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Amparo, impuestos y notarios (Noroeste, 2 de julio 2019)

Dr. Fernando García Sais

Notario 210

www.garciasais.com.mx

 

El juicio de amparo es la máxima herramienta para la protección de los derechos fundamentales que los ciudadanos disponen. Las leyes inconstitucionales, al igual que los actos de autoridad violatorios de la Ley Suprema, pueden ser derrotados con dicho procedimiento de control constitucional.

Es común que en la prensa, medios escritos, radio y televisión, se utilicen sin rigor técnico conceptos que, dicho sea de paso, son de fácil comprensión pero, en ocasiones, de difícil asimilación a los casos concretos. “Se amparó fulanito”, como si de él dependiera y no de un juez. “Ya le dieron la suspensión”, como si ya se hubiera resuelto el fondo, y no sólo se tratara de proteger la materia de la acción para que, precisamente, pueda dictarse una sentencia fondo. “Perdió la suspensión, no le dieron el amparo”, confundiendo de nuevo ambos temas. En el amparo, se pueden obtener sentencias aun sin haber obtenido la suspensión; y a la inversa, se puede obtener la suspensión, provisional y luego la definitiva y, después, perderse el amparo de fondo.

Cuando alguien obtiene un amparo, la sentencia señala el efecto en sus considerandos. En un amparo contra una ley, si se estima que es inconstitucional, el efecto será para que dicha ley no se aplique, en sus términos, al quejoso (el que tramitó el juicio). Si la ley se impugnó, no por su sola entrada en vigor sino cuando fue aplicada, en un acto concreto y por una autoridad, el acto de autoridad dejará de tener fuerza respecto de ese caso particular.

Las leyes inconstitucionales brotan a raudales. No daría tiempo ni espacio para señalarlas todas, ni para “ampararse” respecto de todas. Los poderes legislativos, federales, estatales y municipales, deben analizar los vicios encontrados por el Poder Judicial y corregir, a la brevedad, las leyes para que ninguna ley inconstitucional se aplique a nadie. Así se preserva la igualdad de todos ante la ley y no solo para el quejoso que tuvo acceso a la justicia federal, que dicho sea de paso, el amparo (bien llevado) produce inequidades (es elitista, debo reconocerlo).

 

Pero, por otro lado, supongamos que se trata de una ley de naturaleza fiscal, que involucra el pago de alguna contribución. Si dicha ley es inconstitucional, con la sentencia y el precedente otros ciudadanos la pueden hacer valer y, eventualmente, los ingresos de las autoridades disminuirán, y con ello el gasto público (por lo que la afectación a la sociedad es grave). No es admisible que la autoridad emisora de la ley se cruce de brazos y permita que la ley siga siendo inconstitucional. Ejemplos sobran: predial, ISAI, tenencia, derechos de registros, etc.

Hace unas semanas (publicado en el DOF el 18 de junio de 2019) se resolvió, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, levantar el aplazamiento generado por la existencia de 546 amparos en revisión en los que se estaban impugnando normas que establecen tributos (como el ISAI o los derechos de inscripción en el Registro Público) y cuyo acto de aplicación era la retención del dinero llevada a cabo por un notario público (http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5409981&fecha=30/09/2015). Como ya hay un criterio (tesis 81, 82 y 83 de la Segunda Sala, de la 10ª época), se ordena a los tribunales inferiores resolver con base en el criterio de la autoridad superior.

Ahora, tenemos un problema mayor. La jurisprudencia se decanta por tener como dato duro para el inicio del cómputo del plazo para promover la demanda de amparo, la fecha en la que el notario público le expide un recibo al cliente, en el que le informa del impuesto que habrá de pagar en su nombre y con su dinero.

La admisión de la demanda de amparo (como en cualquier otro procedimiento), como elemento formal, está condicionada a que se presente dentro del plazo que la Ley de Amparo prevé, por lo que resulta indispensable determinar cuándo se aplicó la norma al obligado tributario. Por certeza jurídica dicho cómputo no debe ser arbitrario ni sujeto a la discrecionalidad de las partes en el juicio de amparo.

Pues bueno, sorprendentemente, la SCJN produce un coctel de barbaridades: dice que si el contribuyente (el cliente del notario) tiene el dinero y él realiza el pago, el plazo de 15 días hábiles se inicia a contar a partir de que “el quejoso tiene conocimiento pleno del acto en el cual se dio la referida afectación” pero después concluye que basta con que el cliente haya entregado el dinero al notario, y agrega que el inicio del plazo para presentar la demanda, es el momento en que el contribuyente tenga conocimiento de la afectación patrimonial, cuando el pago se hizo por conducto del notario. Mezcla, pues, un poco de todo, abonando en la inseguridad jurídica.

¿Y cuándo se considera que el cliente del notario tiene ese conocimiento? La respuesta está en la jurisprudencia: “[…] y, además, se encuentra en la posición jurídica y material de realizar su pago sólo si el tercero que actúa en auxilio de la administración hace de su conocimiento la fuente jurídica de esa afectación;”

Entonces, el plazo para interponer la demanda de amparo se cuenta desde que se le dieron al notario las cantidades a pagar por las contribuciones previstas en las normas, con independencia de que el cliente conozca las normas generales, dado que lo relevante es el momento en el que se da la afectación patrimonial.

No sé qué opine Usted. Parece un desatino gigantesco. ¿Cómo se va a defender en amparo un contribuyente si no se conoce la norma y no hay certidumbre documental del momento en que se enteró el impuesto (dado que no es ya relevante, ya que basta que se le dé al notario el dinero)? ¿La prueba de la certeza del acto reclamado será el recibo que expida el notario al cliente? ¡Vaya Estado de Derecho!