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Amicus Curiae, Etiquetado frontal de alimentos y bebidas, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (agosto, 2018), presentado por Fernando García Sais.

Amparo en revisión

No. De expediente: 240/2018

Quejoso: El Poder del Consumidor A.C.

Autoridades responsables: COFEPRIS y otros.

Amicus Curiae

 

Temas: Etiquetado frontal de alimentos y bebidas

Protección al Consumidor

Principio Pro Colectivad

Principio del interés superior de la niñez.

Derechos Prestacionales y Bienestar

 

Derecho a la salud. CPEUM.-

 

Artículo 2º, Apartado B, inciso III: Derecho prestacional a la salud para los indígenas; que abarca derecho a la alimentación y nutrición de la población infantil.

 

Artículo 4º: Derecho prestacional a la salud para toda persona. Además, se regula el derecho a la alimentación “nutritiva, suficiente y de calidad”, garantizado por el Estado.

 

 

 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

MINISTROS INTEGRANTES DE LA SEGUNDA SALA

 

El suscrito, doctor en Derecho Fernando García Sais, en lo personal y en mi carácter de Presidente de Acciones Colectivas, A.C., de la manera más respetuosa, me permito distraer su atención, a efecto de que en el expediente citado supra sean tomas en consideración, en caso de que Ustedes así lo estimen oportuno, algunas consideraciones que por su relevancia deben ser valoradas por ese órgano límite constitucional, que se suman (evitando repeticiones innecesarias) con las presentadas ante Ustedes por un conjunto de asociaciones civiles integradas en la “Alianza por la Salud Alimentaria”.

 

Para lo anterior, el método de exposición partirá desde la revisión de algunos principios en materia de protección al consumidor para después vincularlo con el derecho prestacional a la salud y poder, entonces, ofrecer algunas ideas que puedan ser de utilidad en la elaboración del proyecto de sentencia que Ustedes elaborarán.

 

  • LA PROTECCIÓN DE LA SALUD EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

 

 

La tutela de los consumidores en el mercado obedece a la asimetría informativa, entendida como la brecha cognitiva que existe en el consumidor final respecto de las características, cualidades, funciones, origen, y un conjunto amplio de elementos que de ser conocidos por el consumidor oportunamente pudieran modificar su decisión de compra. El empresario es quien tiene esa información y puede utilizarla para generar muchas utilidades, pero también mucho bienestar (o sacrificarlo).

 

En muchas ocasiones, el Estado, con recursos de los impuestos lleva a cabo actividades de investigación que deben ser tomadas en cuenta para mitigar los efectos potencialmente dañinos a los consumidores respecto de los bienes y servicios que circulan en el mercado.

 

El problema no sólo es cuantitativo (qué tanta información proporciona el empresario) sino también cualitativo (que la información sea inteligible para el consumidor destinatario[1],[2] del producto de que se trate).

 

El derecho a la información es un principio medular de las relaciones de consumo, tanto contractuales como extracontractuales (aquí entra la publicidad y el etiquetado). El Artículo 1, fracción III, de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) lo dice textualmente:

 

“La información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio, así como sobre los riesgos que representen; […]”[3]

 

La regulación en materia de protección al consumidor y la interpretación que de ella se haga en los tribunales es fundamental para medir el Estado de Derecho en lo concerniente al bienestar que se produce en el país.

 

México tiene un marco jurídico que permite incentivar que los operadores económicos se conduzcan de una manera tal que el consumo produzca bienestar en el destinario final y que la sociedad y el Estado inviertan menos recursos públicos en atender externalidades negativas, que de otra manera sería producidas ilícitamente por unos con el afán de incrementar sus utilidades empresariales.

 

La asignación de responsabilidades constituye otro principio basilar que de su correcta aplicación permite imputar a quien hace un daño la obligación de indemnizarlo integralmente.

 

Así, al legislador del consumidor le interesa que a través de esa ley se proteja al consumidor de manera exhaustiva, siendo la salud una de sus prioridades. Por ello, otro de los principios básicos en las relaciones de consumo; i.e., las que se establecen en el mercado entre proveedores y destinatarios finales, es el de la protección de la vida, salud y seguridad del consumidor contra riesgos provocados por productos, prácticas en el abastecimiento de productos y servicios considerados peligrosos o nocivos[4].

 

 

 

 

  • RESPONSABILIDAD POR PRODUCTOS

 

 

La circulación de bienes en el mercado debe ser inocua. Un producto es susceptible de producir un daño al consumidor atendiendo a tres criterios (i) diseño del producto (ii) proceso de elaboración del producto (iii) inadecuada información contenida en el etiquetado o en la publicidad comercial.

 

Un producto tiene un defecto de diseño cuando todos los productos, al haberse elaborado con base en el mismo patrón, tienen el mismo factor que es susceptible de dañar. Basta con tomar aleatoriamente un producto para acreditar que daña (piénsese en medicamentos o vehículos automotrices). Un bien resulta defectuoso, también, cuando a pesar de que el diseño es bueno se presentó alguna falla durante el proceso productivo, de tal manera que alguno o algunos de los productos de la serie son susceptibles de producir un daño.

 

Por último, y es el que me interesa sea objeto de especial atención por Ustedes señores ministros, es el caso del producto que resulta dañino (o potencialmente, al menos) cuando la información suministrada al consumidor no es clara ni adecuada para prevenir un daño en su persona o en su salud, como es el caso de las etiquetas frontales de alimentos y bebidas con alto contenido calórico, azucares, sodio y grasas saturadas.

 

¿Qué debe hacer el empresario para eliminar la posibilidad de incurrir en defecto de información? La respuesta es compleja y amerita análisis particulares del tipo de producto y del tipo de consumidor destinatario del mismo, dado que no todos los grupos interpretan la información de la misma manera. Requiere esfuerzos demoscópicos que sobrepasan este escrito pero que deben ser reconocidos por Ustedes.

 

La información que se deba dar debe ser toda aquella que resulte razonable para prevenir daños, sobre todo en entornos como el mexicano con cifras públicas que refieren a una situación crítica en materia de obesidad (incluyendo a la población infantil). Ello invita a ser prudentes y cautos en los efectos que la sentencia que Ustedes dictarán producirá sobre la salud de la población mexicana y, sobre las finanzas públicas. [5]

 

El deber de advertir al consumidor se cumple con un etiquetado nutrimental que permita que el consumidor tome mejores decisiones que se traduzcan en bienestar individual y familiar, y a la postre social y que contribuya en el largo plazo a consolidar una mejor educación en el consumo que privilegia la toma racional de decisiones de compra y que sea compatible con la política pública en materia de salud.

 

  • LA PROTECCIÓN DE LA SALUD COMO DERECHO PRESTACIONAL EXIGIBLE AL EMPRESARIO

 

 

Siguiendo de cerca las aportaciones que sobre los derechos prestacionales ha desarrollado el profesor José Ramón Cossío Díaz, una de las reivindicaciones sociales más importantes tras la Primera Guerra Mundial, fue la incorporación del valor igualdad en los textos constitucionales “como signo visible de un compromiso estatal y social tendente al mejoramiento de las condiciones materiales de vida de las personas y grupos”.[6]

 

Como ha escrito el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, la defensa jurídica de la Constitución supone necesariamente la existencia y aceptación de ésta como norma jurídica, lo que implica respetar su innegable carga política y sociológica, y que los problemas del poder se disuelvan en una norma jurídica y se resuelvan a través del derecho.[7]

 

Pero ¿cuál es el rol de la empresa privada para que los derechos prestacionales a cargo del Estado, se cumplan? Para responder, son utilísimas las aportaciones que los economistas y abogados en asuntos de economía han divulgado, desde los inicios del movimiento del Law and Economics hasta los más recientes del Behavioral Economics, y que se han ido introduciendo al campo del Derecho, para valorar qué significa satisfacer necesidades, cómo lograrlo, en qué magnitud, y cuál es el efecto causado sobre el bienestar individual y social, junto con las consideraciones estrictamente normativas de lo que se ha venido considerando como “normas programáticas” pero que ya se superaron con la moderna concepción de los derechos prestacionales accionables y vinculantes.

 

Al respecto, el problema que enfrentamos en México no es de derechos, sino de garantías ─entendidas éstas como deberes consistentes en obligaciones de prestación o en prohibiciones de lesión─, según los derechos (garantizados) sean positivos o negativos (siguiendo a Luigi Ferrajoli). El problema, pues, es de eficacia normativa, no de ausencia normativa.

 

Histórica y evolutivamente, el principio de igualdad implicó dejar atrás las obligaciones exclusivas de abstención impuestas a los poderes públicos, para introducir determinados tratos desiguales y con ello un catálogo extenso de derechos otorgados en favor de los particulares. Así, los jueces en ejercicio del control constitucional deben imprimir materialidad a, entre otros, los derechos prestacionales.

 

En materia de derechos sociales, los grandes avances y referentes se han dado gracias a oportunas intervenciones judiciales. En el caso mexicano, las resoluciones comienzan a cambiar la realidad, desafiando una añeja pasividad. El Poder Judicial de la Federación ha comenzado a explorar, con el impulso procesal de los litigantes innovadores, nuevas soluciones frente a demandas de exigencia de los derechos sociales y prestacionales.

 

  • CONCLUSIONES.-

 

En una sociedad como la mexicana con profundas asimetrías, resulta que la población más pobre es también la más afectada ante una violación al derecho a la información. El daño a su salud producirá más desigualdades. La ausencia de salud será un impedimento para que el individuo se desarrolle competitivamente frente a sus semejantes. La sociedad pierde, con ello, talento y valor.

 

La jurisprudencia del PJF da cuenta de cierto nivel de evolución hacia un “constitucionalismo social” que busca disminuir la brecha existente entre la igualdad formal y la igualdad material.

 

En materia del derecho a la alimentación, una tesis aislada en materia civil proveniente de un TCC en 2007, sostiene que:

“el derecho de que se trata requiere prestaciones positivas, de dar o de hacer, por parte del Estado como sujeto pasivo, en tanto busca satisfacer necesidades de los niños cuyo logro no siempre está al alcance de los recursos individuales de los responsables primarios de su manutención, es decir, los progenitores y, por ende, precisa de políticas de bienestar, de solidaridad y seguridad sociales, así como de un desarrollo integral (material, económico, social, cultural y político), ya que la dignidad de los seres humanos tutelados, elemento sine qua non de las tres generaciones de derechos conocidas, requiere condiciones de vida sociopolítica y personal a las que el Estado debe propender, ayudar y estimular con eficacia, a fin de suministrar las condiciones de acceso al goce del derecho fundamental de los niños. Tal es la forma en que el Estado mexicano tiene que acatar su obligación constitucionalmente establecida de proveer “lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos”, y no sólo mediante la emisión de leyes que detallen los derechos, como las antes invocadas, mismas que también destacan diversas obligaciones estatales”.[8]

El criterio anterior ha evolucionado para caracterizar el derecho a la salud como un derecho social, conforme al cual existe una corresponsabilidad entre Estado, sociedad e interesados, donde se observa que el Estado no es el sujeto pasivo exclusivo, sino el sector empresarial debe ser copartícipe, de ahí que, dice el Pleno de esa SCJN, “la salud sea una responsabilidad que comparten indisolublemente el Estado, la sociedad y los interesados, con base en criterios de capacidad contributiva y redistribución del ingreso.”[9]

 

Cuando las empresas se sienten cómodas sabiendo que, aunque no mejoren sus prácticas comerciales y sus productos, los consumidores no modificarán sus hábitos y decisiones (yéndose con otros), existe un problema serio de mercado (monopolios, concentraciones, prácticas monopólicas, abusos al consumidor, etc.).[10] La actuación en favor de los consumidores finales y de los consumidores en general debiera partir de fortalecer el principio de la información pues el ejercicio de derechos vagos, ambiguos y costosos puede ser un gran desincentivo.

 

En materia de información / publicidad engañosa, además de su énfasis sancionador por parte del Estado, debería complementarse en el sentido de contribuir hacia una toma de decisiones que generen bienestar. La publicidad engañosa, recordemos, se produce por acción y por omisión; esto es, por lo que se dice y por lo que no se dice (incluido su presentación y el medio de presentación).

 

Esta última es un área de oportunidad para guiar al consumidor hacia hábitos de consumo más benéficos.

 

Cass Sunstein, con acierto rotundo, sostiene que:

 

“Los arquitectos de la decisión conducen a la gente. Son ellos quienes pueden promover la complejidad o la simplicidad; confundir a la gente o facilitarles las cosas. Ellos deciden que los platos de tu cena y los marcos de tus gafas sean grandes o pequeños, que los primeros productos que veas en la tienda sean dulces y nueces, que tu automóvil tenga cámara retrovisora y una clara exposición de cuántos kilómetros obtienes por galón, que tus papeles hipotecarios sean largos y complejos, y que veas, o no, todas las tarifas extras asociadas a tu boleto aéreo”.”[11]

 

Señores, ministros: en México, debemos construir instituciones que midan el impacto de las leyes, normas, actos y omisiones de autoridad y de la empresa sobre el bienestar, e ir construyendo soluciones realistas para que los derechos prestacionales a la alimentación y salud sean una realidad creciente para la mayoría de los mexicanos, con el interés superior de los niños al frente.

 

En el mercado, la participación de la empresa debe producir eficiencias para que circulen productos y servicios de mayor calidad, inocuos (a las personas y al medio ambiente), en un entorno de competencia económica. Si continúan las estrategias que buscan limitar la información (o su eficacia) que circula en el mercado, el consumidor no obtendrá niveles de calidad de vida adecuados.

 

El Derecho tiene que ser el mejor aliado en esta línea evolutiva del derecho social hacia el respeto de los derechos humanos, hacia la generación de bienestar.

 

 

 

PROTESTO LO NECESARIO

 

 

 

 

 

Fernando García Sais

 

 

 

 

Mazatlán, Sinaloa a 20 de agosto de 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Aquí deben hacerse análisis sectorizados por grupos destinatarios de los productos, pues el impacto, efecto y la interpretación que de la publicidad, información y etiquetado realice un menor de edad, un miembro de la población indígena, una persona adulta mayo o un enfermo (población vulnerable) no es igual en todos los casos, comparativamente hablando.

[2] Cfr., Artículo 1, fracción X, de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC): “La protección de los derechos de la infancia, adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas, y […]”

[3] De ahí nace la protección contra la publicidad engañosa ex arts. 32 y ss. de la propia ley del consumidor.

[4] Cfr. Artículo 1, fracción I, ex LFPC.

[5] Donde se presentan otros temas de interés público: la financiación colectiva a daños privados mediante impuestos generales.

[6] Cossío Díaz, José Ramón. Estado Social y Derechos de Prestación. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1999, p. 18.

[7] Zaldívar, Arturo, El juicio de amparo y la defensa de la Constitución, “Fundamentos teóricos de la defensa de la constitución en un estado federal”, en Cossío Díaz, José Ramón (comp.), La defensa de la Constitución, México, Fontamara, 2015, pp. 44-45. Según Zaldívar, en los orígenes del constitucionalismo moderno se consideró que la simple consagración de los derechos fundamentales, así como de los límites de los órganos del Estado, eran motivos suficientes para generar respeto; desgraciadamente, la experiencia nos lleva a lo contrario, ya que es necesario establecer instrumentos que obliguen a los titulares del poder público a ceñirse a lo mandado por la Constitución.

[8] Tesis I.3o.C.589 C, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXV, febrero de 2007, p. 1606, rubro “ALIMENTOS. FORMA EN QUE EL ESTADO MEXICANO DEBE ACATAR SU OBLIGACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL.”

[9] Tesis 49, Apéndice 1917-septiembre 2011, Novena Época, tomo I, p. 893, rubro “SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4o., TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL.”

[10] El resultado de contar con un mercado que funcione adecuadamente se traduce en mejores productos, mayor calidad y mejores precios. Y es que, en un escenario de mal funcionamiento del mercado, el bienestar es extraído del consumidor hacia el empresario, como lo demuestran las gráficas de utilidad usadas en microeconomía.

[11] Sunstein, Cass R., Simpler. pp. 37-38.

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Real Estate Acquisition Tax

Real Estate Acquisition Tax
Fernando García Sais Ph.D.
Notary Public 210
Mazatlan, Mexico.
http://www.garciasais.com.mx

If you are a regular buyer of real estate, surely what you will find in the next lines are a set of truisms. The truth is that, according to official statistics, in Mexico most people buy a property only once in their life. Therefore, talking about this subject acquires significant relevance among us, potential buyers of all types of real estate, for commercial or residential purposes.

The Civil Code of Sinaloa establishes a very rare rule of scarce application: the expenses of registration and registration correspond to both parties equally, unless otherwise agreed (the exception becomes a general rule in practice). That is, in fact the parties agree that it is the buyer who disbursed everything or practically everything, except the taxes that are caused to the transferor (which may also be subject to agreement between the parties).

The source of the expenses may have as a source payment obligations that arise against the State (taxes, duties, tariffs); in front of individuals who have the nature of fees (appraiser, real estate agent, tax advisor), and notarial fees that have the nature of official rate.

Regarding the first item (against the State) the purchaser must pay the Tax on Acquisition of Real Estate (ISAI) at a rate of 2% on the taxable base, which is determined from the value that is greater among (i) the operation value and (ii) the one of any of the following bank or commercial appraisals made by experts authorized by the City or by an expert recognized by the National Banking Insurance Commission, or by an expert member of the Mexican Institute of Appraisal of Sinaloa , AC or by Public Broker or by the Cadastral Institute of the State of Sinaloa.

Additionally, the law stipulates that the municipal authority will charge 10% of the amount that resulted according to the preceding paragraph (on the payment slip it appears as “pro-sport”).

The law establishes some exceptions to this rate of 2%. This is the case of social housing acquisitions provided they do not exceed 6,500 UMAS *. In these cases, the taxable base of the tax is determined according to the commercial value that must be set by the Cadastral Institute.
*UMA: $80.60 pesos.

The law establishes some exceptions to this rate of 2%. This is the case of social housing acquisitions provided they do not exceed 6,500 UMAS *. In these cases, the taxable base of the tax is determined according to the commercial value that must be set by the Cadastral Institute.

If the house-room of social interest type is of new construction and its value does not exceed 5,500 UMAS, there is a benefit: the rate is 10% of the tax base. Where the value is from 5,501 to 9,500 UMAS, the tax will be calculated on 32% of the tax base.
In the case of property received due to death (inheritance or bequest) or donation, provided that the purchaser is a child, grandchild, great-grandchild (without limitation of degree and in both directions) or the surviving spouse, the same rate applies. 2% but with a cap of 25 UMAS.

All taxes must be paid within the term established by law. The ISAI must be paid within 30 calendar days following the occurrence of each of the following situations: (i) The adjudication of the assets of the estate as well as when hereditary rights are assigned or assets are sold by the estate; (ii) in the case of acquisitions made through a trust, when the cases of alienation or assignment of rights are made, under the terms of the Federal Fiscal Code; (iii) when the resolution is registered or registered by the judicial or administrative authority, in cases of positive prescription, or award by auction; (iv) in the case of contracts of sale with reservation of title or promise of sale, as well as in the cases of assignment of rights related to said contracts, when the respective contract is executed; and, (v) as a general rule of supplementary application if the case is not foreseen in the previous cases, the term of 30 days is counted from the date of celebration of the act that causes the tax.

Not paying the tax or doing it out of time generates consequences. Contributing to public spending, through compliance with tax obligations, materializes the constitutional principle that empowers citizens to demand quality public services from their authorities.

A good municipal administrator will use the actions of the law to collect the omitted taxes, being able to exercise an action to seize the property even when they have already been the object of another sale. That’s why the importance of obtaining “municipal fiscal solvency” before signing a promise or purchase agreement. To your misfortune, the expenses and fees for the municipal procedure will also be for you.
Public notaries are prohibited from definitively authorizing the deed if the ISAI has not been paid. The municipal authority, after much pressure from the Mazatlan notaries, is about to implement an electronic system so that, from the notaries, such payment is made. This will imply savings in resources and greater efficiency in transactions.

Notary 210 provides legal, real estate, tax and corporate advice. The holder has 18 years of solid experience in the best offices in Mexico City and in relevant positions in the SAT, Treasury, Profeco and Presidency of the Republic; In addition, he is a professor and author of academic books on Notarial Law, Consumer Protection and Commercial Bankruptcy.

Fernando García Sais, Ph.D. is National Coordinator of Notaries of the Graduate Bar Association of ITAM.

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El ISAI al comprar un inmueble

El ISAI al comprar un inmueble

Dr. Fernando García Sais

Notario Público 210 de Sinaloa

Acreditado ante el Better Business Bureau (México)

Coordinador del Notariado del Colegio de Abogados del ITAM

Si usted es un comprador habitual de bienes raíces, seguramente lo que encontrará en las próximas líneas son un conjunto de obviedades. Lo cierto es que, según las estadísticas oficiales, la mayoría de las personas compran un inmueble solamente una vez en su vida. Por ello, hablar del tema adquiere relevancia significativa entre nosotros y en esta Revista Espacios, en la que sus lectores son potenciales adquirentes de todo tipo de inmuebles, destinados o no a casa habitación.

El Código Civil de Sinaloa establece una regla de rarísima aplicación: los gastos de escrituración y registro corresponden a ambas partes por igual, salvo convenio en contrario (la salvedad se convierte en regla general en la práctica). Es decir que, en los hechos las partes acuerdan que sea el comprador el que desembolsé todo o prácticamente todo, salvo los impuestos que se causen al enajenante (que también pueden ser objeto de pacto entre las partes).

El origen de los gastos puede tener como fuente obligaciones de pago que surgen frente al Estado (impuestos, derechos, tarifas); frente a particulares que tienen la naturaleza de honorarios (perito valuador, agente inmobiliario, asesor fiscal), y los honorarios notariales que tienen la naturaleza de tarifa oficial.

En lo concerniente al primer rubro (frente al Estado) el adquirente debe pagar el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) a una tasa del 2% sobre la base gravable, la que se determina a partir del valor que sea mayor entre (i) el valor de operación y (ii) el de uno de cualquiera de los siguientes avalúos bancario o comercial realizado por peritos autorizados por el Ayuntamiento o por perito reconocido por la Comisión Nacional Bancaria de Seguros, o por perito miembro del Instituto Mexicano de Valuación de Sinaloa, A.C. o por Corredor Público o por el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa.

Adicionalmente, está previsto en ley, que la autoridad municipal cobrará un 10% del monto que resultó según el párrafo precedente (en la boleta de pago aparece como “pro deporte”).

La ley establece algunas excepciones a dicha tasa del 2%. Es el caso de las adquisiciones de casa habitación de interés social siempre que no excedan de 6,500 UMAS*. En estos casos la base gravable del impuesto se determina conforme al valor comercial que deberá ser fijado por el Instituto Catastral.

Si la casa-habitación de tipo interés social es de nueva construcción y su valor no exceda de 5,500 UMAS, existe un beneficio: la tasa es del 10% de la base gravable. En las que el valor sea de 5,501 a 9,500 UMAS, el impuesto se calculará sobre el 32% de la base gravable.

Para el caso de inmuebles recibidos por causa de muerte (herencia o legado) o por donación, siempre que el adquirente sea hijo, nieto, bisnieto (sin limitación de grado y en ambos sentidos) o el cónyuge sobreviviente, se aplica la misma tasa del 2% pero con un tope de 25 UMAS.

Todo impuesto debe ser pagado dentro del plazo que la ley disponga. El ISAI debe ser pagado dentro de los 30 días naturales siguientes a que se presenten cada una de las siguientes situaciones: (i) La adjudicación de los bienes de la sucesión así como al cederse los derechos hereditarios o al enajenarse bienes por la sucesión; (ii) tratándose de adquisiciones efectuadas a través de fideicomiso, cuando se realicen los supuestos de enajenación o de cesión de derechos, en los términos del Código Fiscal de la Federación; (iii) al protocolizarse o inscribirse la resolución, de la autoridad judicial o administrativa, en los casos de prescripción positiva, o adjudicación por remate; (iv) tratándose de contratos de compraventa con reserva de dominio o de promesa de venta, así como en los casos de cesión de derechos relacionados con dichos contratos, cuando se celebre el contrato respectivo; y, (v) como regla general de aplicación supletoria si el caso no está previsto en los supuestos anteriores, el plazo de 30 días se cuenta a partir de la fecha de celebración del acto que cause el impuesto.

No pagar el impuesto o hacerlo fuera de plazo genera consecuencias. Contribuir al gasto público, mediante el cumplimiento de las obligaciones tributarias, materializa el principio constitucional que empodera al ciudadano a exigir a sus autoridades servicios públicos de calidad.

Un buen administrador municipal utilizará las acciones de la ley para cobrar los impuestos omitidos, pudiendo ejercer una acción para embargar el inmueble aun y cuando ya hayan sido objeto de otra venta. Por eso la importancia de obtener la “solvencia fiscal municipal” antes de firmar un contrato de promesa o de compraventa. Para su mala fortuna, los gastos y honorarios por el procedimiento municipal serán también para Usted.

Los notarios públicos tenemos prohibido autorizar definitivamente la escritura si no se han pagado el ISAI. La autoridad municipal, después de mucha presión por parte de los notarios mazatlecos, está por implementar un sistema electrónico para que, desde las notarías, se realice dicho pago. Ello implicará ahorro de recursos y mayor eficiencia en las transacciones.

*UMA: $80.60 pesos en 2018.

La notaría 210 brinda asesoría jurídica, inmobiliaria, fiscal y corporativa. Su titular tiene 18 años de sólida experiencia en los mejores despachos de la Ciudad de México y en posiciones relevantes en el SAT, Hacienda, Profeco y Presidencia de la República; además de que es profesor y autor de libros académicos de Derecho Notarial, Protección al Consumidor y Concursos Mercantiles.

El Doctor Fernando García Sais es Coordinador Nacional del Notariado del Colegio de Abogados Egresados del ITAM.

www.garciasais.com.mx