La riqueza del notariado

Fernando García Sais

Notario 210 del Estado de Sinaloa

www.garciasais.com.mx

@FGarciaSais

El notariado como institución es un instrumento del Estado para garantizar legalidad y seguridad jurídica –hoy tan necesarias— en una multiplicidad de actos que celebran las personas, las familias, los comerciantes y los empresarios. El propio Estado en sus diversos ámbitos (nacional, estatal y local) se beneficia del notariado al asignarle funciones fiscales (calcular, retener y enterar impuestos) y funciones de control de la legalidad.

Aspirar a ser notario implica pasar por un proceso de formación jurídica arduo y profundo. El notario es un licenciado en Derecho con ciertas peculiaridades que le permiten tener un conocimiento vasto, general y a la vez especializado en algunas áreas o disciplinas jurídicas.

Similarmente a lo que acontece con los cargos públicos, conforme la sociedad va adquiriendo mayor conciencia de la importancia de que los funcionarios sean no sólo talentosos sino también que cuenten con un aparato ético importante que fortalezca su actuación, el notariado se irá conformando con mejores cuadros. El notariado como institución, sin duda alguna, debe privilegiar la integración de abogados altamente capacitados, y de entre ellos a los más sobresalientes.

El notario no es un funcionario público, no obstante, su regulación en una ley y estar vigilado por la autoridad estatal. El notario es un profesional del Derecho que cobra por sus servicios profesionales con base en un arancel. El notario puede si las personas se lo solicitan actuar como mediador o árbitro para resolver controversias sin necesidad de ir a juicio. El notario es un gran aliado de la civilidad y de la paz.

El notariado mexicano, en su conjunto, cuenta con grandes abogados, perspicaces profesionales y académicos ejemplares. A ellos debemos imitarlos. No todos comparten credenciales, formación ni méritos: algunos son expertos en temas mercantiles, otros en aspectos fiscales, algunos en temas familiares, y así sucesivamente. Hay algunos que, inclusive, logran combinar diversas especialidades. Quizá y sólo quizá aquí se actualiza aquel añejo refrán de que “todos somos de barro pero de distinto molde”.

En las pláticas de café es común escuchar críticas en el sentido de que los notarios heredan las notarías de sus padres o hacia sus hijos. En distintos momentos históricos, por fortuna, alejados de las épocas actuales donde imperan necesidades sociales complejas y problemas nacionales profundos, ello fue una realidad. Hoy los aspirantes a notarios formalmente, al menos, presentan exámenes. Hoy, un abogado no necesita ser hijo de notario, requiere estudiar y entrenarse en serio. Incluso, puede hacer valer el amparo para suspender un proceso de asignación de notarías alejado de los principios constitucionales. Debe prevalecer el talento, a pesar de que este sea un debate relativamente ausente.

La sociedad debería también examinar el mérito para el acceso de esos abogados al notariado y, cuando lo asumen, vigilar si su ejercicio es el adecuado. Igualmente, como acontece con otros profesionales, como los de la salud. A todos nos interesa saber, antes de ingresar en un consultorio o un quirófano, si el facultativo está efectivamente titulado, si es especialista, si es líder en su disciplina, etc.

Por ello, la información oficial que se difunda sobre la composición del notariado debe ser tan abierta como sea necesaria para que la sociedad pueda tomar decisiones respecto de a qué consultorio notarial entrar (y no salir con las piernas por delante o en pijama de madera). Lo invito a que hurgue y exija que se transparente.

Si usted tiene más tiempo, querido lector, dé una vuelta por la página de Internet del Consejo de Notarios del Estado de Sinaloa y observará que aparentemente esa riqueza de la que le hablo no existe. El único dato relevante que se publica es el nombre del notario, su dirección y su teléfono. (http://notariosdesinaloa.org/)

¿Se cumple con el derecho a la información que tenemos los ciudadanos de conocer el origen, la formación, el nivel y tipo de especialidad, entre otras cosas, de los integrantes del notariado sinaloense?

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Servicio Social del Notario

Fernando García Sais

Notario 210 del Estado de Sinaloa

@FGarciaSais

http://www.garciasais.com.mx

La institución del notariado se diseñó para dar seguridad jurídica al patrimonio de las personas, familias y empresas. Por su contenido, el patrimonio, en su más amplia concepción, incluye desde luego la parte económica y la moral. El diseño de la institución abarca otros aspectos: tener a los mejores juristas y promover la carrera notarial para garantizar la prestación constante del servicio.

He comentado, en otros ensayos, que la función que desempeñan los notarios no es una función privada, similar a la de un abogado, sino que se trata de una función de orden público. Siguiendo al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, agrego que, dicho carácter de “público” proviene de la delegación que el Estado hace de la fe pública, con el objetivo de satisfacer una necesidad de interés social que se refleja de manera tripartida en dar certeza, autenticidad y seguridad jurídica. Estamos, pues, en presencia de un servicio público regulado por el Estado (Tesis: P./J. 73/2005). Es, desde luego, una función pública de carácter administrativo relativa a un sector de la vida social (Tesis: VII.2o.C.96 C).

¿Se puede concluir que, a partir de las peculiaridades anunciadas, los notarios estén obligados a prestar un servicio social? ¿Debe ser ese servicio social “gratuito”? ¿Cómo se regula el servicio social notarial? ¿Pudiera generar competencia desleal entre los notarios? ¿Pudiera ser utilizado políticamente?

La Ley del Notariado para la Ciudad de México dispone que las autoridades pueden requerir de los notarios la prestación de sus servicios para atender asuntos de orden público o de interés social. Sin embargo, no se dispone la gratuidad, sino que “las autoridades y el colegio convendrán los honorarios correspondientes”. Se complementa lo anterior con la disposición que señala que los notarios participarán con tarifas reducidas y convenidas por el Colegio con las autoridades correspondientes, en programas de fomento a la vivienda y regularización de la tenencia de la propiedad inmueble.

El diseño de cualquier institución pública no debe dejarse al arbitrio de gobernantes sin inteligencia. No podremos esperar que una institución produzca bienestar social, solo porque algunos operadores jurídicos tengan buena voluntad. Si el diseño institucional es defectuoso, el resultado material de su operatividad siempre tendrá fallas y costos sociales, se derrochan recursos escasos y habrá quien se aproveche de dichas fallas.

El Notariado, como servicio público, amerita un diseño que respete la autonomía e independencia (principalmente del poder público y de los grandes intereses económicos) de los notarios y promueva un ambiente de compromiso social junto con un respeto a la sana participación en el mercado de los servicios notariales entre todos los notarios. La ley presume que todos los notarios son iguales. Discriminatorio sería que el propio Estado tuviera “exclusividades” con algunos de sus notarios.

Hay quien opina que, por otro lado, los notarios no son agentes económicos (siguiendo una tesis de la SCJN que, por cierto, ha sido muy criticada por expertos en competencia económica, entre los que me sumo). Sin embargo, lo cierto es que existen leyes como la de Sinaloa que contienen expresamente normas que regulan la “competencia desleal” entre notarios, lo que abre la puerta para reflexiones más profundas.

Si el Estado considera que existen circunstancias sociales que ameritan que los notarios den precios especiales (modificar el arancel) se requiere que las autoridades que regulan la actividad notarial firmen convenios, que se difundan y se transparenten.

Peligroso sería que los notarios estuvieran sujetos al capricho de cualquier ente público, ajeno al sistema notarial, y sometieran su ejercicio a caprichos de un servidor público que busque más que la satisfacción de un interés general, elevar su rating y popularidad, trasladado el costo a los notarios.

Todos los notarios deben, democráticamente, participar en igualdad de circunstancias en la prestación de dichos servicios. No es válido ni legítimo que las autoridades seleccionen al notario. El notario que se rehúse a dar el servicio social debería ser sancionado.

El servicio social del notario es un deber (no una obligación) que implica que exista, forzosamente, una decisión de Estado tomada en el seno de los entes públicos competentes (los colegios privados constituidos como asociaciones civiles, en principio, no lo son, salvo que la ley los habilite), en la que se fije un arancel preferencial y que los notarios (todos) participen satisfaciendo la necesidad social que dio origen al convenio.

La violación del pacto federal y de la cláusula de entera fe y crédito en relación con los Poderes notariales: legalización de firmas exigidas por el Registro Público de la Propiedad de Cuernavaca, Morelos

Hace unos días recibí la llamada de un cliente que me pedía redactar un poder para actos de dominio en virtud del cual pudiera el apoderado recibir en su nombre y representación una donación de un bien inmueble.

A continuación me indicó que ese poder surtiría efectos en el estado de Morelos pero que por disposición normativa el registro público de la propiedad de la ciudad de Cuernavaca no aceptaban los poderes de los notarios de otras entidades federativas salvo que estuvieran legalizadas las firmas del notario y del titular del archivo General de Notarías (en nuestro caso por supuesto el  de Sinaloa).

En un primer momento pensé que se trataba de una errónea interpretación por parte de mi cliente respecto de algún comentario que alguien le pudo haber hecho tratándose de los poderes para ser ejercidos en el extranjero que requieren ya sea la legalización o la apostilla.

Le pedí a mi cliente me pusiera en contacto con el notario público que elaboraría la escritura que contendría la donación del inmueble y que utilizaría para acreditar la representación de mi cliente el poder que yo elaboraría.

Muy amablemente mi colega notario de aquella entidad me explicó que, entendía mi sorpresa, pero que efectivamente en aquella entidad federativa se exigía para la plena validez y efectos de los poderes emitidos en otro Estado de la República, su legalización.

Después de intercambiar opiniones sobre la evidente inconstitucionalidad de la disposición, principalmente a partir de lo que todos conocemos como la cláusula de entera fe y crédito reconocida en el artículo 121 constitucional, y de lamentarnos recíprocamente por las barreras que dicha legalización impone al libre ejercicio del notariado, pero medularmente por los costos que impone a la sociedad, toda vez que estos trámites además de necesarios son costosos, llegamos a la conclusión que no tendríamos otra alternativa que solicitar la legalización de firmas, tanto la de notario como la del director del archivo General de notarías de Sinaloa.

Para dejarlos reflexionar con este tema, a continuación les dejo un link a una resolución relativamente reciente, de junio de 2017, en la que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Unión analiza la constitucionalidad de las leyes estatales que imponen ciertos requisitos para la validez de los poderes emitidos en otra entidad federativa, y aunque no se refiere expresamente al tema de la legalización de firmas es útil para ir conformando un criterio:

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1fffdfffcfcff&Expresion=Notari*%2520121%2520&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=14&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=2014576&Hit=1&IDs=2014576,2011269,2009309,162368,169246,169783,178914,183778,186861,191073,202150,232872,321070,903423&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=
Para complementar lo anterior resulta conveniente leer la tesis del quinto tribunal colegiado en materia civil del tercer circuito que en el 2008 ya se había pronunciado sobre la inconstitucionalidad del requisito de exigir la legalización de firmas de los notarios, a saber:

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1fffdfffcfcff&Expresion=Notari*%2520121%2520&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=14&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=169246&Hit=5&IDs=2014576,2011269,2009309,162368,169246,169783,178914,183778,186861,191073,202150,232872,321070,903423&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=
Sería conveniente que las agrupaciones de notarios de la República mexicana, ya sean las asociaciones civiles o los consejos que dependen de los Estados se conviertan en vigilantes permanentes y apoyen a la ciudadanía en la presentación de juicios de amparo para evitar candados y restricciones que atentan en contra de los actos privados confiados a los notarios públicos.

Notariado medieval y sociedad Posmoderna

La revolución tecnológica y la era de las tecnologías de la información llegaron al mundo moderno para facilitarle a las personas y a las empresas sus actividades cotidianas, y por supuesto, para favorecer el entorno económico, la celeridad comercial y con ello incrementar los niveles de productividad y eficiencia.

Hace 20 años con el boom tecnológico, economistas de todo el mundo pronosticaron incrementos en las tasas de crecimiento y se especuló, inclusive, que ello incrementaría los niveles de bienestar de la sociedad.

Las instituciones jurídicas parece que no vivieron con intensidad esas profundas transformaciones tecnológicas. Con marcadas excepciones, como las relativas a la regulación del comercio electrónico y a sus efectos contractuales, hoy hay un gran número de ordenamientos jurídicos ameritan ser revisados a efecto de que exista un paralelismo que refleje de manera congruente los cambios en las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones.
El análisis costo-beneficio que hoy se exige a la hora de crear una ley también debe hacerse para valorar el costo-beneficio de las leyes vigentes.

 Los legisladores faltando a cualquier deber de diligencia asumen que las leyes que forman parte del derecho positivo son perfectas y en su labor legislativa cotidiana no asumen como una tarea su revisión expost.

Las leyes del notariado, me parece, adolecen de vicios y defectos que no favorecen aquel entorno: la innovación parece que es sancionable en incluso para algunos éticamente reprobable.
El mantenimiento del status quo, en lo relativo a la normativa notarial, parece inaceptable dado que los notarios tienen un gran número de funciones pensadas para mantener la seguridad jurídica, y hoy en día las manifestaciones de la sociedad y empresariales ya no se limitan aquellas formas del siglo pasado.

Llama la atención, por otro lado, que este tipo de reflexiones, debates y discusiones no encuentren un lugar común ni por parte de los sectores empresariales, de las organizaciones de la sociedad civil, y mucho menos del notariado nacional.

Hace unos días un cliente de la ciudad de México me solicitaba que yo desde Mazatlán diera fe respecto de acontecimientos que transmitiría desde distintas localidades a través de un sistema de telecomunicaciones por medio del cual yo estaría viendo en tiempo real la destrucción de determinados objetos de comercio.

Desde mi punto de vista, este tipo de actuaciones no deberían limitarse ni mucho menos prohibirse, con independencia de que el notario no esté físicamente en aquél lugar pero sí a través de las tecnologías de la información y de las comunicaciones.

¿Y usted qué piensa?