Condominio y desarrollo inmobiliario, Segunda Parte (Noroeste,7 julio 2017)

Fernando García Sais

Notario 210 del Estado de Sinaloa

@FGarciaSais

www.garciasais.com.mx

 

La Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio fue adicionada en 1992 para incorporar un capítulo con 8 artículos que regulan a los condominios integrales o turísticos.

Si Usted dedica una media hora a su lectura, encontrará que es una ley sencillísima. Se trata de una ley de naturaleza administrativa, pura y dura. Con muchos esfuerzos encontramos algunos, pero trascendentes, derechos sustantivos. Tristemente la ausencia está por la inexistencia de remedios procesales para los condóminos. Por último, desde el punto de vista de la sintaxis y semántica tiene amplias áreas de oportunidad.

El acelerado crecimiento de las ciudades y el complejo desarrollo urbano, junto con la diversidad demográfica, en las que conviven personas de distintas nacionalidades, culturas, edades, orígenes sociales, son algunos de los factores que ameritan, con cierto grado de urgencia, la revisión de la ley del condominio y su eventual modificación y ajuste, sobre todo si partimos de la idea de que la copropiedad, como lo señalé en la entrega anterior, es fuente de diversos inconvenientes y, ciertamente, también de satisfacciones.

 

Quienes trabajamos cotidianamente con dicha ley observamos su insuficiencia. Los derechos de los consumidores adquirentes de viviendas o de los compradores de locales comerciales pueden no estar siendo protegidos de la manera más adecuada y amplia posible.

La posición del empresario tampoco es la más cómoda: pesan sobre él obligaciones intransferibles que, ante su incumplimiento, pueden sufrir demandas o gastos desproporcionados, considerando además que no existen medios alternos de solución de controversias previstos en la ley.

Los conflictos que potencialmente se pueden suscitar junto con los que ya actualmente se presentan ameritan una revisión de los costos y beneficios de la actual ley con la idea de valorar la pertinencia de crear un nuevo marco jurídico que, no sólo dé cauce a las inversiones, sino que con una visión social de la propiedad haga de la convivencia de las personas un espacio más para el desarrollo de las familias y el adecuado esparcimiento de los hijos. En los condominios mixtos, con fines residenciales y comerciales, la atención del legislador debe ser cuidadosa y cautelosa a efecto de ponderar adecuadamente las externalidades (principalmente, las negativas),

Un tema que dejo señalado por su transcendencia es el de la consolidación de una cultura condominal: la ley debe propiciar acciones y actitudes que permitan una sana convivencia, el respeto, la tolerancia, la responsabilidad, el cumplimiento, la corresponsabilidad, la participación y la solidaridad, entre otros valores. Asimismo, no debemos dejar de lado la útil y conveniente participación del Estado para tareas de orientación y capacitación, incluyendo a la administración de los condominios, que muchas veces están en manos de empresarios que no tienen experiencia ni conocimientos en el tema.

Como en otras ocasiones lo hecho, en este espacio convoco a los actores políticos para que “antes de que explote la bomba” le dediquen algo de tiempo, al de sus ocupadas agendas, para revisar las leyes vigentes y hacer los ajustes necesarios para que acompañen a los ciudadanos y a los inversionistas, y Sinaloa crezca y se desarrolle en un clima competitivo y, sobre todo, con bienestar social.

 

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Comparto texto de José Roldán Xopa, sobre foto multas, administrativo y análisis económico

Rebasar los límites de velocidad equivale a una infracción de tránsito. La multa es la consecuencia. La tecnología permite captar si el vehículo rebasa la velocidad permitida y también proporciona imágenes de la placa o de quien conduce. Si el dueño conduce es responsable de pagar la multa. Pero si el propietario no conduce ¿está […]

via FOTO MULTAS ¿DEBE PAGAR EL DUEÑO? — José Roldán Xopa

Condominio y desarrollo inmobiliario, Primera Parte (Noroeste, 23 junio 2017)

Fernando García Sais

Notario 210 del Estado de Sinaloa

@FGarciaSais

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La copropiedad como manifestación del derecho de propiedad es una situación jurídica que se presenta cuando una cosa o un derecho pertenece proindiviso (es decir, en comunidad, sin dividir) a dos o más personas. En el caso de los bienes inmuebles, se trata de un derecho real de propiedad que recae sobre una cosa (terreno, casa, departamento, local comercial).

Estudiada la copropiedad a partir de su regulación en los diversos códigos civiles se advierte que desde su concepción es una institución que legislador le ha parecido conveniente desincentivar, pero como es inevitable que surja, lo mejor es regularla eficientemente.

Como ejemplo de que la copropiedad es una situación jurídica que, desde el punto de vista social y económico, no debe ser incentivada lo constituye el esencial derecho a separarse, que en la dicción legal encuentra la siguiente fórmula: “[…] no pueden ser obligados a conservarlo indiviso, sino en los casos en que por la misma naturaleza de las cosas o por determinación de la ley, el dominio es indivisible”

Correlativamente al derecho de la indivisión se le acompaña con el derecho del tanto que tienen los copropietarios para adquirir –en lugar de cualquier tercero ajeno a la copropiedad— la parte del copropietario que quiere disminuirla o abandonarla. Las consecuencias de no respetar el derecho del tanto, en la medida que se trata de un verdadero derecho real, produce la nulidad del acto y la enajenación no produce efectos jurídicos.

 

Como cultura jurídica, no es lo mismo el derecho del tanto que el derecho de preferencia también llamado derecho de preferencia por el tanto. Este último derecho existe convencionalmente, no por ministerio de ley, y su violación produce una indemnización por contravención a la preferencia pactada. Ambas figuras son de indispensable conocimiento por cualquier abogado y, frecuentemente, es ignorado y desconocido y, en ocasiones, confundido.

La introducción anterior me permite avanzar en el tema del condominio, como situación que surge por la existencia de un derecho real de propiedad privada individual junto con un derecho de copropiedad sobre lo que son las áreas comunes que pertenecen proindiviso a todos los copropietarios de determinado régimen condominal. En el caso del condominio, por disposición de la ley, las áreas comunes no son susceptibles de división y solo pueden transmitirse junto con el derecho, llamémosle, principal de propiedad privada sobre el inmueble en cuestión.

Nosotros en Sinaloa desde 1973 contamos, afortunadamente, con una ley que regula la creación, la organización y los derechos derivados de regímenes condominales. La creación del régimen de condominio debe hacerse ante notario y por declaración del o los propietarios de lo inmueble. Dicha escritura equivale a una norma jurídica, creada en sede notarial, en la que junto con la escritura de compraventa y el reglamento del condominio, se fijan los derechos y obligaciones de los condóminos.

¿Cómo cobra el Notario? Segunda parte (Noroeste, 9 junio 2017)

 

Fernando Garcia Sais

Notario Público 210 del Estado de Sinaloa

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Por un lado, el artículo 15 de la Ley del Notariado claramente se decanta por la idea de que los notarios no son servidores públicos, sujetos a una relación laboral, con subordinación jurídica ni con dependencia económica. Ello es importantísimo: el notario es independiente del Estado y de las vicisitudes políticas. Sin embargo, el Estado debe cuidar su función y vigilar su ejercicio.

En su segunda parte contiene el principio de cobro conforme al arancel. Es un derecho en favor de los usuarios: los notarios no pueden cobrar por los servicios de fe pública más de lo que prevea el arancel. Hay quienes opinan que la ley cuando dice “no excederán” es porque implícitamente permite “disminuirlo”. Es una lectura parcial e inexacta de la ley, que pasa por alto principios esenciales de derecho administrativo y de la función del notario. Para poder disminuirlo, debería preceder una autorización expresa por parte del legislador o de la autoridad.

El arancel, como toda norma jurídica, puede ser violado. Se requiere una supervisión. El Consejo de Notarios (no los Colegios, que son asociaciones civiles) tiene la atribución de vigilar la aplicación del arancel (art. 180) y se le permite al notario dispensar su aplicación en casos concretos, “previa solicitud fundada de cualquier Notario en ejercicio, siempre y cuando no exista riesgo de violación a lo dispuesto en la presente Ley”. El programa federal del “mes del testamento” actualizaría este supuesto.

Y es que en casos de interés social o por un problema de interés púbico, que el Estado quiera resolver, los notarios pudieran solicitar autorización para dar “precios especiales o descuentos” a la población. Aquí tenemos una norma que con contundencia autoriza a concluir que el notario no debe cobrar precios inferiores a los establecidos en la ley. Los notarios tienen derecho y obligación, pues, a cobrar los honorarios que señala el arancel previsto en el artículo 194.

Por la naturaleza pública del notario y de la función notarial, los notarios no están autorizados para acordar honorarios como sí lo hacen los abogados. Un notario que haga competencia desleal (similar a la prevista en el artículo 159 de la Ley del Notariado) manipulando el arancel a su antojo estaría violando la ley y dañando considerablemente a la función notarial.

Esa práctica se conoce como depredación de precios y es ilícita. De la misma manera, como lo ha resuelto la jurisprudencia, los acuerdos entre agentes económicos para fijar precios, ya sean bajos o altos, son anticompetitivos y sancionables por la Comisión Federal de Competencia. Hay, desde mi punto de vista, una relación importante entre la calidad del trabajo notarial, el respeto al arancel y la ética notarial.

 

¿Cómo cobra el Notario? Primera parte (Noroeste, 26 de mayo 2017)

 

Fernando Garcia Sais

Notario Público 210 del Estado de Sinaloa

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@FGarciaSais

Los notarios son abogados, verdad de Perogrullo. Sin embargo, no son exactamente iguales. Y no me refiero a que sean mejores o peores. Por un lado, la función notarial está regulada en una ley de carácter administrativo y, por otro lado, los notarios están investidos de fe pública, que originariamente corresponde al Estado.

Al tener como fuente una norma administrativa, los notarios sin ser servidores públicos, quedan sujetos al régimen de derecho público y, particularmente, al principio de legalidad que reza: “solamente pueden hacer aquello para lo que cuentan con autorización expresa de la ley” o dicho de otra forma: todo lo que no está permitido, está prohibido. Al contrario de lo que acontece con los abogados quienes pueden hacer todo lo que no se les prohíba expresamente.

Además, el ejercicio del notariado es una función de orden e interés público. La función es delegada por conducto del Poder Ejecutivo estatal y recae en un abogado que, por tener ciertas cualidades, se considera idóneo para cuidar adecuadamente de esa función.

Si y sólo sí se entiende la naturaleza de la regulación y de la función del notario, comprenderemos la regulación del arancel que, cuestión aparte, pudiera ser objeto de debate si los montos económicos son altos o bajos, justos o injustos. Tema este que debería ser abordado en sede legislativa, sin olvidar la realidad económica del Estado y el incremento exponencial de las cargas administrativas y fiscales hacia el notariado.

En microeconomía se sabe que ante la demanda de bienes de consumo necesario un aumento en el precio no la afecta. Es decir, se dice que la demanda es inelástica, porque por más que suba el precio, el consumidor tiene la necesidad de adquirirlo y al no haber bienes sustitutos, sus opciones se reducen. El mercado de la fe pública es uno de bienes de consumo necesario, por lo que habría que tener presente el efecto económico referido.

El arancel notarial se desenvuelve en dos facetas importantes: desde el lado del usuario, como un derecho; desde el lado del notario, como una obligación. Al estar previsto en una ley de naturaleza administrativa, el arancel no puede ser objeto de convenio entre las partes. Equivaldría, en ese punto y sólo en ese punto, a la imposibilidad jurídica que tiene un oficial del Registro Civil para modificar los “precios” de las actas del estado civil.

Respecto del cobro por los servicios notariales, en el caso de Sinaloa, la Ley del Notariado contiene algunas referencias importantes que merece la pena identificar. El artículo 15 establece que los notarios no reciben un sueldo del Estado y que los honorarios que cobren “no excederán” del arancel previsto en la ley. Y para evitar incurrir en defecto legislativo con una norma imperfecta, el legislador previó una sanción: si el notario cobra más de lo previsto en la ley se hace acreedor a una multa económica (art. 159) de 30 a 300 días de salario, hoy UMAS. Si no pueden cobrar más ¿pueden cobrar menos? Este tema lo analizo en mi siguiente entrega.

Bancos y notarios atados, usuarios olvidados (Reforma Negocios, 26 abril 2017)

CaptureFernando García Sais

Notario Púbico 210 del Estado de Sinaloa

Miembro del Consejo del Colegio de Abogados Egresados del ITAM

@FGarciaSais

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Los usuarios de servicios financieros que contratan con entidades bancarias créditos al consumo (créditos hipotecarios o, incluso empresarios que tramitan líneas de crédito) tienen siempre el derecho a elegir libremente a su notario.

Eso en teoría. La práctica es que dicha elección es una ilusión y los bancos imponen a su notario, lastimando severamente los derechos de los consumidores financieros y el proceso de competencia económica, por tratarse de una práctica anticompetitiva que lesiona a la economía nacional.

La falta de supervisión de las autoridades como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al Banco de México, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y la Procuraduría Federal del Consumidor es evidente. La falta de actuación de la Comisión de Competencia Económica es la combinación perfecta. Todos saben, pero todos callan.

El crédito al consumo constituye una actividad financiera importante que amerita mayor atención de parte del Estado y de los órganos reguladores de la economía. Los usuarios de servicios financieros que adquieren créditos hipotecarios para cumplir con el sueño de su vida reciben servicios notariales en ocasiones de baja calidad, por efecto de las prácticas monopólicas y por abusos en las relaciones de consumo.

Las ventas atadas son una práctica monopólica relativa (en oposición a las absolutas) y consisten medularmente en condicionar el servicio (crédito bancario) a la adquisición de otro servicio (la utilización notario público impuesto por el banco). Generalmente la venta atada se acompaña de otra práctica ilícita: rehusarse a dar el crédito si el usuario rechaza el servicio notarial impuesto. Si el cliente menciona que quiere elegir a su notario de confianza, se le atemoriza en el sentido de que perderá el crédito (como si se tratara de un acto gracioso, gratuito). Como todos los bancos son iguales, las consecuencias son perversas.

Desde el punto de vista de la tutela del consumidor financiero, los consumidores tienen derecho a elegir libremente a sus proveedores. Cualquier servicio no solicitado debería ser gratuito (tal y como acontece con los envíos no solicitados y servicios adicionales impuestos) y los acreditados obligados a acudir a alguna notaría asignada por el banco deberían recibir gratuitamente sus escrituras. La lógica es simple: si el banco impone un servicio no solicitado, que lo pague.

Evidentemente se trata de una consecuencia lamentable producida por el origen ilícito de la práctica. Que el banco cubra los gastos (impuestos, derechos y honorarios) notariales sería una evidencia de la violación de la ley. Todos los frutos del árbol estarían viciados. Una práctica así sería inadmisible. Se pondría en riesgo, aún más, la legalidad de las operaciones.

 

Notarialmente, las escrituras nacen cuando en un acto jurídico ambas partes solicitan los servicios del notario y acuden libre y voluntariamente a crear el acto jurídico y el notario a darle forma. El notario no actúa de oficio. Si falta el consentimiento de una de las partes, como acontece con el acreditado que expresamente rechaza el servicio notarial impuesto, la escritura tiene un vicio de origen que puede conducir a su inexistencia jurídica por falta de consentimiento; esto es, de rogación. Ello es grave y de aplicarse en los tribunales sus consecuencias serían profundas.

Por si había alguna duda de la fortaleza de la Ley de Competencia Económica y la prohibición de las ventas atadas, para contrarrestar la práctica, el 10 de enero de 2014, se publicaron en el DOF reformas (la “reforma financiera”) y, entre otras, se modificó la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, y se adicionó el artículo 23 Bis para prohibir lo que ya estaba prohibido pero no se respetaba: las ventas atadas.

El artículo referido, en su primer párrafo, textualmente dice: “[a] las Entidades les estará prohibido condicionar la contratación de operaciones o servicios financieros a la contratación de otra operación o servicio.” Su elocuencia y claridad invitaron, en 2014, a los operadores jurídicos y económicos a pensar que se acabarían las ventas atadas, tal como ocurriría con la imposición de contratos de seguros en créditos automotrices, materia en la que habría que investigar si la reforma está dando buenos frutos.

La libertad de elección de los consumidores y usuarios es una premisa toral del sistema de mercado que la Constitución postula. Los bancos, como cualquier otro comerciante, están obligados a respetar la decisión de los consumidores, quienes tienen el derecho a elegir libremente a su notario de entre los que haya disponibles y estén autorizados por el Estado mexicano. No hacerlo así, contribuye a desplazar ilícitamente la demanda de servicios notariales afectando, además, el sano desarrollo de la institución del notariado.

Lamentablemente, parece que, ni los consumidores ni la institución del notariado son una prioridad de la agenda política y administrativa nacional. Quizá la Comisión Federal de Competencia con su autonomía constitucional pudiera realizar una investigación robusta que conduzca a la supresión de la práctica monopólica, junto con las sanciones económicas e inhabilitaciones previstas en la ley.

 

 

Entrevista a Fernando García Sais sobre prácticas monopólicas de los bancos en contra de los consumidores mexicanos. Punto MX (18 abril 2017)

http://punto.mx/publicacion/imponen-bancos-a-clientes-su-lista-de-notarios-garcia-sais-21784

Protección al consumidor en sede notarial (Reforma, 4 agosto 2015)

Los notarios salen en defensa de los consumidores (Mundo del Abogado, enero de 2017)

Protección al consumidor en sede notarial (Reforma, 4 agosto 2015)

 

 

Acción colectiva vs Condominio

Fernando García Sais

Notario Público 210 del Estado de Sinaloa

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Si pagas cuotas de condominio y su monto fue determinado con base en alguna cuestión diferente (número de cuartos, baños, ventanas) a la medida de tu propiedad, este texto te puede interesar. Tradicionalmente las fricciones inter condóminos, al menos en Sinaloa, únicamente se pueden resolver vía asambleas o juicios de nulidad de actas. Aquí expongo una vía novedosa y, a mi juicio, más efectiva: las acciones colectivas.

Las acciones colectivas federales son un valioso instrumento jurídico que permite a grupos de personas vinculados entre sí por circunstancias de hecho o de derecho comunes acudir ante un juez federal para reclamar la reparación de un daño o la cesación de una actividad perjudicial o potencialmente dañina. A través del acceso colectivo a la justicia se protegen derechos colectivos y derechos difusos.

En nuestro Derecho, las acciones colectivas se limitaron en la reforma constitucional de 2010 y en la secundaria de 2011 a tensiones derivadas de las relaciones de consumo, a daños en materia de competencia económica (por la afectación al consumidor final) y por lesiones al medioambiente— reformas de las que, junto con un grupo de académicos del ITAM, fui corredactor—.

Las relaciones de consumo están reguladas por una ley federal y constituyen un terreno amplísimo en el que entran en colisión derechos de diversa índole y en distintas materias de la actividad económica y del mercado de bienes y servicios. Lo mismo hay consumidores de servicios de telecomunicaciones que consumidores de productos y suplementos alimenticios; consumidores que adquieren derechos de tiempo compartido, o que celebran contratos de crédito y prenda (consumidores de servicios financieros), por mencionar algunos.

Junto con esas adquisiciones hay una porción de la actividad económica vinculada con el acto más importante que celebran por su valor patrimonial: la adquisición de inmuebles destinados a casa habitación. Ahí, se conecta la ley federal con las leyes locales en materia de bienes raíces. La ley federal regula los aspectos relacionados con la protección al consumidor y las leyes locales lo relacionado con la transmisión de la propiedad y la constitución de los regímenes de propiedad en condominio.

Por disposición de la norma federal, la venta de inmuebles destinados a vivienda (aplica solo para inmuebles construidos, sean casas o departamentos en régimen de condominio) importa la necesidad para los vendedores (desarrolladores, fraccionadores, empresarios) de celebrar un contrato de adhesión que esté sancionado por la autoridad federal competente, la que se encargará de que los actos jurídicos no tengan cláusulas abusivas que afecten los derechos mínimos de los consumidores.

Los consumidores de este tipo de bienes inmuebles pueden agruparse y demandar vía acción colectiva cualquier violación a derechos contractuales e, inclusive, extracontractuales (como la falta de cumplimiento a lo ofrecido o prometido en la publicidad de los inmuebles).

No obstante, complementariamente a dicha posibilidad tan evidente, emerge una nueva: es posible que el régimen de propiedad y condominio, que constituye una declaración unilateral de quien lo crea, pueda ser sometido a control judicial para determinar si contiene cláusulas abusivas que en sede notarial no fueron detectadas por los notarios públicos y que mientras no se eliminen regirán las relaciones internas de los propietarios del condominio.

Un ejemplo de ese tipo de cláusulas abusivas lo constituye la alteración de los derechos y obligaciones que cada condómino tenga sobre los bienes comunes, que debe ser proporcional al valor de su propiedad individual, fijado en la escritura constitutiva del régimen. Ahí debe figurar el valor nominal que se asigne a cada condominio, así como el porcentaje nominal sobre el valor total de las partes en condominio. Cualquier desviación en dichos valores constituye una violación a los derechos del consumidor.

Este tipo de litigios abrirán la puerta para una nueva forma de hacer efectivos los derechos de los condóminos (consumidores de inmuebles afectos a regímenes de propiedad y condominio) que actualmente no tienen vías eficientes para hacer ajustes a las escrituras públicas que los contienen y que se asemejan notablemente, por su naturaleza, a los contratos de adhesión, en la medida que son predispuestos por el empresario y constituyen un sometimiento a condiciones contractuales impuestas y diseñadas por la parte fuerte en esa relación contractual.