcar y grasas (saturadas, hidrogenados y trans. Las buenas son las mono y poliinsaturadas.

Las muertes y daños a las personas y cosas por enviar textos desde los aparatos celulares se incrementan cada año. Se calcula que en Estados Unidos, cerca del 30% de los accidentes vehiculares tienen como causa última el uso de los celulares mientras se conduce (“driving while intexticated”, para aludir a la intoxicación similar a la que produce el alcohol y las drogas). Se calcula que el tiempo que un conductor se distrae del volante es de 5 segundos, como mínimo, lo que se traduce en que a una velocidad de 88 km/h, el vehículo recorre toda una cancha de futbol “sin conductor racional”.

A las empresas, primordialmente las automotrices, de telefonía celular (Telcel, Movistar, Iusacell-AT&T) y de seguros, les compete hacer algo: enviar información adecuada, diseñar equipos “racionales” que permitan a los consumidores tomar decisiones que se traduzcan en mayor bienestar, crear padrones de asegurados con antecedentes y vincularlos con la emisión de licencias de conducir y con la venta de coches. A nadie nos conviene la pasividad, que involucra la toma de una decisión: la de estar por la generación de daños, muertes y lesiones, que resultan costosas para todos.

Recordemos que, con el tabaco, en los últimos 15 años -por lo menos- ha existido mayor y mejor información respecto de lo nocivo que resulta para la salud y para la calidad de vida, no sólo de los fumadores activos sino de los pasivos. Asimismo, hoy somos conscientes del gran costo que representa para los contribuyentes, a través del gasto estatal en los servicios de salud.

¿Tenemos los ciudadanos que soportar que parte de nuestras contribuciones se destinen para ese gasto? ¿Deberían las empresas que ponen en circulación productos que, aunque lícitos, generan un daño? ¿Debería el Estado asumir, como lo ha hecho, un rol activo y crear zonas libres de humo, alejar de las cajas de los supermercados los cigarros (declarado constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación), incluir etiquetado de consecuencias adversas, etc.?

Estoy convencido que desde la iniciativa privada y pública pueden materializarse cambios positivos, pero igual que al ciudadano, a veces “hay que incentivar al incentivador”. La sociedad civil, las organizaciones de consumidores y la academia desempeñan un papel importantísimo. México está urgido de ciudadanos que tengan menos fe en las soluciones milagrosas (lo que de por sí es un reto mayúsculo dado nuestro bagaje esotérico) y más confianza en soluciones basadas en la acción, la reflexión y en la construcción de ciudadanía.

 

 

Artículos Periódico Reforma

“Textear”, fumar y engordar (Reforma Negocios, 2 de agosto, 2016)

“Textear”, fumar y engordar

FERNANDO GARCÍA SAIS

Notario 210 de Sinaloa

@fgarciasais

www.garciasais.com.mx

 

Por más que se diga que el ser humano es racional, lo cierto es que gran parte de nuestras decisiones se alejan de esa verdad: las personas tomamos decisiones, diariamente, y muchas de ellas son perjudiciales para nuestra salud y para la sociedad en la que vivimos. Ello descubre una racionalidad limitada por diversas causas: la inducción, deliberada o no, al error por parte de otros o la imitación de conductas ajenas (la del vecino, amigo, compañero de trabajo…).

En más de 15 años de estudio sobre el tema de los derechos de los consumidores, he podido llegar a la conclusión de que el consumidor necesita que, desde el Estado y de la empresa, se le guíe hacia mejores hábitos. Ello coincide con lo que profesores como Cass Sunstein (Harvard) han denominado el paternalismo libertario, identificado por otros como paternalismo suave, con base en el cual la regulación (el Derecho positivo) induce a las personas para que tomen la mejor decisión posible, respetando siempre su derecho a elegir.

Usar el teléfono celular, ya sea sin manos libres o para “textear” (término, por cierto, no reconocido aún por la Real Academia de la Lengua Española, pero de uso generalizado) es una muestra de la toma de decisiones nada racionales. Igual, podemos afirmar, respecto de la decisión de fumar y de consumir productos alimenticios dañinos, con alto contenido de azúcar y grasas (saturadas, hidrogenados y trans. Las buenas son las mono y poliinsaturadas.

Las muertes y daños a las personas y cosas por enviar textos desde los aparatos celulares se incrementan cada año. Se calcula que en Estados Unidos, cerca del 30% de los accidentes vehiculares tienen como causa última el uso de los celulares mientras se conduce (“driving while intexticated”, para aludir a la intoxicación similar a la que produce el alcohol y las drogas). Se calcula que el tiempo que un conductor se distrae del volante es de 5 segundos, como mínimo, lo que se traduce en que a una velocidad de 88 km/h, el vehículo recorre toda una cancha de futbol “sin conductor racional”.

A las empresas, primordialmente las automotrices, de telefonía celular (Telcel, Movistar, Iusacell-AT&T) y de seguros, les compete hacer algo: enviar información adecuada, diseñar equipos “racionales” que permitan a los consumidores tomar decisiones que se traduzcan en mayor bienestar, crear padrones de asegurados con antecedentes y vincularlos con la emisión de licencias de conducir y con la venta de coches. A nadie nos conviene la pasividad, que involucra la toma de una decisión: la de estar por la generación de daños, muertes y lesiones, que resultan costosas para todos.

Recordemos que, con el tabaco, en los últimos 15 años -por lo menos- ha existido mayor y mejor información respecto de lo nocivo que resulta para la salud y para la calidad de vida, no sólo de los fumadores activos sino de los pasivos. Asimismo, hoy somos conscientes del gran costo que representa para los contribuyentes, a través del gasto estatal en los servicios de salud.

¿Tenemos los ciudadanos que soportar que parte de nuestras contribuciones se destinen para ese gasto? ¿Deberían las empresas que ponen en circulación productos que, aunque lícitos, generan un daño? ¿Debería el Estado asumir, como lo ha hecho, un rol activo y crear zonas libres de humo, alejar de las cajas de los supermercados los cigarros (declarado constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación), incluir etiquetado de consecuencias adversas, etc.?

Estoy convencido que desde la iniciativa privada y pública pueden materializarse cambios positivos, pero igual que al ciudadano, a veces “hay que incentivar al incentivador”. La sociedad civil, las organizaciones de consumidores y la academia desempeñan un papel importantísimo. México está urgido de ciudadanos que tengan menos fe en las soluciones milagrosas (lo que de por sí es un reto mayúsculo dado nuestro bagaje esotérico) y más confianza en soluciones basadas en la acción, la reflexión y en la construcción de ciudadanía.