Artículos Periódico Reforma

Obesidad constitucional y centenario fracaso (Reforma, 2 febrero 2017).

captureFernando García Sais

Notario 210 de Sinaloa

www.garciasais.com.mx

@FGarciaSais

 

El 5 de febrero de 1917 se promulgó y entró en vigor tres meses después. La Constitución es la ley suprema del país. Organiza al Estado mexicano, distribuye competencias, regula los Poderes de la Unión; sirve de fundamento para la producción normativa; es sustento de los actos de las autoridades y de las personas (por aquello de la horizontalidad de los derechos humanos).

Como lo han advertido constitucionalistas eminentes de la talla de Diego Valadés, José Ramón Cossío, Héctor Fix Zamudio, Héctor Fix Fierro y Miguel Carbonell (et al.), nuestra Constitución ha sido objeto de un número alto de reformas. El texto original tenía 22mil palabras. Hoy supera las 66mil palabras. Con esa medición, en términos cuantitativos, podemos decir que la CPEUM ha crecido tres veces su tamaño. Los 136 artículos que la componían, hoy ahí están (no hay nuevos artículos) pero han sufrido de una obesidad constitucional terrible.

La obesidad de la ley suprema genera otras enfermedades: el texto es ininteligible. En ese proceso reformador, la dicción de la CPEUM ha ido adquiriendo un nivel de complejidad que no es accesible para la mayoría de los ciudadanos. Para comprender algunos artículos se necesita ser experto, ya no en Derecho, sino en otras ciencias o técnicas (telecomunicaciones, p. ej.). Hoy, sin duda estamos en frente de un documento jurídico y político que no tiene mucho que ver con su versión original de hace 100 años.

En las bibliotecas, públicas, privadas o de un estudiante de Derecho, la peor inversión de los últimos años ha sido precisamente el libro más importante que nos rige. Se reforma tanto y tan seguido que es muy complejo estar al día. Para saber qué dice la Constitución, mejor hay que revisar el Diario Oficial de la Federación porque en una de esas ese mismo día se publicó alguna extravagancia política “juridificada”, que más que dirigirse al pueblo constituyen entendimientos entre las fuerzas políticas del país, quienes han encontrado en la Constitución el canal de comunicación por antonomasia. Este es otro padecimiento que se une a los anteriores.

Ahora con motivo de la conmemoración de sus primeros 100 años, es un buen momento para que reflexionemos entorno a si, esa Constitución que en su momento fue considerada, por los expertos, como un documento novedoso por su alto contenido social, reflejado en algunas de sus normas que –producto de la Revolución Mexicana— contenían derechos sociales (como el derecho a la educación, salud, derecho de los trabajadores y de los campesinos), hoy puede aspirar a ser un instrumento al servicio de la población para generar bienestar social y disminuir la desigualdad. Evidentemente, si la respuesta es positiva, hay que voltear a ver a los operadores jurídicos para determinar si la comunidad de juristas estamos preparados para dicha aventura.

Como ha dicho el doctor José Ramón Cossío, ilustre académico y ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los constitucionalistas mexicanos en 1917 no estaban pensando que esos derechos sociales fueran efectivamente exigibles por la población (ni el Estado otorgarlos). No se concibieron, pues, como derechos de prestación. Era un mero reconocimiento en papel de derechos sociales sin significado normativo para el gobierno pues se trataba de “derechos programáticos”, sujetos a disponibilidad de recursos.

Precisamente, por esa visión programática y no prestacional, se ha fortalecido una estructura social en la que sólo pocos tienen acceso a todo (educación, salud, infraestructura urbana, servicios públicos, etc.) mientras que muchos no han encontrado la manera de acceder a mayores oportunidades y, por otro lado, desde el gobierno los incentivos para administrar eficientemente los recursos presupuestales no son tan contundentes, propiciando su manejo arbitrario y poco transparente.

El gran fracaso de la Constitución del 17 queda patente, la obesidad constitucional es lo de menos. El reto para las actuales generaciones, no sólo de juristas y de las Escuelas de Derecho, sino también de los operadores políticos, es el rompimiento de la arraigada cultura de la “apatía constitucional”, distanciada de la igualdad y del bienestar social, para transitar hacia un nuevo modelo que genere las condiciones que favorezcan la construcción de un sistema jurídico moderno que incremente la calidad de vida de los gobernados y potencialice sus derechos humanos.

Para que México salga bien librado de las amenazas externas (de otros países) e internas debemos, con y desde la Constitución, disminuir la desigualdad, crear oportunidades y aumentar la calidad de vida, lo que en su conjunto fortalecerá nuestras instituciones y seremos más soberanos. Una Constitución que no busca la prosperidad de su pueblo, va perdiendo mucho de valor.

 

 

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