Bancos y notarios atados, usuarios olvidados (Reforma Negocios, 26 abril 2017)

CaptureFernando García Sais

Notario Púbico 210 del Estado de Sinaloa

Miembro del Consejo del Colegio de Abogados Egresados del ITAM

@FGarciaSais

http://www.garciasais.com.mx

 

Los usuarios de servicios financieros que contratan con entidades bancarias créditos al consumo (créditos hipotecarios o, incluso empresarios que tramitan líneas de crédito) tienen siempre el derecho a elegir libremente a su notario.

Eso en teoría. La práctica es que dicha elección es una ilusión y los bancos imponen a su notario, lastimando severamente los derechos de los consumidores financieros y el proceso de competencia económica, por tratarse de una práctica anticompetitiva que lesiona a la economía nacional.

La falta de supervisión de las autoridades como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al Banco de México, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y la Procuraduría Federal del Consumidor es evidente. La falta de actuación de la Comisión de Competencia Económica es la combinación perfecta. Todos saben, pero todos callan.

El crédito al consumo constituye una actividad financiera importante que amerita mayor atención de parte del Estado y de los órganos reguladores de la economía. Los usuarios de servicios financieros que adquieren créditos hipotecarios para cumplir con el sueño de su vida reciben servicios notariales en ocasiones de baja calidad, por efecto de las prácticas monopólicas y por abusos en las relaciones de consumo.

Las ventas atadas son una práctica monopólica relativa (en oposición a las absolutas) y consisten medularmente en condicionar el servicio (crédito bancario) a la adquisición de otro servicio (la utilización notario público impuesto por el banco). Generalmente la venta atada se acompaña de otra práctica ilícita: rehusarse a dar el crédito si el usuario rechaza el servicio notarial impuesto. Si el cliente menciona que quiere elegir a su notario de confianza, se le atemoriza en el sentido de que perderá el crédito (como si se tratara de un acto gracioso, gratuito). Como todos los bancos son iguales, las consecuencias son perversas.

Desde el punto de vista de la tutela del consumidor financiero, los consumidores tienen derecho a elegir libremente a sus proveedores. Cualquier servicio no solicitado debería ser gratuito (tal y como acontece con los envíos no solicitados y servicios adicionales impuestos) y los acreditados obligados a acudir a alguna notaría asignada por el banco deberían recibir gratuitamente sus escrituras. La lógica es simple: si el banco impone un servicio no solicitado, que lo pague.

Evidentemente se trata de una consecuencia lamentable producida por el origen ilícito de la práctica. Que el banco cubra los gastos (impuestos, derechos y honorarios) notariales sería una evidencia de la violación de la ley. Todos los frutos del árbol estarían viciados. Una práctica así sería inadmisible. Se pondría en riesgo, aún más, la legalidad de las operaciones.

 

Notarialmente, las escrituras nacen cuando en un acto jurídico ambas partes solicitan los servicios del notario y acuden libre y voluntariamente a crear el acto jurídico y el notario a darle forma. El notario no actúa de oficio. Si falta el consentimiento de una de las partes, como acontece con el acreditado que expresamente rechaza el servicio notarial impuesto, la escritura tiene un vicio de origen que puede conducir a su inexistencia jurídica por falta de consentimiento; esto es, de rogación. Ello es grave y de aplicarse en los tribunales sus consecuencias serían profundas.

Por si había alguna duda de la fortaleza de la Ley de Competencia Económica y la prohibición de las ventas atadas, para contrarrestar la práctica, el 10 de enero de 2014, se publicaron en el DOF reformas (la “reforma financiera”) y, entre otras, se modificó la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, y se adicionó el artículo 23 Bis para prohibir lo que ya estaba prohibido pero no se respetaba: las ventas atadas.

El artículo referido, en su primer párrafo, textualmente dice: “[a] las Entidades les estará prohibido condicionar la contratación de operaciones o servicios financieros a la contratación de otra operación o servicio.” Su elocuencia y claridad invitaron, en 2014, a los operadores jurídicos y económicos a pensar que se acabarían las ventas atadas, tal como ocurriría con la imposición de contratos de seguros en créditos automotrices, materia en la que habría que investigar si la reforma está dando buenos frutos.

La libertad de elección de los consumidores y usuarios es una premisa toral del sistema de mercado que la Constitución postula. Los bancos, como cualquier otro comerciante, están obligados a respetar la decisión de los consumidores, quienes tienen el derecho a elegir libremente a su notario de entre los que haya disponibles y estén autorizados por el Estado mexicano. No hacerlo así, contribuye a desplazar ilícitamente la demanda de servicios notariales afectando, además, el sano desarrollo de la institución del notariado.

Lamentablemente, parece que, ni los consumidores ni la institución del notariado son una prioridad de la agenda política y administrativa nacional. Quizá la Comisión Federal de Competencia con su autonomía constitucional pudiera realizar una investigación robusta que conduzca a la supresión de la práctica monopólica, junto con las sanciones económicas e inhabilitaciones previstas en la ley.

 

 

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