Formato Testamento Universal, Notario F. García Sais

—- En Mazatlán, Sinaloa, Estados Unidos Mexicanos, siendo las       (                   ) horas del día     (           ) de septiembre de 2017 (dos mil diecisiete) YO, FERNANDO GARCÍA SAIS, NOTARIO PÚBLICO 210 (DOSCIENTOS DIEZ) Y DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL en el Estado, con ejercicio y residencia en este municipio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63 (sesenta y tres) último párrafo, de la Ley del Notariado del Estado de Sinaloa; y constituido en el despacho sede de esta Notaría, ubicado en la calle Sierra India número 111 (ciento once) del fraccionamiento Lomas de Mazatlán, hago constar en esta ACTA DESTACADA: el TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO que otorga, ANTE MÍ, el señor                           (en lo sucesivo, el “TESTADOR”) quien, al efecto, dicta su testamento en forma clara y terminante y yo, el Notario, sujetándome estrictamente a su voluntad lo redacto de conformidad con las siguientes Declaraciones y Cláusulas:——–

——————————— P R O T E S T A D E L E Y ————————————–

—- Para los efectos de las declaraciones que el Compareciente hará en este instrumento, procedí a protestarlo para que se condujera con verdad, lo apercibí de las penas en que incurren quienes declaran falsamente, y quedó enterado del contenido de los artículos 105 (ciento cinco) de la Ley del Notariado y 314 (trescientos catorce) del Código Penal, ambos ordenamientos para el Estado de Sinaloa. ————————————————————-

———————————– D E C L A R A C I O N E S ————————————–

—- Declara la Testadora, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: ——————-

—- A) Que sabe y puede leer y escribir. ———————————————————

—- B) Que es hijo de los señores _____________, [AMBOS FINADOS]. ————-

—- C) Que [está/estuvo] casado con _________________ y que [no] procrearon descendiente alguno [de nombres___ ]. ———————————————————

————————————- C L Á U S U L A S: ———————————————-

—- PRIMERA. – HEREDERO UNIVERSAL. – Es voluntad del Testador instituir como su[s] único[s] y universal[es] heredero[s], respecto de todos sus bienes, presentes y futuros a ___________________, con derecho de acrecer entre ellos; y a su falta, renuncia o imposibilidad nombra como heredero sustituto a ________________.

—- SEGUNDA. ALBACEA. – Designa como albacea a _____________________.

—- El albacea desempeñará su cargo por todo el tiempo que sea necesario para la ejecución de sus disposiciones testamentarias. ———————————————–

—- TERCERA. – REVOCACIÓN. – Es voluntad del Testador revocar cualquier otro testamento que apareciere como dictado por ÉL[ELLA] con anterioridad a éste, pues es su deseo que se cumpla el presente como su última y deliberada voluntad. ——

————————————-CERTIFICACIONES————————————–

YO, EL NOTARIO, CERTIFICO Y DOY FE: ———————————————–

I.- De que me identifiqué como notario público ante el Testador. ————————-

II.- De que el Testador tiene a mi juicio capacidad legal, en virtud de no observar en él manifestación de incapacidad natural y no tener noticias de que esté sujeto a incapacidad civil. —————————————————————————————

III. – De que previo a iniciar la actuación notarial apercibí al Testador de conducirse con verdad y le advertí de las penas en que incurre quien declara con falsedad, en los términos del artículo 105 (ciento cinco) de la Ley del Notariado y del artículo 314 (trescientos catorce) del Código Penal, ambos ordenamientos para el Estado de Sinaloa. —————————————————————————————————

IV- De que me aseguré de la identidad del Testador, quien se identificó con su credencial para votar con fotografía expedida por el Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral. ———————————————————————

—- Dejo agregada al apéndice de esta acta bajo la letra “B”, copia certificada de la credencial para votar. ———————————————————————————

V.- De que el Testador declara por sus generales ser: ————————————-

—- ______________ declaró: ———————————————————-

  1. a) Nacionalidad:                . ————————————————————————b) Lugar y fecha de nacimiento:                                                                      . —–c) Estado civil: . —————————————————————————d) Ocupación:              . —————————————————————————-e) Domicilio:                  . ————————————————————————-

VI.-  De que lo relacionado concuerda con sus originales que tuve a la vista y que no tengo indicio alguno de la falsedad de ninguno de ellos. ——————————–

VII. De que el Testador declara que los documentos que presenta para la formación de este instrumento son auténticos. ————————————————————–

VIII.- Que di a conocer al Testador el contenido y alcances del Aviso de Privacidad a que se refiere la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, le hice saber que sus datos personales los ha proporcionado para dar cumplimiento a lo dispuesto por la fracción III (tres romano) del artículo 84 (ochenta y cuatro) de la Ley del Notariado del Estado de Sinaloa, sin fines de divulgación o utilización comercial, y que manifiesta su conformidad para que los mismos queden plasmados en el texto de este instrumento, del cual se expedirán testimonios o copias certificadas, y cuyos datos podrán ser proporcionados a las autoridades a quienes por ley se está obligado a informar.———————————

IX.- De que el Testador expresó su voluntad de un modo claro y terminante y de que este testamento tuvo lugar en un solo acto y sin interrupción alguna, con las formalidades que previene el Código Familiar para el Estado de Sinaloa. ————–

X.- De que leí en voz alta este testamento al Testador, quien además lo leyó personalmente, y le expliqué su valor, consecuencias y alcances legales, manifestando su conformidad con el mismo, y declarando haberlo comprendido plenamente la firmó de conformidad ante mí. ————————————————–

XI.- De que este testamento concluyó a las 17:10 (diecisiete diez) horas del mismo día de su fecha, en que lo firma ANTE MÍ, el Testador y DOY FE. ———————

 [_________________________]

 

ANTE MÍ 

FERNANDO GARCÍA SAIS

NOTARIO 210

Y DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL

EN SINALOA

 

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Electrocutado en la piscina

Fernando García Sais

Notario 210 del Estado de Sinaloa

www.garciasais.com.mx

La administración de condominios es una función con repercusiones importantes en la calidad de vida de las familias (en su bienestar). Sin exagerar, del buen trabajo administrativo, descansa el bien jurídico más valioso: la vida en sí misma.

Administrar un condominio, en atención al cúmulo de los deberes legales que pesan sobre el administrador, es una tarea compleja. Supongo que quien la desempeña lo hace por estar capacitado y porque recibe una justa retribución.

He escrito sobre la conveniencia de que las leyes en materia del régimen de propiedad en condominio, particularmente la de Sinaloa, se revisen. Es de vital trascendencia también que su contenido sea difundido (por los operadores jurídicos, notarios, académicos, agentes de bienes raíces) y entendido, particularmente por quienes desarrollan comercialmente esos productos, los administradores y por los consumidores de espacios residenciales.

Jurídicamente, el condominio es una fusión de figuras jurídicas básicas: propiedad individual y copropiedad. Su organización se asemeja mucho al de las sociedades: en algunos Estados tienen personalidad jurídica (lo que hace innecesario crear asociaciones civiles), y tienen un órgano que los representa (el administrador), quien tiene implícitamente poderes (orgánicos) para administrar y para defender los bienes comunes que implica el encargo.

A pesar de la falsedad de la popular consideración de que el dueño del negocio (quien constituye el régimen) debe ser el administrador forzoso durante el primer año, lo cierto es que algunos condominios se han diseñado así. Puede ser administrador quien se designe para ello en la constitución del régimen, pudiendo serlo cualquiera de los condóminos o un tercero.

Lo relevante y es en lo que pretende enfatizar es en la alta encomienda que tienen los administradores (pueden ser empresas). De ellos depende la armonía y, como digo al inicio la vida de los seres humanos.

Por determinación de la ley, el administrador tiene algunos deberes “corporativos” como el de llevar y conservar los libros de actas de asambleas (autorizados por el Ayuntamiento) y de registro de acreedores; recaudar cuotas, efectuar gastos, informar mensualmente sobre las finanzas, convocar y publicar convocatorias de asambleas, entre otras funciones “light”.

La más fuerte me parece que es la relativa a “cuidar y vigilar los bienes del condominio y los servicios comunes, promoviendo la integración, organización y desarrollo de la comunidad”, en la que se le trasladan obligaciones intensas como las de un padre de familia o un presidente municipal. Menuda tarea, sobre todo tratándose de “microsociedades pluricompuestas”. Pero, eso no es nada, si consideramos que, por un inadecuado mantenimiento de un área de uso común, como una alberca o un jacuzzi, un usuario pudiera lesionarse gravemente o perder la vida por descargas eléctricas.

Lo anterior no es ciencia ficción. Un tribunal federal en Quintana Roo, recientemente (11 de agosto de 2017) publicó la tesis aislada de jurisprudencia (Tesis: XXVII.3o.42 P (10a.)), en la que imputa penalmente a los administradores que, a pesar de que no quieren (voluntad interna) cometer el delito (lesiones u homicidio, por ejemplo) el hecho se presenta y se hubiera podido prever y evitar si no se hubieran dejado de observar las normas que establecen deberes como mantener en buen estado los bienes de uso común.

Y aquí viene la espléndida narrativa jurídica de la tragedia: “Luego, si los sujetos pasivos recibieron una descarga eléctrica mientras se encontraban dentro del jacuzzi del área común del condominio, la cual les provocó diversas lesiones; este hecho es imputable penalmente a los que tenían el deber de cuidado que les era exigible derivado de su calidad de garantes derivado de la ley -administrador y jefe de mantenimiento-, y consiste en no haber acatado la disposición legal de una norma en específico (Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles), pues no previeron lo previsible, como es que en caso de no dar mantenimiento a las áreas eléctricas que se encuentran al aire libre a un costado del mar y tienen contacto con el agua -alberca y jacuzzi-, puede llegar a ocasionar una descarga eléctrica a una persona.”

Así que, antes de aceptar ser administrador, valore si realmente tiene las cualidades para, además de lograr la sana armonía y convivencia de personas que no necesariamente comparten más que la cualidad jurídica de ser personas y propietarios, preservar su salud y vida.

La riqueza del notariado

Fernando García Sais

Notario 210 del Estado de Sinaloa

www.garciasais.com.mx

@FGarciaSais

El notariado como institución es un instrumento del Estado para garantizar legalidad y seguridad jurídica –hoy tan necesarias— en una multiplicidad de actos que celebran las personas, las familias, los comerciantes y los empresarios. El propio Estado en sus diversos ámbitos (nacional, estatal y local) se beneficia del notariado al asignarle funciones fiscales (calcular, retener y enterar impuestos) y funciones de control de la legalidad.

Aspirar a ser notario implica pasar por un proceso de formación jurídica arduo y profundo. El notario es un licenciado en Derecho con ciertas peculiaridades que le permiten tener un conocimiento vasto, general y a la vez especializado en algunas áreas o disciplinas jurídicas.

Similarmente a lo que acontece con los cargos públicos, conforme la sociedad va adquiriendo mayor conciencia de la importancia de que los funcionarios sean no sólo talentosos sino también que cuenten con un aparato ético importante que fortalezca su actuación, el notariado se irá conformando con mejores cuadros. El notariado como institución, sin duda alguna, debe privilegiar la integración de abogados altamente capacitados, y de entre ellos a los más sobresalientes.

El notario no es un funcionario público, no obstante, su regulación en una ley y estar vigilado por la autoridad estatal. El notario es un profesional del Derecho que cobra por sus servicios profesionales con base en un arancel. El notario puede si las personas se lo solicitan actuar como mediador o árbitro para resolver controversias sin necesidad de ir a juicio. El notario es un gran aliado de la civilidad y de la paz.

El notariado mexicano, en su conjunto, cuenta con grandes abogados, perspicaces profesionales y académicos ejemplares. A ellos debemos imitarlos. No todos comparten credenciales, formación ni méritos: algunos son expertos en temas mercantiles, otros en aspectos fiscales, algunos en temas familiares, y así sucesivamente. Hay algunos que, inclusive, logran combinar diversas especialidades. Quizá y sólo quizá aquí se actualiza aquel añejo refrán de que “todos somos de barro pero de distinto molde”.

En las pláticas de café es común escuchar críticas en el sentido de que los notarios heredan las notarías de sus padres o hacia sus hijos. En distintos momentos históricos, por fortuna, alejados de las épocas actuales donde imperan necesidades sociales complejas y problemas nacionales profundos, ello fue una realidad. Hoy los aspirantes a notarios formalmente, al menos, presentan exámenes. Hoy, un abogado no necesita ser hijo de notario, requiere estudiar y entrenarse en serio. Incluso, puede hacer valer el amparo para suspender un proceso de asignación de notarías alejado de los principios constitucionales. Debe prevalecer el talento, a pesar de que este sea un debate relativamente ausente.

La sociedad debería también examinar el mérito para el acceso de esos abogados al notariado y, cuando lo asumen, vigilar si su ejercicio es el adecuado. Igualmente, como acontece con otros profesionales, como los de la salud. A todos nos interesa saber, antes de ingresar en un consultorio o un quirófano, si el facultativo está efectivamente titulado, si es especialista, si es líder en su disciplina, etc.

Por ello, la información oficial que se difunda sobre la composición del notariado debe ser tan abierta como sea necesaria para que la sociedad pueda tomar decisiones respecto de a qué consultorio notarial entrar (y no salir con las piernas por delante o en pijama de madera). Lo invito a que hurgue y exija que se transparente.

Si usted tiene más tiempo, querido lector, dé una vuelta por la página de Internet del Consejo de Notarios del Estado de Sinaloa y observará que aparentemente esa riqueza de la que le hablo no existe. El único dato relevante que se publica es el nombre del notario, su dirección y su teléfono. (http://notariosdesinaloa.org/)

¿Se cumple con el derecho a la información que tenemos los ciudadanos de conocer el origen, la formación, el nivel y tipo de especialidad, entre otras cosas, de los integrantes del notariado sinaloense?

Servicio Social del Notario

Fernando García Sais

Notario 210 del Estado de Sinaloa

@FGarciaSais

http://www.garciasais.com.mx

La institución del notariado se diseñó para dar seguridad jurídica al patrimonio de las personas, familias y empresas. Por su contenido, el patrimonio, en su más amplia concepción, incluye desde luego la parte económica y la moral. El diseño de la institución abarca otros aspectos: tener a los mejores juristas y promover la carrera notarial para garantizar la prestación constante del servicio.

He comentado, en otros ensayos, que la función que desempeñan los notarios no es una función privada, similar a la de un abogado, sino que se trata de una función de orden público. Siguiendo al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, agrego que, dicho carácter de “público” proviene de la delegación que el Estado hace de la fe pública, con el objetivo de satisfacer una necesidad de interés social que se refleja de manera tripartida en dar certeza, autenticidad y seguridad jurídica. Estamos, pues, en presencia de un servicio público regulado por el Estado (Tesis: P./J. 73/2005). Es, desde luego, una función pública de carácter administrativo relativa a un sector de la vida social (Tesis: VII.2o.C.96 C).

¿Se puede concluir que, a partir de las peculiaridades anunciadas, los notarios estén obligados a prestar un servicio social? ¿Debe ser ese servicio social “gratuito”? ¿Cómo se regula el servicio social notarial? ¿Pudiera generar competencia desleal entre los notarios? ¿Pudiera ser utilizado políticamente?

La Ley del Notariado para la Ciudad de México dispone que las autoridades pueden requerir de los notarios la prestación de sus servicios para atender asuntos de orden público o de interés social. Sin embargo, no se dispone la gratuidad, sino que “las autoridades y el colegio convendrán los honorarios correspondientes”. Se complementa lo anterior con la disposición que señala que los notarios participarán con tarifas reducidas y convenidas por el Colegio con las autoridades correspondientes, en programas de fomento a la vivienda y regularización de la tenencia de la propiedad inmueble.

El diseño de cualquier institución pública no debe dejarse al arbitrio de gobernantes sin inteligencia. No podremos esperar que una institución produzca bienestar social, solo porque algunos operadores jurídicos tengan buena voluntad. Si el diseño institucional es defectuoso, el resultado material de su operatividad siempre tendrá fallas y costos sociales, se derrochan recursos escasos y habrá quien se aproveche de dichas fallas.

El Notariado, como servicio público, amerita un diseño que respete la autonomía e independencia (principalmente del poder público y de los grandes intereses económicos) de los notarios y promueva un ambiente de compromiso social junto con un respeto a la sana participación en el mercado de los servicios notariales entre todos los notarios. La ley presume que todos los notarios son iguales. Discriminatorio sería que el propio Estado tuviera “exclusividades” con algunos de sus notarios.

Hay quien opina que, por otro lado, los notarios no son agentes económicos (siguiendo una tesis de la SCJN que, por cierto, ha sido muy criticada por expertos en competencia económica, entre los que me sumo). Sin embargo, lo cierto es que existen leyes como la de Sinaloa que contienen expresamente normas que regulan la “competencia desleal” entre notarios, lo que abre la puerta para reflexiones más profundas.

Si el Estado considera que existen circunstancias sociales que ameritan que los notarios den precios especiales (modificar el arancel) se requiere que las autoridades que regulan la actividad notarial firmen convenios, que se difundan y se transparenten.

Peligroso sería que los notarios estuvieran sujetos al capricho de cualquier ente público, ajeno al sistema notarial, y sometieran su ejercicio a caprichos de un servidor público que busque más que la satisfacción de un interés general, elevar su rating y popularidad, trasladado el costo a los notarios.

Todos los notarios deben, democráticamente, participar en igualdad de circunstancias en la prestación de dichos servicios. No es válido ni legítimo que las autoridades seleccionen al notario. El notario que se rehúse a dar el servicio social debería ser sancionado.

El servicio social del notario es un deber (no una obligación) que implica que exista, forzosamente, una decisión de Estado tomada en el seno de los entes públicos competentes (los colegios privados constituidos como asociaciones civiles, en principio, no lo son, salvo que la ley los habilite), en la que se fije un arancel preferencial y que los notarios (todos) participen satisfaciendo la necesidad social que dio origen al convenio.

La violación del pacto federal y de la cláusula de entera fe y crédito en relación con los Poderes notariales: legalización de firmas exigidas por el Registro Público de la Propiedad de Cuernavaca, Morelos

Hace unos días recibí la llamada de un cliente que me pedía redactar un poder para actos de dominio en virtud del cual pudiera el apoderado recibir en su nombre y representación una donación de un bien inmueble.

A continuación me indicó que ese poder surtiría efectos en el estado de Morelos pero que por disposición normativa el registro público de la propiedad de la ciudad de Cuernavaca no aceptaban los poderes de los notarios de otras entidades federativas salvo que estuvieran legalizadas las firmas del notario y del titular del archivo General de Notarías (en nuestro caso por supuesto el  de Sinaloa).

En un primer momento pensé que se trataba de una errónea interpretación por parte de mi cliente respecto de algún comentario que alguien le pudo haber hecho tratándose de los poderes para ser ejercidos en el extranjero que requieren ya sea la legalización o la apostilla.

Le pedí a mi cliente me pusiera en contacto con el notario público que elaboraría la escritura que contendría la donación del inmueble y que utilizaría para acreditar la representación de mi cliente el poder que yo elaboraría.

Muy amablemente mi colega notario de aquella entidad me explicó que, entendía mi sorpresa, pero que efectivamente en aquella entidad federativa se exigía para la plena validez y efectos de los poderes emitidos en otro Estado de la República, su legalización.

Después de intercambiar opiniones sobre la evidente inconstitucionalidad de la disposición, principalmente a partir de lo que todos conocemos como la cláusula de entera fe y crédito reconocida en el artículo 121 constitucional, y de lamentarnos recíprocamente por las barreras que dicha legalización impone al libre ejercicio del notariado, pero medularmente por los costos que impone a la sociedad, toda vez que estos trámites además de necesarios son costosos, llegamos a la conclusión que no tendríamos otra alternativa que solicitar la legalización de firmas, tanto la de notario como la del director del archivo General de notarías de Sinaloa.

Para dejarlos reflexionar con este tema, a continuación les dejo un link a una resolución relativamente reciente, de junio de 2017, en la que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Unión analiza la constitucionalidad de las leyes estatales que imponen ciertos requisitos para la validez de los poderes emitidos en otra entidad federativa, y aunque no se refiere expresamente al tema de la legalización de firmas es útil para ir conformando un criterio:

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1fffdfffcfcff&Expresion=Notari*%2520121%2520&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=14&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=2014576&Hit=1&IDs=2014576,2011269,2009309,162368,169246,169783,178914,183778,186861,191073,202150,232872,321070,903423&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=
Para complementar lo anterior resulta conveniente leer la tesis del quinto tribunal colegiado en materia civil del tercer circuito que en el 2008 ya se había pronunciado sobre la inconstitucionalidad del requisito de exigir la legalización de firmas de los notarios, a saber:

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1fffdfffcfcff&Expresion=Notari*%2520121%2520&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=14&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=169246&Hit=5&IDs=2014576,2011269,2009309,162368,169246,169783,178914,183778,186861,191073,202150,232872,321070,903423&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=
Sería conveniente que las agrupaciones de notarios de la República mexicana, ya sean las asociaciones civiles o los consejos que dependen de los Estados se conviertan en vigilantes permanentes y apoyen a la ciudadanía en la presentación de juicios de amparo para evitar candados y restricciones que atentan en contra de los actos privados confiados a los notarios públicos.

Notariado medieval y sociedad Posmoderna

La revolución tecnológica y la era de las tecnologías de la información llegaron al mundo moderno para facilitarle a las personas y a las empresas sus actividades cotidianas, y por supuesto, para favorecer el entorno económico, la celeridad comercial y con ello incrementar los niveles de productividad y eficiencia.

Hace 20 años con el boom tecnológico, economistas de todo el mundo pronosticaron incrementos en las tasas de crecimiento y se especuló, inclusive, que ello incrementaría los niveles de bienestar de la sociedad.

Las instituciones jurídicas parece que no vivieron con intensidad esas profundas transformaciones tecnológicas. Con marcadas excepciones, como las relativas a la regulación del comercio electrónico y a sus efectos contractuales, hoy hay un gran número de ordenamientos jurídicos ameritan ser revisados a efecto de que exista un paralelismo que refleje de manera congruente los cambios en las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones.
El análisis costo-beneficio que hoy se exige a la hora de crear una ley también debe hacerse para valorar el costo-beneficio de las leyes vigentes.

 Los legisladores faltando a cualquier deber de diligencia asumen que las leyes que forman parte del derecho positivo son perfectas y en su labor legislativa cotidiana no asumen como una tarea su revisión expost.

Las leyes del notariado, me parece, adolecen de vicios y defectos que no favorecen aquel entorno: la innovación parece que es sancionable en incluso para algunos éticamente reprobable.
El mantenimiento del status quo, en lo relativo a la normativa notarial, parece inaceptable dado que los notarios tienen un gran número de funciones pensadas para mantener la seguridad jurídica, y hoy en día las manifestaciones de la sociedad y empresariales ya no se limitan aquellas formas del siglo pasado.

Llama la atención, por otro lado, que este tipo de reflexiones, debates y discusiones no encuentren un lugar común ni por parte de los sectores empresariales, de las organizaciones de la sociedad civil, y mucho menos del notariado nacional.

Hace unos días un cliente de la ciudad de México me solicitaba que yo desde Mazatlán diera fe respecto de acontecimientos que transmitiría desde distintas localidades a través de un sistema de telecomunicaciones por medio del cual yo estaría viendo en tiempo real la destrucción de determinados objetos de comercio.

Desde mi punto de vista, este tipo de actuaciones no deberían limitarse ni mucho menos prohibirse, con independencia de que el notario no esté físicamente en aquél lugar pero sí a través de las tecnologías de la información y de las comunicaciones.

¿Y usted qué piensa?

Jubilación y relevo notarial (Noroeste, julio 2017)

Fernando García Sais

Notario 210  de Sinaloa

La prestación del servicio notarial es de orden e interés público. En todas las leyes locales del notariado que están vigentes en México (recordemos que la facultad para legislar en la materia está reservada a los Estados) se establece un mínimo de edad para poder acceder al notariado, pero no para salir, para dejar la función, para favorecer el relevo generacional. Hablar de la jubilación forzosa del notario es una necesidad.

En Sinaloa, el artículo 24 de la Ley del Notariado sitúa el límite inferior de edad para acceder al notariado, en los 30 años. Considerando que, de manera general, los estudiantes terminan la licenciatura a los 22-23 años, la edad de 30 años parece adecuada para iniciar, después de haber acumulado años de estudio y práctica profesional en distintos ámbitos del Derecho.

Un jurista a los 30 años ya pudo haber terminado un doctorado o haberse desempeñado exitosamente en diversas áreas de los sectores público y/o privado, con un cúmulo de conocimientos que le serán de utilidad para prestar un buen y eficiente servicio notarial.

A primera vista ello es encomiable. No obstante, la LN tiene importantes barreras de entrada que entorpece que el ingreso al notariado suceda como lo he descrito. Se necesita tener residencia efectiva de 10 años en Sinaloa (inmediatos anteriores a la convocatoria) y haber realizado prácticas con un notario de la localidad. Estos dos candados importan serias limitantes para los licenciados en derecho y favorece que las notarías se transmitan de padres a hijos, excluyendo a otros candidatos que, en teoría, pudieran competir en igualdad de circunstancias. Este tema debe también analizarse por los hacedores de leyes y de políticas públicas.

El aspirante a notario no sólo debe esperar tener 30 años, sino que debe ser paciente y cuando el ejecutivo estatal disponga publicar una convocatoria a examen, presentarse. Ello implica que para ajustarse a la irracional regla, debe sacrificar posibilidades de estudio y/o profesionales fuera del pueblo. No me parece que dicho canon produzca los resultados más deseables. ¿A usted?

La falta de reglas eficientes respecto de la carrera notarial es costosa para la sociedad y perjudicial para esa clase “tan desprotegida” que son los aspirantes a notarios. La mayoría no llega a la meta. Y dedican su vida a la(s) notaría(s). Paralelamente, no hay una seria formación de talento en las notarías: se privilegia la contratación de amanuenses (a quienes se les paga poco y dan un mal servicio), produciéndose el fenómeno de la extracción de los frutos del trabajo: notarios ricos y empleados pobres. La sucesión notarial por ADN importa más que el servicio prestado y que la garantía del servicio a futuro.

En Sinaloa, por citar un caso, en 2010 se asignaron notarías después de casi 15 años de espera. Dejar pasar tanto tiempo, no produce los mejores resultados. La continuidad y el dinamismo de la función, se lastima. La incertidumbre dificulta el adecuado desarrollo de la carrera notarial y desincentiva que nuevos profesionales del derecho se preparen y busquen competir por acceder a la función.

En otra ocasión abordaré el tema de otras barreras de entrada y los desincentivos generales que hacen que el notariado no tenga a los mejores abogados interesados en formar parte de sus filas. Lo que queda claro es que los notarios deberían jubilarse a cierta edad para permitir que las nuevas generaciones vayan supliendo las funciones que, naturalmente, ya no pueden realizar.

¿Debería el Estado garantizar una pensión al notario jubilado? Ese es otro tema relevante y merece voltear a ver lo que hacen otros países. En lo relativo a la edad de jubilación, en España, desde 1983 con la “Ley 29/1983, de 12 de diciembre, sobre jubilación de Notarios, Agentes de Cambio y Bolsa y Corredores colegiados de Comercio” los notarios se jubilan forzosamente a los 70 años, pudiendo hacerlo antes de manera voluntaria. La jubilación se complementa con un fondo de jubilación creado por una mutualidad.

En Uruguay, existe la “Caja Notarial de Seguridad Social”, que comprende no sólo a los notarios sino a quienes trabajan con ellos, un tema sin duda de urgente revisión en México, por la desprotección de los colaboradores de las notarías. La regulación es de 2001(Ley Nº 17.437), y prevé una edad de jubilación de 60 años y un mínimo de 35 años de servicio notarial. En la provincia de Córdoba, Argentina.

El 10 de octubre de 1995 se publicó la Ley 8427 y establece el cómo se financia la Caja Notarial de Jubilaciones, que me parece un maravilloso ejemplo de lo que pudiéramos hacer en México. Los notarios aportan el 1% de sus honorarios, si tienen una antigüedad menor a 5 años, y un 2% de ahí en adelante. Los usuarios de las notarías aportan 3% de los honorarios por pagar; el Estado aporta el 3% de los impuestos por traslados de dominio –lo que pudiéramos ampliar a los derechos registrales y al ISR enterado a la Federación, mediante un convenio entre el Estado y la Secretaría de Hacienda Federal—.

Determinar una edad de retiro puede ser caprichoso. Es, empero, un paso necesario para que la función notarial mejore. El Estado debería estar atento y proveer de mecanismos financieros que garanticen un mínimo vital para los notarios que se retiren. Con ello, el mecanismo de relevo generacional puede mejorar.