Derecho a (reconstruir) la ciudad (Noroeste, 20 enero 2017)

Fernando García Sais

Notario 210 del Estado de Sinaloa

www.garciasais.com.mx

@FGarciaSais

Asistimos a un momento importante, no sólo a nivel país, sino internacionalmente. En las ciudades más avanzadas del mundo, comienzan a desarrollarse e implementarse políticas púbicas tendientes a fomentar y garantizar el “derecho a la ciudad”.

El 28 de noviembre de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en la que de manera novedosa en nuestro ordenamiento jurídico nacional se introduce ese concepto jurídico del derecho a la ciudad.

Definido ahí como un principio de políticas públicas, el derecho a la ciudad es el elemento para garantizar a todos los habitantes de un asentamiento humano o centros de población el acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios básicos. Dicho principio debe interpretarse a partir de los derechos reconocidos en la Constitución y por los tratados internacionales.

Hace algunos meses tuve en mis manos un ejemplar de la investigación La reinvención del espacio público en la ciudad fragmentada, coordinada por Patricia Ramírez Kuri, en el marco del programa del doctorado en Urbanismo de la UNAM (las citas posteriores en este documento, fueron tomadas de esa publicación). Un documento que a la luz de la nueva ley general antes referida, se torna indispensable para comprender la políticas públicas urbanas, particularmente para fortalecer lo que Rabotnikof (2010) define (en la obra citada) como el “espacio público”, constituido por tres criterios básicos: 1) lo que es general, de utilidad o de interés común para todos (una comunidad o colectivo); 2) lo que se hace y desa­rrolla a la luz del día, lo manifiesto, lo visible, lo publicable y lo ostensible, y 3) lo que es de uso común, lo que está abierto y es accesible y distribuible para todos; lo apropiado por todos pero no privatizado por nadie en beneficio personal.

Como en todo, hay opiniones diferentes. Así Delgado (2011) sostiene que la concepción del espacio público es una ideología y una moda propia de los planificadores urbanos y gobiernos locales, “quie­nes conciben este concepto como un espacio vacío que sirve a las construcciones y a los negocios que rodea, y que se “llena” de modo adecuado para los objetivos de los inversionistas y los gobiernos”.

Así, Delgado sostiene que el discurso sobre el espacio público “sirve para la reapropiación capitalista de la ciudad que, bajo el argumento de la ciudadanía (cortés, consciente y bien portada), excluye y desplaza los comportamientos inapropiados de las clases bajas (vendedores ambulantes, indigentes, inmigran­tes, prostitutas, sospechosos, etcétera)”. Concluye que “se trata de ordenanzas del tipo de la “cero to­lerancia” que intentan construir un estado de excepción y excluir u ocultar la pobreza”.

Para tener las dos posturas con más polarización sobre el tema, las dos anteriores nos brindan una buena panorámica. No me queda la menor duda de que el espacio público no está al margen de los intereses ni políticos ni económicos, los cuales buscarán extraer beneficios. Sin embargo, tampoco dudo de que haya operadores políticos, intereses privados y ciudadanos que persigan que las calles, plazas, parques, paseos, equipamientos, áreas verdes sean usados para el bienestar social, explotando su dimensión social, cultural, física e, incluso, artística (como acontece con algunas ciudades con valor histórico).

A quienes vemos el espacio público, esa suma de bienes del dominio del poder público de uso común, como un lugar propicio para la libertad, para la inclusión social, para el intercambio de prácticas de la comunidad, el derecho a la ciudad no es sino una manifestación altamente democrática y, sin duda, virtuosa en la medida que a partir del principio de igualdad (que implica la no discriminación) todos cabemos en la ciudad, todos podemos usar la ciudad para actividades individuales y colectivas, en un ambiente de pluralidad social, económica y democrática.

Si queremos que la seguridad de nuestras ciudades aumente, que la violencia y el miedo social disminuyan, que los jóvenes dediquen su tiempo a actividades recreativas en lugar de destructivas (alcohol, drogas), que tengamos “mejor turismo”, en suma, si nuestro deseo es ser atractivos y no disuasivos, debemos concebir el derecho a la ciudad como un derecho humano al espacio público, espacio que tenemos que reconquistar para después reconstruir.

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¿Sigues gastando en publicar convocatorias para asambleas? ¡Cambia de asesor!

Cualquier empresario, socio o accionista de una sociedad mercantil, debió haber sido informado por su asesor corporativo que con las reformas a la Ley General de Sociedades Mercantiles (13 de junio de 2014), se modificó la forma en que deben realizarse las publicaciones de ese tipo de personas morales.

Derivado de lo anterior, está en plena operación y funcionamiento el sistema electrónico a cargo de la Secretaría de Economía, en el que deben “subirse” todas las publicaciones que deban realizarse conforme a las leyes mercantiles.

Además de la disminución considerable de costos derivados de las publicaciones en periódicos oficiales o privados así como de la disminución de posibles contingencias jurídicas por no estar, alguno de los socios o accionistas, enterados de dichas comunicaciones corporativas, el nuevo portal disponible en psm.economia.gob.mx; garantiza la publicidad de los actos jurídicos mercantiles que así lo ameriten.

 

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En el sistema de Publicaciones de Sociedades Mercantiles de la Secretaría de Economía se podrán realizar las siguientes publicaciones:

  1. Convocatoria de Asamblea General Constitutiva (Artículo 99 de la Ley General de Sociedades Mercantiles);
  2. Convocatoria para Asambleas Generales (Artículo 186 de la Ley General de Sociedades Mercantiles);
  3. Convocatoria de Asamblea de tenedores de certificados de participación (Artículo 228 s de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito);
  4. Convocatoria de Asamblea por orden de autoridad (Artículos 168, 184 y 185 de la Ley General de Sociedades Mercantiles);
  5. Acuerdo de Asamblea sobre aumento de capital social (Artículo 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles);
  6. Balance General de la negociación de sociedades extranjeras (Artículo 251 de la Ley General de Sociedades Mercantiles);
  7. Balance de las sociedades que emiten obligaciones (Artículo 212 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito);
  8. Estados financieros, notas y dictamen de los comisarios (Artículo 177 de la Ley General de Sociedades Mercantiles);
  9. Reducción del capital social (Artículo 9 de la Ley General de Sociedades Mercantiles);
  10. Acuerdos sobre fusión, último balance de cada sociedad, sistema establecido para la extinción de su pasivo (Artículo 223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles);
  11. Resolución de escisión (Artículo 228 bis, fracción V de la Ley General de Sociedades Mercantiles);
  12. Acuerdo de transformación (Artículo 228 de la Ley General de Sociedades Mercantiles);
  13. Decreto de exhibición cuyo plazo o monto no conste en las acciones (Artículo 119 de la Ley General de Sociedades Mercantiles);
  14. Acuerdo sobre distribución parcial (liquidación) (Artículo 243 de la Ley General de Sociedades Mercantiles);
  15. Balance (liquidación) (Artículo 247 de la Ley General de Sociedades Mercantiles);
  16. Resultado del sorteo para designar acciones amortizadas (Artículo 136 de la Ley General de Sociedades Mercantiles);
  17. Resultados del sorteo para designar acciones amortizadas,
  18. Publicación de acuerdos sobre distribución parcial en liquidaciones.

Si los estatutos de su empresa contienen la necesidad de hacer otro tipo de publicaciones y se constituyó después de la entrada en vigor de la reforma mencionada, debe respetar lo que señala la ley y acudir con su notario para reformar los estatutos y evitar cualquier incumplimiento.

Si la empresa se constituyó antes de la entrada en vigor de la reforma, las publicaciones las debe hacer conforme a los estatutos y conforme a la reforma, es decir, tanto de la manera tradicional como electrónica. Le sugiero reformar sus estatutos para uniformarlos con las nuevas prácticas corporativas.

¿Deben los notarios públicos retirarse a cierta edad?

La prestación del servicio notarial es de orden público e interés social. En todas las leyes locales del notariado que están vigentes en México (recordemos que la facultad para legislar en la materia está reservada a los Estados) se establece un mínimo de edad para poder acceder al notariado.

En Sinaloa, el artículo 24 de la LN pone el límite inferior de edad en los 30 años. Considerando que, de manera general, los estudiantes terminan la licenciatura a los 22-23 años, los 30 años parece una buena edad para iniciar, después de haber acumulado práctica profesional como abogado en distintos ámbitos. Un abogado a los 30 años ya pudo haber terminado un doctorado.

Lamentablemente, el aspirante a notario no sólo debe esperar tener 30 años, sino que debe ser paciente y cuando el ejecutivo estatal disponga publicar una convocatoria a examen, presentarse. Ello puede acontecer cuando al ejecutivo le plazca, en función de una discrecionalidad permitida por el marco jurídico.

Aquí surge otra limitante. Si el abogado no reside en la entidad federativa donde desea ejercer el notariado, ya que estudia en otra, como acontece regularmente en México, debe mudar de residencia para poder aspirar al notariado. No sé hasta que punto eso sea constitucional, pero me parece que puede cuestionarse. Sobre todo en un país en el que las mejores universidades no están en provincia, sino en la Ciudad de México o en ciudades grandes como Guadalajara, Monterrey, por citar algunas. Este tema lo dejo solamente apuntado, para futuras reflexiones.

Algunos de los elementos objetivos para el ingreso de nuevos notarios, es que aumente el número de la población; el de las actividades económicas y, por ende, registrales. Otro, que los notarios se retiren, voluntariamente, se les cancele su autorización o fallezcan.

En en entorno marcado por dicha discrecionalidad, me parece que sería conveniente buscar reformas a la LN que permitan abrir la puerta de acceso al notariado de tal manera que los abogados más talentosos que deseen incorporarse a la función social lo puedan hacer, no obstante no pertenecer a “familia de notario” o a otros grupos de interés.

Quienes hemos accedido al notariado con base en méritos académicos y profesionales, sabemos lo complejo del proceso, en un entorno de barreras de entrada creadas por la protección del status quo.

Paralelamente, para permitir el acceso al notariado a nuevos talentos, la LN debería jubilar automáticamente a los notarios que cumplan determinados años de edad. Sería cuestión de analizar, en el entorno del derecho comparado, nacional e internacional, cuál es la mejor práctica.

Escoger una edad de retiro puede ser caprichoso. Tenemos una predilección por los números cerrados. Alguien diría que a los 70, otros que a los 80. Es difícil ponernos de acuerdo.

Dejo, no obstante, señalado el tema para futuras reflexiones por parte de Ustedes, estimados lectores y, particularmente, de los abogados futuros notarios quienes deben estar muy interesados en este tema.

Fernando García Sais

 

 

 

 

 

 

 

No estacionarse (Noroeste,6 de enero 2017)

Fernando García Sais

Notario 210 de Sinaloa

www.garciasais.com.mx

@FGarciaSais

El Derecho es lenguaje. Similarmente a lo que acontece cuando aprendemos un idioma extranjero, el estudiante de primer ingreso a esta interesante ciencia del Derecho, está aprendiendo un nuevo lenguaje. Para entender el contenido de cualquier enunciado normativo necesitamos entender el lenguaje utilizado en la redacción normativa, al igual que tratándose de los llamados “conceptos jurídicos” (tales como “norma”, “sanción”, “coacción”).

El Derecho se dice con palabras; las normas contienen oraciones integradas por letras (símbolos) que forman palabras. Las oraciones, simples o complejas, cuando están contenidas en una norma constituyen “enunciados normativos”. Los enunciados normativos establecen conductas permitidas o prohibidas.

El legislador en general, y el hacedor de políticas públicas en particular, al momento de producir un determinado cuerpo normativo se vale de lenguaje para la creación de conceptos jurídicos, que pueden o no coincidir con lo que las palabras significan en un diccionario no jurídico.

El derecho también se expresa en signos o, si se prefiere, en símbolos. Por ejemplo, en materia de tránsito vehicular existen una porción considerable de símbolos que contienen una significación jurídica, con mandatos para los destinatarios de la norma (no estacionarse, no rebasar, límites de velocidad, por citar algunos).

Toda norma, bien esté formada por signos o símbolos o por lenguaje debe ser interpretada. La interpretación en primer término es realizada por el sujeto obligado por la norma. Esta interpretación, empero no es la interpretación “auténtica” que producen los tribunales, principalmente los constitucionales.

¿Qué significa la señal de tránsito contenida en un disco con una letra en mayúscula y cruzada desde lado superior derecho hacia lado inferior izquierdo?

Prima facie, cualquier conductor medianamente razonable dirá que se prohíbe estacionarse en un lugar determinado. Sin embargo, para los efectos de la aplicación de la norma que contiene dicha prohibición resulta trascendente y sumamente relevante determinar qué significado jurídico tiene la palabra “estacionarse”.

Estacionarse para algunos significará detener el vehículo; para otros detener el vehículo y abandonarlo, y para otros detener el vehículo y abandonarlo sin pasajeros por algún tiempo. Debemos pues acudir a la fuente creadora del concepto para definirlo.

El Derecho crea pues conceptos y les atribuye el significado que en lugar y momento determinado considera relevante el creador normativo.  El uso de lenguaje por parte de los creadores normativos no debe soslayarse y debe buscarse un uso adecuado de las definiciones normativas para que al momento de la aplicación (administrativa o judicial) el ciudadano tenga certeza jurídica de cuál es la conducta que con el lenguaje el legislador prohibió o permitió.

Revisando, tras escribir este artículo, la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa así como su Reglamento, encuentro lo que sospechaba. Se prohíbe, con ciertas peculiaridades, estacionarse en determinados lugares. Sin embargo, no se define el concepto “estacionarse”. Luego entonces, existe una laguna que puede generar incertidumbre jurídica.

Si nos atenemos a la definición que la Real Academia de la Lengua Española da al respecto, únicamente sería una infracción de tránsito cuando se deje un vehículo detenido y desocupado. Quizá los legisladores estatales pudieran empezar por atender este tipo de cuestiones. Quizá.

Si Usted tiene un hijo o conocido que esté por iniciar sus estudios jurídicos, me permito sugerirle no concentrarse demasiado en la memorización de conceptos ni, mucho menos, del Derecho Romano, éste último carente de cualquier practicidad actualmente. Mucho más útil resultará estudiar las teorías generales del Derecho como Kelsen y las aportaciones de otros juristas como Ross, Hart, Dworkin y Bobbio. Y, por supuesto, la corriente del análisis económico del Derecho.

Lamentablemente, la mayor parte de la doctrina mexicana que ha ilustrado por años a los juristas, consiste en aportar definiciones (muchas de ellas romanistas) y conceptos que poco pragmatismo efectivo tienen. Por ello, quizá, se dice que los abogados se hacen en la práctica, desaprovechando los “años maravillosos” de la época universitaria.

Cinco deficiencias del sistema de protección del consumidor (Cidac)

Les comparto este texto que generosamente me publicó CIDAC, en el que describo de manera sintética las 5 fallas del sistema de protección al consumidor en México.

Y les dejo accesos a otros artículos relacionados con el tema.

http://reddecompetencia.cidac.org/es/uploads/1/5_deficiencias.pdf

¿Mercado pro consumidor? Una reflexión del sistema mexicano de tutela del consumidor y del mercado

La transversalidad entre Competencia Económica y Consumidores (Mundo del Abogado, julio de 2013)

¿Conviene respetar al consumidor?

La información como principio y finalidad del Derecho de los Consumidores