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Seminario Acciones Colectivas (BMA, 17 y 18 enero 2018) Fernando García Sais

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Pasajeros consumidores (Derechos de los pasajeros en México. Aerolíneas. Profeco)

Pasajeros consumidores

Fernando García Sais

@FGarciaSais

Notario 210 del Estado de Sinaloa

Coordinador del Notariado del Colegio de Abogados Egresados del ITAM

www.garciasais.com.mx

Llega en diciembre una época de vacaciones, en las que las personas y las familias deciden realizar viajes y trasladarse. Es posible que se presenten contingencias: retrasos, cancelaciones, sobreventa (overbooking) o algún engaño publicitario, sin dejar de mencionar casos de trato indigno y engaños publicitarios. Si lo hace por un medio de transporte aéreo, con las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 26 de junio de 2017, a dos leyes federales (Aviación Civil y Protección al Consumidor) tiene algunos derechos que le sugiero imprima y lleve consigo.

  1. Plazo para cancelar sin responsabilidad. Si tras comprar su boleto, no han transcurrido 24 horas, puede cancelarlo y la aerolínea debe reintegrarle el precio pagado. El monto total incluyendo tarifa, impuestos, comisiones y cualquier otro cargo cobrado debe ser devuelto. Esta regla se conoce como el “enfriamiento del consentimiento” con base en la cual los consumidores se pueden arrepentir de compras realizadas sin una meditación profunda. Se asemeja a la regla existente en los tiempos compartidos (aunque no de 7 días de plazo de reflexión tras la firma del contrato).
  2. Pasajeros con alguna discapacidad y en edad avanzada. Primero, que tienen derecho a transportar los instrumentos inherentes a su condición tales como sillas de ruedas, andadores, prótesis, muletas, bastones o cualquier otro, siempre y cuando la persona que viaja haga uso de ésta de manera personal y se encuentre directamente asociado con la discapacidad que presenta. Segundo, en caso de overbooking tendrán prioridad para abordar en sustitución de otros voluntarios. La regla se extiende a personas adultas mayores, menores no acompañados y mujeres embarazadas.
  3. Pasajero mayor de edad con un menor de dos años. Aquí la regla no prevé a más de un niño por adulto. Las parejas, cada una puede llevar a un menor. Quizá es inconstitucional para familias con trillizos o más hijos. Únicamente tienen derecho a llevar una carriola. No tienen derecho a asiento ni a equipaje.
  4. Boletos con conexiones o en ida y vuelta. Tienen derecho a usar los segmentos que quieran. Deben avisarlo tras 24 horas del segmento no utilizado (esta regla debió haber sido al revés, para favorecer el principio de máxima tutela al consumidor). El aviso debe ser a través de los medios que el concesionario disponga. Le sugiero hacerlo por email. Si la aerolínea no informa el medio, puede usar cualquier que la aerolínea use (puede ser hasta Twitter).
  5. Reglas aplicables a retrasos. En todos los casos, los pasajeros tienen derecho a realizar llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos. Los casos particulares:

Más de una hora, pero menos de dos: derecho a descuentos en vuelos posteriores hacia el mismo destino o (alternativamente) alimentos y bebidas (aplica el principio de competencia: las aerolíneas rivalizarán por compensar de la mejor manera). Más de dos horas, pero menor a cuatro: descuentos mínimos del 7.5 por ciento del monto pagado.

Más de cuatro horas: además de todo lo anterior, se equipara a la situación de “cancelación del vuelo”, y tienen derecho a todo lo siguiente: 100% del monto pagado o (la redacción de la ley parece contener un error pero su interpretación puede sugerir la existencia de una obligación alternativa, por eso pongo una “o”) transporte sustituto en el primer vuelo disponible; además de llamadas e emails, alimentos y bebidas, alojamiento en hotel si se requiere pernocta incluyendo transportación en ambos sentidos.

El transporte puede ser no inmediato sino posterior, pero en el entendido que debe ser en la fecha que mejor convenga al pasajero, quien tiene derecho en el caso de que solicite el reintegro o que solicite la transportación en fecha posterior a la inmediata, a una indemnización en dinero por al menos 25% del precio pagado.

  1. Overbooking o ventas en exceso. Aplican las mismas reglas que el caso anterior (punto 5) si la empresa niega el transporte al pasajero por haber sobrevendido, en el entendido que tendrá siempre prioridad de embarque las personas discapacitadas, adultos mayores, menores no acompañados y mujeres embarazadas (en cuyo caso bastará que lo manifiesten sin necesidad de probarlo). Es importantísimo que documenten (“checkin”) a tiempo (por internet es lo mejor) o que se presenten en el tiempo fijado para documentar en el aeropuerto (basta con estar en la fila de la aerolínea) de lo contrario la regla por overbooking no los beneficiará. Mucha atención a este punto. Soliciten la presencia de la autoridad del aeropuerto para dejar constancia de su presencia en la fila o cualquier circunstancia que pueda ser utilizada en su beneficio.
  2. Equipaje gratuito. En lo que se refiere al documentado (el que va abajo) tienen derecho a 15 kilos, si el avión es de capacidad menor a 20 pasajeros; a 25 kilos en aeronaves con capacidad mayor. Hay que revisar las reglas de restricción al número de piezas en que se puede distribuir y el volumen de las mismas. El equipaje de mano que puede llevarse debe no ser mayor a 10 kilos y puede ser hasta en dos piezas de 55x40x25 centímetros.

La reforma insiste en otras reglas ya conocidas en materia de protección al consumidor y competencia económica. Se prohíben las ventas atadas; esto es, condicionar la venta del boleto a la adquisición de servicios adicionales (seguros, transportes, hoteles); se establece que la presentación de los costos debe ser totales (con todos los cargos que por cualquier concepto se deban hacer) y que dicha exhibición debe realizarse desde “el primer momento”, lo que significa que abarca a la publicidad (tiempo antes de la compra) en un contexto de “alto nivel de información” (haciendo aplicable la “integración de la publicidad con los contratos”).

Por último, para garantizar la tranquilidad del pasajero-consumidor, se tienen por no puestas y se tildan de nulidad las cláusulas o disposiciones (sean en contratos o en publicidad) que pretendan exonerar a las aerolíneas de sus responsabilidades hacia los consumidores, lo mismo que las sanciones de las autoridades.

Así que consumidores, estas fiestas viajarán con la ley en la mano. Espero seguir comunicándome con Ustedes el año 2018, el cual será un gran año para ustedes y para México.

 

 

 

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Notarios y competencia económica, la COFECE se pronuncia

Notarios y competencia económica

Fernando García Sais

www.garciasais.com.mx

@FGarciaSais

En un asunto judicial muy relevante, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció (año 2002) que los notarios de la Ciudad de México no eran agentes económicos, para efectos de la abrogada (en 2014) Ley Federal de Competencia Económica. Pudiera pensarse que, a consecuencia de dicha pérdida de vigencia, también algunos de los precedentes judiciales dejarían de tener fuerza. Esto que se dice fácil, no lo es tanto: requiere un gran esfuerzo analítico.

La sentencia de la Corte puso en evidencia que, en ese entonces, los ministros desconocían profundamente cómo funciona la economía y cómo y para qué está regulada la libre competencia en la Constitución. La prohibición de monopolios y de prácticas monopólicas no es retórica, es el pilar del funcionamiento de los mercados para generar mejores bienes y servicios y a mejores precios que si no hubiera libre mercado. Es, incluso, un derecho prestacional.

Con una perspectiva decimonónica, un notario público parecería que poco o nada tiene que ver (directamente) en lo que concierne a la producción y comercialización de bienes y servicios que son puestos en circulación en el mercado para que los consumidores los adquieran. No son empresarios, son notarios. No realizan actos de comercio, no son comerciantes, son fedatarios públicos. No buscan el lucro mercantil, sino la seguridad jurídica.

Así con dicho criterio obtuso, durante años (15 años tras el precedente citado) se ha afianzado la idea de que el notario no es agente económico. Con la nueva ley federal en la materia, parecería que, de presentarse nuevamente un caso en tribunales, el criterio pudiera dar un giro radical. El artículo 3.I dispone que es agente cualquiera que en cualquier forma participe en la actividad económica, con independencia de si lo hace o no con fines de lucro. Con ello, claro está que los notarios son agentes económicos y sus prácticas deberían analizarse bajo el tamiz de la ley antimonopolios.

Al menos desde la óptica de la Comisión Federal de Competencia, órgano constitucional autónomo que sustituyó al anterior (que era un organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Economía) los notarios, hoy, sí son objeto de su atención. Esperemos que de sus políticas y acciones.

El pasado 23 de octubre de 2017 en el marco del “Premio para identificar el obstáculo regulatorio más absurdo para competir y emprender”, consultable en https://www.cofece.mx/cofece/index.php/prensa/historico-de-noticias/leyes-estatales-de-notarios-ganadoras-del-premio-para-identificar-el-obstaculo-regulatorio-mas-absurdo-para-competir-y-emprender se llegó a conclusiones que ameritan nuevas reflexiones en el tema.

Medularmente, y le pido al lector que profundice, la autoridad tras reconocer la importante labor que realizan los notarios, estimó que existen “limitantes artificiales al número de oferentes de estos servicios” y “restricciones a la competencia entre ellos”, lo que perjudica al ciudadano y se traduce en precios más altos dada la escasez artificial de notarios, incertidumbre jurídica (al haber menos uso de servicios notariales por los altos costos) y baja calidad de los servicios (dada la discrecionalidad en la asignación de notarías).

La COFECE aprovechó la inercia para hacer recomendaciones a los congresos de las entidades federativas para impulsar reformas que se traduzcan en eliminar las barreras regulatorias así como para que a nivel federal se fomente la competencia y rivalidad con los corredores púbicos en materia mercantil.

La atención de la autoridad antimonopolios en el servicio de la fe pública es crucial para el bienestar de los mexicanos. Seguramente será el inicio de pasos más grandes y profundos para mitigar prácticas que pudieran calificar como monopólicas relacionadas con sectores importantes como la vivienda para consumidores, el mercado hipotecario y, sin duda, el derribo de barreras de entrada que privilegian el nombramiento no de los mejores, lo que propicia prácticas que afectan la seguridad jurídica y el patrimonio de los mexicanos.

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FIDEICOMISO (real estate, mazatlan, notario) TRUST

LOGO GSFIDEICOMISO (real estate, mazatlan, notario) TRUST

A trust it´s an agreement entered into by and between seller and buyer, by which the seller (trustor or settlor) transfers the ownership of a real estate to a bank institution authorize by federal government (trustee) on the benefit of the buyer (beneficiary).

That’s how the buyer becomes an owner (trust ownership) of a real estate in the so called “restricted zone” (costs and boarders).

Restricted zone: properties (land) located within a strip of 100 kilometers (64 miles) along the country’s borders and fifty kilometers (32 miles) on the coastline (restricted zone).

It is important to mention that the beneficiary could be a foreign individual or foreign corporation or Mexican corporation that on its bylaws has a “Foreigner Admission Clause”. Also, please note that the beneficiary will appoint substitutes in case of death and the transfer process is simple.

The natural term for a trust is up to 50 years and it can be easily renewed upon request of the Beneficiary within 90 days prior to the expiration date.

Don´t hesitate to ask fernando@garciasais.com.mx

http://www.garciasais.com.mx