Orden Jurídico Nacional (Noroeste, 17 febrero 2017)


Fernando García Sais 

 

Notario 210 del Estado de Sinaloa

 

 

Pasados los festejos con motivo de los 100 años de la Constitución, quedan un conjunto de reflexiones vertidas por distintos sectores de la sociedad y, muy importante, de juristas estudiosos de los fenómenos constitucionales y de un sinfín de prolegómenos vertidos por otros no tan expertos. Existe, empero, un cierto grado de unanimidad respecto de la ineficacia de la Constitución en lo que concierne a la consecución de ciertos principios y valores, como el de la igualdad.

 

 La realidad es que no es lo mismo celebrar que la Constitución tenga una vida de 100 años que celebrar que México haya vivido durante 100 años el efecto de esa Constitución. Deseable sería tener vida constitucional. Ello sería conveniente para la formación y maduración del Estado de Derecho y, naturalmente, para la producción adecuada de la totalidad del ordenamiento jurídico nacional (OJN).

 

 En efecto, todas las normas que tras 1917 se han ido produciendo dentro del OJN, algunas menos recientes que otras y con causas de nacimiento circunscritas a diversos momentos históricos marcados por fenómenos políticos o económicos diferentes, todas son producto de la misma fuente. La Constitución en sí misma contiene disposiciones que durante el transcurso del tiempo se han ido incorporando y que, en su conjunto, parecería algo así como un caleidoscopio normativo que un documento coherente, ordenado.

 

 Lo mismo acontece con el OJN. Tratados, leyes federales, códigos, leyes orgánicas, reglamentos, normas oficiales mexicanas, si bien forman parte de ese OJN, lo cierto es que entre ellas no logran comunicarse adecuadamente. Quizá habría que añadir a ese listado la jurisprudencia que produce el Poder Judicial de la Federación, como normas jurídicas creadas en sede jurisdiccional.

 

 La construcción del OJN tiene el mismo vicio que la “reformitis” en la Constitución. Aparecen nuevas leyes; otras se reforman. La agenda de los políticos ni siquiera esporádicamente incluye la revisión de si el OJN ya creado está funcionando adecuadamente, si las normas comunican eficientemente, si entre ellas existe congruencia. Cada nueva legislatura, llegan un conjunto de reformas que pretenden salvar la vida, resolver problemas que a nadie se la había ocurrido resolver mediante una nueva ley.

 

 Cuando la falta de aplicación de las normas, derivada ya del desconocimiento de las mismas por parte de la población o de la franca voluntad de no respetarlas junto con la ausencia de autoridad que, no obstante, la ignorancia o el afán inveterado de violarlas, las imponga a toda costa, produce que el ambiente de antijuridicidad se vaya tornando más en una regla que en una excepción.

 

 El OJN debe servir para regular, transformar, contender con tensiones y fricciones. Si la Constitución no ha funcionado, tampoco las normas que se han producido con su vigencia y lastimado vigor.

 

Currículum Vitae Fernando García Sais, Notario Público 210, Mazatlán, Sinaloa (actualizado a febrero de 2017)

CURRICULO

Nombre:                                             Fernando Eugenio García Sais

Nacionalidad:                                     Mexicano

Fecha y lugar de nacimiento:        1 de abril de 1975; Mazatlán, Sinaloa

Cédula Profesional:                            Licenciado en Derecho, Cédula Profesional 3377682

 

FORMACIÓN ACADÉMICA

 

LICENCIATURA                              Instituto Tecnológico Autónomo de México

Licenciatura en Derecho

1996-2000

TESIS DE LICENCIATURA             “La declaración general de inconstitucionalidad en el amparo contra leyes”

PROMEDIO GENERAL                   “9.02”, obteniendo mención honorífica por tesis y promedio.

DOCTORADO                                   Facultad de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, 2002 – 2004. Candidato a doctor.

DOCTORADO                                   Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2014 – fecha.

IDIOMAS                                          Inglés, Catalán e italiano (traducción).

ACTIVIDADES PROFESIONALES

Notario Público 210 del Estado de Sinaloa con residencia en Mazatlán, desde el 4 de febrero de 2015. 

Notario del Patrimonio Inmobiliario Federal desde el 18 de mayo de 2015.

Presidencia de la República. Director General Adjunto de Estudios Jurídicos, en la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación, de febrero de 2013 a abril de 2015.

Servicio de Administración Tributaria. Administrador Local Jurídico en Mazatlán, Sinaloa, de diciembre de 2010 a febrero de 2013.

Servicio de Administración Tributaria. Administrador Local de Servicios al Contribuyente en Mazatlán, Sinaloa, de julio de 2009 a diciembre de 2010.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Asesor del Oficial Mayor, de agosto de 2007 a junio de 2009.

Martínez, Algaba, Estrella, De Haro y Galván-Duque, S.C., de abril de 2006 a agosto de 2007.

Procuraduría Federal del Consumidor. Director de Publicidad y Normas, de octubre de 2004 a abril de 2006.

Von Wobeser y Sierra, S.C., de marzo de 2001 a octubre de 2002.

Consejo de la Judicatura Federal. Analista en la Secretaría de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos, de enero a marzo de 2001.

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Oficial Judicial, de abril de 1999 a octubre de 2000.

Notaría Pública número 74 del Distrito Federal. Pasante, de abril de 1998 a abril de 1999. 

ACADEMIA

  • ITAM. Profesor de asignatura, impartiendo la materia de “Derecho de los consumidores y responsabilidad por productos” en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, de enero de 2007 a junio de 2009.
  • ITAM. Profesor de asignatura, impartiendo la materia de “Derecho empresarial” en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, de enero de 2007 a junio de 2009.
  • ELDS. Profesor invitado de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, impartiendo la materia “Derecho de los consumidores”, desde abril de 2012.
  • UP. Profesor invitado de la Universidad Panamericana, campus Ciudad de México, impartiendo “Derecho comparado de los usuarios de servicios financieros” en el Curso de Actualización de la Reforma Financiera de 2014.
  • ELD. Diplomado en Derecho Regulatorio, Escuela Libre de Derecho, Ciudad de México, 15 de julio de 2016.
  • XIII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, Ciudad de México, 3 de febrero de 2017.

 

OTRAS ACTIVIDADES Y CARGOS

  1. Miembro Fundador del Colegio de Abogados Egresados del ITAM, abril de 2016.
  2. Vocal del Colegio de Abogados Egresados del ITAM, abril de 2016.
  3. Miembro del Consejo Estatal de Notarios de Sinaloa, desde 2015.
  4. Miembro de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, desde 2015.
  5. Columnista invitado en la Sección Negocios del periódico Reforma, desde enero de 2014.
  6. Columnista invitado en NewsWeek en Español, desde octubre de 2014.
  7. Miembro del Consejo Asesor de la Editorial Tirant Lo Blanch para la colección “El derecho en la práctica en México”, desde 2013.
  8. Secretario de Qué Funciona para el Desarrollo, A.C., desde 2013.
  9. Columnista de opinión en el periódico Noroeste, desde 2011.

 

CONFERENCIAS RELEVANTES

  1. Derechos humanos de los usuarios de transporte aéreo. Congreso en Derecho Aeronáutico, ITAM, México, D.F., 29 de agosto de 2014.
  2. Acciones colectivas, un análisis de la acción de grupo de Profeco contra Nextel. Taller de acciones colectivas, CIDAC, A.C., México, D.F., 26 de septiembre de 2013.
  3. Acceso a la justicia y acciones colectivas, Mazatlán Forum Crossborder Collaboration, Mazatlán, Sinaloa. 8 de marzo de 2013.
  4. Procedimiento y sentencia en las Acciones Colectivas. Seminario: Acciones colectivas en materia de protección al ambiente. Academia Mexicana de Ciencias, A.C. 26 de octubre de 2012.
  5. Consumidores, competencia y publicidad, Seminario: El derecho a la información de los consumidores y la publicidad responsable. Instituto de Investigaciones Jurídicas-COFEPRIS-PROFECO, México, D.F. 17 de mayo de 2012.
  6. Derecho de los consumidores y Competencia. Una política que mitigue las asimetrías. En el Ciclo de conferencias: Los derechos del consumidor hoy y mañana, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM-PROFECO, México, D.F., 5 de noviembre de 2011.
  7. Legitimación y representación adecuada. Diplomado sobre Acciones Colectivas, Instituto de la Judicatura Federal. Escuela Judicial, México, D.F., julio de 2011.
  8. El Acceso a la Justicia: grandes retos para 2010. Universidad Autónoma de Sinaloa, Mazatlán, 15 de enero de 2010.
  9. La tutela colectiva de los derechos e intereses colectivos y difusos de los consumidores como derechos humanos de cuarta generación. Universidad Autónoma de Sinaloa, Mazatlán. 15 de noviembre de 2009.
  10. El acceso a los consumidores a la justicia a través de acciones colectivas. Seminario sobre Acciones Colectivas organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación-Senado-ITAM, México, D.F., 28 de marzo de 2008.
  11. Insuficiencias de los actuales instrumentos de protección al consumidor. ITAM. Congreso Internacional sobre acciones colectivas, México, D.F., 15 de noviembre de 2007.
  12. Publicidad engañosa y consumidores. Primer Seminario Internacional. Consejo Nacional para la Autorregulación y Ética Publicitaria (CONAR). México, D.F., junio de 2006.
  13. Misleading advertising, the Mexican regulations. Television Association of Programmers- PROFECO, mayo de 2005. Miami, Florida.
  14. La responsabilidad frente a los consumidores por productos defectuosos. International Chamber of Commerce (ICC) Capítulo Mexicano. México, D.F., 2005.

PUBLICACIONES    LIBROS

  1. Estado, Mercado y Derecho, Ed. Tirant Lo Blanch, México, 2014, prólogo del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Dr. José Ramón Cossío Díaz.
  2. Jurisprudencia del Consumidor, Ed. Tirant Lo Blanch- ITAM, México, 2012, prólogo del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Dr. José Ramón Cossío Díaz.
  3. Derecho de los Consumidores a la Información. Una aproximación a la publicidad engañosa en México. Ed. Porrúa-ITAM, México, 2007, prólogo del Jefe del Departamento de Derecho del ITAM, Dr. José Roldán Xopa.
  4. Derecho Concursal Mexicano. Ed. Porrúa, México, 2005, Prólogo del Director del Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, Dr. Luis Manuel C. Méjan.

 

LIBROS COLECTIVOS

Las acciones colectivas en el Derecho Mexicano. Influencia de la legitimación procesal y de la representación adecuada sobre la cosa juzgada en las acciones colectivas, Ed. Tirant Lo Blanch- CIDAC, México, 2013.

ARTÍCULOS EN REVISTAS

  1. Los notarios salen en defensa de los consumidores. Revista Mundo del Abogado, enero de 2017.
  2. Los tratos preliminares en los contratos. Revista Mundo del Abogado, febrero de 2016.
  3. Es hora de regular la hipoteca inversa. Revista Mundo del Abogado, septiembre de 2015, México.
  4. Hablemos menos de justicia y más de bienestar. Revista Mundo del Abogado, enero de 2015, México. 
  5. El carácter regresivo de la regulación de las acciones colectivas. El Foro, Barra Mexicana, Colegio de Abogados, número 2, segundo semestre 2014. 
  6. Servicios financieros, acciones colectivas y competencia. Revista Mundo del Abogado, julio de 2014, México.
  7. Cinco deficiencias del sistema de protección al consumidor. CIDAC-Red Mexicana de Competencia y Regulación, marzo de 2014, México.
  8. El test de la relación de consumo. Revista Mundo del Abogado, marzo de 2014, México.
  9. Delimitación y alcances de las nociones de consumidor y proveedor en México. CIDAC-Red Mexicana de Competencia y Regulación, febrero de 2014, México.
  10. La acción de grupo de Profeco vs Nextel 2012: el consumidor impostor. CIDAC-Red Mexicana de Competencia y Regulación, octubre de 2013, México.
  11. La transversalidad entre competencia económica y consumidores. Revista Mundo del Abogado, julio de 2013, México.
  12. Legitimación y representación adecuada en las acciones colectivas (y su influencia sobre la cosa juzgada). Revista del Instituto de la Judicatura Federal, Número 32, 2011, México.
  13. La información como principio y finalidad del Derecho de los Consumidores. Revista Abogado Corporativo, Número 24, julio-agosto, 2011, México.
  14. Notarios públicos como autoridad en el juicio de amparo. Revista Mundo del Abogado, mayo de 2011, México.
  15. ¿Conviene respetar al consumidor? Revista Dirección Estratégica. La Revista de Negocios del ITAM, no. 33, marzo de 2011, México.
  16. La nueva realidad empresarial. Revista Bien Informado, Número 309, Mayo de 2010, Culiacán, México.
  17. Usuarios de servicios financieros, consumidores y acciones colectivas. Revista Mundo del Abogado, abril de 2010, México.
  18. Acceso a la Justicia: los grandes retos en México para 2010. Revista Politeia, Número 42, año 4, marzo de 2010, Culiacán, México.
  19. Falsos consumidores. Revista Letras Jurídicas, Volumen 19, enero-junio de 2009, Veracruz, México.
  20. El Código Pabi bajo la lupa: los consumidores olvidados. Revista Abogado Corporativo, Número 9, junio-julio, 2009, México.
  21. Las listas negras de la Profeco. Revista Mundo del Abogado, abril de 2009, México.
  22. Acciones colectivas en defensa del consumidor. Revista Mundo del Abogado, febrero de 2009.
  23. En qué consiste el engaño. El Universal. 7 de febrero de 2009, México.
  24. Competencia económica y derecho de los consumidores. Revista Iuris Tantum, número 19, diciembre de 2008, México. En coautoría con Xavier Ginebra Serrabou.
  25. Hacia las acciones colectivas en materia de protección al consumidor. Revista Abogado Corporativo, Número 7, septiembre-octubre, 2008, México.
  26. El enfriamiento del consentimiento en contratos con consumidores. Revista Abogado Corporativo, Número 3, enero-febrero, 2008, México.
  27. La publicidad engañosa y la población vulnerable. Revista Dirección Estratégica. La Revista de Negocios del ITAM, no. 25, año 6, marzo-mayo 2008, México.
  28. Día Mundial del Consumidor. Revista Mundo del Abogado, abril de 2008, México.
  29. El enfriamiento del consentimiento en contratos con consumidores. Revista Trilogía, Número 4, Año 1, noviembre, 2007, México.
  30. Las penas con pan son menos: el daño moral. Revista Mundo del Abogado, abril de 2007.
  31. Efectos de la publicidad engañosa sobre la validez de los contratos celebrados con consumidores. Revista de Derecho Privado del Instituto de Investigaciones Jurídicas, números 9-10, 2005, México.
  32. La eficacia jurídica contractual de la publicidad en los contratos con consumidores. Revista de Derecho Privado del Instituto de Investigaciones Jurídicas, números 9-10, 2005, México.

DISTINCIONES

  1. Aspirante a la Comisión Federal de Competencia Económica con una de las mejores 35 calificaciones, de conformidad con la determinación del Comité de Evaluación (publicación en el Diario Oficial de la Federación de 12 de agosto de 2013).

 

Febrero de 2017

Los notarios salen en defensa de los consumidores (Mundo del Abogado, enero de 2017)

Notariado y consumidores

Fernando García Sais[1]

 

La formación de los notarios en México es primordialmente práctica y autodidacta. No tengo conocimiento de que alguna de las mejores universidades del país contemplen en sus planes de estudio de licenciatura la asignatura de “Derecho Notarial” o alguna equivalente. El interesado debe “pasantear”[2] o incorporarse como abogado a alguna firma notarial o desde los despachos corporativos vincularse con la práctica notarial.

 

Como ha sido característico de la literatura jurídica mexicana que se ha producido en el país, a partir del modelo educativo del Derecho que imperó en muchas universidades y escuelas, basado en la memorización de normas y en su reproducción, la dogmática jurídica notarial es un claro ejemplo de ese modelo. La oportunidad para las nuevas generaciones de notarios es la de comenzar a producir dogmática diferente que no se limite a concentrar compendios normativos o formularios, sino que racionalice la actividad del notario, los derechos de los usuarios de las notarías y el papel del notario como agente económico en un mercado que busca combatir los monopolios y proteger al consumidor, en un entorno de primacía de los derechos humanos.

 

Los libros que hasta la fecha se mantienen en las bibliotecas de los notarios mexicanos como clásicos y esenciales son el de “Derecho Notarial” del notario Don Bernardo Pérez Fernández del Castillo, de Editorial Porrúa[3] y el de notario Jorge Ríos Hellig, intitulado “La Práctica del Derecho Notarial”, de editorial McGrawHill[4]. Sin duda, son grandes libros que contienen una visión general y, en algunos temas, detallada de la función notarial.

 

Sin embargo, a pesar de la alta calidad de esas obras, tienen una notable área de oportunidad: son libros que se inscriben en esa manera tradicional de explicar el Derecho y no mencionan, ni por asomo, la existencia de derechos de los consumidores finales (de esos que regula la Ley Federal de Protección al Consumidor) que los notarios debemos preservar en nuestras escrituras públicas, ni temas de Derecho Económico como los relativos a concentraciones empresariales[5] que, a través de fusiones u otros actos, pudieran generar prácticas monopólicas.

 

La doctrina jurisprudencial del consumidor y del notariado es inexistente, por la ausencia de litigios que planteen esos temas. En una consulta realizada el día 9 de noviembre de 2016 en el Semanario Judicial de la Federación por Internet, no aparece un solo registro que haga referencia a una relación entre notarios y consumidores.[6] Resulta, al menos, curioso que –a pesar de las continuas violaciones a los derechos de los consumidores— no haya litigios sobre estos temas así como tampoco hay noticias de intentos legislativos por tratar de reforzar el derecho a la información y la protección del consumidor en sede notarial.[7]

 

En un ambiente de mercado con alta presencia de monopolios, así como de diversas prácticas monopólicas (absolutas y relativas), la posición del consumidor –en tanto y en cuanto destinatario final de bienes y servicios— ha demostrado su vulnerabilidad y fragilidad. El notariado es—y debe ser en mayor intensidad— un gran aliado del consumidor.

 

“La función del notario contribuye al orden público, a la tranquilidad de la sociedad en que se actúa y da certeza que es una finalidad del derecho”, dice Bernardo Pérez Fernández del Castillo[8]; “[e]l notario del Distrito Federal [y los de los Estados, también] es un particular […] que ejerce la carrera u oficio notarial, brindando seguridad jurídica y certeza en las transacciones de las que da fe, siempre guardando una completa imparcialidad”.[9] Este último autor agrega que “[e]l notario nunca debe intervenir en asuntos relacionados con actos ilegales y, aunque goza de autosuficiencia y autodeterminación, su actuar siempre deberá permanecer dentro de un marco de legalidad[10].”

 

El notario (su función), en efecto, ha sido puesto por las instituciones del Estado mexicano para coadyuvar con él, incluso transfiriéndole obligaciones con el carácter de solidarias, como acontece en materia fiscal al calcular, retener y enterar impuestos y derechos. El tema de la tutela de los consumidores reviste trascendental importancia para el fortalecimiento de la economía de mercado y el Estado de Derecho, como un aspecto más de la legalidad que los notarios cuidamos en nuestras escrituras.

 

Lamentablemente, como he dejado asentado, no existe a nivel legislativo, ni en la doctrina jurídica ni en la jurisprudencial, regulación alguna entre la función notarial y la tutela de los consumidores. No obstante, dicha vinculación surge, naturalmente, en aras de proteger la legalidad y seguridad jurídica (de los consumidores), funciones que los notarios realizamos cotidianamente.

 

La tutela de los consumidores es de fuente constitucional. Prevista en el artículo 28, dentro del llamado capítulo económico y en el contexto de una economía de mercado sobre la cual se sustenta la política económica del país. Sus efectos (los de la tutela) se irradian hacia todo el ordenamiento jurídico (en todas las materias en las que haya consumidores: vivienda, salud, telecomunicaciones, transporte, etc.) y hacia todos los ámbitos (federal, estatal y municipal)[11]. La Constitución de 1917 es la fuente originaria y su valor es desarrollado legislativamente por la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), su Reglamento y un conjunto de normas oficiales mexicanas. Contamos, además, con un buen repertorio de doctrina jurisprudencial y de precedentes que deben guiar la interpretación su aplicación[12].

 

En el tema de las transacciones inmobiliarias en las que participen consumidores, la Constitución establece que “[t]oda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa” (art. 4º), constituyendo un derecho fundamental; y la LFPC establece la obligatoriedad de que dichas operaciones se documenten en un contrato de adhesión[13], con ciertos elementos informativos mínimos y, desde luego, sin cláusulas abusivas (las que se tienen por no puestas, en caso de utilización).

 

Esa posición jerárquica especial del consumidor en nuestro Derecho, imprime a los notarios públicos, la “necesidad-urgencia” de que en todas las operaciones jurídicas en las que se dé una relación de consumo, nos asumamos como garantes de la legalidad y del respeto a ese tipo de derechos (con un alto ingrediente social y económico).

 

Para hacer realidad la legalidad en materia de consumidores, vislumbro varias vías, complementarias entre sí:

 

  1. Celebración de convenios.- La autoridad federal (Profeco) pudiera celebrar convenios de colaboración con los notarios en lo individual o con el Colegio Nacional del Notariado Mexicano o con los Consejos Estatales (de acuerdo con la denominación de cada entidad federativa), para que se obliguen a (i) incorporar en la escritura el número del contrato de adhesión y la fecha de su registro ante Profeco y agregar el contrato de adhesión utilizado en la transacción; (ii) informar sobre la utilización de cláusulas que la autoridad vaya calificando como abusivas para que los notarios las rechacen en las escrituras; (iii) difundir una lista de notarios que se adhirieron al convenio (para que los consumidores puedan elegir de entre ellos al que más confianza le tengan).[14]
  2. Promover homologación nacional y reforma legal. – Para que los registros públicos de la propiedad rechacen la inscripción de las escrituras públicas que no contengan la certificación notarial de haberse cerciorado de la existencia de un contrato de adhesión y de que no se contienen cláusulas abusivas. Mientras la reforma legal sucede, pudiera considerarse la suscripción de convenios con los registros públicos, las autoridades y los notarios[15].La adquisición de inmuebles (destinados a casa habitación) es uno de los primordiales y principales actos de consumo que una persona realiza en su vida productiva. Graves problemas económicos y daños patrimoniales y morales pueden evitarse, cuando los actos jurídicos que formalizan las adquisiciones de esos inmuebles pasen por una notaría. La protección del patrimonio de los consumidores se logra en las notarías. Espero que, en el futuro cercano, el notariado nacional asuma la conciencia debida sobre los grandes retos que la protección al consumidor debe representar, en sede notarial.

[1] Notario Público 210 de Mazatlán, Sinaloa

Lic. En Derecho por el ITAM

Doctorando en Derecho por la UNAM

Miembro del Consejo Directivo del Colegio de Abogados Egresados del ITAM

www.garciasais.com.mx

@FGarciaSais

[2] Tuve el honor de hacer prácticas notariales durante mi época de pasante en la notaría 74 de la Ciudad de México a cargo de Don Javier Arce Gargollo, mientras estudiaba la carrera en el ITAM.

[3] Tengo a la mano la décimo sexta edición, México, año 2009.

[4] Tengo a la mano la séptima sexta edición, México, año 2007.

[5] En la página 161, Ríos Hellig menciona sobre la notificación a la Comisión Federal de Competencia que deben hacer los agentes económicos, sin profundizar sobre aspectos sustantivos del tema.

[6] Probablemente, la fuente del problema reside en el hecho de que la legislación notarial es de competencia estatal, a diferencia de las normas de consumo y de competencia que son federales. Sin embargo, ello no debe ser un obstáculo; al contrario, debe superarse y debe haber voluntad gremial e institucional para ello.

[7] En España, desde 1998, la Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación impone a los notarios y registradores de la propiedad la obligación de no autorizar ni inscribir, respectivamente, aquellos negocios jurídicos en los que se pretenda incorporar cláusulas abusivas declaradas nulas por una sentencia inscrita en el Registro de Condiciones Generales. Incluso, el Reglamento Notarial establece que el derecho de elección del notario pertenece siempre al consumidor. Los españoles han entendido la relevancia del tema, como puede verse.

[8] Op. Cit. pp. 174-175.

[9] Op. Cit. p. 51.

[10] Ibídem. p. 54.

[11] La protección de los consumidores, en una economía de mercado, merece el mayor cuidado por parte de todos los operadores involucrados. En México, los antecedentes legislativos federales datan de 1974 y a partir de 1983 se reconoció en la Constitución, precisamente dentro del llamado “capítulo económico”, particularmente en el artículo 28 que, de manera coherente y consistente, prohíbe los monopolios, las prácticas monopólicas y eleva a rango constitucional los derechos de los consumidores.

[12] Cfr. García Sais, Fernando. Jurisprudencia del Consumidor, Ed. Tirant Lo Blanch-ITAM, México, 2012.

[13] La revisión por parte del notario de un contrato de adhesión revista especial trascendencia dado que, a diferencia de lo que acontece con los contratos libremente negociados, el consumidor no negocia las cláusulas, sino que sólo se adhiere a una operación (“take it or leave it”). De ahí la importancia de contar con dicho documento pues en él en donde se recogen los elementos informativos esenciales de la transacción, habida cuenta que aplican algunos principios interpretativos como el de interpretación contra proferente o estipulante, la regla de la integración publicitaria del contrato (para incorporar lo prometido o sugerido en la fase pre-negocial), la de nulidad de la cláusula abusiva y el principio de conservación del contrato en todo lo que beneficie al consumidor. Cfr. Tesis I.4o.C.39 C (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, septiembre de 2016, Tomo IV, Materia Civil, p. 2647. Sobre otros principios del Derecho de los Consumidores, García Sais, Fernando. Derecho de los consumidores a la información, Ed. Porrúa-ITAM, México, 2007.

 

[14] La participación de Infonavit y Fovissste, sería crucial. Incluso, las instituciones financieras que otorgan créditos hipotecarios podrían beneficiarse de ese tipo de convenios.

[15] Es importante preservar la igualdad de los consumidores en la aplicación de la ley y que estos convenios y acciones se lleven a cabo a nivel nacional.

Obesidad constitucional y centenario fracaso (Reforma, 2 febrero 2017).

captureFernando García Sais

Notario 210 de Sinaloa

www.garciasais.com.mx

@FGarciaSais

 

El 5 de febrero de 1917 se promulgó y entró en vigor tres meses después. La Constitución es la ley suprema del país. Organiza al Estado mexicano, distribuye competencias, regula los Poderes de la Unión; sirve de fundamento para la producción normativa; es sustento de los actos de las autoridades y de las personas (por aquello de la horizontalidad de los derechos humanos).

Como lo han advertido constitucionalistas eminentes de la talla de Diego Valadés, José Ramón Cossío, Héctor Fix Zamudio, Héctor Fix Fierro y Miguel Carbonell (et al.), nuestra Constitución ha sido objeto de un número alto de reformas. El texto original tenía 22mil palabras. Hoy supera las 66mil palabras. Con esa medición, en términos cuantitativos, podemos decir que la CPEUM ha crecido tres veces su tamaño. Los 136 artículos que la componían, hoy ahí están (no hay nuevos artículos) pero han sufrido de una obesidad constitucional terrible.

La obesidad de la ley suprema genera otras enfermedades: el texto es ininteligible. En ese proceso reformador, la dicción de la CPEUM ha ido adquiriendo un nivel de complejidad que no es accesible para la mayoría de los ciudadanos. Para comprender algunos artículos se necesita ser experto, ya no en Derecho, sino en otras ciencias o técnicas (telecomunicaciones, p. ej.). Hoy, sin duda estamos en frente de un documento jurídico y político que no tiene mucho que ver con su versión original de hace 100 años.

En las bibliotecas, públicas, privadas o de un estudiante de Derecho, la peor inversión de los últimos años ha sido precisamente el libro más importante que nos rige. Se reforma tanto y tan seguido que es muy complejo estar al día. Para saber qué dice la Constitución, mejor hay que revisar el Diario Oficial de la Federación porque en una de esas ese mismo día se publicó alguna extravagancia política “juridificada”, que más que dirigirse al pueblo constituyen entendimientos entre las fuerzas políticas del país, quienes han encontrado en la Constitución el canal de comunicación por antonomasia. Este es otro padecimiento que se une a los anteriores.

Ahora con motivo de la conmemoración de sus primeros 100 años, es un buen momento para que reflexionemos entorno a si, esa Constitución que en su momento fue considerada, por los expertos, como un documento novedoso por su alto contenido social, reflejado en algunas de sus normas que –producto de la Revolución Mexicana— contenían derechos sociales (como el derecho a la educación, salud, derecho de los trabajadores y de los campesinos), hoy puede aspirar a ser un instrumento al servicio de la población para generar bienestar social y disminuir la desigualdad. Evidentemente, si la respuesta es positiva, hay que voltear a ver a los operadores jurídicos para determinar si la comunidad de juristas estamos preparados para dicha aventura.

Como ha dicho el doctor José Ramón Cossío, ilustre académico y ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los constitucionalistas mexicanos en 1917 no estaban pensando que esos derechos sociales fueran efectivamente exigibles por la población (ni el Estado otorgarlos). No se concibieron, pues, como derechos de prestación. Era un mero reconocimiento en papel de derechos sociales sin significado normativo para el gobierno pues se trataba de “derechos programáticos”, sujetos a disponibilidad de recursos.

Precisamente, por esa visión programática y no prestacional, se ha fortalecido una estructura social en la que sólo pocos tienen acceso a todo (educación, salud, infraestructura urbana, servicios públicos, etc.) mientras que muchos no han encontrado la manera de acceder a mayores oportunidades y, por otro lado, desde el gobierno los incentivos para administrar eficientemente los recursos presupuestales no son tan contundentes, propiciando su manejo arbitrario y poco transparente.

El gran fracaso de la Constitución del 17 queda patente, la obesidad constitucional es lo de menos. El reto para las actuales generaciones, no sólo de juristas y de las Escuelas de Derecho, sino también de los operadores políticos, es el rompimiento de la arraigada cultura de la “apatía constitucional”, distanciada de la igualdad y del bienestar social, para transitar hacia un nuevo modelo que genere las condiciones que favorezcan la construcción de un sistema jurídico moderno que incremente la calidad de vida de los gobernados y potencialice sus derechos humanos.

Para que México salga bien librado de las amenazas externas (de otros países) e internas debemos, con y desde la Constitución, disminuir la desigualdad, crear oportunidades y aumentar la calidad de vida, lo que en su conjunto fortalecerá nuestras instituciones y seremos más soberanos. Una Constitución que no busca la prosperidad de su pueblo, va perdiendo mucho de valor.