Artículos Periódico Noroeste

Matar la confianza (Noroeste,26 de junio 2019)

Dr. Fernando García Sais

www.garciasais.com.mx

Notario 210

 

Viajar por carreteras concesionadas y no ser objeto de actos delictivos se está convirtiendo en la excepción. “Son 100 pesos por este cruce”, dice la voz femenina envalentonada. A escasos metros, después del punto de extorsión, se divisa –al menos— a una patrulla de la policía Federal “supervisando” camiones de carga y vehículos con familias, consintiendo desde lejos la erosión del Estado de derecho.

 La Constitución dice que cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Imagínese lo terrible de esta previsión casi mágica e infantil, sobre todo cuando es la propia autoridad la que (ante su vista, ciencia y paciente) es condesciende con comisión del delito.

 Algunos kilómetros adelante, el usuario que tuvo que realizar el pago corrupto se ve en un accidente vehicular. Reclama el seguro de daños por la presencia de obstáculos en la carretera (piedras colocadas por la misma banda de delincuentes) que fueron la causa idónea para que sobreviniera el evento. La concesionaria de la autopista alega, para no hacer válido el derecho del usuario, que éste circulaba sin haber realizado el pago del peaje correspondiente.

 Independientemente de la defensa jurídica de este asunto, que si lugar a dudas, tiene una sencilla solución aplicando diversos principios, entre ellos los provenientes de la doctrina jurisprudencial en materia de protección al consumidor, así como del principio de que nadie puede alegar su propia falla, y dado que no quiero detenerme en esa cuestión y sí en uno de mayor calado.

 Para inhibir los delitos la técnica jurídica cuenta con dos herramientas básicas: establecer multas (económicamente altas o penas como la privación de la vida, libertad, propiedades, etc.) que, dentro de un contexto de derechos humanos, disuadan a las personas a la comisión de un delito; y, la segunda, a través de la inversión en policías, tecnología; esto es, infraestructura en general para la supervisión y vigilancia, lo que implica gastos de recursos públicos que no se logran mediante un simple decreto legislativo.

 En su formulación básica, se dice que de actualizarse la hipótesis (el que tome el control de una caseta) surge el deber de imponer la sanción (multa, pena, una combinación de ellas). Sin embargo, en esa ecuación jurídica sencilla, no se prevé nada respecto de la posibilidad de que el agente del Estado falle en su deber y por algún motivo no imponga la sanción.

 Si las personas, para quienes se hacen las leyes, antes de cometer un delito pueden valorar y ser conscientes de que las probabilidades de que los detengan son bajas o de que la pena que se les debería imponer podrá ser evadida, algo está fallando en el sistema de incentivos de las leyes. Parecería que hubo imponderables al momento de legislar. Evidentemente me refiero al factor humano: el servidor público, el funcionario de quien depende la actividad del Estado.

 La confianza en las instituciones muere, lenta y rampantemente. Sus causas y orígenes son variados. El factor humano es uno de los más importantes. Si realizar actividades cotidianas se convierte en un reto maratónico, en una cuestión de supervivencia y de constante protección activa de los bienes más preciados como la vida, la libertad y la propiedad y no hay quien lo haga por nosotros, el Estado entra en crisis de confianza. Ojalá retomemos pronto el rumbo correcto.

 

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