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La violación del pacto federal y de la cláusula de entera fe y crédito en relación con los Poderes notariales: legalización de firmas exigidas por el Registro Público de la Propiedad de Cuernavaca, Morelos

Hace unos días recibí la llamada de un cliente que me pedía redactar un poder para actos de dominio en virtud del cual pudiera el apoderado recibir en su nombre y representación una donación de un bien inmueble.

A continuación me indicó que ese poder surtiría efectos en el estado de Morelos pero que por disposición normativa el registro público de la propiedad de la ciudad de Cuernavaca no aceptaban los poderes de los notarios de otras entidades federativas salvo que estuvieran legalizadas las firmas del notario y del titular del archivo General de Notarías (en nuestro caso por supuesto el  de Sinaloa).

En un primer momento pensé que se trataba de una errónea interpretación por parte de mi cliente respecto de algún comentario que alguien le pudo haber hecho tratándose de los poderes para ser ejercidos en el extranjero que requieren ya sea la legalización o la apostilla.

Le pedí a mi cliente me pusiera en contacto con el notario público que elaboraría la escritura que contendría la donación del inmueble y que utilizaría para acreditar la representación de mi cliente el poder que yo elaboraría.

Muy amablemente mi colega notario de aquella entidad me explicó que, entendía mi sorpresa, pero que efectivamente en aquella entidad federativa se exigía para la plena validez y efectos de los poderes emitidos en otro Estado de la República, su legalización.

Después de intercambiar opiniones sobre la evidente inconstitucionalidad de la disposición, principalmente a partir de lo que todos conocemos como la cláusula de entera fe y crédito reconocida en el artículo 121 constitucional, y de lamentarnos recíprocamente por las barreras que dicha legalización impone al libre ejercicio del notariado, pero medularmente por los costos que impone a la sociedad, toda vez que estos trámites además de necesarios son costosos, llegamos a la conclusión que no tendríamos otra alternativa que solicitar la legalización de firmas, tanto la de notario como la del director del archivo General de notarías de Sinaloa.

Para dejarlos reflexionar con este tema, a continuación les dejo un link a una resolución relativamente reciente, de junio de 2017, en la que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Unión analiza la constitucionalidad de las leyes estatales que imponen ciertos requisitos para la validez de los poderes emitidos en otra entidad federativa, y aunque no se refiere expresamente al tema de la legalización de firmas es útil para ir conformando un criterio:

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1fffdfffcfcff&Expresion=Notari*%2520121%2520&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=14&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=2014576&Hit=1&IDs=2014576,2011269,2009309,162368,169246,169783,178914,183778,186861,191073,202150,232872,321070,903423&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=
Para complementar lo anterior resulta conveniente leer la tesis del quinto tribunal colegiado en materia civil del tercer circuito que en el 2008 ya se había pronunciado sobre la inconstitucionalidad del requisito de exigir la legalización de firmas de los notarios, a saber:

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1fffdfffcfcff&Expresion=Notari*%2520121%2520&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=14&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=169246&Hit=5&IDs=2014576,2011269,2009309,162368,169246,169783,178914,183778,186861,191073,202150,232872,321070,903423&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=
Sería conveniente que las agrupaciones de notarios de la República mexicana, ya sean las asociaciones civiles o los consejos que dependen de los Estados se conviertan en vigilantes permanentes y apoyen a la ciudadanía en la presentación de juicios de amparo para evitar candados y restricciones que atentan en contra de los actos privados confiados a los notarios públicos.

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