Artículos Periódico Noroeste

Ratificación #AnteNotario (Noroeste, 25 septiembre 2019)

 

En los instrumentos notariales se hacen constar actos jurídicos o hechos jurídicos. En el primer caso, hablamos de “escritura notarial”; en el segundo, de “acta notarial”. Para Usted lector que no es perito en Derecho, el acto jurídico es cuando hay una manifestación de la voluntad para crear consecuencias de derecho (contratos y convenios, pues); el hecho jurídico, el acontecimiento que el Derecho toma en cuenta para asignarle efectos jurídicos (la vida, la muerte, etc.).

Además de hacer escrituras para formalizar pactos entre las personas a los que la ley impone dicha forma (la escritura pública es la forma), la actividad notarial implica la elaboración de actas notariales para asentar toda una variedad de hechos presenciados por el notario y que se asientan en el protocolo (por eso se dice que “se protocolizan”).

Entre los hechos que se solicita al notario dejar constancia en su protocolo, se pueden mencionar a las notificaciones, interpelaciones, requerimientos, protestos; el deterioro de un inmueble por construcción de otra en terreno vecino, la existencia y detalles de planos, fotografías y otros documentos; las declaraciones de personas que, bajo protesta de decir verdad, efectúen respecto de hechos que les conste; y de manera general toda clase de hechos, abstenciones, estados y situaciones que guarden las personas y cosas que pueden ser apreciadas objetivamente.

Como un breve paréntesis me permito hacer esta aclaración proveniente de un precedente judicial: la fusión, subdivisión y la relotificación de un inmueble no puede considerarse un hecho jurídico susceptible de ser protocolizado a través de un acta notarial, porque no constituyen sucesos, fenómenos o cualquier otra manifestación externa de una actividad humana o natural productora de efectos jurídicos, sino que constituyen actos dependientes de la voluntad humana, por virtud de los cuales nacen, se modifican o extinguen relaciones jurídicas que deben protocolizarse a través de escritura pública. Fin del paréntesis (Tesis: II.1o.C.178 C).

El notario también hace certificaciones y cotejos de documentos, con base en los cuales se autentifica una copia que se autoriza por el notario y “vale lo mismo que un original”. Por último, el notario puede recibir a particulares para que ratifiquen el contenido y su firma estampada en un documento. Tratando de copias certificadas y de ratificaciones, los notarios no cuentan (en Sinaloa) con un libro especial para dejar constancia de dichos trabajos. En cada notaría se toman las precauciones y diligencias que se estimen oportunas. Algunos tenemos un archivo electrónico cronológico-sucesivo.

La ratificación de firmas y de contenido, ante notario, hace que el documento privado tenga fecha cierta desde el día que le fue exhibido. La jurisprudencia de la Corte dice que “[…] la certificación de una ratificación de firmas que calzan un contrato privado otorga la certeza de que al menos en la fecha en que ésta se efectúa, ya se había celebrado el acto traslativo de dominio, evitando con ello el riesgo de un fraude contra los acreedores.”, por lo que concluye la tesis: “[…] mientras no se declare judicialmente su falsedad, la certificación del notario convierte al documento privado en uno público con valor probatorio pleno de la celebración del acto jurídico que se ratificó, no respecto del contenido del documento, pero sí en cuanto a la ratificación de las firmas; de ahí que constituye prueba suficiente para acreditar ante el juzgador que la propiedad del bien se transmitió […]” (Tesis: 1a./J. 96/2007).

En Sinaloa existe una disposición imperativa que prohíbe a los notarios “ratificar, certificar o protocolizar los documentos privados para los que la Ley exija formalidades de instrumento público”. Es decir, una (promesa de) compraventa respecto de una casa o un terreno, al ser un contrato formal debe hacerse en escritura pública y por lo tanto, si al notario se le exhibe un contrato privado debería rehusarse. Una oferta no es un contrato, esa sí podría ratificarse, pues las ofertas no ameritan la forma de instrumento público. Pero ¿qué valor jurídico tendrá el acto notarial si se emite a pesar de la prohibición? Al no haber un libro de ratificaciones verificable por la autoridad, ¿habrá quien se preste a poner una antedata en documentos privados en fraude de acreedores? Me atrevo a decir que ningún notario lo haría de manera consciente.

La solución en el caso de Sinaloa es sencilla: modificar la Ley del Notariado para que se prevea un libro especial para protocolizaciones. A los notarios nos interesa la seguridad y certeza jurídicas. El legislador debe fortalecer el trabajo notarial. Ahí les dejo la tarea.

 

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