Revista El Mundo del Abogado

Acciones colectivas para accionistas minoritarios (Revista Mundo del Abogado, Mayo 2019)

Dr. Fernando García Sais

Lic. en Derecho por el ITAM, Doctor en Derecho por la UNAM, Experto en Protección al Consumidor y en Acciones Colectivas. Fue coautor de la reforma constitucional de acciones colectivas de 2010.

Es notario público en Sinaloa.

http://www.garciasais.com.mx

En la Gaceta del Senado del 19 de marzo de 2019 aparece publicada una iniciativa del Senador Ricardo Monreal Ávila (http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/91464) que reforma el marco jurídico procesal en materia de acciones colectivas, que fueron incorporadas en 2010 en el artículo 17 constitucional y, después, desarrolladas en virtud de la labor legislativa el Código Federal de Procedimientos Civiles y en un conjunto de leyes federales como las de competencia económica, protección al consumidor, servicios financieros y medio ambiente.

La tutela colectiva jurisdiccional de derechos individuales que se reconoció a los consumidores en general y a los usuarios de servicios financieros en particular, así como por daños derivados de prácticas monopólicas así declaradas por el órgano constitucional autónomo Cofece o por daños al medio ambiente, encontraría con esta reforma propuesta una ampliación, para incluir la tutela a los accionistas minoritarios en las sociedades bursátiles.

Así, la omisión de llevar a cabo una oferta pública de adquisición (OPA) de carácter forzoso o cuando se adquiera la titularidad de las “acciones de control” (30% o más de las acciones ordinarias) de una emisora (sociedad anónima inscrita en el Registro Nacional de Valores) habilitaría a los accionistas minoritarios (la iniciativa no señala un mínimo de acciones como requisito de la legitimación) para demandar en grupo a quien haya llevado a cabo la adquisición de las acciones de control de manera ilícita, contraviniendo la Ley del Mercado de Valores (lineamientos del artículo 98), con la finalidad de que reciban el mismo trato que los accionistas de control, mediante la entrega a los minoritarios de la contraprestación (incluyendo el premio, en su caso) que se les dio a los accionistas de control.

Sin duda, como instrumento procesal, la acción colectiva es no sólo deseable sino urgente. Debe, además, ampliarse a otras materias (que misteriosamente fueron eliminadas en el proceso legislativo en 2011) en donde hay intereses colectivos y difusos como los servicios públicos, para con ello hacer que las políticas públicas y su instrumentación sean más igualitarias y disminuya la pobreza (al aumentar la calidad de los servicios).

Sin embargo, lamentablemente la práctica en los tribunales federales muestra que los ingentes esfuerzos de los abogados de las colectividades afectadas no han hecho funcionar efectivamente el acceso colectivo a la justicia. La causa primaria es el defectuoso producto legislativo que, me parece, fue intencionalmente diseñado para no funcionar. La eliminación del opt-out desincentiva el ejercicio de la acción, infra representa al grupo y, lo peor, infra indemniza. El que daña se sale con la suya. Ello rompe la regularidad constitucional y hace palidecer al Estado de Derecho.

Si trasladamos las deficiencias que se han presentado a la acción colectiva bursátil pueden ponerse en riesgo, si todo lo demás sigue constante, los valores que la iniciativa del senador Monreal busca proteger. De entrada, los juzgados federales competentes no cuentan con elementos técnicos en las materias sustantivas objeto de las acciones colectivas y, por otro lado, no han podido despojarse de las formas individualistas del derecho procesal.

Por ello, la iniciativa que comento, si bien es meritoria, lo cierto es que con carácter preliminar y con la agudeza que lo caracteriza, exige revisar la experiencia nacional, que abogados como David Álvarez Bernal (Mazatlán) han ido produciendo hasta incluso llegar a decisiones relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o a las opiniones de académicos como el doctor José Roldán Xopa (CIDE) o el juez internacional Eduardo Ferrer, que junto con el suscrito y otros juristas, participaron pro bono en la redacción de la reforma constitucional de 2010.

A bote pronto, tomen nota de lo siguientes cambios mínimos indispensables, precisar que: (a) la competencia territorial le corresponde al juez del domicilio del demandado o al juez en cuyo domicilio se encuentre la clase o el mayor número de quienes la integran, a elección del representante de la clase; (b) sólo los jueces de distrito mixtos o especializados en materia civil, son los competentes para conocer de las acciones colectivas, (c) la notificación a la colectividad se debe hacer por los medios más idóneos y los edictos deben ser el último medio a considerar, (d) cuando la demanda la promueva una AC con registro ante el Consejo de la Judicatura Federal, no requiere proporcionar el nombre de al menos 30 integrantes del grupo ni contar con su autorización para promover la demanda; y (e) que las autoridades reguladoras de las materias en que procede una acción colectiva, tienen el deber de rendir opiniones, dictámenes técnicos y periciales y de recabar y proporcionar toda la información que tenga relevancia para decidir el asunto.

Hay muchos otros aspectos que se pueden corregir para favorecer que el acceso a la justicia colectiva no sea un mito y evitar que estas, eventualmente nuevas, acciones colectivas para proteger a accionistas minoritarios sean una loza pesada para favorecer la expansión ordenada de la economía.

Artículos Periódico Noroeste

Escrituras y algo más: solución de conflictos en las notarías (Noroeste, 6 de mayo 2019)

Fuente web:

https://www.noroeste.com.mx/publicaciones/opinion/escrituras-y-algo-ms-solucin-de-conflictos-en-las-notaras-108748

 

Dr. Fernando García Sais[1]

Notario Público 210 de Sinaloa

http://www.garciasais.com.mx

Resolvamos los problemas que en los juzgados tardan meses, en días o en semanas.

Los notarios, no sólo en Sinaloa, sino en otras entidades federativas e, incluso, en países como España y Francia, además de autenticar o dar fe como rasgo genético esencial, realizan potencialmente otros actos como mediar entre las partes o fungir como árbitros. La mediación y el arbitraje, son medios alternativos de solución de conflictos (MAC´s o ADR´s en Inglés: alternative dispute resolution) que han mostrado gran eficacia y eficiencia en la búsqueda de vías más adecuadas para resolver fricciones entre personas y empresas.

Para cualquier abogado y estudiante del Derecho, dichos conceptos resultan muy familiares. Hace 20 años que pasé por el Departamento de Derecho del ITAM ya se estudiaban y, junto con el Análisis Económico del Derecho, los MAC´s se revelan como una alternativa que reduce tiempos para las partes, alivia la carga de trabajo en los juzgados y resuelve más rápido y eficazmente los problemas entre las partes. Se dice que se trata de una especie de “justicia privada” en la medida que se contratan los servicios de un perito en Derecho y, en ocasiones, los paneles arbitrales incluyen a expertos en los temas concretos de la contienda (piénsese en un incumplimiento de un contrato para la construcción de un aeropuerto).

La función del notario no debe constreñirse pues a hacer escrituras. Eso es parte de la filosofía anacrónica de la actividad. El notariado debe potencializar su actividad y aprovechar el enorme talento de los juristas que lo integran en beneficio de la sociedad. Hacerlo así implicará externalidades positivas incluso para otras personas que no ven distraída la labor de los jueces en asuntos que sí ameriten llegar a los tribunales. Si en algo debemos apoyar a la sociedad es en evitarles conflictos y una vez que surjan apoyarles a encontrar las mejores soluciones.

En el futuro, las próximas generaciones seguramente verán que la ampliación a las tareas del notario son fruto de una evolución constante que aporta y construye al notariado. Hay algunas áreas en las que los MAC´s tendrían un rol crucial a partir de la consideración de que los notarios poseen una sólida preparación jurídica pluridisciplinaria y hoy cuentan con abogados expertos en varias disciplinas. La reputación del notario, su perfil, su trayectoria son unos cuantos elementos que lo configuran como el idóneo para participar proactivamente entre las partes para alcanzar soluciones mutuamente satisfactorias.

Preventivamente, el notario aconseja; posteriormente, ayuda a resolver conflictos. “Notaría abierta, juzgado cerrado” (Joaquín Costa dixit). La mediación y el arbitraje fortalecen al notariado y le dan cuerpo social al gremio, además de que lo redimensiona y lo legitima con la ciudadanía que, en algunos sectores, ven al notario como un extractor de rentas (que no lo es, por los grandes beneficios a la seguridad jurídica y a la paz que tiene el instrumento notarial).

La participación del notario en una mediación se acerca a la negociación asistida: encontrar la verdadera fuente del problema y resolverlo. No se trata de encontrar un culpable, estigmatizarlo o imputarle faltas. Se trata de entender la realidad, los intereses y las necesidades objetivas y razonables y llegar a un acuerdo. Son las partes las que van abriendo los ojos y transitando hacia mejores situaciones y utilizar los recursos de manera más inteligente. Incluso si las partes no llegan a un acuerdo que se pueda plasmar en un instrumento notarial, el proceso de mediación les habrá resultado de utilidad para entender un poco más a cerca de la situación, posibilitando que posteriormente lleguen a un acuerdo.

Tanto en el Derecho Civil, como en el Familiar y en el Mercantil, hay temas susceptibles de someterse a la mediación ante el notario. Contratos de compraventa de inmuebles con o sin créditos con garantía hipotecaria, contratos de arrendamiento, conflictos en condominios, reclamaciones por daños derivados de responsabilidad civil, conflictos entre herederos, conflictos matrimoniales, conflictos entre concubinarios (y en general con todo tipo de parejas), conflictos en la empresa (incluyendo a la familiar), conflictos entre socios y accionistas, entre empresas y consumidores, entre empresas y sus proveedores, por mencionar algunos.

El notariado construye el camino para la seguridad jurídica y para la paz. Con nuestra participación en la solución de fricciones, como las apuntadas, la sociedad recibe mejores servicios notariales.

 

[1] Licenciado en Derecho por el ITAM. Doctor en Derecho por la UNAM. Autor de obra jurídica en materia de Notariado, Consumidores y Derecho Concursal. Coordinador del Notariado en el Colegio de Abogados Egresados del ITAM.