Artículos Periódico Noroeste

Ratificación #AnteNotario (Noroeste, 25 septiembre 2019)

 

En los instrumentos notariales se hacen constar actos jurídicos o hechos jurídicos. En el primer caso, hablamos de “escritura notarial”; en el segundo, de “acta notarial”. Para Usted lector que no es perito en Derecho, el acto jurídico es cuando hay una manifestación de la voluntad para crear consecuencias de derecho (contratos y convenios, pues); el hecho jurídico, el acontecimiento que el Derecho toma en cuenta para asignarle efectos jurídicos (la vida, la muerte, etc.).

Además de hacer escrituras para formalizar pactos entre las personas a los que la ley impone dicha forma (la escritura pública es la forma), la actividad notarial implica la elaboración de actas notariales para asentar toda una variedad de hechos presenciados por el notario y que se asientan en el protocolo (por eso se dice que “se protocolizan”).

Entre los hechos que se solicita al notario dejar constancia en su protocolo, se pueden mencionar a las notificaciones, interpelaciones, requerimientos, protestos; el deterioro de un inmueble por construcción de otra en terreno vecino, la existencia y detalles de planos, fotografías y otros documentos; las declaraciones de personas que, bajo protesta de decir verdad, efectúen respecto de hechos que les conste; y de manera general toda clase de hechos, abstenciones, estados y situaciones que guarden las personas y cosas que pueden ser apreciadas objetivamente.

Como un breve paréntesis me permito hacer esta aclaración proveniente de un precedente judicial: la fusión, subdivisión y la relotificación de un inmueble no puede considerarse un hecho jurídico susceptible de ser protocolizado a través de un acta notarial, porque no constituyen sucesos, fenómenos o cualquier otra manifestación externa de una actividad humana o natural productora de efectos jurídicos, sino que constituyen actos dependientes de la voluntad humana, por virtud de los cuales nacen, se modifican o extinguen relaciones jurídicas que deben protocolizarse a través de escritura pública. Fin del paréntesis (Tesis: II.1o.C.178 C).

El notario también hace certificaciones y cotejos de documentos, con base en los cuales se autentifica una copia que se autoriza por el notario y “vale lo mismo que un original”. Por último, el notario puede recibir a particulares para que ratifiquen el contenido y su firma estampada en un documento. Tratando de copias certificadas y de ratificaciones, los notarios no cuentan (en Sinaloa) con un libro especial para dejar constancia de dichos trabajos. En cada notaría se toman las precauciones y diligencias que se estimen oportunas. Algunos tenemos un archivo electrónico cronológico-sucesivo.

La ratificación de firmas y de contenido, ante notario, hace que el documento privado tenga fecha cierta desde el día que le fue exhibido. La jurisprudencia de la Corte dice que “[…] la certificación de una ratificación de firmas que calzan un contrato privado otorga la certeza de que al menos en la fecha en que ésta se efectúa, ya se había celebrado el acto traslativo de dominio, evitando con ello el riesgo de un fraude contra los acreedores.”, por lo que concluye la tesis: “[…] mientras no se declare judicialmente su falsedad, la certificación del notario convierte al documento privado en uno público con valor probatorio pleno de la celebración del acto jurídico que se ratificó, no respecto del contenido del documento, pero sí en cuanto a la ratificación de las firmas; de ahí que constituye prueba suficiente para acreditar ante el juzgador que la propiedad del bien se transmitió […]” (Tesis: 1a./J. 96/2007).

En Sinaloa existe una disposición imperativa que prohíbe a los notarios “ratificar, certificar o protocolizar los documentos privados para los que la Ley exija formalidades de instrumento público”. Es decir, una (promesa de) compraventa respecto de una casa o un terreno, al ser un contrato formal debe hacerse en escritura pública y por lo tanto, si al notario se le exhibe un contrato privado debería rehusarse. Una oferta no es un contrato, esa sí podría ratificarse, pues las ofertas no ameritan la forma de instrumento público. Pero ¿qué valor jurídico tendrá el acto notarial si se emite a pesar de la prohibición? Al no haber un libro de ratificaciones verificable por la autoridad, ¿habrá quien se preste a poner una antedata en documentos privados en fraude de acreedores? Me atrevo a decir que ningún notario lo haría de manera consciente.

La solución en el caso de Sinaloa es sencilla: modificar la Ley del Notariado para que se prevea un libro especial para protocolizaciones. A los notarios nos interesa la seguridad y certeza jurídicas. El legislador debe fortalecer el trabajo notarial. Ahí les dejo la tarea.

 

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Felizmente desiguales (Noroeste, 18 septiembre 2019)

La Constitución Federal, llamada asimismo “Política” también lo es una Constitución de carácter “Normativo”. A través de los derechos prestacionales, la Constitución impone la puesta en marcha de una actividad general del estado para satisfacer las necesidades individuales y colectivas. Para los poderes legislativos implica una regla que se traduce en producir instrumentos que permitan armonizarse en el conjunto de la actividad del Estado. Las administraciones públicas de todo el país están vinculadas por la Norma Suprema a satisfacer los derechos de las personas.

Las políticas públicas deben generar las condiciones y dotar de la infraestructura, en algunos casos con más intensidad que en otros, para asegurar el “mínimo vital” a los individuos. Por ejemplo, fortaleciendo el acceso igualitario a la salud (dándole las mismas oportunidades a todos) se logra disminuir la desigualdad. Un hijo nacido de una mujer enferma, sin atención médica adecuada, inicia su vida con mucho mayor desigualdad que uno que nace sano de una mujer sana con atención médica adecuada. Lo mismo vale respecto del derecho a la educación de calidad.

En un entorno en el que quien permanece por decisión propia en una situación peor de la que estaría si aprovechara las oportunidades, se produce una desigualdad con felicidad. La felicidad es subjetiva. La desigualdad (es objetiva y) cuando tiene como antecedente la falta de oportunidades o su minado acceso, no puede más que producir falta de felicidad, salvo que el individuo tenga una deficiencia seria que no le permita valorar la realidad adecuadamente. Lo normal es que el individuo y la sociedad padezcan en su conjunto de frustración colectiva.

En ocasiones se requiere que el Estado invierta dinero de los impuestos; en otras, que fortalezca las fibras por donde transcurre el ejercicio de los derechos, para facilitar su ejercicio, su uso. ¿De qué sirve que las personas tengan derecho al voto si pasadas las elecciones su participación política es nula? El nuevo funcionario no escucha al votante. Hay un distanciamiento entre la función pública y el público para quien sirve la función. ¿Sería tanto o más útil la participación del individuo en la actividad pública que el propio derecho al voto? ¿De qué sirve que haya libre expresión y difusión de ideas, si habrá ataques contra el mensajero, en lugar de debatir ideas que produzcan mayor calidad en la gobernanza?

Los gobiernos tienen un menú de excusas para no dar los derechos. La falta de recursos o de asignación presupuestal, las prioridades (que nadie sabe cuál es el criterio “priorizador”), la herencia del político que recién abandonó el cargo, etc., son las más socorridas. Es de lamentarse el discurso y la práctica política que, justificándose en la insuficiencia presupuestal para construir infraestructura de derechos que conduzca a la prosperidad y a la menor desigualdad, abuse de la vulnerabilidad de los más pobres para hacer clientela política mediante la entrega de satisfactores de necesidades que se agotarán sin abatir las causas de la desigualdad.

Lo cierto es que los recursos no se producen solos ni las soluciones están a la vista de todos. Los recursos se producen por el esfuerzo colectivo. El Estado es un aliado de la productividad. La función recaudadora y las obligaciones constitucionales así lo imponen. Ante un problema, no hay una solución que no conduzca a otro problema. El político debe por anticiparse y tomar la mejor decisión.

Si quienes asumen posiciones relevantes en una comunidad política carecen de conocimientos técnicos, deberían rodearse de personal que sí los tenga. No ha habido ni habrá gobiernos que no se equivoquen. Pero diseñar políticas y programas destinados al fracaso de manera consciente y voluntaria, es una acción política insólita.

Afectar la prestación de derechos y no elevar, por ejemplo, el nivel cultural del promedio de la población, va a producir mexicanos felizmente desiguales, clientes potenciales de todo tipo de abusos y un lastre para el esfuerzo colectivo de ser un mejor país.

 

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Morir juntos y sucesiones separadas (Noroeste, 11 septiembre 2019)

 

Dr. Fernando García Sais

Notario 210 de Sinaloa

www.garciasais.com.mx

 

En curso el “mes del testamento”, a las notarías públicas se presentan consultas interesantes que ameritan un conocimiento exhaustivo de Derecho Civil en su conjunto. La materia de sucesiones por causa de muerte –para que suene más pretensioso “mortis causa”— es típicamente la última asignatura de los “Civiles” estudiada durante la carrera de Derecho. No faltará el plan de estudios que la prevea antes, erróneamente, por donde se le vea. Es imposible que un estudiante entienda la compleja materia de sucesiones sino comprendió a cabalidad los cursos de “personas y familia”, “bienes y derechos reales”, “obligaciones” y “contratos”. Imposible.

Redactar un testamento para un cliente es lo que le sigue a complejo. Desde el punto de vista notarial, los requisitos formales impuestos a cargo del fedatario pueden llevar a que, ante el descuido, se produzca una situación delicada: la pérdida de la patente o fíat de notario. “Faltando alguna de las referidas solemnidades, quedará el testamento sin efecto, y el Notario Público será responsable de los daños y perjuicios e incurrirá, además, en la pena de pérdida del oficio”, dispone el artículo 840 del Código Familiar sinaloense.

Desde la perspectiva del contenido del testamento, entender el funcionamiento de las instituciones de heredero y de legatario, las condiciones que se pueden poner y, de especial relevancia, el efecto de las condiciones sobre la eficacia de las disposiciones testamentarias, los tipos diversos de legados, las cargas que son posibles de imponer, y otros temas sensibles como por ejemplo cuando el testador dispone que hereda un bien que ignoraba que ya no existía en su patrimonio o establece una causa como motivo de la designación de heredero (“porque me salvó la vida”) y resulta tras la muerte que tales causas eran erróneas, constituyen una de las tareas más técnicas que los notarios hacemos.

Transmitir en virtud del testamento todo el patrimonio es una maravilla creada por las leyes. Se puede transmitir todo lo que lo compone: bienes muebles, inmuebles, derechos, siempre que no se extingan por causa de la muerte (como acontece con el derecho real del usufructuario, entre otros) y las obligaciones pendientes (deudas) se pagarán hasta donde alcance la masa hereditaria, si sobra algo, eso se transmitirá a los herederos. La herencia se recibe, pues, a beneficio de inventario.

Antes de dictar su testamento, pregúntele todo cuanto se le ocurra y anote las respuestas. Compárelas con otros consejos de los que pueda tener acceso y tome la mejor decisión en cuanto en dónde hacerlo.

“Morir juntos”, el título de esta columna, refiere a una situación que se presenta cuando el autor de la herencia y sus herederos (y/o legatarios) fallecen en un mismo accidente. Conocido doctrinalmente como la “comoriencia”, la Real Academia Española no tiene registrada la palabra. El código la regula y dispone que si no se puede determinar a ciencia cierta quien murió primero, se tendrán todos por muertos (por inverosímil que resulte) al mismo tiempo (presunción “iuris tantum” que admite prueba en contra), por lo que no habrá lugar a sucesión entre ellos.

Mala suerte que se mueran todos en una misma catástrofe. Es posible, e incluso probable, dado que las familias optan por viajar y trasladarse juntas. Tener a todos por muertos al mismo tiempo es una solución a través de una presunción. Claro, el legislador pudiera escoger otra respuesta: presumir que murió primero el de mayor edad y así favorecer la transmisión a hacia las generaciones más jóvenes. Así se reguló en Inglaterra, según el art. 184 de la Law of Property Act de 1925.

¿Y si las personas no murieron en el mismo accidente, y sí el mismo día y hora pero en lugares diferentes? Debe aplicarse, desde luego, la misma regla, pues debe extenderse a toda situación de duda en torno a la supervivencia entre dos personas. ¿Y si muere en otro país, con otras reglas sustantivas? Pues la repuesta se antoja de interesante análisis en materia de reglas de Derecho Internacional Privado.

Una alternativa para solucionar aquel problema, en un testamento, es la institución de herederos y/o legatarios sustitutos o la designación de una persona moral como heredera de la masa hereditaria.

Por último, en el caso de que sólo fallezcan algunos o se pueda determinar con certeza el momento exacto de la muerte (que los avances científicos puedan permitir tener tal precisión) se puede disponer en los testamentos el llamado “derecho de acrecer”, con base en el cual la porción que hubiera correspondido a quien premurió acrece (pasa) a los que siguen vivos. Ello es una reminiscencia del artículo 725 del Código Civil de Napoleón: “para suceder es preciso necesariamente existir en el instante de la apertura de la sucesión”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículos Periódico Noroeste

Un informe sin datos (Noroeste, 4 septiembre 2019)

Un informe sin datos

Dr. Fernando García Sais

Notario 210

www.garciasais.com.mx

El éxito de las administraciones púbicas es lograr compensar las naturales desigualdades entre las personas a través de políticas públicas que, con base en el análisis de los problemas y de sus mejores soluciones, provea de herramientas que potencialicen la operatividad de las instituciones y la capacidad técnica de los funcionarios. Así, el bienestar social se traduce en una responsabilidad del Estado Constitucional (cito al Dr. Diego Valadés, Revista Brasileira de Direito Constitucional, número 19, enero-junio 2012).

La concreción o materialización de los derechos de las personas se logra también en la esfera de los poderes judiciales, primordialmente en el de la Federación. El doctor José Ramón Cossío, ex ministro (sobresaliente) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo –en una conferencia difundida en el Canal Judicial— “en las sentencias de la Corte, la Justicia de la Unión no sólo ampara y protege, sino que también “prescribe medicamentos””, para aludir precisamente a esta función de concreción de las prestaciones constitucionales. Es decir, a falta de prestación de medicinas, por ejemplo para los tratamientos de los niños con cáncer, el juicio de amparo es una fabulosa herramienta de bienestar.

Hay otros instrumentos, junto a las políticas públicas y a la acción de amparo, que se diseñaron para incrementar el acceso a la justicia y con ello el bienestar. Lo he dicho, no por presunción sino por satisfacción, que participé en el proceso de redacción de la reforma constitucional que en 2010 trajo a México las acciones colectivas. Con sus defectos y tropiezos, estoy seguro que en 100 años (espero que antes), será la herramienta por antonomasia para equilibrar situaciones que surgen desequilibradas, como las que se dan en el mercado y dañan a millones de consumidores que, aisladamente, no lograrían entrar a un juzgado.

Los tribunales se dice que imparten “justicia”. Sin embargo, el concepto debe rellenarse de ingredientes para tener una claridad objetiva de qué es. Es irresponsable pretender no hacerlo. En este terreno, son aplicables de manera complementaria, las aportaciones del Nobel de Economía, Amartya Sen, quien en su “Idea de la Justicia” sostiene que la felicidad es significativa por varios factores, entre ellos por su vínculo con la noción de libertad. Pero debemos agregarle el dato duro del bienestar.

Los órdenes jurídicos y las democracias modernas han evolucionado y tras reconocer las libertades de las personas, dejando atrás la esclavitud y otras formas de sumisión al poder (monárquico, religioso, estatal) avanzaron reconociendo derechos de libertad –expresión, creencias, asociación, trabajo (derechos que se traducen en un dejar hacer, en una limitación del Estado, por eso se conocen como “libertades negativas”.) y junto con ellos los derechos íntimamente ligados de igualdad, implicando actuaciones positivas para los Estados e involucrando complicados ejercicios para lograr satisfacer, materialmente, necesidades de la sociedad.

Es decir, todos son iguales ante la ley en un contexto de libertades. Para tutelarlo, a la sociedad se le garantiza el como la de derecho de acceso a la justicia.

Pero, si no medimos cualitativamente la manera en que los derechos están siendo incorporados en la cotidianidad en la vida de los mexicanos, sólo demagógicamente se puede decir que hay justicia. Si no se mide no se sabe. La agenda actual de México debe concentrarse en propiciar mayor eficiencia del gasto así como una más óptima distribución del ingreso, lo que incrementará las oportunidades, sobre todo de los menos favorecidos económicamente.

En el aspecto presupuestario (ejecución del gasto) el gobierno federal y los Estados y municipios deben expandir y fortalecer los servicios públicos, fundamentalmente los de educación y salud, de tal manera “que fortalezca la integración nacional y se convierta en un instrumento de justicia social.” (Pedro Aspe, El camino mexicano de la transformación económica, México, Fondo de Cultura Económica, 1993.)

El gobernante no debe abstraer su acción pública de los efectos que sus políticas produzcan sobre la calidad de vida de las personas (y sobre el sistema social, económico y jurídico). La justicia, la felicidad, o la frustración de la felicidad, no son una cuestión de fe. Es necesario hacer complejos análisis de revisión de las acciones gubernamentales para poder medir si, por ejemplo, todos los mexicanos tienen acceso al mismo tipo de educación de calidad que la Constitución dice que deben tener.