Mercado cojo (Reforma, 15 septiembre 2016)

 

Fernando García Sais

Notario 210

Mazatlán, Sinaloa

 

Hasta antes de la reforma estructural del Presidente de la República Enrique Peña Nieto en materia competencia económica y de telecomunicaciones, nuestra Constitución no contenía el concepto jurídico de “mercado”, entendido como ese espacio en el que ocurren las transacciones de bienes y servicios lícitos y regidos por las leyes económicas y, en particular, por la de la oferta y la demanda.

Nuestro país, en lo que se refiere a política económica, ha transitado desde la Constitución (en 1917) a nuestros días por distintos modelos: de uno nacionalista e interventor en la economía hacia un modelo liberal con base en el cual el Estado retrae su participación, dejando de ser empresario (y en consecuencia privatizando) y limitándose a regular (y en su caso a desregular), para favorecer la libre competencia.

Sabiendo que el mercado guía a la economía e impone gustos y necesidades de consumo y reconociendo que el mercado no autocorrige sus fallas, la actuación del Estado es necesaria, bien a través de órganos constitucionales autónomos o de otros entes, ya sean organismos descentralizados o desconcentrados o del Poder Judicial.

En ese tránsito de modelos económicos, la Constitución como receptáculo de esas ideologías ha mantenido –y conviven en ella— instituciones creadas al amparo de los modelos económicos que, en cada una de las distintas épocas (políticamente denominadas “sexenios”) se consideraron útiles o convenientes para vigilar y supervisar la actuación de los agentes económicos.

Tenemos así órganos muy innovadores y modernos como es el caso de la Comisión Federal de Competencia y del Instituto Federal de Telecomunicaciones; y órganos cuyo diseño, estructura y operación distan mucho de esa modernidad. En este caso se ubican a las dos instituciones creadas, una en los años 70 y otra en los años 90, para proteger a los consumidores (Profeco) y a los usuarios de servicios financieros (Condusef), que no encajan a la perfección en el nuevo modelo liberal.

A efecto de que el mercado genere bienestar social, se maximicen eficiencias económicas y se traduzcan (las reformas estructurales antes aludidas) en un beneficio real para los consumidores, es indispensable que se adecuen –normativamente hablando (diseño, funciones, organigrama)— esas instituciones que, con su configuración administrativa, obedecen más a una política económica de índole “social” y “proteccionista” y se ajusten a la política y al modelo económico del que hoy forma parte la COFECE y el IFT, de lo contrario el vehículo general ideado en la Constitución denominado “mercado”, será cojo; esto es, desbalanceado.

La conexidad sustantiva entre derechos del consumidor y competencia económica es de alto grado y ello se corrobora con un análisis pormenorizado de aquellas conductas que para el consumidor resultan ilícitas en relación con las prácticas monopólicas absolutas o relativas sancionables.

En el caso de la Profeco, como descentralizado de la Secretaría de Economía, hace que la política de consumo sea inviable dada su arreglo administrativo, más parecido a un “ente policial persecutor de los malos” que a un órgano que dicte políticas inteligentes para inducir –a través del derecho a la información, primordialmente— a mejores hábitos en el consumo y en su proveeduría.

Hoy hablar, en el mundo capitalista, de derechos del consumidor no implica referirse al consumidor como un menor de edad o un sujeto a quien el Estado paternalista debe cuidar. Es hablar de la empresa preocupada por darle a sus clientes lo que se prometió, conscientes de su papel como agentes económicos que reciben utilidades gracias a la sana y leal competencia y al cuidado del medio ambiente.

La empresa sabe que en la medida que respete los derechos de los consumidores y usuarios, su competidor actuará de conformidad con la ley y no incurrirá en prácticas desleales o anticompetitivas. El consumidor es un sujeto de derecho medianamente razonable, atento y perspicaz que con base en una política de consumo inteligente puede tomar, por sí mismo, mejores decisiones.

Recordemos que el gasto público de ambas dependencias es sufragado con dinero de los contribuyentes, muchos de los cuales son consumidores y, por tanto, eventuales usuarios de los servicios que desde la Administración Pública se les provean para resolver las fricciones surgidas en sus relaciones de consumo como destinatarios finales de bienes y servicios.

En el PEF 2017, la Profeco va a gastar más de 20 millones 286 mil 168 pesos, de los cuales $18,518,803 serán para servicios personales y $1,767,365 para gasto operativo. El consumidor de hoy requiere de una institución y de una normativa inteligente que oriente al mercado hacia el cumplimiento, más que hacia una actividad sancionadora que, lejos está de disuadir comportamientos anómalos. Con seguridad el Secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña podrá valorar si en el 2018 se continúa con ese gasto ineficiente, a todas luces.

El Presidente de la República debería ser contundente y contribuir a pavimentar el incipiente camino hacia los grandes resultados de las reformas estructurales en materia de competencia con una gran transformación en materia de tutela de los consumidores, esencial para el correcto y eficiente funcionamiento del mercado. Así, el legado estará completo.

Testamento y contenidos “on-line” (Noroeste, 5 de septiembre 2016)

 

Fernando García Sais

Notario 210 de Sinaloa

www.garciasais.com.mx

@FGarciaSais

El testamento, como documento que contiene la última voluntad (aunque temporal, en la medida que puede ser revocado por el testador en cualquier momento) es útil para transmitir el patrimonio (formado por los derechos y obligaciones de las personas) a quien el testador disponga, de manera libre (salvo el derecho de dejar alimentos a quien la ley lo impone).

Además, el testamento es útil dado que ahí puede el testador reconocer hijos, nombrar tutores testamentarios para los hijos menores de edad que no tengan quien ejerza sobre ellos la patria potestad, instituir legados (con cargo a la masa hereditaria), sujetar las instituciones de herederos a condiciones y cargas, entre otras. Inclusive, se puede nombrar heredero a una persona que no ha nacido, pero que está concebida (por si nace).

No dejar testamento, tampoco es el fin del mundo. El Código Civil establece reglas por defecto para resolver el problema de que los bienes no se queden sin dueño. El testamento permite modificar esas reglas y confeccionarlas al gusto de cada quien. Esta es la llamada “sucesión legítima” (no porque la sucesión testamentaria sea ilegítima, sino en el sentido de que es “conforme a la ley”). En última instancia, si conforme a las reglas de la sucesión legítima no hay herederos, los bienes pasan a la beneficencia pública.

La sucesión de los bienes por causa de muerte constituye un incentivo económico para producir bienes y transmitirlos entre nuestros beneficiarios. En México, hoy, no existe un impuesto sobre la renta por esa riqueza patrimonial recibida mediante testamento, lo que desde el punto de vista fiscal, representa una ventaja, al igual que con las donaciones entre ascendientes y descendientes (mal referidas como al hecho de “heredar en vida”). Por lo demás, quizá para paliar las profundas desigualdades sociales, un impuesto a las herencias podría sugerirse al Congreso de la Unión, tema respecto del cual no profundizo aquí.

Dados los grandes avances experimentados en los últimos 20 años, en lo que a tecnologías de la comunicación se refiere, las personas son titulares de un conjunto de derechos sobre contenidos digitales o electrónicos. Ahí incluyo, ejemplificativamente, cuentas de correo electrónico, redes sociales, bitcoins, suscripciones a servicios de música, cine, contenidos académicos, profesionales, etc.

En principio, y de manera general, en el testamento se pueden identificar de manera pormenorizada esas cuentas digitales, con claves de usuarios y contraseñas (aunque éstas cambien después), con indicaciones precisas respecto de cerrarlas, almacenar permanentemente datos en algún tipo de soporte, incluir algún obituario en las redes sociales, y así sucesivamente hasta disponer del contenido en favor de algún beneficiario.

Lo anterior puede entrar en colisión con las reglas de algunos proveedores particulares. Por ejemplo, Apple considera que el derecho de la persona sobre todos los contenidos comprados en la tienda “iTunes”, o conservados en iCloud o iTunes Music Match, terminan con la muerte, por lo que tras comprobar que esta ha sucedido, puede dictaminar su destrucción. Facebook, Twitter e Instagram han habilitado un soporte para recibir comunicados de fallecimientos y crear “panteones digitales conmemorativos”.

La inclusión de “derechos digitales” en los testamentos es una realidad. Los notarios de todo México estamos siempre capacitándonos sobre temas de interés social y, desde luego, en este mes del testamento, vamos a aprovechar para asesorar respecto de este tipo de cuestiones en nuestras notarías.