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Horizontalidad de los derechos (Noroeste, 5 de noviembre de 2016)

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Fernando García Sais

Notario 210 del Estado de Sinaloa

www.garciasais.com.mx

@FGarciaSais

 

Así como no hay derechos que no estén en las normas, no hay derechos sin presupuesto, por más que haya normas que establezcan derechos. Si el Estado no recauda impuestos, no administra su gasto de manera eficiente y es discrecional en el ejercicio del presupuesto, de la misma manera los derechos no existirán, no serán eficientes y, en su caso, su materialización en los hechos también será discrecional, generando que la política económica se distorsione, creando desigualdad en lugar de combatirla.

Los mexicanos somos iguales ante la ley y en aplicación de la ley, por mandato constitucional. Ello implica dos funciones normativas, semejantes pero diferentes: por un lado, que a todos se nos apliquen las mismas normas (igualdad formal) y que a todos se nos trate de la misma manera (igualdad material), la igualdad se bifurca y, a veces, se viola.

La Constitución establece un conjunto de derechos prestacionales en favor de la población. Pensemos en algunos ejemplos paradigmáticos: medio ambiente sano, vivienda digna, salud y educación de calidad. A partir de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos del año 2011 nuestro país entró en un proceso altamente dinámico de reconocimiento en los hechos de los derechos humanos. Interesantes asuntos resueltos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación han ido creando precedentes y jurisprudencia firme interpretando su carácter universal y progresivo. No todos los derechos prestacionales son derechos humanos, pero algunos de ellos tienen esa doble presentación, envoltura, etiqueta.

Los llamados “derechos programáticos”, hoy son verdaderos derechos prestacionales para los cuales el Estado tiene que presupuestar recursos ejercer un gasto responsable y ponderar entre distintos valores constitucionales para administrar el gasto. Así, por ejemplo, el gobierno tendrá que decidir en una situación de recursos escasos entre mejorar las condiciones de una cárcel o destinar el dinero a una campaña de vacunación contra la difteria de los niños en poblaciones vulnerables, y así sucesivamente.

Por otra parte, y para coadyuvar en este proceso evolutivo, ya no es solamente el Estado el único obligado a materializar en los hechos los derechos reconocidos en la Constitución, sino que es la sociedad, colectivamente hablando, quien a partir de un principio de solidaridad está obligada a colaborar en el cumplimiento de las metas constitucionales. Dejarle todo al Estado es una actitud que el ordenamiento jurídico rechaza.

¿Será cierto que todos los mexicanos son iguales ante la ley? ¿De qué manera el Estado mexicano, puede coordinarse con otros actores políticos (entidades federativas y municipios) y con actores del sector privado para potencializar los derechos y hacerlos realidad?

El derecho al medio ambiente sano, para ejemplificar, implica que el ciudadano cumpla con el deber de no contaminar, aunque a la vez sea el sujeto activo de ese derecho constitucional. De la misma manera, para gozar del medio ambiente, los vecinos tienen el deber de no hacer ruidos por encima de los máximos permisibles señalados por la legislación administrativa aplicable. Si ese mexicano decide contaminar, está lastimando el derecho prestacional de todos. Si un ciudadano decide demandarlo en tribunales, a todos nos cuesta el servicio de impartición de justicia. Todos los derechos cuestan.

Similarmente, el derecho a la vivienda digna lo cumple no sólo el Estado sino los empresarios que construyen casas para los consumidores apegándose a las normas que regulan la edificación de ese tipo de inmuebles junto con las normas irrenunciables que prevén cierto contenido contractual mínimo. El conciudadano afectado por la falta de observancia de dichos deberes pudiera solicitar el poder coactivo del Estado el cese de esa inobservancia. Nuevamente, la actuación del Estado para proteger ese derecho, también implica el ejercicio del gasto público, que todos sufragamos para que funcionen los poderes judiciales o las instancias administrativas de índole tutelar.

Respecto del derecho a la salud valen los mismos parangones. Desde el fumador que daña a los demás (sin intención, evidentemente) hasta las empresas que deben advertir riesgos a los consumidores sobre el consumo o uso de ciertos bienes o productos. La educación, a partir de las últimas reformas, ahora debe ser de calidad, no sólo la que imparta el Estado sino toda la educación obligatoria (preescolar, primaria, secundaria y media superior) y ahí los empresarios tienen mucha tarea por cumplir (materiales, métodos educativos, organización escolar, infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos) para garantizar el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

Cada que un mexicano viola el derecho de otro, malgasta el dinero de los demás a la vez que erosiona los endebles cimientos de nuestro Estado de Derecho. Si la población al leer la Constitución no advierte en ella que junto con los derechos otorgados hay deberes impuestos, no podremos combatir la cultura de la ilegalidad.

Los juristas, desde la academia y la dogmática jurídica, debemos inducir a que la sociedad advierta la transformación que el Derecho ha tenido. Los juristas tenemos que colaborar con el legislador y con los jueces a asignar contenidos normativos a los preceptos constitucionales. Tenemos que socializar el Derecho para hacerlo accesible a la gente. Solamente así habrá un Estado de Derecho.

 

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