Uncategorized

Profeco a la deriva 

La Procuraduría Federal del consumidor es una institución del Estado mexicano que desde el punto de vista de la administración pública opera de manera descentralizada de la Secretaría de economía.

Cuenta con personalidad y patrimonio propios como rasgo característico de ese tipo de órganos.

Desde su creación en 1975 que entró en vigor la ley, aunque conocido como Instituto Nacional del consumo y posteriormente con el cambio legislativo transformada a la actual Profeco, la ley ha dispuesto que para ocupar el cargo de titular de la Procuraduría, esto es, el de procurador, se requiere contar con credenciales profesionales o académicas vinculadas con el tema objeto de la institución: esto es la protección del consumidor.

El artículo que establece dichas cualidades es el siguiente:
ARTÍCULO 28.- El Procurador Federal del Consumidor será designado por el Presidente de la República y deberá ser ciudadano mexicano y tener título de licenciado en derecho y haberse desempeñado en forma destacada en cuestiones profesionales, de servicio público, o académicas substancialmente relacionadas con el objeto de esta ley.
Como experto en el tema del consumidor, no tengo referencia académica o profesional alguna respecto de ninguno de los procuradores de los Últimos dos sexenios.

Con la salvedad de Bernardo Altamirano quien por su formación profesional tanto a nivel licenciatura como posgrado así como por el talentoso equipo que logró reunir hicieron transformaciones esenciales en las políticas públicas en materia de consumidores, el resto de procuradores que fueron nombrados tras su salida se han caracterizado por desconocer el objeto de su institución.

Sin una verdadera profesionalización en toda la institución incluyendo desde luego con un liderazgo de un procurador que tenga conocimientos profesionales, académicos, prácticos, el destino de las políticas de protección al consumidor se encontrará a la deriva.

Anuncios
Uncategorized

Daños a inmuebles adquiridos por consumidores y acciones colectivas

Las acciones colectivas llegaron al derecho mexicano después del sismo del 85 y antes de los sismos del 2017.

Previstas originalmente en el artículo 17 de la Constitución, después de un proceso de trabajo académico de varios años, el legislador decidió limitarlas a relaciones de consumo y servicios financieros, daños derivados en materia de competencia económica y medioambiente.

Ciertamente son una herramienta jurídica muy buena pero a la vez excesivamente limitada por una serie de defectos legislativos que ahorita no viene a cuento enumerarlos.
Más pertinente me parece lanzar la invitación a todas aquellas instituciones, colegios de profesionales, despachos de abogados que han estado realizando servicio social o trabajo pro bono para que utilicen la acción colectiva en materia de consumidores y buscar la reparación de daños en aquellos casos en que el daño 0 la afectación de los inmuebles se haya agravado derivado de algún defecto en el proceso de construcción o de la inobservancia negligente o ilícita a alguna norma que debió haberse observado.

Las acciones colectivas deben ponerse a prueba y utilizarse para buscar la generación de bienestar social. 

Con ellas los tribunales estarían recibiendo una sola demanda por cada edificio, complejo o unidad habitacional y no así una multiplicidad de juicios que lo único que haría es entorpecer el ya de por sí anquilosado sistema judicial.

FORMATOS NOTARÍA 210 GARCÍA SAIS, Uncategorized

Formato Testamento Universal, Notario F. García Sais

—- En Mazatlán, Sinaloa, Estados Unidos Mexicanos, siendo las       (                   ) horas del día     (           ) de septiembre de 2017 (dos mil diecisiete) YO, FERNANDO GARCÍA SAIS, NOTARIO PÚBLICO 210 (DOSCIENTOS DIEZ) Y DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL en el Estado, con ejercicio y residencia en este municipio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63 (sesenta y tres) último párrafo, de la Ley del Notariado del Estado de Sinaloa; y constituido en el despacho sede de esta Notaría, ubicado en la calle Sierra India número 111 (ciento once) del fraccionamiento Lomas de Mazatlán, hago constar en esta ACTA DESTACADA: el TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO que otorga, ANTE MÍ, el señor                           (en lo sucesivo, el “TESTADOR”) quien, al efecto, dicta su testamento en forma clara y terminante y yo, el Notario, sujetándome estrictamente a su voluntad lo redacto de conformidad con las siguientes Declaraciones y Cláusulas:——–

——————————— P R O T E S T A D E L E Y ————————————–

—- Para los efectos de las declaraciones que el Compareciente hará en este instrumento, procedí a protestarlo para que se condujera con verdad, lo apercibí de las penas en que incurren quienes declaran falsamente, y quedó enterado del contenido de los artículos 105 (ciento cinco) de la Ley del Notariado y 314 (trescientos catorce) del Código Penal, ambos ordenamientos para el Estado de Sinaloa. ————————————————————-

———————————– D E C L A R A C I O N E S ————————————–

—- Declara la Testadora, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: ——————-

—- A) Que sabe y puede leer y escribir. ———————————————————

—- B) Que es hijo de los señores _____________, [AMBOS FINADOS]. ————-

—- C) Que [está/estuvo] casado con _________________ y que [no] procrearon descendiente alguno [de nombres___ ]. ———————————————————

————————————- C L Á U S U L A S: ———————————————-

—- PRIMERA. – HEREDERO UNIVERSAL. – Es voluntad del Testador instituir como su[s] único[s] y universal[es] heredero[s], respecto de todos sus bienes, presentes y futuros a ___________________, con derecho de acrecer entre ellos; y a su falta, renuncia o imposibilidad nombra como heredero sustituto a ________________.

—- SEGUNDA. ALBACEA. – Designa como albacea a _____________________.

—- El albacea desempeñará su cargo por todo el tiempo que sea necesario para la ejecución de sus disposiciones testamentarias. ———————————————–

—- TERCERA. – REVOCACIÓN. – Es voluntad del Testador revocar cualquier otro testamento que apareciere como dictado por ÉL[ELLA] con anterioridad a éste, pues es su deseo que se cumpla el presente como su última y deliberada voluntad. ——

————————————-CERTIFICACIONES————————————–

YO, EL NOTARIO, CERTIFICO Y DOY FE: ———————————————–

I.- De que me identifiqué como notario público ante el Testador. ————————-

II.- De que el Testador tiene a mi juicio capacidad legal, en virtud de no observar en él manifestación de incapacidad natural y no tener noticias de que esté sujeto a incapacidad civil. —————————————————————————————

III. – De que previo a iniciar la actuación notarial apercibí al Testador de conducirse con verdad y le advertí de las penas en que incurre quien declara con falsedad, en los términos del artículo 105 (ciento cinco) de la Ley del Notariado y del artículo 314 (trescientos catorce) del Código Penal, ambos ordenamientos para el Estado de Sinaloa. —————————————————————————————————

IV- De que me aseguré de la identidad del Testador, quien se identificó con su credencial para votar con fotografía expedida por el Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral. ———————————————————————

—- Dejo agregada al apéndice de esta acta bajo la letra “B”, copia certificada de la credencial para votar. ———————————————————————————

V.- De que el Testador declara por sus generales ser: ————————————-

—- ______________ declaró: ———————————————————-

  1. a) Nacionalidad:                . ————————————————————————b) Lugar y fecha de nacimiento:                                                                      . —–c) Estado civil: . —————————————————————————d) Ocupación:              . —————————————————————————-e) Domicilio:                  . ————————————————————————-

VI.-  De que lo relacionado concuerda con sus originales que tuve a la vista y que no tengo indicio alguno de la falsedad de ninguno de ellos. ——————————–

VII. De que el Testador declara que los documentos que presenta para la formación de este instrumento son auténticos. ————————————————————–

VIII.- Que di a conocer al Testador el contenido y alcances del Aviso de Privacidad a que se refiere la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, le hice saber que sus datos personales los ha proporcionado para dar cumplimiento a lo dispuesto por la fracción III (tres romano) del artículo 84 (ochenta y cuatro) de la Ley del Notariado del Estado de Sinaloa, sin fines de divulgación o utilización comercial, y que manifiesta su conformidad para que los mismos queden plasmados en el texto de este instrumento, del cual se expedirán testimonios o copias certificadas, y cuyos datos podrán ser proporcionados a las autoridades a quienes por ley se está obligado a informar.———————————

IX.- De que el Testador expresó su voluntad de un modo claro y terminante y de que este testamento tuvo lugar en un solo acto y sin interrupción alguna, con las formalidades que previene el Código Familiar para el Estado de Sinaloa. ————–

X.- De que leí en voz alta este testamento al Testador, quien además lo leyó personalmente, y le expliqué su valor, consecuencias y alcances legales, manifestando su conformidad con el mismo, y declarando haberlo comprendido plenamente la firmó de conformidad ante mí. ————————————————–

XI.- De que este testamento concluyó a las 17:10 (diecisiete diez) horas del mismo día de su fecha, en que lo firma ANTE MÍ, el Testador y DOY FE. ———————

 [_________________________]

 

ANTE MÍ 

FERNANDO GARCÍA SAIS

NOTARIO 210

Y DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL

EN SINALOA

 

Uncategorized

Electrocutado en la piscina

Fernando García Sais

Notario 210 del Estado de Sinaloa

www.garciasais.com.mx

La administración de condominios es una función con repercusiones importantes en la calidad de vida de las familias (en su bienestar). Sin exagerar, del buen trabajo administrativo, descansa el bien jurídico más valioso: la vida en sí misma.

Administrar un condominio, en atención al cúmulo de los deberes legales que pesan sobre el administrador, es una tarea compleja. Supongo que quien la desempeña lo hace por estar capacitado y porque recibe una justa retribución.

He escrito sobre la conveniencia de que las leyes en materia del régimen de propiedad en condominio, particularmente la de Sinaloa, se revisen. Es de vital trascendencia también que su contenido sea difundido (por los operadores jurídicos, notarios, académicos, agentes de bienes raíces) y entendido, particularmente por quienes desarrollan comercialmente esos productos, los administradores y por los consumidores de espacios residenciales.

Jurídicamente, el condominio es una fusión de figuras jurídicas básicas: propiedad individual y copropiedad. Su organización se asemeja mucho al de las sociedades: en algunos Estados tienen personalidad jurídica (lo que hace innecesario crear asociaciones civiles), y tienen un órgano que los representa (el administrador), quien tiene implícitamente poderes (orgánicos) para administrar y para defender los bienes comunes que implica el encargo.

A pesar de la falsedad de la popular consideración de que el dueño del negocio (quien constituye el régimen) debe ser el administrador forzoso durante el primer año, lo cierto es que algunos condominios se han diseñado así. Puede ser administrador quien se designe para ello en la constitución del régimen, pudiendo serlo cualquiera de los condóminos o un tercero.

Lo relevante y es en lo que pretende enfatizar es en la alta encomienda que tienen los administradores (pueden ser empresas). De ellos depende la armonía y, como digo al inicio la vida de los seres humanos.

Por determinación de la ley, el administrador tiene algunos deberes “corporativos” como el de llevar y conservar los libros de actas de asambleas (autorizados por el Ayuntamiento) y de registro de acreedores; recaudar cuotas, efectuar gastos, informar mensualmente sobre las finanzas, convocar y publicar convocatorias de asambleas, entre otras funciones “light”.

La más fuerte me parece que es la relativa a “cuidar y vigilar los bienes del condominio y los servicios comunes, promoviendo la integración, organización y desarrollo de la comunidad”, en la que se le trasladan obligaciones intensas como las de un padre de familia o un presidente municipal. Menuda tarea, sobre todo tratándose de “microsociedades pluricompuestas”. Pero, eso no es nada, si consideramos que, por un inadecuado mantenimiento de un área de uso común, como una alberca o un jacuzzi, un usuario pudiera lesionarse gravemente o perder la vida por descargas eléctricas.

Lo anterior no es ciencia ficción. Un tribunal federal en Quintana Roo, recientemente (11 de agosto de 2017) publicó la tesis aislada de jurisprudencia (Tesis: XXVII.3o.42 P (10a.)), en la que imputa penalmente a los administradores que, a pesar de que no quieren (voluntad interna) cometer el delito (lesiones u homicidio, por ejemplo) el hecho se presenta y se hubiera podido prever y evitar si no se hubieran dejado de observar las normas que establecen deberes como mantener en buen estado los bienes de uso común.

Y aquí viene la espléndida narrativa jurídica de la tragedia: “Luego, si los sujetos pasivos recibieron una descarga eléctrica mientras se encontraban dentro del jacuzzi del área común del condominio, la cual les provocó diversas lesiones; este hecho es imputable penalmente a los que tenían el deber de cuidado que les era exigible derivado de su calidad de garantes derivado de la ley -administrador y jefe de mantenimiento-, y consiste en no haber acatado la disposición legal de una norma en específico (Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles), pues no previeron lo previsible, como es que en caso de no dar mantenimiento a las áreas eléctricas que se encuentran al aire libre a un costado del mar y tienen contacto con el agua -alberca y jacuzzi-, puede llegar a ocasionar una descarga eléctrica a una persona.”

Así que, antes de aceptar ser administrador, valore si realmente tiene las cualidades para, además de lograr la sana armonía y convivencia de personas que no necesariamente comparten más que la cualidad jurídica de ser personas y propietarios, preservar su salud y vida.