Indígenas: Diversidad e Igualdad

Fernando García Sais

Notario Público 210 del Estado de Sinaloa

 www.garciasais.com.mx

@FGarciaSais

Como es trágicamente común en nuestro entorno, algunas reformas trascendentes no son objeto de especial atención por los medios de comunicación ni, lo que es más grave, por parte de los abogados o sus academias jurídicas. Contemplamos el cambio normativo y nos mantenemos impávidos.

Es el caso de las reformas al artículo 2º constitucional en materia de derechos de los indígenas, que se han sucedido desde 2001, 2015 y la más reciente el 29 de enero de 2016 y respecto de las cuales la literatura es escasa. La jurisprudencia también lo es, aunque rica en contenido en sus casi 60 precedentes sobre el tema indígena.

El artículo 2º reconoce, por un lado, la composición pluricultural “sustentada originalmente en sus pueblos indígenas” y, por otro, entiende como tales a los que descienden de poblaciones que habitaban en el país al iniciarse la colonización y que a la fecha conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

El precepto se desarrolla en dos apartados. El “A”, en el que se reconoce y se garantiza el derecho a la libre determinación y a la autonomía que se manifiesta en diversos aspectos como la posibilidad que tienen los pueblos indígenas de decidir sus formas internas de convivencia y organización (social, política, cultural y económica) y un conjunto de aspectos muy relevantes para conservar su lengua, acceder a la justicia asistidos por intérpretes y defensores, tomando en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, y otros como la posibilidad de ejercer el derecho al voto activo y pasivo (votar y ser votado) en condiciones de igualdad (hombres y mujeres).

Recordemos que las políticas públicas posrevolucionarias propusieron una “integración” inspirada en una ilusión: eliminar la diversidad lingüístico-étnica y sus sistemas de organización (Cossío, J.R. y Florescano). Se pensaba, y aún lo hacen algunos, que la homogeneidad construiría una nación más fuerte. El referido apartado rechaza esa lógica.

El apartado “B”, establece un conjunto de “derechos prestacionales” que no podemos pasar por alto. Su naturaleza prestacional implica que el Estado tiene que buscar la manera de garantizarlos a través de su previsión presupuestal y del gasto público, por la posibilidad que hoy tienen de ser exigidos judicialmente a través del juicio de amparo por tratarse de derechos de exigibilidad y no como “normas programáticas” como anteriormente eran catalogados, previo a la reforma de junio de 2011 en materia de derechos humanos.

Así, sobre el principio de la igualdad material y de la no discriminación, el constituyente permanente ordena que el Estado mexicano debe promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria. La Constitución no es ciega a las desigualdades sociales y la jurisprudencia de la Corte lo ha vislumbrado así.

Para poder cumplir con dicho mandato constitucional, la Federación, los Estados y los municipios, con miras a abatir las carencias y rezagos, están obligados (con toda la extensión de la palabra) en términos generales y conceptuales a impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas para fortalecer su economía y mejorar las condiciones de vida.

De los derechos prestacionales etiquetados (con recursos) expresamente en la Constitución encontramos el derecho a la educación, a la salud y el llamado “derecho a la ciudad”. Se establece, pues, el derecho a la educación bilingüe e intercultural y a la educación media superior y superior, a la creación de un sistema de becas “en todos los niveles”. El derecho a la salud, mediante el acceso efectivo a los servicios de salud y apoyo a la nutrición mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil. Por último, se prevé que las comunidades indígenas deben mejorar, con recursos etiquetados, sus espacios para la convivencia y recreación, la construcción y mejoramiento de vivienda, y ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos.

Pero para que dichas obligaciones se cumplan no basta que se declaren como obligatorias es necesario contar con recursos económicos y que en los presupuestos de egresos se prevean.

El constituyente, en tanto poder revisor, y como previsor de eventuales indisciplinas financieras, estableció de manera taxativa que “la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben” y además les dio a las comunidades indígenas el derecho de controlar el ejercicio de dicho presupuesto y vigilarlo.

Para los municipios se establece una carga adicional: las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos. Es decir, los indígenas tienen derechos prestacionales y además ejercerán directamente el gasto.

No encuentro en la dicción constitucional otro caso similar a este valioso y olvidado derecho prestacional. Serán los funcionarios responsables quienes los harán realidad o los jueces en sus sentencias gracias al trabajo de los héroes del Derecho que todavía hay por ahí, de lo contrario el reconocimiento constitucional será verdaderamente letra muerta.

 

Escuelas Patito (Noroeste,18 nov 2016)

Escuelas Patito

Fernando García Sais

Notario 210 del Estado de Sinaloa

www.garciasais.com.mx

@FGarciaSais

El derecho a la educación es un derecho de rango constitucional y de naturaleza prestacional, esto último, en lo que se refiere a la educación obligatoria que abarca desde preescolar hasta la media superior, que es la educación que la Constitución señala como obligatoria. La educación básica (conformada pues por kínder, primaria y secundaria) y la media superior son obligatorias.

Además, el derecho a la educación, dice la propia Constitución, debe ser de calidad, y el Estado lo garantizará. La calidad en la educación obligatoria implica, por lo menos, que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. “Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos”. Todo ello se contiene en la Carta Magna.

Paralela y complementariamente, dicha educación de calidad obligatoria, con independencia de si se imparte en negocios privados o en escuelas públicas, debe ser laica (sin orden clerical e independiente de cualquier confesión religiosa). Consecuentemente, la educación debe basarse en “los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios” (Artículo 3º).

Desde la iniciativa privada se puede, evidentemente, hacer negocio con la educación. Sin embargo, dicha actividad por ser de interés social y público, debe ceñirse a la Constitución y a la ley. No sólo es Estado queda obligado. También el sector privado. El negocio de la educación no es como cualquier otro emprendimiento mercantil. El interés público subyacente irradia deberes especiales para los empresarios de la educación.

Los precedentes en el Poder Judicial de la Federación son ilustrativos de lo que está aconteciendo nacionalmente y hay una clara tendencia a imponer sobre los centros educativos (privados y públicos) deberes, sobre todo, tratándose de menores de edad por el principio de interés superior del menor, para así, proteger la dignidad e integridad del menor garantizando el ejercicio efectivo de su derecho a la educación en un ambiente libre de violencia o acoso escolar.

Con la herramienta de las acciones colectivas, es posible llevar a juicio a las “escuelas patito”, a aquellas que no cumplen con sus deberes y lesionan los derechos de los niños y de los padres de familia. En el largo plazo, lesionan la productividad del país. La acción colectiva reuniría a un grupo de padres de familia en defensas de los intereses de sus hijos menores y permitiría que un juez federal obligará al centro educativo a cumplir con el contrato educativo, incorporando en él todos los derechos de fuente constitucional aludidos y, enriquecidos, en los precedentes de los tribunales federales y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Algunas organizaciones no gubernamentales han hecho loables esfuerzos (como Mexicanos Primero) para que las escuelas públicas cumplan con los imperativos constitucionales e impartan educación de calidad. Tuve el honor de apoyarles con algunas ideas para la formulación de una acción colectiva precisamente en el tema educativo.

Sin embargo, la energía se ha concentrado en las escuelas públicas y observo una inacción, un silencio generalizado tratándose del mismo reclamo hacia negocios privados. En ocasiones, hay escuelas públicas que cuentan con mejores docentes (reciben mejores prestaciones y salarios) aunque la infraestructura, los materiales y los métodos educativos no sean los óptimos.

Los padres de familia y las asociaciones respectivas cuentan con instituciones jurídicas ágiles y relativamente sencillas para preservar los derechos. La herramienta de las acciones colectivas para relaciones de consumo constituye un parteaguas en la asignación de derechos. Sería deseable, empero, que las acciones judiciales fueran subsidiarias y que el trabajo conjunto de padres de familia y escuelas privadas abonara en una mejor educación para el llamado “futuro de México”.

 

Horizontalidad de los derechos (Noroeste, 5 de noviembre de 2016)

capture

Fernando García Sais

Notario 210 del Estado de Sinaloa

www.garciasais.com.mx

@FGarciaSais

 

Así como no hay derechos que no estén en las normas, no hay derechos sin presupuesto, por más que haya normas que establezcan derechos. Si el Estado no recauda impuestos, no administra su gasto de manera eficiente y es discrecional en el ejercicio del presupuesto, de la misma manera los derechos no existirán, no serán eficientes y, en su caso, su materialización en los hechos también será discrecional, generando que la política económica se distorsione, creando desigualdad en lugar de combatirla.

Los mexicanos somos iguales ante la ley y en aplicación de la ley, por mandato constitucional. Ello implica dos funciones normativas, semejantes pero diferentes: por un lado, que a todos se nos apliquen las mismas normas (igualdad formal) y que a todos se nos trate de la misma manera (igualdad material), la igualdad se bifurca y, a veces, se viola.

La Constitución establece un conjunto de derechos prestacionales en favor de la población. Pensemos en algunos ejemplos paradigmáticos: medio ambiente sano, vivienda digna, salud y educación de calidad. A partir de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos del año 2011 nuestro país entró en un proceso altamente dinámico de reconocimiento en los hechos de los derechos humanos. Interesantes asuntos resueltos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación han ido creando precedentes y jurisprudencia firme interpretando su carácter universal y progresivo. No todos los derechos prestacionales son derechos humanos, pero algunos de ellos tienen esa doble presentación, envoltura, etiqueta.

Los llamados “derechos programáticos”, hoy son verdaderos derechos prestacionales para los cuales el Estado tiene que presupuestar recursos ejercer un gasto responsable y ponderar entre distintos valores constitucionales para administrar el gasto. Así, por ejemplo, el gobierno tendrá que decidir en una situación de recursos escasos entre mejorar las condiciones de una cárcel o destinar el dinero a una campaña de vacunación contra la difteria de los niños en poblaciones vulnerables, y así sucesivamente.

Por otra parte, y para coadyuvar en este proceso evolutivo, ya no es solamente el Estado el único obligado a materializar en los hechos los derechos reconocidos en la Constitución, sino que es la sociedad, colectivamente hablando, quien a partir de un principio de solidaridad está obligada a colaborar en el cumplimiento de las metas constitucionales. Dejarle todo al Estado es una actitud que el ordenamiento jurídico rechaza.

¿Será cierto que todos los mexicanos son iguales ante la ley? ¿De qué manera el Estado mexicano, puede coordinarse con otros actores políticos (entidades federativas y municipios) y con actores del sector privado para potencializar los derechos y hacerlos realidad?

El derecho al medio ambiente sano, para ejemplificar, implica que el ciudadano cumpla con el deber de no contaminar, aunque a la vez sea el sujeto activo de ese derecho constitucional. De la misma manera, para gozar del medio ambiente, los vecinos tienen el deber de no hacer ruidos por encima de los máximos permisibles señalados por la legislación administrativa aplicable. Si ese mexicano decide contaminar, está lastimando el derecho prestacional de todos. Si un ciudadano decide demandarlo en tribunales, a todos nos cuesta el servicio de impartición de justicia. Todos los derechos cuestan.

Similarmente, el derecho a la vivienda digna lo cumple no sólo el Estado sino los empresarios que construyen casas para los consumidores apegándose a las normas que regulan la edificación de ese tipo de inmuebles junto con las normas irrenunciables que prevén cierto contenido contractual mínimo. El conciudadano afectado por la falta de observancia de dichos deberes pudiera solicitar el poder coactivo del Estado el cese de esa inobservancia. Nuevamente, la actuación del Estado para proteger ese derecho, también implica el ejercicio del gasto público, que todos sufragamos para que funcionen los poderes judiciales o las instancias administrativas de índole tutelar.

Respecto del derecho a la salud valen los mismos parangones. Desde el fumador que daña a los demás (sin intención, evidentemente) hasta las empresas que deben advertir riesgos a los consumidores sobre el consumo o uso de ciertos bienes o productos. La educación, a partir de las últimas reformas, ahora debe ser de calidad, no sólo la que imparta el Estado sino toda la educación obligatoria (preescolar, primaria, secundaria y media superior) y ahí los empresarios tienen mucha tarea por cumplir (materiales, métodos educativos, organización escolar, infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos) para garantizar el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

Cada que un mexicano viola el derecho de otro, malgasta el dinero de los demás a la vez que erosiona los endebles cimientos de nuestro Estado de Derecho. Si la población al leer la Constitución no advierte en ella que junto con los derechos otorgados hay deberes impuestos, no podremos combatir la cultura de la ilegalidad.

Los juristas, desde la academia y la dogmática jurídica, debemos inducir a que la sociedad advierta la transformación que el Derecho ha tenido. Los juristas tenemos que colaborar con el legislador y con los jueces a asignar contenidos normativos a los preceptos constitucionales. Tenemos que socializar el Derecho para hacerlo accesible a la gente. Solamente así habrá un Estado de Derecho.