Artículos Periódico Noroeste

Pobreza, educación sin calidad y mediocridad colectiva (Noroeste 9 oct 2019)

Fernando García Sais

Notario 210 de Sinaloa

El nivel cultural de una sociedad entendido como el conjunto de modos de vida, costumbres, conocimientos, desarrollo artístico, científico, industrial viene determinado por diversos factores, de los que es inviable dar cuenta aquí. Me referiré, solamente, a la educación que se recibe en las escuelas y en los hogares. Principalmente mi interés reside en la evidencia universal de la correlación entre educación y bienestar.

Según José Narro Robles (“Derechos y políticas sociales”, Instituciones sociales en el constitucionalismo contemporáneo, Fix-Zamudio, Héctor y Valadés, Diego, UNAM-El Colegio Nacional, México, 2011, p.4.) la profunda desigualdad en el ingreso origina inequidad en el acceso a los servicios, paradójicamente, a los que tienen mayor efecto igualador: la educación y la salud. De manera inversa, es una verdad incontestable que a mayores índices de educación, mayor y más efectivo es el ejercicio de otros derechos fundamentales; es decir, mayor bienestar.

La condición de pobreza repercute en los niveles de alimentación, desnutrición y alta propensión a enfermedades de los individuos, lo que a su vez genera menor rendimiento, ausentismo y deserción escolar, que inevitablemente repercuten en la educación, en las posibilidades futuras de empleo y en el acceso a actividades mejor remuneradas; imposibilitan, pues, la superación de la pobreza.

En Estados Unidos, el Partido Demócrata postuló en su plataforma de 2016 que con su programa político se acabaría con el conducto “de escuela a prisión” para construir un conducto “de la cuna a la universidad”, donde cada niño pueda vivir plenamente su potencial divino.” (Democratic Party Platform 2016, http://www.presidency.ucsb.edu/papers_pdf/117717.pdf).

La educación, irrefutablemente, tiene un papel clave en el desarrollo de las personas. Promover, desde el Estado, el acceso a una educación de calidad constituye el firme pavimento de un camino hacia el conocimiento y la superación del hombre. Pero, me interesa sobre todo destacar el efecto colectivo que tiene el acceso individual a la educación: una suma de individualidades más educadas implicará mejores condiciones de bienestar social.

En el plano individual, tener educación representa la posibilidad de dejar de ser pobre. Hay datos como los de la CEPAL, que concluye que una persona del sector rural que termina la primaria o secundaria reduce considerablemente su probabilidad de caer en pobreza alimentaria, de capacidades o de patrimonio.

El rol que las familias desempeñan, en sus casas, es no sólo complementario de la obligación estatal de proveer educación de calidad, sino el requisito indispensable. Imputar las fallas a las instituciones educativas cuando desde la familia se asumen posiciones mediocres (auspiciando el sedentarismo, la utilización de aparatos electrónicos sin mesura, organizando competencias frívolas de “belleza” infantil y todo tipo de reinados) no es más que una falta de atención a los hijos mediante la promoción de conductas que no son las mejores o adecuadas. Es una detestable frivolidad. Del mismo tamaño cuando la escuela es la que promueve (por acción u omisión) tales desvíos.

Se trata de que todos los niños sepan remar, y remen, para llevar la balsa a mejor puerto y favorecer el estudio crítico, el deporte, las artes y las ciencias en general, al margen de cualquier perjuicio, servidumbre mental y fanatismo religioso, teniendo como fundamento los resultados del progreso científico.

Solamente así podemos distribuir equitativamente, como miembros de la sociedad, las cargas que la Constitución nos impone, las obligaciones que tenemos por el sólo hecho de vivir en sociedad, por no estar esperando que sea el Estado quien resuelva todos nuestros problemas y atienda nuestras necesidades. En el nivel agregado, la educación condiciona el desempeño de la economía nacional. La competitividad empresarial e industrial está determinada por el nivel de la educación.

 

 

 

 

 

Artículos Periódico Noroeste

Conflictos vecinales (Noroeste, 2 octubre 2019)

Fernando García Sais

Notario 210 de Sinaloa

Los habitantes de la ciudad, históricamente, reclamamos que las autoridades sean efectivas y eficientes para atender los problemas derivados de la cotidianidad. Incluso, a nivel federal, se han organizado foros académicos del más alto nivel para revisar la regulación, las instituciones, los procesos, encontrar las fallas y proponer soluciones para hacer que la llamada “justicia cotidiana” opere satisfactoriamente.

En el año 2015 hubo un foro en la Universidad de Guanajuato, organizado por el CIDE, a petición de la Presidencia de la República (su antecedente fue el mensaje a la Nación de Enrique Peña Nieto “Por un México en paz con justicia y desarrollo” del 27 de noviembre de 2014). Tuve el honor de participar en algunas de las mesas en ese enriquecedor ejercicio invitado por el CIDE (dato accesorio que se comenta tangencialmente).

Lo relevante, y que lo relaciono con el título de esta entrega, tiene que ver con el apartado “Justicia para las comunidades y los vecinos” del documento entregado por el CIDE a la Oficina de la Presidencia (consultable en https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/04/Documento_JusticiaCotidiana_.pdf).

Como preámbulo, en el estudio se enfatiza en la importancia de poner la atención en los escenarios en los que puede haber conflictos sociales cotidianos entre vecinos: espacios de estacionamiento, el uso de las banquetas, el volumen de la música, el uso de las áreas comunes, etc., concluyendo que la existencia documentada de dichos problemas “sugiere … que la resolución oportuna de estos pequeños conflictos puede ser útil para prevenir la violencia social.”

Si uno le pregunta a un ciudadano medianamente informado y perspicaz si es posible exigir que el vecino le baje al volumen de su música, lo más seguro es que conteste que no sabe, que no hay una autoridad encargada de eso o que, si la hay, jamás tomará una medida correctiva. Por lo pronto el habitante del barrio no podrá dormir y es probable que la situación empeore y se haga “justicia por propia mano”. Al respecto, según el INEGI, el conflicto entre vecinos es tan cotidiano que puede tener dimensiones y repercusiones mayores que la venta de drogas o los homicidios (cito al estudio del CIDE).

Sin lugar a duda, en los municipios, los ayuntamientos deberían tener una oficina (municipal o un juzgado menor) destinada única y exclusivamente encargada de procesar conflictos entre vecinos suscitados por los problemas antes referidos o por la modificación del uso de suelo, la invasión y destrucción de áreas verdes o por la emisión excesiva de ruido.

Seguramente la utilización de una institución diseñada ad hoc para canalizar ese tipo de tensiones propiciará una mejor convivencia vecinal y no lo que hemos visto últimamente de manera atroz. La violación al Bando de Policía y Buen Gobierno, por vecinos “desesperados” que colocan mantas (no se sabe si es contra el gobierno, contra los vecinos o contra los inversionistas) o se hacen justicia por propia mano (ejerciendo ilícitamente violencia) constituyen tipos de conflictividad social (comunitarios y socio-territoriales) que difícilmente tenderán a desaparecer o disminuir por obra y gracia de la fe.

Necesitamos trabajar con urgencia en la revisión de los problemas cotidianos que no se logran canalizar institucionalmente y que constituyen acicates de difícil penetración para el fortalecimiento de la convivencia en comunidad.