Artículos Periódico Noroeste

El Consejo de Notarios de Sinaloa (Noroeste, 26 octubre 2018)

El Consejo de Notarios de Sinaloa

Dr. Fernando García Sais

@FGarciaSais

www.garciasais.com.mx

Notario 210 de Sinaloa

La Ley del Notariado dispone que el Consejo de Notarios tiene como función representar y procurar los legítimos intereses de los notarios. En el mismo rango y nivel, se la adscribe la función de garantizar la defensa de la sociedad, por medio de un servicio notarial que pueda ser calificado de competente, eficaz, digno y responsable.

Todos los notarios sinaloenses, en ejercicio, formamos parte del Consejo. Se trata de una asociación forzosa, viene incluida en la función. Al tratarse de una función pública, no queda duda alguna de que los notarios carecemos del derecho fundamental del artículo 9º de la Constitución, en lo que se refiere a la libertad de asociación respecto de ese órgano que tiene naturaleza de autoridad.

El Consejo, tiene una junta directiva que lo representa, con nueve consejeros propietarios y sus suplentes. Lo integran también cinco vocales, uno por los grupos de municipios que menciona el artículo 177. El quinto vocal representa a los notarios de San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa, por ejemplo.

La junta directiva, que actúa de manera honorífica (sin remuneración) se renueva cada dos años, por votación mayoritaria, personal, directa y secreta de todos los notarios que integran el Consejo. Entre sus funciones relevantes está el de auxiliar al Ejecutivo en la vigilancia y cumplimiento de la ley notarial; promover reformas a la propia ley; organizar cursos de capacitación; participar en los exámenes de calificación para ser notarios (con una intervención menor desde la reforma de 2010), y recibir quejas y resolver las diferencias entre los prestatarios y los notarios, entre otras.

De las funciones más relevantes, además de las citadas, está la de resolver las consultas que le hicieren las autoridades y vigilar la aplicación del arancel “pudiendo dispensar su aplicación en actuación concreta, previa solicitud fundada de cualquier Notario en ejercicio”.

Me detengo en la antepenúltima. Recientemente revisé un anteproyecto de “Reglamento Municipal de Servicios Inmobiliarios” de Mazatlán. Con independencia de que en su oportunidad se hagan comentarios exhaustivos y puntuales a dicho documento, inquieta que se le asignen funciones al “Colegio de Notarios de Mazatlán, Sinaloa”, cuando el colegio que existe en Mazatlán no se llama así y, superado el lapsus, no es una autoridad ni una entidad de derecho público, como sí lo es el Consejo de Notarios y sus órganos.

No es la única ley municipal o estatal que le da una silla a una asociación civil de notarios, desplazando al Consejo y restándole legitimidad, ya de por sí tan atenuada. Lo correcto es que las leyes reconozcan a los órganos que el propio Estado crea para fortalecer los derechos, en este caso, de los notarios y de la ciudadanía.

¿Quién defenderá mejor a los beneficiarios del servicio notarial, quién entenderá mejor los problemas y temas que requieren asesoría técnica? Ciertamente supongo que el Consejo. También supongo que los redactores de instrumentos como el que señalo desconocen la estructura del notariado sinaloense. Si lo hacen a sabiendas, qué terrible manera de diseñar políticas públicas y de producir cuerpos normativos que se irán a la trituradora.

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Mujeres que aborten a la cárcel: “Congreso de Sinaloa”

Mujeres que aborten a la cárcel: “Congreso de Sinaloa”

Dr. Fernando García Sais

www.garciasais.com.mx

@FGarciaSais

 

Haciendo gala de una profunda ignorancia en materia científica, jurídica y filosófica, el pasado 28 de septiembre de 2018 el Honorable Congreso de Sinaloa aprobó por mayoría de votos una reforma que adiciona el artículo 4º Bis, fracción I, de la Constitución Política de nuestro estado, al establecer literalmente lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. El Estado tutelar el derecho a la vida desde el momento en que un individuo es concebido, el trabajo la protección de la ley correspondiente, hasta su muerte, respetando en todo momento la dignidad de las personas”.

En el ámbito periodístico esta noticia dio la vuelta no solamente Sinaloa por todo el país. El tema recuerda la disputa entre conservadores y progresistas que, con ciertos vaivenes y vicisitudes políticas, han ido logrando avances y retrocesos en lo que se refiere a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Federal.

Recordemos junto al caso del aborto, el de la eutanasia pasiva (conocida como la ortotanasia o voluntad anticipada) y la eutanasia activa, que ha sido objeto de discusiones parlamentarias no solamente en nuestro país sino en muchos otros países civilizados, así como de sentencias de tribunales constitucionales en Estados Unidos (Roe vs. Wade), la Corte Constitucional colombiana en una sentencia de 10 de mayo de 2006 en la que, por cierto, estableció la “no equivalencia” entre el que está por nacer (con una potencialidad, que siguiendo Aristóteles puede llegar a ser o no ser) y la vida humana de la mujer, siendo ésta la titular de derechos fundamentales (a su cuerpo, sexualidad, reproducción, intimidad, etc.).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación también se ha pronunciado sobre el aborto. El caso concreto y específico es el de la reforma a la Constitución de la Ciudad de México y a su Ley de Salud, y a la reforma previa al Código Penal (despenalizando el aborto, abril de 2007) y en la cual la Corte–nuestro constitucional— declaró que dicha posibilidad (la de abortar) constituye un ejercicio de los derechos fundamentales de las mujeres que no puede ser limitado (ni por las constituciones locales ni por las leyes inferiores).

Por ello, cualquier debate serio, ya sea en sede legislativa, jurisdiccional o inclusive en cualquier charla entre amigos, los argumentos en torno al avance en el Estado de Derecho, a los valores de la cientificidad, laicidad, pluralismo democrático y, finalmente, muy importante al estado de la ciencia son imprescindibles.

En lo que se refiere al Estado de Derecho, la Constitución General tras la reforma de 2010 en materia de derechos humanos ha establecido su universalidad y progresividad. Con sustento en esas dos características son inconstitucionales todas aquellas leyes que discriminen a las mujeres criminalizándolas por las mismas conductas que en otro Estado de la República no constituyen un delito. Es el caso del aborto en el que como lo he dicho en la Ciudad de México es constitucional y legal.

Además, en 2010, se adicionó el principio pro homine (pro persona), por lo que debe buscarse la interpretación más favorable a las personas. Por ello la recién aprobada reforma constitucional en Sinaloa pudiera ser atacada a través de los distintos medios de control constitucional, por atentar en contra de dichos principios y valores supremos, por lesionar la igualdad de las mujeres y constituir un ataque sus libertad y salud.

En lo que se refiere a la cientificidad el estado de la ciencia se decanta por permitir el aborto hasta antes de las 12 semanas de la concepción. En virtud del conocimiento científico en materia de desarrollo embrionario y fetal, se ha concluido jurídicamente que el feto no es titular de derechos fundamentales (como lo ha señalado Jorge Carpizo) sino que es un bien jurídicamente tutelado, lo que arrojaría conclusiones jurídicas diferentes.

Tomar decisiones desde el Estado con base en la ciencia implicará necesariamente tomar decisiones respetando el principio de laicidad. Para el servidor público vale todo y sólo lo empírico-racional, dado que ese es el pilar del Estado constitucional y democrático de derecho. No tengo duda alguna de que la creencia de que desde la fecundación, Dios infunde en el cigoto al alma, es toda digna de respeto, sin embargo, jurídicamente no tiene ningún sustento.

Como lo ha sostenido el ilustre jurista sinaloense, doctor Diego Valadés, “lo importante en un Estado constitucional no consiste en imponer ni en proscribir credos, sino en prescribir las más amplias libertades a favor de todos los integrantes de la comunidad estatal”. Como lo ha dicho el filósofo y profesor del ITAM, Dr. Rodolfo Vázquez, “los enunciados de fe, las verdades reveladas, las premisas que no pueden someterse un análisis empírico-racional, no parecen ser los candidatos idóneos, no sólo para una discusión seria sobre el aborto y eutanasia, sino para cualquier razonabilidad posible en las actividades de los tres poderes del Estado […]”.

En sede legislativa, en lo que se refiere pluralismo democrático, siempre es importante recoger consensos a través de juicios demoscópicos que permitan a legislador llevar a cabo adecuaciones normativas incluyentes, tolerantes y que fortalezcan el principio de libertad y pluralidad de pensamiento, so pena de ir perdiendo legitimidad pública.

En vista de lo anterior, es evidente que en lo concerniente a una eventual tensión de derechos entre la mujer y su feto no existe colisión entre ellos: el embrión de hasta 12 semanas no es un individuo biológico ni una persona. El feto no es titular de derechos fundamentales.

Cuestión totalmente diferente es la posibilidad de que el nasciturus sea designado donatario, heredero o legatario, ya que la propia ley dice que ello se actualizará si nace vivo y viable. La constitución cuando se refiere la persona lo hace en relación con el nacido no con el que no existe.

Con la Constitución Federal, las mujeres pueden acudir al juicio de amparo para obligar a las instituciones públicas a que les practiquen el aborto, extendiendo en su beneficio los derechos consagrados para todas, sin discriminación y en igualdad. Ello a pesar de la atroz reforma que comento.

El Estado no debe abandonar a las mujeres ni tomar decisiones que no le competen sino a ellas. El Estado debe utilizar todos sus recursos para salvaguardar los derechos de las mujeres no para minimizarlos ni atentar contra su dignidad.

 

Fuentes consultadas:

Derechos humanos, aborto y eutanasia, visible en https://www.nexos.com.mx/?p=12617