Artículos Periódico Noroeste

Escuelas Patito (Noroeste,18 nov 2016)

Escuelas Patito

Fernando García Sais

Notario 210 del Estado de Sinaloa

www.garciasais.com.mx

@FGarciaSais

El derecho a la educación es un derecho de rango constitucional y de naturaleza prestacional, esto último, en lo que se refiere a la educación obligatoria que abarca desde preescolar hasta la media superior, que es la educación que la Constitución señala como obligatoria. La educación básica (conformada pues por kínder, primaria y secundaria) y la media superior son obligatorias.

Además, el derecho a la educación, dice la propia Constitución, debe ser de calidad, y el Estado lo garantizará. La calidad en la educación obligatoria implica, por lo menos, que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. “Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos”. Todo ello se contiene en la Carta Magna.

Paralela y complementariamente, dicha educación de calidad obligatoria, con independencia de si se imparte en negocios privados o en escuelas públicas, debe ser laica (sin orden clerical e independiente de cualquier confesión religiosa). Consecuentemente, la educación debe basarse en “los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios” (Artículo 3º).

Desde la iniciativa privada se puede, evidentemente, hacer negocio con la educación. Sin embargo, dicha actividad por ser de interés social y público, debe ceñirse a la Constitución y a la ley. No sólo es Estado queda obligado. También el sector privado. El negocio de la educación no es como cualquier otro emprendimiento mercantil. El interés público subyacente irradia deberes especiales para los empresarios de la educación.

Los precedentes en el Poder Judicial de la Federación son ilustrativos de lo que está aconteciendo nacionalmente y hay una clara tendencia a imponer sobre los centros educativos (privados y públicos) deberes, sobre todo, tratándose de menores de edad por el principio de interés superior del menor, para así, proteger la dignidad e integridad del menor garantizando el ejercicio efectivo de su derecho a la educación en un ambiente libre de violencia o acoso escolar.

Con la herramienta de las acciones colectivas, es posible llevar a juicio a las “escuelas patito”, a aquellas que no cumplen con sus deberes y lesionan los derechos de los niños y de los padres de familia. En el largo plazo, lesionan la productividad del país. La acción colectiva reuniría a un grupo de padres de familia en defensas de los intereses de sus hijos menores y permitiría que un juez federal obligará al centro educativo a cumplir con el contrato educativo, incorporando en él todos los derechos de fuente constitucional aludidos y, enriquecidos, en los precedentes de los tribunales federales y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Algunas organizaciones no gubernamentales han hecho loables esfuerzos (como Mexicanos Primero) para que las escuelas públicas cumplan con los imperativos constitucionales e impartan educación de calidad. Tuve el honor de apoyarles con algunas ideas para la formulación de una acción colectiva precisamente en el tema educativo.

Sin embargo, la energía se ha concentrado en las escuelas públicas y observo una inacción, un silencio generalizado tratándose del mismo reclamo hacia negocios privados. En ocasiones, hay escuelas públicas que cuentan con mejores docentes (reciben mejores prestaciones y salarios) aunque la infraestructura, los materiales y los métodos educativos no sean los óptimos.

Los padres de familia y las asociaciones respectivas cuentan con instituciones jurídicas ágiles y relativamente sencillas para preservar los derechos. La herramienta de las acciones colectivas para relaciones de consumo constituye un parteaguas en la asignación de derechos. Sería deseable, empero, que las acciones judiciales fueran subsidiarias y que el trabajo conjunto de padres de familia y escuelas privadas abonara en una mejor educación para el llamado “futuro de México”.

 

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