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Impuestos pagados por notarios en nombre de sus clientes e inicio del plazo para demandar en Amparo (junio, 2019)

Fernando García Sais

Abogado, Doctor en Derecho y Notario Público 210

www.garciasais.com.mx

junio, 2019

 

El 30 de noviembre de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, una decisión relevante del Pleno de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la cual se aplazaron todos los amparos en revisión en los que se estuviera impugnando las normas que establecen tributos (como el ISAI o los derechos de inscripción en el Registro Público) y que el acto de aplicación sea la retención del dinero llevada a cabo por un notario público (http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5409981&fecha=30/09/2015)

ACUERDO GENERAL NÚMERO 16/2015, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, POR EL QUE SE DISPONE EL APLAZAMIENTO DEL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN EN LOS AMPAROS EN REVISIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, EN LOS QUE SE IMPUGNEN NORMAS GENERALES EN LAS QUE SE ESTABLECEN TRIBUTOS LOCALES, SEÑALANDO COMO SU ACTO DE APLICACIÓN LA RETENCIÓN REALIZADA POR EL RESPECTIVO NOTARIO PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN, CON MOTIVO DE LA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS NOTARIALES O DIVERSO DOCUMENTO PRIVADO GENERADOS CON UNA ANTICIPACIÓN DE DIECISÉIS DÍAS HÁBILES O MÁS RESPECTO AL DÍA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO CORRESPONDIENTE.

Ello fue así dada la existencia de 546 amparos en revisión con la temática antes expuesta y con la finalidad de evitar sentencias contradictorias (para evitar, pues, la división de la continencia de la causa) y preservar el derecho a la seguridad jurídica de los gobernados así como la igualdad en sede de aplicación de las normas, para que todos los casos se resuelvan con el mismo criterio.

El 18 de junio de 2019, en el mismo DOF se publicó el levantamiento del aplazamiento del dictado de las sentencias, toda vez que ya existen tres tesis jurisprudenciales de la Segunda Sala con los criterios sustantivos aplicables.

(http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5562981&fecha=18/06/2019)

ACUERDO GENERAL NÚMERO 5/2019, DE DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, POR EL QUE SE LEVANTA EL APLAZAMIENTO DEL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN EN LOS AMPAROS EN REVISIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, EN LOS QUE SE IMPUGNEN NORMAS GENERALES EN LAS QUE SE ESTABLECEN TRIBUTOS LOCALES, SEÑALANDO COMO SU ACTO DE APLICACIÓN LA RETENCIÓN REALIZADA POR EL RESPECTIVO NOTARIO PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN, CON MOTIVO DE LA EMISIÓN DEINSTRUMENTOS NOTARIALES O DIVERSO DOCUMENTO PRIVADO GENERADOS CON UNA ANTICIPACIÓN DE DIECISÉIS DÍAS HÁBILES O MÁS RESPECTO AL DÍA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO CORRESPONDIENTE; RELACIONADO CON EL DIVERSO 16/2015, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.

Las jurisprudencias son las siguientes y son de aplicación obligatoria a partir del 17 de junio de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

  1. Tesis de jurisprudencia 81/2019 (10a.). AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS. CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL ACTO DE APLICACIÓN REALIZADO POR UN TERCERO EN AUXILIO DE LA ADMINISTRACIÓN, PARA DETERMINAR LA FECHA DE INICIO DEL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA RESPECTIVA, RESULTA RELEVANTE SI EL CONTRIBUYENTE TIENE BAJO SU RESGUARDO LOS RECURSOS QUE SE ENTERAN POR AQUÉL.Cuando se controvierte en el juicio de amparo una norma general que regula los elementos de un tributo, con motivo de su acto de aplicación realizado por un tercero en auxilio de la administración, para determinar si la demanda se presentó oportunamente debe considerarse si el pago correspondiente se realiza por aquél con recursos que tiene a su disposición, o bien, si éstos se encuentran bajo resguardo del contribuyente, ya que de actualizarse este último supuesto el entero se llevará a cabo con la concurrencia de la voluntad del contribuyente, pues al tener a su disposición el monto a erogar, es él quien decide, dentro del margen legal para ello, llevar a cabo el pago, el cual implica una afectación patrimonial en su perjuicio en la que se concreta lo previsto en las normas tributarias que regulan el tributo, por lo que el plazo de 15 días hábiles establecido por el artículo 17 de la Ley de Amparo para presentar la demanda inicia a partir de que el quejoso tiene conocimiento pleno del acto en el cual se dio la referida afectación.
  2. Tesis: 2a./J. 82/2019 (10a.) AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS. CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL ACTO DE APLICACIÓN REALIZADO POR UN TERCERO EN AUXILIO DE LA ADMINISTRACIÓN QUIEN ENTERA A LA HACIENDA PÚBLICA LOS RECURSOS RESPECTIVOS, PREVIA ENTREGA DE ÉSTOS POR EL CONTRIBUYENTE, LA PROCEDENCIA DEL JUICIO ESTÁ CONDICIONADA A QUE SE PRESENTE OPORTUNAMENTE RESPECTO DE ESA AFECTACIÓN PATRIMONIAL.Si una norma general que regula los elementos de un tributo se controvierte en el juicio de amparo con motivo de su acto de aplicación llevado a cabo por un tercero en auxilio de la administración quien realiza el entero respectivo a la hacienda pública, previa entrega de los recursos correspondientes por el contribuyente, la procedencia de ese juicio está condicionada a que la demanda se presente oportunamente respecto de ese acto el cual, en primer lugar, se realiza con la concurrencia de la voluntad de éste, pues al tener bajo su resguardo y a su disposición los recursos respectivos es él quien decide, dentro del margen legal respectivo, entregarlos al referido tercero; en segundo, implica una afectación patrimonial en perjuicio del sujeto pasivo del tributo y, en tercer lugar, concreta lo previsto en las normas generales que son fuente de esa afectación. Ante ello, el cómputo del plazo de 15 días señalado por el artículo 17 de la Ley de Amparo para presentar la demanda contra el acto de aplicación realizado por un tercero, cuando para su actualización es indispensable la voluntad del contribuyente que tiene bajo su resguardo y a su disposición los recursos respectivos, inicia el día siguiente a aquel en que éste entrega esos recursos, ya que en ese momento tiene noticia plena de la afectación patrimonial correspondiente, máxime que el contribuyente se encuentra en la posición jurídica y material de exigir al tercero que haga de su conocimiento la fuente jurídica de la afectación en comento, por lo que si opta por realizar el pago respectivo sin conocer su causa legal, el desconocimiento de la normativa aplicada en todo caso le será atribuible al propio contribuyente; sostener lo contrario implicaría sujetar a la voluntad de los contribuyentes el inicio del plazo establecido por el legislador para controvertir mediante el juicio de amparo la constitucionalidad de las leyes aplicadas con motivo de un pago realizado por éstos con los recursos que se encuentran a su disposición, aun cuando en esos supuestos pueden optar por no sufrir el impacto patrimonial en tanto no tengan conocimiento pleno de la causa legal de la afectación.
  3. Tesis: 2a./J. 83/2019 (10a.) AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA CONTRA LAS NORMAS QUE REGULAN EL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y LOS DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO LOS IMPUESTOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES, CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN REALIZADA POR UN NOTARIO PÚBLICO, INICIA A PARTIR DE QUE EL CONTRIBUYENTE TIENE CONOCIMIENTO DE LA AFECTACIÓN PATRIMONIAL RESPECTIVA.Si se pretende impugnar en amparo la constitucionalidad de las normas generales que regulan esas contribuciones con motivo de su pago realizado por conducto de un notario público, debe tomarse en cuenta que el contribuyente tiene noticia de la afectación patrimonial respectiva desde el momento en el que decide entregar a éste los recursos económicos para cubrir los montos correspondientes y, por ende, el plazo de 15 días para presentar la demanda, previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, inicia al día siguiente a aquel en que tuvo lugar esa afectación, ya que esas erogaciones se realizaron con base en recursos que se encuentran a disposición del quejoso, de donde se sigue que desde ese momento conoce la afectación patrimonial que constituye el acto de aplicación de la normativa que la sustenta y, además, se encuentra en la posición jurídica y material de realizar su pago sólo si el tercero que actúa en auxilio de la administración hace de su conocimiento la fuente jurídica de esa afectación; en la inteligencia de que la circunstancia de que en el documento en el que conste el acto de pago al notario público o la formalización del acto jurídico que lo genera, no se citen las normas generales que rigen el o los tributos respectivos, no modifica el conocimiento cierto que el quejoso tiene de la afectación patrimonial que se le causa, en primer lugar, porque dentro del margen legal para ello decide erogar los recursos correspondientes y, en segundo, porque la participación del fedatario que recibe el pago de los tributos en auxilio de la administración no se da en una relación de supra a subordinación, sino de coordinación, en la que este último no impone su voluntad al contribuyente; sin que esta conclusión se oponga a lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 47/2013 (10a.), de rubro: “DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD EN EL ESTADO DE MORELOS. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DE LA ENTIDAD, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE EL NOTARIO PÚBLICO HAGA LA RETENCIÓN CORRESPONDIENTE, SIEMPRE QUE SE ACREDITE QUE EL QUEJOSO TUVO PLENO CONOCIMIENTO DE SU APLICACIÓN.”, pues de la lectura de la sentencia respectiva se advierte que el punto de contradicción materia de análisis y la conclusión a la que se arribó se refiere a la fecha de inicio del plazo para impugnar el artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, no a la del plazo para controvertir su acto de aplicación, es decir, la afectación patrimonial que tiene origen en la entrega de recursos realizada por el contribuyente, ante lo cual se concluyó, lógicamente, que el cómputo del plazo para impugnar el precepto de mérito sólo puede comenzar cuando se tiene conocimiento de su aplicación expresa, lo que constituye un aspecto procesal diferente a determinar cuándo inicia el plazo para impugnar en amparo la afectación patrimonial que constituye el acto de aplicación del numeral indicado y que tiene lugar con la entrega de los recursos que tiene a su disposición el contribuyente.Consideraciones.-Cuesta mucho trabajo entender los criterios distintivos, que detonan el inicio del cómputo para el plazo de 15 días para presentar la demanda de amparo indirecto, en el caso de normas generales tributarias, según el pago lo haya hecho el contribuyente o el notario público (con recursos / por instrucciones del cliente) y más aceptar que se tardó tanto tiempo en emitirlos siendo un tema relativamente sencillo.El impuesto se paga ante la autoridad y la fecha de inicio del cómputo para la presentación de la demanda debe ser precisamente la que coincida con el pago, con independencia de quién lo efectúe. El notario siempre lo pagará por cuenta de su cliente, por lo que los efectos jurídicos se surten en la persona jurídica del cliente. Inclusive, suponiendo el caso inaudito de que el notario ponga de su dinero para pagar contribuciones del cliente, al ser en beneficio de éste y ser éste el obligado principal, ahí debe timbrarse el inicio del plazo de 15 días para demandar en amparo la aplicación de una norma.Como sabemos, el juicio de amparo puede promoverse contra normas generales en dos momentos: como autoaplicativas (cuando por su sola entrada en vigor causa un perjuicio) o como heteroaplicativas (cuando se hace valer la inconstitucionalidad a partir del primer acto de aplicación.La admisión de la demanda de amparo, como elemento formal, está condicionada a que, en cada caso, se presente dentro del plazo que la Ley de Amparo prevé, por lo que resulta indispensable determinar cuándo se aplicó la norma al obligado tributario y contar con un criterio que permita tener certeza jurídica de cómo se determina, para que dicho cómputo no sea arbitrario ni sujeto a la discrecionalidad de las partes en el juicio de amparo.En la primera de las tesis citada, la 81/2019, se introduce un elemento clasificador:“[…] debe considerarse si el pago correspondiente se realiza por aquél [o sea, por el notario público] con recursos que tiene a su disposición, o bien, si éstos se encuentran bajo resguardo del contribuyente” […]”Entonces, primeramente hay que definir quién tiene el recurso. Evidentemente el notario no es un banco y debe el cliente poner a su disposición el dinero necesario para que, a su nombre, realice la liquidación de los impuestos que el notario haya retenido. Incluso, como en el caso sinaloense, la ley autoriza al notario a excusarse de actuar si las partes no anticipan gastos (donde deben comprenderse las contribuciones en general).A continuación la tesis de manera clara dice que si el contribuyente (el cliente del notario) tiene el dinero y él realiza el pago, el plazo de 15 días hábiles se inicia a contar a partir de que “el quejoso tiene conocimiento pleno del acto en el cual se dio la referida afectación”.La tesis no aporta criterio alguno para el caso de que el recurso haya sido retenido por el notario y pagado por éste ante la autoridad. Parece que lo deja implícito, y entonces, pudiéramos concluir que el plazo se cuenta a partir de que el notario haga el pago, no antes ni después.Parecería que dicha respuesta la dejó para la tesis que continuación se comenta, la Tesis: 2a./J. 82/2019.“su acto de aplicación llevado a cabo por un tercero […] quien realiza el entero respectivo […] la procedencia de ese juicio está condicionada a que la demanda se presente oportunamente respecto de ese acto […], pues al tener bajo su resguardo y a su disposición los recursos respectivos es él quien decide, […] entregarlos al referido tercero [el notario público]”A continuación, establece el criterio de identificación del inicio del cómputo, mediante una regla que, al menos parece extraña, al no requerirse que el pago se haya hecho a la autoridad sino que basta con que el cliente haya entregado el dinero al notario, pudiendo el cliente quedar en indefensión al no poder impugnar la norma por no tener elementos.“Ante ello, el cómputo del plazo de 15 días […] inicia el día siguiente a aquel en que éste [el cliente del notario] entrega esos recursos [al notario], […] por lo que si opta por realizar el pago respectivo sin conocer su causa legal, el desconocimiento de la normativa aplicada en todo caso le será atribuible al propio contribuyente;   

Por último, la tesis: 2a./J. 83/2019 (10a.) establece como criterio identificador del inicio del plazo para presentar la demanda, el momento en que el contribuyente tenga conocimiento de la afectación patrimonial, cuando el pago se hizo por conducto del notario.

 ¿Y cuándo se considera que el cliente del notario tiene ese conocimiento?

 Ah, para eso dice la SCJN que:

  1. “[…] debe tomarse en cuenta que el contribuyente tiene noticia de la afectación patrimonial respectiva desde el momento en el que decide entregar a éste [al notario] los recursos económicos para cubrir los montos correspondientes […]”
  2. […] el plazo de 15 días para presentar la demanda, […] inicia al día siguiente a aquel en que tuvo lugar esa afectación […]
  3. […] esas erogaciones se realizaron con base en recursos que se encuentran a disposición del quejoso, de donde se sigue que desde ese momento conoce la afectación patrimonial que constituye el acto de aplicación de la normativa que la sustenta […]”
  4. “[…] y, además, se encuentra en la posición jurídica y material de realizar su pago sólo si el tercero que actúa en auxilio de la administración hace de su conocimiento la fuente jurídica de esa afectación;
  5. “[…] en la inteligencia de que la circunstancia de que en el documento en el que conste el acto de pago al notario público o la formalización del acto jurídico que lo genera, no se citen las normas generales que rigen el o los tributos respectivos, no modifica el conocimiento cierto que el quejoso tiene de la afectación patrimonial que se le causa,
  6. “[…] la participación del fedatario que recibe el pago de los tributos en auxilio de la administración no se da en una relación de supra a subordinación, sino de coordinación, en la que este último no impone su voluntad al contribuyente;”

Entonces, el plazo para interponer la demanda de amparo se cuenta desde que se le dieron al notario las cantidades a pagar por las contribuciones previstas en las normas, con independencia de que el cliente conozca las normas generales, dado que lo relevante es el momento en el que se da la afectación patrimonial.

No sé que opine Usted, pero a mi me parece una barrabasada descomunal. Cómo se va a defender en amparo un contribuyente si no se conoce la norma y no hay certidumbre documental del momento en que se enteró el impuesto (dado que no es ya relevante, ya que basta que se le dé al notario el dinero).

Si es así, el comportamiento estratégico de los contribuyentes será a emitir recibos al gusto con las fechas que más acomoden para dejar viva la acción de amparo.

Habrá que esperar a que se publiquen las ejecutorias y ver si ahí se aclara este tema.

Los notarios contribuimos para la seguridad jurídica y la paz social. Acude con el notario de tu confianza.

 

Habrá que esperar a que se publiquen las ejecutorias y ver si ahí se aclara este tema.

Los notarios contribuimos para la seguridad jurídica y la paz social. Acude con el notario de tu confianza.

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