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Amlo y notariado nacional (Reforma, 25 julio 2018)

Desde la campaña electoral, el actual Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, por conducto de la ministro en retiro y también notario público Olga Sánchez Cordero, presentaron ante el Colegio Nacional del Notariado México (Acapulco, mayo de 2018) un “decálogo” relacionado con su perspectiva de las transformaciones que habrán de, una vez ganada la elección, materializarse en el mercado de la fe pública.

Ciertamente, estamos ante un escenario halagüeño que permitirá, de poderse plasmar dichas ideas en algún ordenamiento jurídico nacional (lo que implica una reforma constitucional para darle competencia a la federación en material notarial, dado que hoy la tienen los estados), contar con un sistema notarial que, concentrado en buscar la seguridad jurídica, la certeza y la paz social, fortalecerá la posición del notario frente a los poderes económicos e, incluso, frente al propio poder gubernamental.

Al propiciarse la realización del Derecho a través de la fe pública, sin duda, quienes se benefician en última instancia son los prestatarios de los servicios notariales y todas las personas y empresas que se relacionen con ellos. El instrumento notarial produce una cadena infinita de externalidades positivas (concepto económico que podemos resumir en “beneficios sociales que trascienden la relación notario-cliente”).

El notario al dar fe de la constitución de una empresa o al constituir un condominio, produce una escritura que naturalmente entra en contacto con millones de consumidores. Si esa escritura reúne toda la calidad jurídica que el sistema notarial espera, las relaciones comerciales fluirán y replicarán de manera incesante dicha calidad.

En la cotidianidad del trabajo notarial, cierto es que el notario se encuentra bajo un conjunto de factores externos que tratan de presionarlo para que deje de ser baluarte de los valores que el sistema notarial y el Estado de Derecho proclaman. La fuerza de la ley parece ceder y el notario, aunque Usted no lo crea, se encuentra relativamente solo y aislado. La imposición de condiciones y prácticas, por ejemplo, como las que existen desde los Bancos, al cercenarle a los usuarios de servicios financieros (consumidores tutelados por la ley) la posibilidad de elegir a su notario de confianza, se traduce en una lamentable sumisión del notariado a la banca, con el descuido implícito de los derechos de los clientes.

Cuando el Estado, en su faceta de ordenador social, requiere servicios notariales, tradicionalmente utiliza los servicios notariales de los notarios con quienes tiene algún tipo especial de vinculación. El tratamiento desigual de los notarios, en este escenario, produce que las notarías desfavorecidas, aunque quizá técnicamente superiores, comiencen a desmerecer y a demeritarse. La competencia desleal propiciada desde el gremio o desde el Estado, no le conviene a nadie.

La inversión que los notarios realizan para que las oficinas funcionen, tanto en personal bien calificado como en equipo, implican costos que, como en cualquier actividad económica, se trasladan al adquirente del servicio. Proponer comunicar bidireccional y tecnológicamente a los registros públicos de la propiedad y a los catastros, es una idea que debemos aplaudir e impulsar decididamente.

Homologar las condiciones de acceso al notariado, mediante exámenes de oposición, rigurosos, transparentes, teóricos y prácticos, constituye la aspiración inicial del correcto funcionamiento del sistema. Empero, extrañamente no se ha dicho nada de la jubilación y retiro del notario ni del derecho a recibir una pensión, como sí se ha dicho en el sector de la judicatura. Los incentivos embonarán mejor si permitimos el relevo generacional oportunamente y si al notario se le garantiza que al finalizar su función se retirará con dignidad, alejándolo de tentaciones económicas que se traduzcan en descuidar la función o en hacer competencia desleal a sus pares.

Las materias sustantivas con las que el notario trabaja deben también homologarse. Es el caso de las disposiciones en materia de muerte digna y voluntad anticipada. ¿Por qué unos clientes en unas notarías si pueden hacerlo y otros no? Solamente por su código postal. En un entorno nacional de igualdad y de no discriminación, ello es inadmisible.

Los programas sociales permanente para que quienes menos recursos disponen puedan acceder a los servicios notariales es también de celebrarse. El notario cobra honorarios con base en aranceles (tarifas estatales) que no debe modificar a su arbitrio sino que corresponde al Estado hacer excepciones para mitigar asimetrías y favorecer que la población vulnerable pueda otorgar testamentos o regularizar sus propiedades.

La falta de calificación del notario como agente económico será un tema que deberá resolverse por el órgano constitucional autónomo competente; la COFECE y, seguramente materia de algún medio de control constitucional ante la SCJN. Ser agente económico no es peyorativo ni denuesta: es una consecuencia del contexto constitucional en materia de economía de mercado. Entendido de manera correcta, al sistema notarial le conviene ser un agente económico. Sólo así podrá tener otro blindaje ante los factores reales del poder: las concentraciones y los monopolios. Los beneficiarios serán los consumidores y los clientes de los notarios.

Los notarios de todo México debemos ser aliados del futuro presidente y sumarnos activamente a que su decálogo se haga realidad en el corto plazo. Como lo dije durante la presentación de mi libro “Derecho Notarial” (29 de junio, ITAM) el notariado va directo a estrellarse con el iceberg y debemos corregir el rumbo.

@FGarciaSais

Doctor en Derecho por la UNAM Licenciado en Derecho por el ITAM Notario Público 210 en Mazatlán, Sinaloa Coordinador del Notariado del Colegio de Abogados Egresados del ITAM

— Read on www.reforma.com/aplicacioneslibre/editoriales/editorial.aspx

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