Fernando García Sais
Notario Público 210 de Sinaloa
@FGarciaSais
Para que México avance es fundamental mejorar en, al menos, dos aspectos: la educación preescolar, primaria, secundaria y preparatoria y construir un sistema nacional de impartición de justicia que funcione adecuadamente. Sin educación y sin justicia en serio, será imposible construir el tipo de país que algunos anhelamos y otros boicotean.
La corrupción que contamina a parte del sector público y a parte del privado en un contubernio pecaminoso, inmoral, e ilícito, por supuesto es visible de manera cotidiana. No se desaparecerá ni por decreto ni espontánea ni mágicamente. La corrupción se enfrenta, precisamente, con un sistema educativo que transmita valores y con un aparato de justicia efectivo y eficiente (en el más amplio sentido que abarca desde la investigación por parte de los ministerios públicos, pasando por los tribunales y el sistema penitenciario) que asigne derechos y obligaciones, impute delitos y envíe a la cárcel a quien lo merezca.
Las escuelas deberían ofrecer de manera homogénea, a lo largo y ancho del país, un mismo modelo educativo, contar con la misma infraestructura, sin importar el código postal. La desigualdad, que tanto daño nos ha hecho y nos seguirá haciendo por muchos años más, tiene su origen precisamente en la discrecionalidad que el Estado ejerce en el control de la calidad de las escuelas, públicas y privadas.
Los abogados, quienes tenemos el monopolio de las leyes, hemos quedado muy mal y a deber a las generaciones futuras. Por un lado, la enseñanza del Derecho basada en la memorización y repetición de normas, sacrificando la reflexión, el debate y la visión de interés público; y por otro lado, el ejercicio de la profesión que, en ocasiones, trastoca elementos éticos torales, han contribuido a que el sistema de justicia sea pobre y, en cierta medida, también corrupto.
En “Why Nations Fail” (Porqué los países fracasan) los profesores Acemoglu y Robinsson sostienen una tesis peculiar: mientras que en países como México, ganar las elecciones implique sacarse la lotería, no habrá condiciones de prosperidad para los ciudadanos. En efecto, ni la educación ni la justicia están sirviendo para frenar la corrupción, propiciando altos niveles de impunidad. Agrego: el sistema de justicia que tenemos sirve mucho para aplicárselo a los pobres y a quienes menos educación y recursos económicos tienen.
La infraestructura de nuestras ciudades, calles, carreteras, hospitales, bibliotecas, parques y los servicios públicos son visiblemente los de un país tercermundista. Y como no, si el dinero que se recauda a partir del trabajo arduo de la clase trabajadora y de los empresarios decentes, termina en la cuentas bancarias de servidores públicos que, fuera de la política, no encontrarían trabajo nunca.
Ya que casi termina el 2016, espero que el año que viene, como tradicionalmente se acostumbra en estas fechas, podamos construir instituciones políticas inclusivas de tal manera que la economía se organice para generar incentivos y oportunidades y, sin discriminación, todos prosperar. La educación y el sistema de justicia, pudieran ser un buen comienzo. La solución no vendrá dada por los actores políticos, viejos o los que asumen nuevos cargos. La respuesta viene dada por la actitud colectiva y organizada de la sociedad.
Apéndice: en Sinaloa tuvimos muy buenos servidores públicos en las áreas registrales, catastrales y notariales: el trabajo y la coordinación por y con Arturo Wilson al frente del Archivo General de Notarías ha sido espléndido particularmente en el tema de testamentos y poderes; el dinamismo de Rosa Alicia León Soto en el Registro Público de la Propiedad de Mazatlán ha favorecido la celeridad y seguridad jurídica, y la siempre disposición para resolver problemas de parte de Refugio Gastelum. ¡Éxito en sus carreras profesionales!