Comparto texto de José Roldán Xopa, sobre foto multas, administrativo y análisis económico

Rebasar los límites de velocidad equivale a una infracción de tránsito. La multa es la consecuencia. La tecnología permite captar si el vehículo rebasa la velocidad permitida y también proporciona imágenes de la placa o de quien conduce. Si el dueño conduce es responsable de pagar la multa. Pero si el propietario no conduce ¿está […]

via FOTO MULTAS ¿DEBE PAGAR EL DUEÑO? — José Roldán Xopa

Bancos y notarios atados, usuarios olvidados (Reforma Negocios, 26 abril 2017)

CaptureFernando García Sais

Notario Púbico 210 del Estado de Sinaloa

Miembro del Consejo del Colegio de Abogados Egresados del ITAM

@FGarciaSais

http://www.garciasais.com.mx

 

Los usuarios de servicios financieros que contratan con entidades bancarias créditos al consumo (créditos hipotecarios o, incluso empresarios que tramitan líneas de crédito) tienen siempre el derecho a elegir libremente a su notario.

Eso en teoría. La práctica es que dicha elección es una ilusión y los bancos imponen a su notario, lastimando severamente los derechos de los consumidores financieros y el proceso de competencia económica, por tratarse de una práctica anticompetitiva que lesiona a la economía nacional.

La falta de supervisión de las autoridades como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al Banco de México, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y la Procuraduría Federal del Consumidor es evidente. La falta de actuación de la Comisión de Competencia Económica es la combinación perfecta. Todos saben, pero todos callan.

El crédito al consumo constituye una actividad financiera importante que amerita mayor atención de parte del Estado y de los órganos reguladores de la economía. Los usuarios de servicios financieros que adquieren créditos hipotecarios para cumplir con el sueño de su vida reciben servicios notariales en ocasiones de baja calidad, por efecto de las prácticas monopólicas y por abusos en las relaciones de consumo.

Las ventas atadas son una práctica monopólica relativa (en oposición a las absolutas) y consisten medularmente en condicionar el servicio (crédito bancario) a la adquisición de otro servicio (la utilización notario público impuesto por el banco). Generalmente la venta atada se acompaña de otra práctica ilícita: rehusarse a dar el crédito si el usuario rechaza el servicio notarial impuesto. Si el cliente menciona que quiere elegir a su notario de confianza, se le atemoriza en el sentido de que perderá el crédito (como si se tratara de un acto gracioso, gratuito). Como todos los bancos son iguales, las consecuencias son perversas.

Desde el punto de vista de la tutela del consumidor financiero, los consumidores tienen derecho a elegir libremente a sus proveedores. Cualquier servicio no solicitado debería ser gratuito (tal y como acontece con los envíos no solicitados y servicios adicionales impuestos) y los acreditados obligados a acudir a alguna notaría asignada por el banco deberían recibir gratuitamente sus escrituras. La lógica es simple: si el banco impone un servicio no solicitado, que lo pague.

Evidentemente se trata de una consecuencia lamentable producida por el origen ilícito de la práctica. Que el banco cubra los gastos (impuestos, derechos y honorarios) notariales sería una evidencia de la violación de la ley. Todos los frutos del árbol estarían viciados. Una práctica así sería inadmisible. Se pondría en riesgo, aún más, la legalidad de las operaciones.

 

Notarialmente, las escrituras nacen cuando en un acto jurídico ambas partes solicitan los servicios del notario y acuden libre y voluntariamente a crear el acto jurídico y el notario a darle forma. El notario no actúa de oficio. Si falta el consentimiento de una de las partes, como acontece con el acreditado que expresamente rechaza el servicio notarial impuesto, la escritura tiene un vicio de origen que puede conducir a su inexistencia jurídica por falta de consentimiento; esto es, de rogación. Ello es grave y de aplicarse en los tribunales sus consecuencias serían profundas.

Por si había alguna duda de la fortaleza de la Ley de Competencia Económica y la prohibición de las ventas atadas, para contrarrestar la práctica, el 10 de enero de 2014, se publicaron en el DOF reformas (la “reforma financiera”) y, entre otras, se modificó la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, y se adicionó el artículo 23 Bis para prohibir lo que ya estaba prohibido pero no se respetaba: las ventas atadas.

El artículo referido, en su primer párrafo, textualmente dice: “[a] las Entidades les estará prohibido condicionar la contratación de operaciones o servicios financieros a la contratación de otra operación o servicio.” Su elocuencia y claridad invitaron, en 2014, a los operadores jurídicos y económicos a pensar que se acabarían las ventas atadas, tal como ocurriría con la imposición de contratos de seguros en créditos automotrices, materia en la que habría que investigar si la reforma está dando buenos frutos.

La libertad de elección de los consumidores y usuarios es una premisa toral del sistema de mercado que la Constitución postula. Los bancos, como cualquier otro comerciante, están obligados a respetar la decisión de los consumidores, quienes tienen el derecho a elegir libremente a su notario de entre los que haya disponibles y estén autorizados por el Estado mexicano. No hacerlo así, contribuye a desplazar ilícitamente la demanda de servicios notariales afectando, además, el sano desarrollo de la institución del notariado.

Lamentablemente, parece que, ni los consumidores ni la institución del notariado son una prioridad de la agenda política y administrativa nacional. Quizá la Comisión Federal de Competencia con su autonomía constitucional pudiera realizar una investigación robusta que conduzca a la supresión de la práctica monopólica, junto con las sanciones económicas e inhabilitaciones previstas en la ley.

 

 

Entrevista a Fernando García Sais sobre prácticas monopólicas de los bancos en contra de los consumidores mexicanos. Punto MX (18 abril 2017)

http://punto.mx/publicacion/imponen-bancos-a-clientes-su-lista-de-notarios-garcia-sais-21784

Protección al consumidor en sede notarial (Reforma, 4 agosto 2015)

Los notarios salen en defensa de los consumidores (Mundo del Abogado, enero de 2017)

Protección al consumidor en sede notarial (Reforma, 4 agosto 2015)

 

 

Acción colectiva vs Condominio

Fernando García Sais

Notario Público 210 del Estado de Sinaloa

www.garciasais.com.mx

Si pagas cuotas de condominio y su monto fue determinado con base en alguna cuestión diferente (número de cuartos, baños, ventanas) a la medida de tu propiedad, este texto te puede interesar. Tradicionalmente las fricciones inter condóminos, al menos en Sinaloa, únicamente se pueden resolver vía asambleas o juicios de nulidad de actas. Aquí expongo una vía novedosa y, a mi juicio, más efectiva: las acciones colectivas.

Las acciones colectivas federales son un valioso instrumento jurídico que permite a grupos de personas vinculados entre sí por circunstancias de hecho o de derecho comunes acudir ante un juez federal para reclamar la reparación de un daño o la cesación de una actividad perjudicial o potencialmente dañina. A través del acceso colectivo a la justicia se protegen derechos colectivos y derechos difusos.

En nuestro Derecho, las acciones colectivas se limitaron en la reforma constitucional de 2010 y en la secundaria de 2011 a tensiones derivadas de las relaciones de consumo, a daños en materia de competencia económica (por la afectación al consumidor final) y por lesiones al medioambiente— reformas de las que, junto con un grupo de académicos del ITAM, fui corredactor—.

Las relaciones de consumo están reguladas por una ley federal y constituyen un terreno amplísimo en el que entran en colisión derechos de diversa índole y en distintas materias de la actividad económica y del mercado de bienes y servicios. Lo mismo hay consumidores de servicios de telecomunicaciones que consumidores de productos y suplementos alimenticios; consumidores que adquieren derechos de tiempo compartido, o que celebran contratos de crédito y prenda (consumidores de servicios financieros), por mencionar algunos.

Junto con esas adquisiciones hay una porción de la actividad económica vinculada con el acto más importante que celebran por su valor patrimonial: la adquisición de inmuebles destinados a casa habitación. Ahí, se conecta la ley federal con las leyes locales en materia de bienes raíces. La ley federal regula los aspectos relacionados con la protección al consumidor y las leyes locales lo relacionado con la transmisión de la propiedad y la constitución de los regímenes de propiedad en condominio.

Por disposición de la norma federal, la venta de inmuebles destinados a vivienda (aplica solo para inmuebles construidos, sean casas o departamentos en régimen de condominio) importa la necesidad para los vendedores (desarrolladores, fraccionadores, empresarios) de celebrar un contrato de adhesión que esté sancionado por la autoridad federal competente, la que se encargará de que los actos jurídicos no tengan cláusulas abusivas que afecten los derechos mínimos de los consumidores.

Los consumidores de este tipo de bienes inmuebles pueden agruparse y demandar vía acción colectiva cualquier violación a derechos contractuales e, inclusive, extracontractuales (como la falta de cumplimiento a lo ofrecido o prometido en la publicidad de los inmuebles).

No obstante, complementariamente a dicha posibilidad tan evidente, emerge una nueva: es posible que el régimen de propiedad y condominio, que constituye una declaración unilateral de quien lo crea, pueda ser sometido a control judicial para determinar si contiene cláusulas abusivas que en sede notarial no fueron detectadas por los notarios públicos y que mientras no se eliminen regirán las relaciones internas de los propietarios del condominio.

Un ejemplo de ese tipo de cláusulas abusivas lo constituye la alteración de los derechos y obligaciones que cada condómino tenga sobre los bienes comunes, que debe ser proporcional al valor de su propiedad individual, fijado en la escritura constitutiva del régimen. Ahí debe figurar el valor nominal que se asigne a cada condominio, así como el porcentaje nominal sobre el valor total de las partes en condominio. Cualquier desviación en dichos valores constituye una violación a los derechos del consumidor.

Este tipo de litigios abrirán la puerta para una nueva forma de hacer efectivos los derechos de los condóminos (consumidores de inmuebles afectos a regímenes de propiedad y condominio) que actualmente no tienen vías eficientes para hacer ajustes a las escrituras públicas que los contienen y que se asemejan notablemente, por su naturaleza, a los contratos de adhesión, en la medida que son predispuestos por el empresario y constituyen un sometimiento a condiciones contractuales impuestas y diseñadas por la parte fuerte en esa relación contractual.

Practicar Derecho (Noroeste, 31 marzo 2017)

Fernando García Sais

Notario 210 del Estado de Sinaloa

www.garciasais.com.mx

@FGarciaSais

 

 

“El Derecho se aprende en la práctica”, se repite penosa y vergonzosamente en diversas facultades de Derecho. ¿Será cierto? ¿Es el Derecho una técnica o una Ciencia? ¿Puede un abogado sin conocimientos teóricos desempeñarse adecuadamente en la práctica? La adquisición del conocimiento, sin duda alguna, puede realizarse por medio del estudio o la experiencia.

Es la escuela de Derecho el espacio por excelencia para que los estudiantes adquieran las bases teóricas que les permitirán tener un ejercicio profesional de calidad, con conocimientos pluridisciplinarios (Economía, Contabilidad, Política, Filosofía, etc.) y valores éticos. Si estudiar Derecho es memorizar normas y repetirlas, no cabe duda que las casas de estudio jurídico deberían ir cerrando sus puertas. Las Universidades deben entrenar a sus alumnos para entender al Derecho como un factor de control y, muy relevantemente, de cambio social.

Es de lamentarse que la frase sea dicha, incluso por profesores de Derecho, quienes transmiten esa miseria de pensamiento a sus estudiantes, en lugar de enfatizar la importancia que tiene el conocimiento científico, que se adquiere a partir del trabajo que se haga, no sólo con las normas, sino con la aplicación de herramientas de otras ciencias, de tal manera que en el ejercicio profesional se puedan resolver las tensiones en beneficio de la sociedad.

Un buen programa de Derecho combina conocimientos teóricos y prácticos. No invita al estudiante al abandono de la escuela en busca de la codiciada práctica profesional. Así, las “clínicas de Derecho” que algunas de las mejores Universidades de México (ITAM, CIDE) han implementado para la aplicación del conocimiento teórico a casos reales, son un éxito. Ahí, los estudiantes defienden casos reales, llevan asuntos a la Suprema Corte de Justicia, revisan políticas públicas, analizan su implementación, entre otras actividades.

Hace unas semanas, el mundo fue testigo de lo que los estudiantes de Derecho de Yale (EUA), lograron hacer al conseguir que un juez federal emitiera una orden para prohibir al gobierno de Estados Unidos cualquier deportación basada en la orden ejecutiva del presidente Trump, que se aplicaría a ciudadanos de siete países del Medio Este para evitar su ingreso a EUA. Pueden leer la nota directamente: http://yaledailynews.com/blog/2017/02/03/law-school-clinics-immigration-case-develops/

Más allá del problema social resuelto gracias a esos jóvenes estudiantes y sus profesores, es evidente que en Yale a los estudiantes no se les invita a dejar de estudiar, reflexionar, criticar ni proponer; mucho menos a iniciar su vida profesional de mensajeros en alguna oficina pública o privada. Al contrario, la escuela se convierte en el eje toral para que se practique, en serio y de verdad, el Derecho.

Hay, en México, cerca de 2000 instituciones de educación superior autorizadas por las autoridades educativas para “enseñar Derecho”. Ello no es grave si no somos conscientes de que el abogado tiene confiado valores superiores de las personas, familias y empresas. La libertad, la defensa del patrimonio, y hasta la vida se pone en las manos (o en riesgo) de los profesionales del Derecho.

Si revisamos algunas leyes, observaremos que, en no menos de una función pública, los abogados tenemos el monopolio: jueces, magistrados y ministros; notarios y corredores públicos; agentes del ministerio público; titularidad de diversas procuradurías de justicia, de protección al consumidor, al ambiente, etc.; compartimos con economistas otras funciones clave como la de miembro de órganos constitucionales reguladores autónomos como la Comisión de Competencia y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, por mencionar algunos.

La competencia desleal producida en un mercado de servicios jurídicos es otro de los problemas. Quien menos instrucción tiene, vende sus servicios a cualquier precio. Los operadores económicos en el mercado (personas, familias, empresas) que enfrentan problemas derivados de la asimetría informativa, pueden caer en la trampa. Para salir de ella, contratarán abogados más preparados y, al final, habrán incurrido en más costos.

La fuente del problema es que ante la presunción de verdad de la frase con la que abro este espacio, las escuelas cotorrean y los estudiantes también. El ejercicio profesional se vuelve, también, puro cotorreo. El Derecho no se aprende en la práctica. El derecho se aprende estudiando. En la práctica se adquieren experiencia y destrezas.

Currículum Vitae Fernando García Sais, Notario Público 210, Mazatlán, Sinaloa (actualizado a febrero de 2017)

CURRICULO

Nombre:                                             Fernando Eugenio García Sais

Nacionalidad:                                     Mexicano

Fecha y lugar de nacimiento:        1 de abril de 1975; Mazatlán, Sinaloa

Cédula Profesional:                            Licenciado en Derecho, Cédula Profesional 3377682

 

FORMACIÓN ACADÉMICA

 

LICENCIATURA                              Instituto Tecnológico Autónomo de México

Licenciatura en Derecho

1996-2000

TESIS DE LICENCIATURA             “La declaración general de inconstitucionalidad en el amparo contra leyes”

PROMEDIO GENERAL                   “9.02”, obteniendo mención honorífica por tesis y promedio.

DOCTORADO                                   Facultad de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, 2002 – 2004. Candidato a doctor.

DOCTORADO                                   Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2014 – fecha.

IDIOMAS                                          Inglés, Catalán e italiano (traducción).

ACTIVIDADES PROFESIONALES

Notario Público 210 del Estado de Sinaloa con residencia en Mazatlán, desde el 4 de febrero de 2015. 

Notario del Patrimonio Inmobiliario Federal desde el 18 de mayo de 2015.

Presidencia de la República. Director General Adjunto de Estudios Jurídicos, en la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación, de febrero de 2013 a abril de 2015.

Servicio de Administración Tributaria. Administrador Local Jurídico en Mazatlán, Sinaloa, de diciembre de 2010 a febrero de 2013.

Servicio de Administración Tributaria. Administrador Local de Servicios al Contribuyente en Mazatlán, Sinaloa, de julio de 2009 a diciembre de 2010.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Asesor del Oficial Mayor, de agosto de 2007 a junio de 2009.

Martínez, Algaba, Estrella, De Haro y Galván-Duque, S.C., de abril de 2006 a agosto de 2007.

Procuraduría Federal del Consumidor. Director de Publicidad y Normas, de octubre de 2004 a abril de 2006.

Von Wobeser y Sierra, S.C., de marzo de 2001 a octubre de 2002.

Consejo de la Judicatura Federal. Analista en la Secretaría de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos, de enero a marzo de 2001.

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Oficial Judicial, de abril de 1999 a octubre de 2000.

Notaría Pública número 74 del Distrito Federal. Pasante, de abril de 1998 a abril de 1999. 

ACADEMIA

  • ITAM. Profesor de asignatura, impartiendo la materia de “Derecho de los consumidores y responsabilidad por productos” en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, de enero de 2007 a junio de 2009.
  • ITAM. Profesor de asignatura, impartiendo la materia de “Derecho empresarial” en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, de enero de 2007 a junio de 2009.
  • ELDS. Profesor invitado de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, impartiendo la materia “Derecho de los consumidores”, desde abril de 2012.
  • UP. Profesor invitado de la Universidad Panamericana, campus Ciudad de México, impartiendo “Derecho comparado de los usuarios de servicios financieros” en el Curso de Actualización de la Reforma Financiera de 2014.
  • ELD. Diplomado en Derecho Regulatorio, Escuela Libre de Derecho, Ciudad de México, 15 de julio de 2016.
  • XIII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, Ciudad de México, 3 de febrero de 2017.

 

OTRAS ACTIVIDADES Y CARGOS

  1. Miembro Fundador del Colegio de Abogados Egresados del ITAM, abril de 2016.
  2. Vocal del Colegio de Abogados Egresados del ITAM, abril de 2016.
  3. Miembro del Consejo Estatal de Notarios de Sinaloa, desde 2015.
  4. Miembro de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, desde 2015.
  5. Columnista invitado en la Sección Negocios del periódico Reforma, desde enero de 2014.
  6. Columnista invitado en NewsWeek en Español, desde octubre de 2014.
  7. Miembro del Consejo Asesor de la Editorial Tirant Lo Blanch para la colección “El derecho en la práctica en México”, desde 2013.
  8. Secretario de Qué Funciona para el Desarrollo, A.C., desde 2013.
  9. Columnista de opinión en el periódico Noroeste, desde 2011.

 

CONFERENCIAS RELEVANTES

  1. Derechos humanos de los usuarios de transporte aéreo. Congreso en Derecho Aeronáutico, ITAM, México, D.F., 29 de agosto de 2014.
  2. Acciones colectivas, un análisis de la acción de grupo de Profeco contra Nextel. Taller de acciones colectivas, CIDAC, A.C., México, D.F., 26 de septiembre de 2013.
  3. Acceso a la justicia y acciones colectivas, Mazatlán Forum Crossborder Collaboration, Mazatlán, Sinaloa. 8 de marzo de 2013.
  4. Procedimiento y sentencia en las Acciones Colectivas. Seminario: Acciones colectivas en materia de protección al ambiente. Academia Mexicana de Ciencias, A.C. 26 de octubre de 2012.
  5. Consumidores, competencia y publicidad, Seminario: El derecho a la información de los consumidores y la publicidad responsable. Instituto de Investigaciones Jurídicas-COFEPRIS-PROFECO, México, D.F. 17 de mayo de 2012.
  6. Derecho de los consumidores y Competencia. Una política que mitigue las asimetrías. En el Ciclo de conferencias: Los derechos del consumidor hoy y mañana, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM-PROFECO, México, D.F., 5 de noviembre de 2011.
  7. Legitimación y representación adecuada. Diplomado sobre Acciones Colectivas, Instituto de la Judicatura Federal. Escuela Judicial, México, D.F., julio de 2011.
  8. El Acceso a la Justicia: grandes retos para 2010. Universidad Autónoma de Sinaloa, Mazatlán, 15 de enero de 2010.
  9. La tutela colectiva de los derechos e intereses colectivos y difusos de los consumidores como derechos humanos de cuarta generación. Universidad Autónoma de Sinaloa, Mazatlán. 15 de noviembre de 2009.
  10. El acceso a los consumidores a la justicia a través de acciones colectivas. Seminario sobre Acciones Colectivas organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación-Senado-ITAM, México, D.F., 28 de marzo de 2008.
  11. Insuficiencias de los actuales instrumentos de protección al consumidor. ITAM. Congreso Internacional sobre acciones colectivas, México, D.F., 15 de noviembre de 2007.
  12. Publicidad engañosa y consumidores. Primer Seminario Internacional. Consejo Nacional para la Autorregulación y Ética Publicitaria (CONAR). México, D.F., junio de 2006.
  13. Misleading advertising, the Mexican regulations. Television Association of Programmers- PROFECO, mayo de 2005. Miami, Florida.
  14. La responsabilidad frente a los consumidores por productos defectuosos. International Chamber of Commerce (ICC) Capítulo Mexicano. México, D.F., 2005.

PUBLICACIONES    LIBROS

  1. Estado, Mercado y Derecho, Ed. Tirant Lo Blanch, México, 2014, prólogo del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Dr. José Ramón Cossío Díaz.
  2. Jurisprudencia del Consumidor, Ed. Tirant Lo Blanch- ITAM, México, 2012, prólogo del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Dr. José Ramón Cossío Díaz.
  3. Derecho de los Consumidores a la Información. Una aproximación a la publicidad engañosa en México. Ed. Porrúa-ITAM, México, 2007, prólogo del Jefe del Departamento de Derecho del ITAM, Dr. José Roldán Xopa.
  4. Derecho Concursal Mexicano. Ed. Porrúa, México, 2005, Prólogo del Director del Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, Dr. Luis Manuel C. Méjan.

 

LIBROS COLECTIVOS

Las acciones colectivas en el Derecho Mexicano. Influencia de la legitimación procesal y de la representación adecuada sobre la cosa juzgada en las acciones colectivas, Ed. Tirant Lo Blanch- CIDAC, México, 2013.

ARTÍCULOS EN REVISTAS

  1. Los notarios salen en defensa de los consumidores. Revista Mundo del Abogado, enero de 2017.
  2. Los tratos preliminares en los contratos. Revista Mundo del Abogado, febrero de 2016.
  3. Es hora de regular la hipoteca inversa. Revista Mundo del Abogado, septiembre de 2015, México.
  4. Hablemos menos de justicia y más de bienestar. Revista Mundo del Abogado, enero de 2015, México. 
  5. El carácter regresivo de la regulación de las acciones colectivas. El Foro, Barra Mexicana, Colegio de Abogados, número 2, segundo semestre 2014. 
  6. Servicios financieros, acciones colectivas y competencia. Revista Mundo del Abogado, julio de 2014, México.
  7. Cinco deficiencias del sistema de protección al consumidor. CIDAC-Red Mexicana de Competencia y Regulación, marzo de 2014, México.
  8. El test de la relación de consumo. Revista Mundo del Abogado, marzo de 2014, México.
  9. Delimitación y alcances de las nociones de consumidor y proveedor en México. CIDAC-Red Mexicana de Competencia y Regulación, febrero de 2014, México.
  10. La acción de grupo de Profeco vs Nextel 2012: el consumidor impostor. CIDAC-Red Mexicana de Competencia y Regulación, octubre de 2013, México.
  11. La transversalidad entre competencia económica y consumidores. Revista Mundo del Abogado, julio de 2013, México.
  12. Legitimación y representación adecuada en las acciones colectivas (y su influencia sobre la cosa juzgada). Revista del Instituto de la Judicatura Federal, Número 32, 2011, México.
  13. La información como principio y finalidad del Derecho de los Consumidores. Revista Abogado Corporativo, Número 24, julio-agosto, 2011, México.
  14. Notarios públicos como autoridad en el juicio de amparo. Revista Mundo del Abogado, mayo de 2011, México.
  15. ¿Conviene respetar al consumidor? Revista Dirección Estratégica. La Revista de Negocios del ITAM, no. 33, marzo de 2011, México.
  16. La nueva realidad empresarial. Revista Bien Informado, Número 309, Mayo de 2010, Culiacán, México.
  17. Usuarios de servicios financieros, consumidores y acciones colectivas. Revista Mundo del Abogado, abril de 2010, México.
  18. Acceso a la Justicia: los grandes retos en México para 2010. Revista Politeia, Número 42, año 4, marzo de 2010, Culiacán, México.
  19. Falsos consumidores. Revista Letras Jurídicas, Volumen 19, enero-junio de 2009, Veracruz, México.
  20. El Código Pabi bajo la lupa: los consumidores olvidados. Revista Abogado Corporativo, Número 9, junio-julio, 2009, México.
  21. Las listas negras de la Profeco. Revista Mundo del Abogado, abril de 2009, México.
  22. Acciones colectivas en defensa del consumidor. Revista Mundo del Abogado, febrero de 2009.
  23. En qué consiste el engaño. El Universal. 7 de febrero de 2009, México.
  24. Competencia económica y derecho de los consumidores. Revista Iuris Tantum, número 19, diciembre de 2008, México. En coautoría con Xavier Ginebra Serrabou.
  25. Hacia las acciones colectivas en materia de protección al consumidor. Revista Abogado Corporativo, Número 7, septiembre-octubre, 2008, México.
  26. El enfriamiento del consentimiento en contratos con consumidores. Revista Abogado Corporativo, Número 3, enero-febrero, 2008, México.
  27. La publicidad engañosa y la población vulnerable. Revista Dirección Estratégica. La Revista de Negocios del ITAM, no. 25, año 6, marzo-mayo 2008, México.
  28. Día Mundial del Consumidor. Revista Mundo del Abogado, abril de 2008, México.
  29. El enfriamiento del consentimiento en contratos con consumidores. Revista Trilogía, Número 4, Año 1, noviembre, 2007, México.
  30. Las penas con pan son menos: el daño moral. Revista Mundo del Abogado, abril de 2007.
  31. Efectos de la publicidad engañosa sobre la validez de los contratos celebrados con consumidores. Revista de Derecho Privado del Instituto de Investigaciones Jurídicas, números 9-10, 2005, México.
  32. La eficacia jurídica contractual de la publicidad en los contratos con consumidores. Revista de Derecho Privado del Instituto de Investigaciones Jurídicas, números 9-10, 2005, México.

DISTINCIONES

  1. Aspirante a la Comisión Federal de Competencia Económica con una de las mejores 35 calificaciones, de conformidad con la determinación del Comité de Evaluación (publicación en el Diario Oficial de la Federación de 12 de agosto de 2013).

 

Febrero de 2017

Derecho a (reconstruir) la ciudad (Noroeste, 20 enero 2017)

Fernando García Sais

Notario 210 del Estado de Sinaloa

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@FGarciaSais

Asistimos a un momento importante, no sólo a nivel país, sino internacionalmente. En las ciudades más avanzadas del mundo, comienzan a desarrollarse e implementarse políticas púbicas tendientes a fomentar y garantizar el “derecho a la ciudad”.

El 28 de noviembre de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en la que de manera novedosa en nuestro ordenamiento jurídico nacional se introduce ese concepto jurídico del derecho a la ciudad.

Definido ahí como un principio de políticas públicas, el derecho a la ciudad es el elemento para garantizar a todos los habitantes de un asentamiento humano o centros de población el acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios básicos. Dicho principio debe interpretarse a partir de los derechos reconocidos en la Constitución y por los tratados internacionales.

Hace algunos meses tuve en mis manos un ejemplar de la investigación La reinvención del espacio público en la ciudad fragmentada, coordinada por Patricia Ramírez Kuri, en el marco del programa del doctorado en Urbanismo de la UNAM (las citas posteriores en este documento, fueron tomadas de esa publicación). Un documento que a la luz de la nueva ley general antes referida, se torna indispensable para comprender la políticas públicas urbanas, particularmente para fortalecer lo que Rabotnikof (2010) define (en la obra citada) como el “espacio público”, constituido por tres criterios básicos: 1) lo que es general, de utilidad o de interés común para todos (una comunidad o colectivo); 2) lo que se hace y desa­rrolla a la luz del día, lo manifiesto, lo visible, lo publicable y lo ostensible, y 3) lo que es de uso común, lo que está abierto y es accesible y distribuible para todos; lo apropiado por todos pero no privatizado por nadie en beneficio personal.

Como en todo, hay opiniones diferentes. Así Delgado (2011) sostiene que la concepción del espacio público es una ideología y una moda propia de los planificadores urbanos y gobiernos locales, “quie­nes conciben este concepto como un espacio vacío que sirve a las construcciones y a los negocios que rodea, y que se “llena” de modo adecuado para los objetivos de los inversionistas y los gobiernos”.

Así, Delgado sostiene que el discurso sobre el espacio público “sirve para la reapropiación capitalista de la ciudad que, bajo el argumento de la ciudadanía (cortés, consciente y bien portada), excluye y desplaza los comportamientos inapropiados de las clases bajas (vendedores ambulantes, indigentes, inmigran­tes, prostitutas, sospechosos, etcétera)”. Concluye que “se trata de ordenanzas del tipo de la “cero to­lerancia” que intentan construir un estado de excepción y excluir u ocultar la pobreza”.

Para tener las dos posturas con más polarización sobre el tema, las dos anteriores nos brindan una buena panorámica. No me queda la menor duda de que el espacio público no está al margen de los intereses ni políticos ni económicos, los cuales buscarán extraer beneficios. Sin embargo, tampoco dudo de que haya operadores políticos, intereses privados y ciudadanos que persigan que las calles, plazas, parques, paseos, equipamientos, áreas verdes sean usados para el bienestar social, explotando su dimensión social, cultural, física e, incluso, artística (como acontece con algunas ciudades con valor histórico).

A quienes vemos el espacio público, esa suma de bienes del dominio del poder público de uso común, como un lugar propicio para la libertad, para la inclusión social, para el intercambio de prácticas de la comunidad, el derecho a la ciudad no es sino una manifestación altamente democrática y, sin duda, virtuosa en la medida que a partir del principio de igualdad (que implica la no discriminación) todos cabemos en la ciudad, todos podemos usar la ciudad para actividades individuales y colectivas, en un ambiente de pluralidad social, económica y democrática.

Si queremos que la seguridad de nuestras ciudades aumente, que la violencia y el miedo social disminuyan, que los jóvenes dediquen su tiempo a actividades recreativas en lugar de destructivas (alcohol, drogas), que tengamos “mejor turismo”, en suma, si nuestro deseo es ser atractivos y no disuasivos, debemos concebir el derecho a la ciudad como un derecho humano al espacio público, espacio que tenemos que reconquistar para después reconstruir.

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Cinco deficiencias del sistema de protección del consumidor (Cidac)

Les comparto este texto que generosamente me publicó CIDAC, en el que describo de manera sintética las 5 fallas del sistema de protección al consumidor en México.

Y les dejo accesos a otros artículos relacionados con el tema.

http://reddecompetencia.cidac.org/es/uploads/1/5_deficiencias.pdf

¿Mercado pro consumidor? Una reflexión del sistema mexicano de tutela del consumidor y del mercado

La transversalidad entre Competencia Económica y Consumidores (Mundo del Abogado, julio de 2013)

¿Conviene respetar al consumidor?

La información como principio y finalidad del Derecho de los Consumidores

Protección al consumidor en sede notarial (Reforma, 4 agosto 2015)

Los notarios estamos obligados a actuar cuando un interesado nos lo pida (principio de rogación) y siempre debemos controlar la legalidad (juicio de legalidad) del acto o hecho que se instrumentará, además de los derechos humanos.

Así como la presencia física y simultánea de compareciente y notario es consustancial al otorgamiento de la voluntad para celebrar un contrato, constituir una sociedad, hacer un testamento, los notarios debemos -sin menguar la imparcialidad- ajustar la igualdad material de las partes que acuden a nuestras notarías, brindando asistencia especial a quienes tienen alguna vulnerabilidad (educación, clase social, edad, salud) y percibamos algún tipo de asimetría.

Dicha asimetría se presume siempre, tratándose de contratos entre empresas y consumidores, porque la Constitución y la ley así lo establecen. Para ejemplificar, ante un contrato que contenga cláusulas abusivas hacia el consumidor, los notarios deberíamos, primero, identificarlas para explicar sus alcances y, posteriormente, extraerlas del texto definitivo. En caso de que una de las partes, aún así, la pretenda conservar, no deberíamos autorizar su protocolización.

Las cláusulas abusivas se tienen por no puestas, aunque estén en un contrato. Sin embargo, para eliminarlas, es necesario obtener una sentencia judicial. Los derechos derivados de las leyes del consumidor son irrenunciables, aunque se renuncien en apariencia. No debemos los notarios colaborar en la creación de apariencias jurídicas que no lo son.

Siempre, los notarios debemos explicar, de manera clara, a los consumidores en aquel contrato respecto del alcance de las cláusulas y, en general, de los actos jurídicos. La violación de los derechos de los consumidores en las escrituras públicas implica una transgresión, no sólo de la legalidad, sino de sus derechos humanos. ¿Notaría abierta, juzgado cerrado?

Debemos los notarios auxiliar a las autoridades judiciales y administrativas y ser aliados de los más vulnerables para disminuir las asimetrías informativas y las imposiciones unilaterales por parte de los más fuertes. Recordemos que algunos cuentan con la asesoría de los mejores abogados, entrenados en las mejores universidades de México y del mundo, mientras que otros, lamentablemente, sólo tienen acceso a abogados sin experiencia y con pobre formación.

Por ello, nuestra labor reviste especial importancia. Los notarios debemos atender con imparcialidad los asuntos que se nos encomienden y asesorar a los interesados respecto de los alcances y el valor de los contratos que celebren. Esa actuación imparcial y ese deber de asesorar configuran el consentimiento informado, sin el cual no se debe autorizar una escritura o acta notarial.

Como referí al inicio, la labor del notario comienza cuando alguien nos solicita el servicio (rogación). Aquí surge un derecho humano que, dicho sea de paso, merece la pena destacar: el derecho a libre elección del notario. Así, resulta que las leyes del notariado, aunque no lo hagan de manera expresa, buscan que los notarios se abstengan “de toda práctica que limite la libertad de elección de una de las partes con abuso de derecho o infringiendo las exigencias de la buena fe contractual”, como lo dice textualmente el Reglamento Notarial de España.

Como bien afirma el ilustre notario valenciano, Don Joaquín Borell (Derecho Notarial, Tirant Lo Blanch, 2011, Valencia), “si no ha mediado rogación, la persona que ejerce el cargo de Notario no inviste a los textos que escribe ni a la narración de sus percepciones de los efectos legitimadores, probatorios y demás inherentes a la fe pública”.

Por ello, los notarios debemos cerciorarnos de que todas las partes en un contrato acudieron ante nosotros de manera libre y voluntaria, sin imposición de por medio. Si no nos escogieron, se pone en riesgo, además del equilibrio contractual -que tiende a evitar abusos de posición dominante de una de las partes sobre, tradicionalmente, la más débil- nuestra función, sobre todo en una economía de mercado que, dentro del marco constitucional, pretende que los notarios seamos garantes de la legalidad y de la seguridad jurídica.

@FGarciaSais
Notario 210 de Sinaloa
http://www.garciasais.com.mx