Testamento bancario (Noroeste,16 de marzo de 2017)

Fernando García Sais

Notario 210 del Estado de Sinaloa

@FGarciaSais

La herencia es la sucesión en todos los bienes del difunto así como en todos sus derechos y en todas sus obligaciones, salvo aquellos que se extingan a consecuencia de la muerte. Lo anterior significa que cuando nos morimos trasmitimos todos los derechos y todas las obligaciones (activo y pasivo).

Entre los únicos derechos que se extinguen a partir de la muerte y que por consecuencia no se pueden transmitir a nuestros herederos se encuentra el derecho de usufructo los derechos reales del uso y el de habitación, todos los derechos derivados de las relaciones personales y sin más (como el parentesco, el matrimonio, la patria potestad), los derechos derivados de contratos personalísimo os como los servicios profesionales o el mandato incluyendo desde luego los poderes. El derecho a votar y el de ser votado, evidentemente como derechos políticos que lo son, no pueden heredarse.

Quienes asistimos a las Facultades de Derecho, en su momento, aprendimos que el patrimonio de los muertos integra una “universalidad de derecho”, lo que significa que todo entra en esa bolsa. Procesalmente, quienes litigan dicen que es un “juicio atractivo”, similar a lo que acontece en el procedimiento de concurso mercantil.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al distribuir competencias entre la Federación y los Estados estableció, y así se ha mantenido hasta nuestros días, que la facultad para legislar en materia civil la mantendrían los Estados de la República. En consideración a ello, los códigos civiles de cada una de las entidades federativas regulan diversas instituciones relacionadas con la familia, con los bienes, con los contratos y con las obligaciones, y finalmente con las sucesiones y los testamentos.

Por cierto, la asignatura de sucesiones debería ser la última en impartirse en las escuelas de Derecho, dentro de las materias de Derecho Civil. Es imposible entenderla sin un pleno conocimiento de las otras asignaturas (familia, bienes, obligaciones y contratos).

En esa tesitura la Federación no pudiera regular las materias de las cuales no se reservó en el pacto federal y que corresponden al ámbito de las legislaturas estatales como resulta ser entre otras la materia sucesoria. Lo anterior viene a cuento por el llamado “testamento bancario” (una aberración jurídica) y que no es otra cosa que la designación que se hace en un contrato de depósito (sin notario de por medio) señalando beneficiario(s) de las cantidades allí depositadas para el caso de que el depositante fallezca, hecho éste seguro pero incierto respecto del momento en el que acaecerá.

La Ley de Instituciones de Crédito dispone que en caso de fallecimiento del titular de la cuenta, la institución de crédito entregará el importe correspondiente a quienes el propio titular hubiese designado como beneficiarios, en la proporción estipulada para cada uno de ellos. Concluye estableciendo que, si no existieren beneficiarios, el importe deberá entregarse en los términos previstos en la legislación común.

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Eutanasia, constitucionalismo local y notariado (Noroeste, 3 marzo 2017)

Fernando García Sais

www.garciasais.com.mx

Notario 210 del Estado de Sinaloa

@FGarciaSais

Hablar del derecho a morir implica reflexionar en torno a el derecho a vivir. Dichas reflexiones no son sólo filosóficas sino médicas y, relevantemente, jurídicas. De manera general, vale la pena recordar que nuestro Estado mexicano es laico. Existen razones religiosas que invitan a algunas personas a oponerse a la eutanasia ya que atribuyen a algún dios el derecho de dar la vida y, consecuentemente, de quitarla. No voy a profundizar en un debate de dicha envergadura, me limitaré a hablar desde la óptica de las instituciones jurídicas.

El pasado 5 de febrero, el día de la conmemoración de los 100 años de la Constitución Federal, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Constitución Política de la Ciudad de México. En la parte que interesa para los efectos de esta columna, el artículo 6, dentro del capítulo de los derechos humanos, subtitulado “Ciudad de libertades y derechos”, establece un derecho a la “autodeterminación personal” con base en el cual toda persona tiene derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de una personalidad.

Dicho derecho humano fundamental deberá posibilitar que todas las personas puedan ejercer plenamente sus capacidades para vivir con dignidad, dice textualmente. Y concluye con una oración contundente: “La vida digna contiene implícitamente el derecho a una muerte digna”. Es decir, se abre la posibilidad para que se legisle (y se despenalice) la eutanasia.

Recordemos que en la Ciudad de México ya existe la “voluntad anticipada” como instrumento para que las personas declaren ante notario que no desean prolongar su vida de manera artificial. Voluntad anticipada y eutanasia son un complemento libertario del derecho a la vida digna. La eutanasia (o suicidio asistido) no es sino la acción o la omisión, generalmente realizada por médicos, para ocasionar la muerte.

Como paréntesis, recuerdo lo que sobre voluntad anticipada escribí en este espacio el 23 de mayo de 2015 https://fernandogarciasais.wordpress.com/2015/08/03/vida-y-razon-noroeste-23-de-mayo-de-2015/. Ahí sostuve que “[a] causa de las enfermedades, del sufrimiento personal y familiar y de los altos costos involucrados en torno a la “obstinación terapéutica” (distanasia) en todos los rincones del Planeta, individuos libre y conscientemente solicitan que se les permita morir. En veces piden que otros les maten; el sufrimiento y la agonía son insoportables e indignos. “Vivir” en algunas formas, para algunos, es deleznable.”

En Sinaloa, la Constitución también contiene previsiones entorno a la vida digna (toda persona tiene derecho a que se respete su vida; el Estado y los municipios establecerán un sistema permanente de apoyo a las personas de la tercera edad para permitirles una vida digna y decorosa) mientras que el Código Penal tipifica el delito de homicidio (privar de la vida a otro) sin excepción para el caso del suicidio asistido o eutanasia. Inclusive, es un delito la instigación o ayuda al suicidio, penalizándose también la mera tentativa (si el suicidio no se consuma, pero hay lesiones).

Segundo paréntesis: el constitucionalismo local no debe dejarse al olvido. En los Estados de la República, las constituciones son importantes y trascendentes para ir moldeando los cambios sociales y las transformaciones del Estado de Derecho. La asimetría en el tema de los derechos humanos es patente vis a vis los avances a nivel federal. Las constituciones locales, por otro lado, son desconocidas por los juristas y por la población, y quizá por los propios gobernantes. Fin del paréntesis.

La vida es del ser humano, no del Estado ni de ninguna otra institución, incluyendo a la familia. Cada persona debe poder decidir si, en su caso personal, la vida merece ser vivida. El ordenamiento jurídico nacional debería, por lo mismo, contener reglas iguales para ciudadanos que se presumen iguales. Si en Sinaloa y otros Estados no se dan pasos similares, se producirá una inconstitucionalidad que afecta las libertades básicas, las negativas, las de no intromisión, que hoy con la evolución de los derechos humanos y su carácter progresivos, es inadmisible.

Los notarios podríamos recibir las declaraciones que sobre eutanasia o voluntad anticipada respecto hagan las personas dejando instrucciones para el caso de que lleguen a caer víctimas de una enfermedad. El País está avanzando de manera rápida y el fortalecimiento de los derechos debe potencializarse. La institución del notariado debe ser un aliado de las personas y de las familias para solucionar problemas y evitar sufrimientos innecesarios y contribuir a consolidar el derecho a la vida digna.