Servicio Social del Notario

Fernando García Sais

Notario 210 del Estado de Sinaloa

@FGarciaSais

http://www.garciasais.com.mx

La institución del notariado se diseñó para dar seguridad jurídica al patrimonio de las personas, familias y empresas. Por su contenido, el patrimonio, en su más amplia concepción, incluye desde luego la parte económica y la moral. El diseño de la institución abarca otros aspectos: tener a los mejores juristas y promover la carrera notarial para garantizar la prestación constante del servicio.

He comentado, en otros ensayos, que la función que desempeñan los notarios no es una función privada, similar a la de un abogado, sino que se trata de una función de orden público. Siguiendo al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, agrego que, dicho carácter de “público” proviene de la delegación que el Estado hace de la fe pública, con el objetivo de satisfacer una necesidad de interés social que se refleja de manera tripartida en dar certeza, autenticidad y seguridad jurídica. Estamos, pues, en presencia de un servicio público regulado por el Estado (Tesis: P./J. 73/2005). Es, desde luego, una función pública de carácter administrativo relativa a un sector de la vida social (Tesis: VII.2o.C.96 C).

¿Se puede concluir que, a partir de las peculiaridades anunciadas, los notarios estén obligados a prestar un servicio social? ¿Debe ser ese servicio social “gratuito”? ¿Cómo se regula el servicio social notarial? ¿Pudiera generar competencia desleal entre los notarios? ¿Pudiera ser utilizado políticamente?

La Ley del Notariado para la Ciudad de México dispone que las autoridades pueden requerir de los notarios la prestación de sus servicios para atender asuntos de orden público o de interés social. Sin embargo, no se dispone la gratuidad, sino que “las autoridades y el colegio convendrán los honorarios correspondientes”. Se complementa lo anterior con la disposición que señala que los notarios participarán con tarifas reducidas y convenidas por el Colegio con las autoridades correspondientes, en programas de fomento a la vivienda y regularización de la tenencia de la propiedad inmueble.

El diseño de cualquier institución pública no debe dejarse al arbitrio de gobernantes sin inteligencia. No podremos esperar que una institución produzca bienestar social, solo porque algunos operadores jurídicos tengan buena voluntad. Si el diseño institucional es defectuoso, el resultado material de su operatividad siempre tendrá fallas y costos sociales, se derrochan recursos escasos y habrá quien se aproveche de dichas fallas.

El Notariado, como servicio público, amerita un diseño que respete la autonomía e independencia (principalmente del poder público y de los grandes intereses económicos) de los notarios y promueva un ambiente de compromiso social junto con un respeto a la sana participación en el mercado de los servicios notariales entre todos los notarios. La ley presume que todos los notarios son iguales. Discriminatorio sería que el propio Estado tuviera “exclusividades” con algunos de sus notarios.

Hay quien opina que, por otro lado, los notarios no son agentes económicos (siguiendo una tesis de la SCJN que, por cierto, ha sido muy criticada por expertos en competencia económica, entre los que me sumo). Sin embargo, lo cierto es que existen leyes como la de Sinaloa que contienen expresamente normas que regulan la “competencia desleal” entre notarios, lo que abre la puerta para reflexiones más profundas.

Si el Estado considera que existen circunstancias sociales que ameritan que los notarios den precios especiales (modificar el arancel) se requiere que las autoridades que regulan la actividad notarial firmen convenios, que se difundan y se transparenten.

Peligroso sería que los notarios estuvieran sujetos al capricho de cualquier ente público, ajeno al sistema notarial, y sometieran su ejercicio a caprichos de un servidor público que busque más que la satisfacción de un interés general, elevar su rating y popularidad, trasladado el costo a los notarios.

Todos los notarios deben, democráticamente, participar en igualdad de circunstancias en la prestación de dichos servicios. No es válido ni legítimo que las autoridades seleccionen al notario. El notario que se rehúse a dar el servicio social debería ser sancionado.

El servicio social del notario es un deber (no una obligación) que implica que exista, forzosamente, una decisión de Estado tomada en el seno de los entes públicos competentes (los colegios privados constituidos como asociaciones civiles, en principio, no lo son, salvo que la ley los habilite), en la que se fije un arancel preferencial y que los notarios (todos) participen satisfaciendo la necesidad social que dio origen al convenio.

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Un comentario sobre “Servicio Social del Notario

  1. Nombres, nombres!!!

    Coincido, además, con el tema de que “el notario” es agente económico. Por supuesto que sí. De ahí, que resulta aplicable a dicha función, la Ley Federal de Competencia Económica.

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