Artículos Periódico Noroeste

Un informe sin datos (Noroeste, 4 septiembre 2019)

Un informe sin datos

Dr. Fernando García Sais

Notario 210

www.garciasais.com.mx

El éxito de las administraciones púbicas es lograr compensar las naturales desigualdades entre las personas a través de políticas públicas que, con base en el análisis de los problemas y de sus mejores soluciones, provea de herramientas que potencialicen la operatividad de las instituciones y la capacidad técnica de los funcionarios. Así, el bienestar social se traduce en una responsabilidad del Estado Constitucional (cito al Dr. Diego Valadés, Revista Brasileira de Direito Constitucional, número 19, enero-junio 2012).

La concreción o materialización de los derechos de las personas se logra también en la esfera de los poderes judiciales, primordialmente en el de la Federación. El doctor José Ramón Cossío, ex ministro (sobresaliente) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo –en una conferencia difundida en el Canal Judicial— “en las sentencias de la Corte, la Justicia de la Unión no sólo ampara y protege, sino que también “prescribe medicamentos””, para aludir precisamente a esta función de concreción de las prestaciones constitucionales. Es decir, a falta de prestación de medicinas, por ejemplo para los tratamientos de los niños con cáncer, el juicio de amparo es una fabulosa herramienta de bienestar.

Hay otros instrumentos, junto a las políticas públicas y a la acción de amparo, que se diseñaron para incrementar el acceso a la justicia y con ello el bienestar. Lo he dicho, no por presunción sino por satisfacción, que participé en el proceso de redacción de la reforma constitucional que en 2010 trajo a México las acciones colectivas. Con sus defectos y tropiezos, estoy seguro que en 100 años (espero que antes), será la herramienta por antonomasia para equilibrar situaciones que surgen desequilibradas, como las que se dan en el mercado y dañan a millones de consumidores que, aisladamente, no lograrían entrar a un juzgado.

Los tribunales se dice que imparten “justicia”. Sin embargo, el concepto debe rellenarse de ingredientes para tener una claridad objetiva de qué es. Es irresponsable pretender no hacerlo. En este terreno, son aplicables de manera complementaria, las aportaciones del Nobel de Economía, Amartya Sen, quien en su “Idea de la Justicia” sostiene que la felicidad es significativa por varios factores, entre ellos por su vínculo con la noción de libertad. Pero debemos agregarle el dato duro del bienestar.

Los órdenes jurídicos y las democracias modernas han evolucionado y tras reconocer las libertades de las personas, dejando atrás la esclavitud y otras formas de sumisión al poder (monárquico, religioso, estatal) avanzaron reconociendo derechos de libertad –expresión, creencias, asociación, trabajo (derechos que se traducen en un dejar hacer, en una limitación del Estado, por eso se conocen como “libertades negativas”.) y junto con ellos los derechos íntimamente ligados de igualdad, implicando actuaciones positivas para los Estados e involucrando complicados ejercicios para lograr satisfacer, materialmente, necesidades de la sociedad.

Es decir, todos son iguales ante la ley en un contexto de libertades. Para tutelarlo, a la sociedad se le garantiza el como la de derecho de acceso a la justicia.

Pero, si no medimos cualitativamente la manera en que los derechos están siendo incorporados en la cotidianidad en la vida de los mexicanos, sólo demagógicamente se puede decir que hay justicia. Si no se mide no se sabe. La agenda actual de México debe concentrarse en propiciar mayor eficiencia del gasto así como una más óptima distribución del ingreso, lo que incrementará las oportunidades, sobre todo de los menos favorecidos económicamente.

En el aspecto presupuestario (ejecución del gasto) el gobierno federal y los Estados y municipios deben expandir y fortalecer los servicios públicos, fundamentalmente los de educación y salud, de tal manera “que fortalezca la integración nacional y se convierta en un instrumento de justicia social.” (Pedro Aspe, El camino mexicano de la transformación económica, México, Fondo de Cultura Económica, 1993.)

El gobernante no debe abstraer su acción pública de los efectos que sus políticas produzcan sobre la calidad de vida de las personas (y sobre el sistema social, económico y jurídico). La justicia, la felicidad, o la frustración de la felicidad, no son una cuestión de fe. Es necesario hacer complejos análisis de revisión de las acciones gubernamentales para poder medir si, por ejemplo, todos los mexicanos tienen acceso al mismo tipo de educación de calidad que la Constitución dice que deben tener.

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