Artículos Periódico Noroeste

En Busca de los Nerds (Noroeste 14 agosto 2019)

Dr. Fernando García Sais

En una sociedad mediocre integrada por personas que se complacen con vivir a la sombra de otros o de sobrevivir a consecuencia del esfuerzo ajeno, sea por la ruleta de la vida o por una decisión clara de abusar de los demás, no tienen cabida las personas inteligentes y estudiosas, menos aún si además son retraídas y poco sociables.

Los flojos, que no necesariamente carecen de inteligencia, justifican su decisión y arremeten: “se la pasó estudiando y mira ni chamba tiene”. En cambio yo, muy orgullosamente, casi ni estudié y mira la casa que tengo, los viajes que hago. Me la pasé de pelos en la universidad, “solo se vive una vez”.

Lamentablemente el nerd no es el que construyó la infraestructura de las carreteras, hospitales y escuelas que hoy, con una simple lluvia, se inundan o se caen. Se producen daños que pagamos todos porque el constructor no estudió lo suficiente ni tuvo interés en dejar a la comunidad una buena obra. No tiene incentivos para hacerlo pues basta “correr traslado” con un porcentaje para que la obra se asigne. Al cabo para socializar es muy buen anfitrión.

Uso ese ejemplo cotidiano como introducción para que sirva de reflexión sobre un aspecto que, aunque parezca jocoso, es una tragedia nacional.

Por un lado, autoridades desprecian a los científicos y a su trabajo. Sin ciencia no hay progreso. Si estamos vivos es gracias a la ciencia. Sin ciencia no habría vacunas, alimentos inocuos y suficientes (a pesar de la lastimera hambruna). El conocimiento es la base de la tecnología y de la innovación. Así se produce bienestar no con dispendio público en seudo programas sociales.

Por otro lado, los gobiernos quitan apoyo a los jóvenes talentosos que, sin una beca, no podrán estudiar en el extranjero y regresar a México a construir un mejor futuro. Los nerds, que pertenecen a las clases económicas más vulnerables, dependen del apoyo de todos para que produzcan conocimiento frontera.

Mientras eso sucede, aquellos que se ufanaron de ser flojos y mediocres son premiados con puestos públicos y jugosas concesiones y licitaciones. Sus familias aprenden por imitación. La estirpe reproduce hábitos.

Los nerds están en peligro de extinción. Antes por lo menos se les toleraba enviándolos a centros de investigación donde no tenían que socializar, pero gracias a sus descubrimientos todos vivimos mejor. Hasta los flojos que les hacían acoso escolar con el consentimiento pasivo de autoridades escolares.

Si queremos que las ciudades se diseñen mejor, hay que voltear a ver a quienes producen conocimiento y a quienes estudian urbanismo. Pero si lo que nos importa es firmar contratos para cobrar una buena lana, sin detenerse a pensar en la utilidad de la obra, sigamos como hasta hoy, premiando a los mediocres.

Si México quiere, en serio, avanzar, debe olvidar la polarización social y la politización de todo. La solución está en fomentar el estudio y el esfuerzo y apoyar decididamente a los nerds.

 

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Artículos Periódico Noroeste

Engañabobos y desigualdad ante la ley (Noroeste 1 Agosto 2019)

 

Dr. Fernando García Sais

Notario 210

www.garciasais.com.mx

La Constitución proclama, presuntuosamente, que todos los mexicanos somos iguales ante la ley. Bueno, preciso, lo dice respecto del varón (¿sexo masculino, edad viril, hombre de respeto?) y la mujer. A partir del tratamiento igualitario a través de normas (generales, abstractas, etc.) todos están legitimados para incorporar en sus vidas un conjunto de derechos que la propia Ley Suprema otorga. De la misma manera, a partir de la Carta Magna se diseñan instrumentos procesales para ser usados en defensa de los derechos.

La desigualdad no se produce ante la ley, se hace visible “en la aplicación de esa ley”. Es decir, en principio todos estamos bajo la regulación de las mismas normas, pero es durante el momento de su aplicación (por parte de quien tenga el atributo de vigilar la ley en cuestión o de aplicarla en caso de un litigio o conflicto) cuando la desviación ocurre. Incluso, la desigualdad se produce por la falta de acción del varón o de la mujer (del mexicano, pues) ante la complejidad del sistema jurídico.

Imagine Usted que un día llega a su domicilio (personal o de negocios) determinada autoridad. Ahí se le inicia un procedimiento administrativo pues a juicio de ella hay una presunción de ilicitud (la autoridad cree tener derecho a cobrar por un anuncio que usted tiene en alguna pared exterior de su empresa). Si como acontece generalmente, las autoridades omiten aplicar las reglas mínimas del procedimiento, hay una garantía de que ese acto de autoridad podrá quedar sin efectos.

La ausencia de una defensa adecuada, por mala elección del abogado, por no contar con uno o por mera ignorancia es la fuente real de la desigualdad. Invertir en un buen abogado es parte del comienzo de la desigualdad. Lamentablemente no todos quienes poseen título son expertos en temas de derecho administrativo o de derecho constitucional y, peor aún, no son versados en nada. Acceder a un abogado a un despacho de abogados competente es el inicio de la discriminación y del trato desigual en sede de aplicación de la ley.

En el caso que comento, del anuncio publicitario comercial, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, en su artículo 21, exenta del pago de derechos por ese concepto cuando “la colocación, distribución y exhibición de anuncios se realice en inmuebles en los que se encuentre el negocio que se anuncia”. Es decir, no hay un hecho generador de un impuesto, no hay objeto, ni base, ni tasa o tarifa. Su cobro es ilegal; el procedimiento que se instaure para dicho fin, también. Hay un derecho constitucional que se viola: el que deriva del principio “no hay impuesto sin ley que lo prevea” (art. 31.IV).

Ah, pero como no sabemos o no podemos defendernos, resulta que irregularmente la autoridad está ejerciendo actos que perjudican el sano desarrollo de la negociación mercantil de la cual Usted, como muchos esfuerzos y trabas (algunas lícitas o otras ilícitas) ha ido formando. Si logra defenderse se incorporará en su esfera jurídica el derecho que la Constitución dice que tiene, de lo contrario sufrirá un trato injusto, como la mayoría.

Esta es la desigualdad ante la ley. La desigualdad de no poderse defender, de no poder materializar el derecho otorgado, la de competir en un mercado en el que el de enfrente si pudo defenderse y por eso lleva la delantera o, peor aún, que ni siquiera lo tocaron con el pétalo de una rosa por complicidades con algún funcionario.

Hacer valer los derechos es costoso y no hacerlo más, el resultado es el trato desigual. Ante cualquier acto de autoridad hay que buscar la defensa del interés propio. Evite caer en las garras de un engañabobos y busque asistencia jurídica de calidad.

 

 

 

 

Artículos Periódico Noroeste

Anomia (Noroeste, 14 Agosto 2019)

Dr. Fernando García Sais

Notario 210 de Sinaloa

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Todos, sin ser expertos en Derecho, sabemos que la ley obliga aunque no se conozca su contenido. Es decir, no puede eximirse de su aplicación por el hecho de alegar ignorancia. No obstante, algunas excepciones se aplican, respecto de determinadas personas (como tratándose de atrasos intelectuales) o como dice también el Código Civil, por su apartamiento de las vías de comunicación o su miserable situación económica, pero siempre y cuando “no se trate de leyes que afecten directamente al interés público, ni se lesionen derechos de tercero.”

Por encima de la ley nadie, para estar a tono con el discurso y la parafernalia política del momento.

Jurídicamente, lo descrito no es anomia. Ésta se define como la ausencia de ley. Grave, cuando la ley existe, pero el efecto es inexistente. Preocupante, aunque ya estamos acostumbrados a ello, que sean los depositarios de su vigilancia quienes contribuyan a que las leyes sean lápidas en camposantos jurídicos. La ley no debería perder su fuerza por falta de uso o por prácticas que la contraríen. Sin embargo, la anomia puede potencializarse y generalizarse peligrosamente.

Ello, aunque diariamente se escenifique un desprecio a la ley, a las instituciones creadas por esas leyes e, inevitablemente, a la cultura de la legalidad, del respeto al orden jurídico establecido y a los cauces institucionales para modificarlo (que sí fortalecen la paz y la regularidad constitucional).

El Derecho, afortunadamente para la sociedad (paráfrasis del “pueblo bueno”) encuentra una garantía en un conjunto de instituciones (que deben y pueden activarse) contra ese ambiente de antijuridicidad, tolerado o inducido por “el pueblo malo” (por lógica consecuencial, y sin quedar claro si es el que ejerce la función pública o el gobernado).

Acudir a tribunales a defender nuestros derechos o presentar denuncias y/o querellas ante las fiscalías, constituyen valiosas herramientas que deben ser de un uso más extendido. Hay que facilitar a las personas acudir, por ejemplo, al juicio de amparo (eliminado trabas procesales y formalismos viciosos cotidianos que lo único que logran es desanimar a las personas a defender sus derechos).

Las autoridades están sujetas a un régimen de derecho conforme al cual únicamente están legitimadas cuando de manera expresa se les otorguen atribuciones. El abuso de autoridad se contiene civilizadamente acudiendo ante las instancias públicas. Los ciudadanos tampoco pueden hacer un uso abusivo de sus derechos, hacer justicia por propia mano ni alterar el orden institucional, a pesar de que la anomia irradie sus efectos por doquier.

Artículos Periódico Noroeste

El notario no va al Amparo (Noroeste,21 Agosto, 2019)

Dr. Fernando García Sais

Notario 210 de Sinaloa

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Las resoluciones de los tribunales son materia prima para que los operadores jurídicos tomen decisiones estratégicas en los litigios que llevan, pero también son terreno fértil para que desde la academia y desde el ejercicio de la profesión se reflexione, se critiquen y se problematice en torno a la jurisprudencia. Advertir los incentivos y desincentivos es una tarea que los abogados debemos emprender.

En ocasiones, los ministros ponentes fueron o son nuestros maestros, superiores jerárquicos o amigos y no por eso nos debemos recular. Los ejercicios intelectuales que consideremos oportunos son parte del compromiso con la profesión. Esta tesis reúne, en mi caso, una situación similar. El ministro ponente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, fue Jefe del SAT cuando me desempeñé como Administrador Local de Servicios al Contribuyente y después como Local Jurídico del SAT en Mazatlán. Es más, somos amigos. Lo dicho a continuación se hace con el mayor respeto posible.

El 16 de agosto de 2019, la Primera Sala de la SCJN publicó una tesis jurisprudencial (o sea, obligatoria para todos los tribunales inferiores) que viene a resolver las contradicciones de criterios existentes en procedimientos sucesorios llevados a cabo ante notarios públicos.

El primer criterio contendiente fue emitido por un Tribunal Colegiado Civil, de Xalapa, Veracruz, en el que determinó que los notarios no son autoridad responsable cuando tramitan un procedimiento sucesorio intestamentario: los notarios no dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar actos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Tampoco los notarios lo pueden hacer por omisión, esto es, no omiten el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.

El segundo criterio contendiente fue emitido por un Tribunal Colegiado Civil, del Estado de México, que dio origen a la tesis “NOTARIO PÚBLICO. CUANDO TRAMITA UN PROCEDIMIENTO SUCESORIO TESTAMENTARIO, ES AUTORIDAD RESPONSABLE, PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, en la que se sostenía en términos generales lo contrario a lo dicho en el párrafo anterior.

La novedosa tesis: “NOTARIOS PÚBLICOS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE LES RECLAMEN ACTOS DERIVADOS DE LA TRAMITACIÓN DE SUCESIONES EXTRAJUDICIALES.” de manera sintética considera que los notarios “no establecen una relación de supra subordinación respecto de los particulares, pues únicamente dan fe de la situación jurídica generada a partir de la muerte del de cujus y de los actos jurídicos que celebran los herederos, legatarios y albacea, ya sea entre ellos o con terceros, ii) no emiten actuaciones unilaterales que creen, modifiquen, transmitan o extingan derechos y obligaciones, puesto que son de carácter declarativo, y iii) no generan nuevas situaciones jurídicas, dada la función de fe pública que les fue delegada por el Estado.”

La ejecutoria de la jurisprudencia merece algunas observaciones. Las tesis contendientes trataron temas sucesorios pero una de ellas en materia testamentaria y la otra intestamentaria. La actividad notarial, dependiendo de si hubo o no testamento, tiene distinta “intensidad” y los eventuales problemas constitucionales (léase, violación de derechos humanos) derivados de dicha intensidad no fueron objeto de preocupación, ni por asomo, de la Corte.

En segundo lugar, la tesis se incardina de manera general en “tramitación de sucesiones extrajudiciales”, siendo que la actividad notarial es mucho más amplia (si bien aquí existe una presencia más fuerte en la medida que el notario realiza funciones que originariamente corresponden a los tribunales, pero que en todo caso deben ser no contenciosas). Es decir, los ámbitos de actuación notarial susceptibles de dañar derechos fundamentales desbordan a las actuaciones encomendadas al notario en materia sucesoria.

En tercer lugar, a pesar del aparente “logro” (que flaco favor le hace al notariado, pues incentiva la baja profesionalización, entre otras cosas) si bien nos encontramos en presencia de una jurisprudencia, ello no significa de manera general que los notarios ya han quedado excluidos de la categoría de autoridad responsable, pues la tesis se limita a procedimientos sucesorios.

La Sala pasa por alto dichos temas que no son para nada baladís. ¿Qué tal si el notario ordena (decide) omitir la publicación de edictos, o contienen errores, y hay un tercero con derechos hereditarios que no fue llamado al procedimiento sucesorio extrajudicial? ¿Qué diferencia tiene que la omisión sea, en este caso de un notario y no de un juez? ¿Y si en el testamento no se incluyeron disposiciones para menores de edad o para quien, en general, estuviera obligado el testador (de cujus) a dejar alimentos y el notario no lo advirtió? ¿Podrá en ese caso el menor de edad en ejercicio de sus derechos acudir al amparo y señalar al notario?

Es lamentable la pobreza argumentativa en la ejecutoria. Hubiera sido muy conveniente que la Corte aprovechara la ocasión para pronunciarse de una manera más puntual respecto de qué funciones notariales y en qué casos procede o no procede ser calificado el notario como autoridad, pues tratar de cerrar la argumentación con que se trata de simples fedatarios a quienes los particulares les someten hechos para su protocolización no dice mucho y deja bastantes dudas.

Si tanto la rogación notarial como el derecho de acción no son oficiosos, y el amparo sí procede contra los jueces ¿dónde reside la diferencia cara a cara el derecho fundamental violado? Lo relevante es proteger el derecho, permitir el acceso a la justicia, no limitarlo ni cerrar la puerta para la defensa adecuada.

Finalmente, la tesis de jurisprudencia además de desproteger a las personas y ser parca en el análisis de las funciones notariales, deja a un lado la aplicación de nuevas figuras incorporadas en la Constitución, que exigen un enfoque de derechos humanos y potencializar la tutela efectiva de los derechos humanos de las personas.

Lo más grave es que habría huecos en la actividad administrativa del Estado que quedarían excluidos del control constitucional y que pudieran tener afectaciones graves a los derechos humanos de las personas. La función notarial es una función pública que forma parte de las potestades del Estado. Al ser la notaría una unidad de competencias administrativas, la notaría es un órgano administrativo del Estado que despliega importantes efectos sobre la sociedad. Dejarlos sin control es un riesgo y un retroceso lamentable.

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Amparo, impuestos y notarios (Noroeste, 2 de julio 2019)

Dr. Fernando García Sais

Notario 210

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El juicio de amparo es la máxima herramienta para la protección de los derechos fundamentales que los ciudadanos disponen. Las leyes inconstitucionales, al igual que los actos de autoridad violatorios de la Ley Suprema, pueden ser derrotados con dicho procedimiento de control constitucional.

Es común que en la prensa, medios escritos, radio y televisión, se utilicen sin rigor técnico conceptos que, dicho sea de paso, son de fácil comprensión pero, en ocasiones, de difícil asimilación a los casos concretos. “Se amparó fulanito”, como si de él dependiera y no de un juez. “Ya le dieron la suspensión”, como si ya se hubiera resuelto el fondo, y no sólo se tratara de proteger la materia de la acción para que, precisamente, pueda dictarse una sentencia fondo. “Perdió la suspensión, no le dieron el amparo”, confundiendo de nuevo ambos temas. En el amparo, se pueden obtener sentencias aun sin haber obtenido la suspensión; y a la inversa, se puede obtener la suspensión, provisional y luego la definitiva y, después, perderse el amparo de fondo.

Cuando alguien obtiene un amparo, la sentencia señala el efecto en sus considerandos. En un amparo contra una ley, si se estima que es inconstitucional, el efecto será para que dicha ley no se aplique, en sus términos, al quejoso (el que tramitó el juicio). Si la ley se impugnó, no por su sola entrada en vigor sino cuando fue aplicada, en un acto concreto y por una autoridad, el acto de autoridad dejará de tener fuerza respecto de ese caso particular.

Las leyes inconstitucionales brotan a raudales. No daría tiempo ni espacio para señalarlas todas, ni para “ampararse” respecto de todas. Los poderes legislativos, federales, estatales y municipales, deben analizar los vicios encontrados por el Poder Judicial y corregir, a la brevedad, las leyes para que ninguna ley inconstitucional se aplique a nadie. Así se preserva la igualdad de todos ante la ley y no solo para el quejoso que tuvo acceso a la justicia federal, que dicho sea de paso, el amparo (bien llevado) produce inequidades (es elitista, debo reconocerlo).

 

Pero, por otro lado, supongamos que se trata de una ley de naturaleza fiscal, que involucra el pago de alguna contribución. Si dicha ley es inconstitucional, con la sentencia y el precedente otros ciudadanos la pueden hacer valer y, eventualmente, los ingresos de las autoridades disminuirán, y con ello el gasto público (por lo que la afectación a la sociedad es grave). No es admisible que la autoridad emisora de la ley se cruce de brazos y permita que la ley siga siendo inconstitucional. Ejemplos sobran: predial, ISAI, tenencia, derechos de registros, etc.

Hace unas semanas (publicado en el DOF el 18 de junio de 2019) se resolvió, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, levantar el aplazamiento generado por la existencia de 546 amparos en revisión en los que se estaban impugnando normas que establecen tributos (como el ISAI o los derechos de inscripción en el Registro Público) y cuyo acto de aplicación era la retención del dinero llevada a cabo por un notario público (http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5409981&fecha=30/09/2015). Como ya hay un criterio (tesis 81, 82 y 83 de la Segunda Sala, de la 10ª época), se ordena a los tribunales inferiores resolver con base en el criterio de la autoridad superior.

Ahora, tenemos un problema mayor. La jurisprudencia se decanta por tener como dato duro para el inicio del cómputo del plazo para promover la demanda de amparo, la fecha en la que el notario público le expide un recibo al cliente, en el que le informa del impuesto que habrá de pagar en su nombre y con su dinero.

La admisión de la demanda de amparo (como en cualquier otro procedimiento), como elemento formal, está condicionada a que se presente dentro del plazo que la Ley de Amparo prevé, por lo que resulta indispensable determinar cuándo se aplicó la norma al obligado tributario. Por certeza jurídica dicho cómputo no debe ser arbitrario ni sujeto a la discrecionalidad de las partes en el juicio de amparo.

Pues bueno, sorprendentemente, la SCJN produce un coctel de barbaridades: dice que si el contribuyente (el cliente del notario) tiene el dinero y él realiza el pago, el plazo de 15 días hábiles se inicia a contar a partir de que “el quejoso tiene conocimiento pleno del acto en el cual se dio la referida afectación” pero después concluye que basta con que el cliente haya entregado el dinero al notario, y agrega que el inicio del plazo para presentar la demanda, es el momento en que el contribuyente tenga conocimiento de la afectación patrimonial, cuando el pago se hizo por conducto del notario. Mezcla, pues, un poco de todo, abonando en la inseguridad jurídica.

¿Y cuándo se considera que el cliente del notario tiene ese conocimiento? La respuesta está en la jurisprudencia: “[…] y, además, se encuentra en la posición jurídica y material de realizar su pago sólo si el tercero que actúa en auxilio de la administración hace de su conocimiento la fuente jurídica de esa afectación;”

Entonces, el plazo para interponer la demanda de amparo se cuenta desde que se le dieron al notario las cantidades a pagar por las contribuciones previstas en las normas, con independencia de que el cliente conozca las normas generales, dado que lo relevante es el momento en el que se da la afectación patrimonial.

No sé qué opine Usted. Parece un desatino gigantesco. ¿Cómo se va a defender en amparo un contribuyente si no se conoce la norma y no hay certidumbre documental del momento en que se enteró el impuesto (dado que no es ya relevante, ya que basta que se le dé al notario el dinero)? ¿La prueba de la certeza del acto reclamado será el recibo que expida el notario al cliente? ¡Vaya Estado de Derecho!

 

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Respuestas en materia de inmuebles en las costas mexicanas

Dr. Fernando García Sais

Abogado, Doctor en Derecho y Notario Público 210

www.garciasais.com.mx

junio, 2019

  • ¿Pueden los extranjeros ser propietarios de inmuebles en México?

 

Conforme a la Constitución, los extranjeros pueden ser dueños de bienes raíces (inmuebles y de cualquier otro derecho real: uso, usufructo, habitación, servidumbre, prenda e hipoteca, e incluso el de superficie) en el territorio nacional y que estén fuera de la “zona restringida” (de una franja de 100 km en las fronteras y 50 km en las costas), siempre y cuando acuerden con el Estado mexicano en considerarse como mexicanos respecto de dichos bienes y renuncien a la protección de sus países.

  • ¿Hay alguna diferencia entre si el inmueble está dentro de la llamada zona restringida o si lo está fuera de esa zona?

 

De acuerdo con la ley, en la “zona restringida”, los extranjeros (personas físicas) únicamente pueden adquirir derechos derivados de un fideicomiso (como fideicomisarios-beneficiarios), dado que la propiedad la adquiere el fiduciario (un banco) previa autorización administrativa de la Cancillería.

De acuerdo con la Ley de Inversión Extranjera, en la zona restringida, en cumplimiento de la Constitución existe una prohibición absoluta para las personas físicas extranjeras, ya que únicamente pueden adquirir derechos derivados de un fideicomiso (como fideicomisarios-beneficiarios).

Por el contrario, fuera de dicha zona, en el resto del país, sí es posible adquirir sin fideicomiso.

  • ¿Es seguro para el extranjero?

 

La propiedad la adquiere el fiduciario (un banco, supervisado por el Gobierno Federal) previa autorización administrativa del Gobierno.

Mediante ese esquema el extranjero ve garantizado el uso y disfrute del inmueble, con plena seguridad jurídica y pudiendo, además, trasmitir los derechos sobre el mismo a quien decida.

  • ¿Pueden ser usufructuarios de bienes inmuebles ubicados en las playas?

 

El usufructo, como derecho real y temporal de disfrutar las cosas ajenas, por definición no transmite el dominio directo, sólo el uso y el disfrute.

Parecería que, atentos a la prohibición constitucional de adquisición del dominio directamente, los extranjeros sí podrían adquirir el usufructo de una casa en la playa, sin embargo, la Ley de Inversión Extranjera establece que sólo mediante fideicomiso podrán los extranjeros aprovecharse y utilizar dichos inmuebles.

Cuando el potencial adquirente de un inmueble ubicado en la conocida “zona restringida” (franja de 50km desde la costa) sea de nacionalidad distinta a la mexicana; es decir, extranjero o se trate de una sociedad mexicana con cláusula de admisión de extranjeros; o sea, con socios que sean extranjeros (personas físicas o morales); o bien, se trate de entidades con personalidad jurídica extranjera (sociedades o fideicomisos o cualquier otra dependiendo del país de origen), la única manera constitucionalmente válida, y en consecuencia, legal, para que dicho extranjero disfrute de ese “inmueble con fines residenciales”, es mediante la celebración de un fideicomiso.

Si el inmueble está fuera de la zona restringida, al no requerirse fideicomiso, sí es posible realizar un contrato de usufructo o cualquier otro contrato que sí transmita la propiedad o el uso.

  • ¿Cuándo no es indispensable el fideicomiso de inmuebles en la zona restringida?

 

Solamente se puede adquirir el inmueble, sin fideicomiso y de manera directa, cuando el futuro dueño de dicho inmueble no sea una persona física extranjera (sin nacionalidad mexicana) y si es una persona moral con inversión extranjera o una persona moral extranjera, lo vaya a destinar a la realización de actividades que la ley define como “no residenciales”.

  • ¿Una sociedad mercantil mexicana con socios extranjeros (inversión extranjera) puede tener inmuebles en la zona restringida?

 

Sí, siempre y cuando los vaya a destinar a la realización de actividades que la ley define como “no residenciales”; es decir, si con ella realizará una actividad empresarial, industrial, agrícola, ganadera, pesquera, silvícola, de prestación de servicios, comercial o turística (como el tiempo compartido) –aunque de manera simultánea sean utilizados para fin residencial; o bien se utilicen por las empresas para el cumplimiento de su objeto social (enajenar, urbanizar, construir, fraccionar y demás actividades comprendidas en el desarrollo de proyectos inmobiliarios, hasta el momento de su comercialización o venta a terceros).

  1. ¿Una sociedad extranjera puede tener inmuebles en la zona restringida?

Sí. Puede adquirir sin fideicomiso una propiedad en la playa (franja de 50 km) si con ella realizará una actividad empresarial, industrial, agrícola, ganadera, pesquera, silvícola, de prestación de servicios, comercial o turística (como el tiempo compartido); o bien se utilicen por la empresa para el cumplimiento de su objeto social (enajenar, urbanizar, construir, fraccionar y demás actividades comprendidas en el desarrollo de proyectos inmobiliarios, hasta el momento de su comercialización o venta a terceros).

  • Un extranjero casado con un mexicano ¿puede tener derechos sobre un inmueble comprendido dentro de la sociedad conyugal?

 

En el caso de inmuebles afectos a la sociedad conyugal, por disposición de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Tesis: 1a./J. 49/2005), el extranjero deberá suscribir la Cláusula Calvo y, de ser el caso, constituir un fideicomiso hasta que el notario “protocolice el acto mediante el cual el extranjero adquiera el dominio directo de los bienes inmuebles, ya sea por efecto de la liquidación de la sociedad o de la adjudicación por efecto de la herencia, es decir, al tiempo en que el acto traslativo de dominio en lo individual deba perfeccionarse […]”.

  • ¿Pueden los extranjeros tener derechos como acreedores hipotecarios sobre bienes inmuebles ubicados en la zona restringida?

 

Respecto de si pueden tener derechos como acreedores hipotecarios, aunque no hay unanimidad en el foro, me inclino por la idea de que sí pueden dado que la propiedad del bien inmueble objeto de garantía aún no forma parte de su patrimonio, lo que acontecerá una vez que el crédito sea impagado y se ejecute, debiéndose constituir hasta entonces el fideicomiso respectivo, si el inmueble está en la zona restringida.

  • ¿Pueden ser ejidatarios?

 

Los extranjeros no pueden adquirir parcelas ejidales ni ningún derecho sobre inmuebles ejidales, dado que la Ley Agraria les prohíbe ser ejidatarios.

Conclusión.-

La recomendación es que sea el notario público quien califique si se satisfacen los requisitos para omitir el fideicomiso y, en caso de duda, solicitar mediante una consulta ante la Cancillería que resuelva si la actividad puede entenderse como “no residencial”.

Si por alguna razón se llevó a cabo una escrituración de un inmueble ubicado en la zona restringida sin cumplir con el requisito del fideicomiso, la operación puede ser declarada nula y, por consecuencia, se deberán las partes restituir lo pagado y la propiedad. Incluso, las operaciones subsecuentes realizadas sobre el inmeuble (derechos reales que se constituyan, regímenes condominales, por ejemplo) pudieran ser objeto de litigio derivado de la nulidad absoluta de la primera transmisión que violó la prohibición constitucional.

En la notaría 210 ofrecemos servicios jurídicos de calidad, bilingües y conocedores de la cultura jurídica de los países anglosajones, lo que nos convierte en líderes en el ramo de fideicomisos inmobiliarios.

Estamos ubicados en Mazatlán, Sinaloa, pero ofrecemos servicios en todo México.

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Impuestos pagados por notarios en nombre de sus clientes e inicio del plazo para demandar en Amparo (junio, 2019)

Fernando García Sais

Abogado, Doctor en Derecho y Notario Público 210

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junio, 2019

 

El 30 de noviembre de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, una decisión relevante del Pleno de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la cual se aplazaron todos los amparos en revisión en los que se estuviera impugnando las normas que establecen tributos (como el ISAI o los derechos de inscripción en el Registro Público) y que el acto de aplicación sea la retención del dinero llevada a cabo por un notario público (http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5409981&fecha=30/09/2015)

ACUERDO GENERAL NÚMERO 16/2015, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, POR EL QUE SE DISPONE EL APLAZAMIENTO DEL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN EN LOS AMPAROS EN REVISIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, EN LOS QUE SE IMPUGNEN NORMAS GENERALES EN LAS QUE SE ESTABLECEN TRIBUTOS LOCALES, SEÑALANDO COMO SU ACTO DE APLICACIÓN LA RETENCIÓN REALIZADA POR EL RESPECTIVO NOTARIO PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN, CON MOTIVO DE LA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS NOTARIALES O DIVERSO DOCUMENTO PRIVADO GENERADOS CON UNA ANTICIPACIÓN DE DIECISÉIS DÍAS HÁBILES O MÁS RESPECTO AL DÍA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO CORRESPONDIENTE.

Ello fue así dada la existencia de 546 amparos en revisión con la temática antes expuesta y con la finalidad de evitar sentencias contradictorias (para evitar, pues, la división de la continencia de la causa) y preservar el derecho a la seguridad jurídica de los gobernados así como la igualdad en sede de aplicación de las normas, para que todos los casos se resuelvan con el mismo criterio.

El 18 de junio de 2019, en el mismo DOF se publicó el levantamiento del aplazamiento del dictado de las sentencias, toda vez que ya existen tres tesis jurisprudenciales de la Segunda Sala con los criterios sustantivos aplicables.

(http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5562981&fecha=18/06/2019)

ACUERDO GENERAL NÚMERO 5/2019, DE DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, POR EL QUE SE LEVANTA EL APLAZAMIENTO DEL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN EN LOS AMPAROS EN REVISIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, EN LOS QUE SE IMPUGNEN NORMAS GENERALES EN LAS QUE SE ESTABLECEN TRIBUTOS LOCALES, SEÑALANDO COMO SU ACTO DE APLICACIÓN LA RETENCIÓN REALIZADA POR EL RESPECTIVO NOTARIO PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN, CON MOTIVO DE LA EMISIÓN DEINSTRUMENTOS NOTARIALES O DIVERSO DOCUMENTO PRIVADO GENERADOS CON UNA ANTICIPACIÓN DE DIECISÉIS DÍAS HÁBILES O MÁS RESPECTO AL DÍA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO CORRESPONDIENTE; RELACIONADO CON EL DIVERSO 16/2015, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.

Las jurisprudencias son las siguientes y son de aplicación obligatoria a partir del 17 de junio de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

  1. Tesis de jurisprudencia 81/2019 (10a.). AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS. CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL ACTO DE APLICACIÓN REALIZADO POR UN TERCERO EN AUXILIO DE LA ADMINISTRACIÓN, PARA DETERMINAR LA FECHA DE INICIO DEL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA RESPECTIVA, RESULTA RELEVANTE SI EL CONTRIBUYENTE TIENE BAJO SU RESGUARDO LOS RECURSOS QUE SE ENTERAN POR AQUÉL.Cuando se controvierte en el juicio de amparo una norma general que regula los elementos de un tributo, con motivo de su acto de aplicación realizado por un tercero en auxilio de la administración, para determinar si la demanda se presentó oportunamente debe considerarse si el pago correspondiente se realiza por aquél con recursos que tiene a su disposición, o bien, si éstos se encuentran bajo resguardo del contribuyente, ya que de actualizarse este último supuesto el entero se llevará a cabo con la concurrencia de la voluntad del contribuyente, pues al tener a su disposición el monto a erogar, es él quien decide, dentro del margen legal para ello, llevar a cabo el pago, el cual implica una afectación patrimonial en su perjuicio en la que se concreta lo previsto en las normas tributarias que regulan el tributo, por lo que el plazo de 15 días hábiles establecido por el artículo 17 de la Ley de Amparo para presentar la demanda inicia a partir de que el quejoso tiene conocimiento pleno del acto en el cual se dio la referida afectación.
  2. Tesis: 2a./J. 82/2019 (10a.) AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS. CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL ACTO DE APLICACIÓN REALIZADO POR UN TERCERO EN AUXILIO DE LA ADMINISTRACIÓN QUIEN ENTERA A LA HACIENDA PÚBLICA LOS RECURSOS RESPECTIVOS, PREVIA ENTREGA DE ÉSTOS POR EL CONTRIBUYENTE, LA PROCEDENCIA DEL JUICIO ESTÁ CONDICIONADA A QUE SE PRESENTE OPORTUNAMENTE RESPECTO DE ESA AFECTACIÓN PATRIMONIAL.Si una norma general que regula los elementos de un tributo se controvierte en el juicio de amparo con motivo de su acto de aplicación llevado a cabo por un tercero en auxilio de la administración quien realiza el entero respectivo a la hacienda pública, previa entrega de los recursos correspondientes por el contribuyente, la procedencia de ese juicio está condicionada a que la demanda se presente oportunamente respecto de ese acto el cual, en primer lugar, se realiza con la concurrencia de la voluntad de éste, pues al tener bajo su resguardo y a su disposición los recursos respectivos es él quien decide, dentro del margen legal respectivo, entregarlos al referido tercero; en segundo, implica una afectación patrimonial en perjuicio del sujeto pasivo del tributo y, en tercer lugar, concreta lo previsto en las normas generales que son fuente de esa afectación. Ante ello, el cómputo del plazo de 15 días señalado por el artículo 17 de la Ley de Amparo para presentar la demanda contra el acto de aplicación realizado por un tercero, cuando para su actualización es indispensable la voluntad del contribuyente que tiene bajo su resguardo y a su disposición los recursos respectivos, inicia el día siguiente a aquel en que éste entrega esos recursos, ya que en ese momento tiene noticia plena de la afectación patrimonial correspondiente, máxime que el contribuyente se encuentra en la posición jurídica y material de exigir al tercero que haga de su conocimiento la fuente jurídica de la afectación en comento, por lo que si opta por realizar el pago respectivo sin conocer su causa legal, el desconocimiento de la normativa aplicada en todo caso le será atribuible al propio contribuyente; sostener lo contrario implicaría sujetar a la voluntad de los contribuyentes el inicio del plazo establecido por el legislador para controvertir mediante el juicio de amparo la constitucionalidad de las leyes aplicadas con motivo de un pago realizado por éstos con los recursos que se encuentran a su disposición, aun cuando en esos supuestos pueden optar por no sufrir el impacto patrimonial en tanto no tengan conocimiento pleno de la causa legal de la afectación.
  3. Tesis: 2a./J. 83/2019 (10a.) AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA CONTRA LAS NORMAS QUE REGULAN EL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y LOS DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO LOS IMPUESTOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES, CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN REALIZADA POR UN NOTARIO PÚBLICO, INICIA A PARTIR DE QUE EL CONTRIBUYENTE TIENE CONOCIMIENTO DE LA AFECTACIÓN PATRIMONIAL RESPECTIVA.Si se pretende impugnar en amparo la constitucionalidad de las normas generales que regulan esas contribuciones con motivo de su pago realizado por conducto de un notario público, debe tomarse en cuenta que el contribuyente tiene noticia de la afectación patrimonial respectiva desde el momento en el que decide entregar a éste los recursos económicos para cubrir los montos correspondientes y, por ende, el plazo de 15 días para presentar la demanda, previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, inicia al día siguiente a aquel en que tuvo lugar esa afectación, ya que esas erogaciones se realizaron con base en recursos que se encuentran a disposición del quejoso, de donde se sigue que desde ese momento conoce la afectación patrimonial que constituye el acto de aplicación de la normativa que la sustenta y, además, se encuentra en la posición jurídica y material de realizar su pago sólo si el tercero que actúa en auxilio de la administración hace de su conocimiento la fuente jurídica de esa afectación; en la inteligencia de que la circunstancia de que en el documento en el que conste el acto de pago al notario público o la formalización del acto jurídico que lo genera, no se citen las normas generales que rigen el o los tributos respectivos, no modifica el conocimiento cierto que el quejoso tiene de la afectación patrimonial que se le causa, en primer lugar, porque dentro del margen legal para ello decide erogar los recursos correspondientes y, en segundo, porque la participación del fedatario que recibe el pago de los tributos en auxilio de la administración no se da en una relación de supra a subordinación, sino de coordinación, en la que este último no impone su voluntad al contribuyente; sin que esta conclusión se oponga a lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 47/2013 (10a.), de rubro: “DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD EN EL ESTADO DE MORELOS. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DE LA ENTIDAD, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE EL NOTARIO PÚBLICO HAGA LA RETENCIÓN CORRESPONDIENTE, SIEMPRE QUE SE ACREDITE QUE EL QUEJOSO TUVO PLENO CONOCIMIENTO DE SU APLICACIÓN.”, pues de la lectura de la sentencia respectiva se advierte que el punto de contradicción materia de análisis y la conclusión a la que se arribó se refiere a la fecha de inicio del plazo para impugnar el artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, no a la del plazo para controvertir su acto de aplicación, es decir, la afectación patrimonial que tiene origen en la entrega de recursos realizada por el contribuyente, ante lo cual se concluyó, lógicamente, que el cómputo del plazo para impugnar el precepto de mérito sólo puede comenzar cuando se tiene conocimiento de su aplicación expresa, lo que constituye un aspecto procesal diferente a determinar cuándo inicia el plazo para impugnar en amparo la afectación patrimonial que constituye el acto de aplicación del numeral indicado y que tiene lugar con la entrega de los recursos que tiene a su disposición el contribuyente.Consideraciones.-Cuesta mucho trabajo entender los criterios distintivos, que detonan el inicio del cómputo para el plazo de 15 días para presentar la demanda de amparo indirecto, en el caso de normas generales tributarias, según el pago lo haya hecho el contribuyente o el notario público (con recursos / por instrucciones del cliente) y más aceptar que se tardó tanto tiempo en emitirlos siendo un tema relativamente sencillo.El impuesto se paga ante la autoridad y la fecha de inicio del cómputo para la presentación de la demanda debe ser precisamente la que coincida con el pago, con independencia de quién lo efectúe. El notario siempre lo pagará por cuenta de su cliente, por lo que los efectos jurídicos se surten en la persona jurídica del cliente. Inclusive, suponiendo el caso inaudito de que el notario ponga de su dinero para pagar contribuciones del cliente, al ser en beneficio de éste y ser éste el obligado principal, ahí debe timbrarse el inicio del plazo de 15 días para demandar en amparo la aplicación de una norma.Como sabemos, el juicio de amparo puede promoverse contra normas generales en dos momentos: como autoaplicativas (cuando por su sola entrada en vigor causa un perjuicio) o como heteroaplicativas (cuando se hace valer la inconstitucionalidad a partir del primer acto de aplicación.La admisión de la demanda de amparo, como elemento formal, está condicionada a que, en cada caso, se presente dentro del plazo que la Ley de Amparo prevé, por lo que resulta indispensable determinar cuándo se aplicó la norma al obligado tributario y contar con un criterio que permita tener certeza jurídica de cómo se determina, para que dicho cómputo no sea arbitrario ni sujeto a la discrecionalidad de las partes en el juicio de amparo.En la primera de las tesis citada, la 81/2019, se introduce un elemento clasificador:“[…] debe considerarse si el pago correspondiente se realiza por aquél [o sea, por el notario público] con recursos que tiene a su disposición, o bien, si éstos se encuentran bajo resguardo del contribuyente” […]”Entonces, primeramente hay que definir quién tiene el recurso. Evidentemente el notario no es un banco y debe el cliente poner a su disposición el dinero necesario para que, a su nombre, realice la liquidación de los impuestos que el notario haya retenido. Incluso, como en el caso sinaloense, la ley autoriza al notario a excusarse de actuar si las partes no anticipan gastos (donde deben comprenderse las contribuciones en general).A continuación la tesis de manera clara dice que si el contribuyente (el cliente del notario) tiene el dinero y él realiza el pago, el plazo de 15 días hábiles se inicia a contar a partir de que “el quejoso tiene conocimiento pleno del acto en el cual se dio la referida afectación”.La tesis no aporta criterio alguno para el caso de que el recurso haya sido retenido por el notario y pagado por éste ante la autoridad. Parece que lo deja implícito, y entonces, pudiéramos concluir que el plazo se cuenta a partir de que el notario haga el pago, no antes ni después.Parecería que dicha respuesta la dejó para la tesis que continuación se comenta, la Tesis: 2a./J. 82/2019.“su acto de aplicación llevado a cabo por un tercero […] quien realiza el entero respectivo […] la procedencia de ese juicio está condicionada a que la demanda se presente oportunamente respecto de ese acto […], pues al tener bajo su resguardo y a su disposición los recursos respectivos es él quien decide, […] entregarlos al referido tercero [el notario público]”A continuación, establece el criterio de identificación del inicio del cómputo, mediante una regla que, al menos parece extraña, al no requerirse que el pago se haya hecho a la autoridad sino que basta con que el cliente haya entregado el dinero al notario, pudiendo el cliente quedar en indefensión al no poder impugnar la norma por no tener elementos.“Ante ello, el cómputo del plazo de 15 días […] inicia el día siguiente a aquel en que éste [el cliente del notario] entrega esos recursos [al notario], […] por lo que si opta por realizar el pago respectivo sin conocer su causa legal, el desconocimiento de la normativa aplicada en todo caso le será atribuible al propio contribuyente;   

Por último, la tesis: 2a./J. 83/2019 (10a.) establece como criterio identificador del inicio del plazo para presentar la demanda, el momento en que el contribuyente tenga conocimiento de la afectación patrimonial, cuando el pago se hizo por conducto del notario.

 ¿Y cuándo se considera que el cliente del notario tiene ese conocimiento?

 Ah, para eso dice la SCJN que:

  1. “[…] debe tomarse en cuenta que el contribuyente tiene noticia de la afectación patrimonial respectiva desde el momento en el que decide entregar a éste [al notario] los recursos económicos para cubrir los montos correspondientes […]”
  2. […] el plazo de 15 días para presentar la demanda, […] inicia al día siguiente a aquel en que tuvo lugar esa afectación […]
  3. […] esas erogaciones se realizaron con base en recursos que se encuentran a disposición del quejoso, de donde se sigue que desde ese momento conoce la afectación patrimonial que constituye el acto de aplicación de la normativa que la sustenta […]”
  4. “[…] y, además, se encuentra en la posición jurídica y material de realizar su pago sólo si el tercero que actúa en auxilio de la administración hace de su conocimiento la fuente jurídica de esa afectación;
  5. “[…] en la inteligencia de que la circunstancia de que en el documento en el que conste el acto de pago al notario público o la formalización del acto jurídico que lo genera, no se citen las normas generales que rigen el o los tributos respectivos, no modifica el conocimiento cierto que el quejoso tiene de la afectación patrimonial que se le causa,
  6. “[…] la participación del fedatario que recibe el pago de los tributos en auxilio de la administración no se da en una relación de supra a subordinación, sino de coordinación, en la que este último no impone su voluntad al contribuyente;”

Entonces, el plazo para interponer la demanda de amparo se cuenta desde que se le dieron al notario las cantidades a pagar por las contribuciones previstas en las normas, con independencia de que el cliente conozca las normas generales, dado que lo relevante es el momento en el que se da la afectación patrimonial.

No sé que opine Usted, pero a mi me parece una barrabasada descomunal. Cómo se va a defender en amparo un contribuyente si no se conoce la norma y no hay certidumbre documental del momento en que se enteró el impuesto (dado que no es ya relevante, ya que basta que se le dé al notario el dinero).

Si es así, el comportamiento estratégico de los contribuyentes será a emitir recibos al gusto con las fechas que más acomoden para dejar viva la acción de amparo.

Habrá que esperar a que se publiquen las ejecutorias y ver si ahí se aclara este tema.

Los notarios contribuimos para la seguridad jurídica y la paz social. Acude con el notario de tu confianza.

 

Habrá que esperar a que se publiquen las ejecutorias y ver si ahí se aclara este tema.

Los notarios contribuimos para la seguridad jurídica y la paz social. Acude con el notario de tu confianza.

Artículos Periódico Noroeste

Mazatlán de la ciudadanía (Noroeste, 23 de mayo 2019)

OBITER DICTUM

Dr. Fernando García Sais

23/05/2019 | 04:04 AM

 

Los retos del desarrollo urbano imponen la necesidad de que se elaboren políticas públicas que coadyuven a garantizar el llamado “Derecho a la Ciudad” como una expresión de un deseo colectivo de una urbe más justa, inclusiva y democrática.

Si bien, me parece, no estamos en presencia de un proceso consolidado de “gentrificación”, sino en su caso incipiente (más parecido a la “turistificación”), lo cierto es que el aumento de la demanda de inmuebles para usos, primordialmente, multifamiliares y comerciales, encuentra oferentes de ese tipo de bienes que, con base en la regulación vigente, desarrollan sus actividades empresariales tuteladas por la libertad de empresa que nuestra Constitución postula.

La dinámica del mercado inmobiliario propicia que la administración municipal revise y ajuste la suficiencia de servicios públicos para no inhibir la inversión y para que una vez llevada a cabo y que los consumidores de vivienda adquieren su inmueble encuentren una ciudad que presta servicios de manera asequible.

El tradicional derecho a la vivienda digna con todas sus manifestaciones constitucionales se ve, ahora, transformado o complementado con el derecho a la ciudad. Éste impone una necesidad de actuación colectiva transformadora sobre el espacio urbano común, sobre el ágora (aquel espacio que en la Grecia antigua lo constituía los bienes de uso común).

Desde el punto de vista financiero, nuestro derecho ha ido incorporando herramientas que permiten a los empresarios obtener apalancamiento para satisfacer el crecimiento exponencial de la demanda, particularmente acentuada a partir de la apertura de la carretera Mazatlán-Durango, como puede ser a través de las llamadas SAPI´s o de la economía colaborativa o crowfunding.

Dichos procesos de demanda-oferta, desarrollo inmobiliario, acompañamiento de la inversión pública y utilización racional del medio ambiente viene acompañada de conciliar intereses de sectores de la ciudadanía que, en el caso de la gentrificación, se ven desplazados por una nueva oleada de vecinos con otras capacidades económicas y quizá con otros parámetros socioculturales.

La utilización de las calles, avenidas y parques que han tenido ciertas peculiaridades, comienzan a transformarse como ha pasado en urbes de otras ciudades de América Latina y Europa, donde los hábitos citadinos se dibujan en torno al gusto por caminar las ciudades, la utilización de los camellones y de los parques para la convivencia de amigos, familias o el acompañamiento de mascotas, la presencia de restaurantes locales con cocineros locales, artistas y comercios innovadores que satisfacen también las demandas de esos nuevos nichos de mercado.

En suma, si Mazatlán es de la ciudadanía, más nos vale que diseñemos buenas leyes, inteligentemente pensadas para conciliar los eventuales intereses en conflictos y canalizar las necesidades de demanda de bienes raíces de manera adecuada. No vaya a ser que otros destinos sí sepan hacer la tarea y nosotros veamos como la oportunidad pasó frente a nuestros ojos.

La creación de empleos, el bienestar de las familias y la paz y tranquilidad de las colonias, barrios y fraccionamientos no constituyen elementos que naturalmente deban entrar en conflicto. Los ciudadanos debemos, juntos, construir acuerdos y lograr orden. A las autoridades les toca ser profesionales y tener la altura de miras para acompañar a los ciudadanos.

 

Artículos Periódico Noroeste

Estacionamientos, ¿mínimos o máximos? (Noroeste, 5 de junio 2019)

link: https://www.noroeste.com.mx/publicaciones/opinion/estacionamientos-minimos-o-maximos-109081

 

Dr. Fernando García Sais

Notario 210

www.garciasais.com.mx

 

Los reglamentos de construcción, cuya facultad legislativa corresponde a los ayuntamientos son ordenamientos jurídicos de aplicación general y de observancia obligatoria dentro del ámbito territorial del municipio en cuestión.

En Mazatlán, el Reglamento de Construcción vigente tiene fecha de 3 de agosto de 2001. Como todo cambio normativo, se prevé un régimen de transición que no está exento a problemas jurídicos derivado de contradicciones fácticas entre los derechos adquiridos, lagunas legales y retroactividad, cuestiones técnicas que deben ser agudamente analizadas en la etapa pre-legislativa y legislativa. De lo contrario, surgen juicios y demandas alegando su inconstitucionalidad.

El esfuerzo que representa la elaboración de un documento normativo es ingente. En la parte considerativa, a manera de exposición de motivos, queda plasmada la ideología del reformador (“modificaciones que se realizan de acuerdo a (sic) las necesidades que se presentan con el devenir del tiempo”), los problemas que pretende solucionar, el rumbo al que busca dirigir la materia de la regulación, las lagunas jurídicas que se han presentado (no dice nada respecto de ambigüedades, vaguedades, contradicciones o tautologías), los esfuerzos de derecho comparado realizados para producir al nuevo cuerpo normativo (si bien se dice que se consultaron leyes de otros municipios, no dice cuáles); las instituciones privadas o públicas que participaron en el proceso pre-legislativo (solamente dice que participaron “organismos institucionales, dependencias oficiales y asociaciones civiles profesionales, relacionadas con la Construcción, el Diseño Arquitectónico, la Ingeniería, la Planeación Urbana, la Ecología y los Asuntos Jurídicos”, sin explicitar cuáles son esas entidades, lo que debió hacerse para conocer su solvencia y estatura profesional).

 

En lo que respecta al tema de los estacionamientos, la regulación está centralizada en el artículo 120 y en las Especificaciones Técnicas del artículo 225 (que es un terrorismo normativo por la inadecuada organización y redacción). La política pública se basa en un requerimiento mínimo de cajones de acuerdo con la tipología de las edificaciones y la magnitud del inmueble en metros cuadrados. Ejemplificativamente, en el inciso A de la fracción I del artículo 120, regula la tipología (unifamiliar, plurifamiliar con elevador y sin elevador, servicios, comercios, etc.) y establece un “número mínimo de cajones”.

 

Así, tratándose de habitación unifamiliar de hasta 120m2, un estacionamiento por vivienda. De 120m2 a 250m2, dos estacionamientos por vivienda; de más de 250m2, tres estacionamientos, como mínimo, insisto “mínimo”. En el caso de departamentos sin elevador de 120m2 a 250m2, dos estacionamientos “por vivienda”; tres estacionamientos “por vivienda” si el departamento es de más de 250m2.

 

¿Son muchos o pocos? Todo dependerá de las necesidades de quien resida en esas viviendas y especialmente a la luz de las políticas públicas de transporte. ¿Es correcto que el Reglamento exija un mínimo de espacios de estacionamiento o, debe por el contrario, exigir un máximo de metros cuadrados destinados para depositar vehículos? Ésta segunda interrogante me parece más interesante y de urgente atención por parte de las autoridades.

 

Estoy convencido de que exigir un número mínimo de cajones de estacionamientos es erróneo y es el enemigo de la preservación del medio ambiente. La regulación transfiere los costos a los ciudadanos, que ven en sus ciudades congestionamientos viales y problemas de salud, así como pérdida de la productividad. La regulación inteligentemente diseñada incentiva a mejores hábitos, no a peores. Desde las finanzas públicas, hacer pagar más a quien quiera más estacionamientos es la mejor regla que produce ingresos suficientes y desincentiva el uso irrestricto del coche.

 

Según el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) en un estudio sobre el particular, intitulado “El peso de los estacionamientos”, visible en https://imco.org.mx/competitividad/el-peso-de-los-estacionamientos/, se debe transitar hacia la eliminación de un mínimo de cajones para las nuevas construcciones y cambiarlo por un límite máximo, y en caso de que los desarrolladores deseen más cajones, deben aportar recursos al municipio para mitigar los efectos del uso de los coches. El consumidor que quiera un cajón de estacionamiento debe pagar por él un precio mayor y el excedente terminará en el erario para inversión pública que mitigue los efectos del transporte privado.

 

Lo anterior es más que evidente a la luz de las actuales problemáticas urbanas (contaminación, mala calidad del aire, tránsito vehicular congestionable) y tendencias del desarrollo que se preocupan más por la calidad de vida de los ciudadanos (mejorar la salud y la productividad de las personas) que por incentivar el uso de los vehículos motorizados. Complementariamente, la utilización de la propiedad privada debe privilegiar el uso para las personas más que para los coches y el Estado debe destinar recursos para incentivar el uso del transporte público y de medios alternos como la bicicleta.

Artículos Periódico Noroeste

¿Responsabilizar al mensajero? (Noroeste, mayo 2019)

link: https://www.noroeste.com.mx/publicaciones/opinion/responsabilizar-al-mensajero-108948

A los periodistas valientes y honestos

Dr. Fernando García Sais

Notario 210

www.garciasais.com.mx

@FGarciaSais

 

En un régimen constitucional de derecho como el mexicano, la libre circulación de ideas fortalece a la democracia participativa y permite que los ciudadanos y las personas en general tengan más y mejor información de su entorno político, económico, social, cultural, etc.

La libertad de expresión y el derecho a la información comparten esa peculiaridad de interdependencia. Mientras más amplio sea el primero, más sólido será el segundo. Claro, habida cuenta de que hay que cuidar los límites constitucionales del ejercicio de la libertad de expresión.

El artículo 6º de la Constitución mexicana regula los alcances y límites del derecho a expresarse y, la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, lo ha ido delimitando y explicitando.

Por cierto, hay un libro coordinado por el doctor José Ramón Cossío Díaz, intitulado “La Libertad de Expresión en las Sentencias de la Suprema Corte de Justicia” (Ed. Tirant Lo Blanch, 2014) que vale la pena leer para documentarse ampliamente. Forma parte de la exitosa colección, de la que formo parte dentro del Comité Editorial, “La práctica del Derecho en México”, que integra más de 30 libros sobre temas relevantes.

Volviendo a lo que nos ocupa, la Constitución dispone que “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público”. Los precedentes de la Suprema Corte han interpretado lo anterior en los siguientes términos, sigo fundamentalmente el de la Tesis: 1a. CCCXXII/2018 (10a.):

  1. Un “reportaje neutral” es una manifestación de información que el medio de comunicación realiza y da cuenta “de manera exacta e imparcial de declaraciones o afirmaciones de terceros” cuyo contenido sea de interés público. A pesar de que la información dada por el tercero sea falsa, el medio debe ser eximido de responsabilidad civil.

 

  1. Debe ponderarse que el reportaje pretende informar un hecho noticiable en sí mismo; esto es, el hecho de que un tercero ha realizado una declaración con cierto contenido.

 

  1. El medio de comunicación o periodista se limita a transcribir la declaración noticiable realizada por otro, por lo que no la presenta como propia.

 

  1. Responsabilizar a los periodistas y medios de comunicación por transcribir declaraciones noticiables de terceros sería una limitación injustificada del derecho a la información cuyo recipiendario somos todos los ciudadanos.

 

En efecto, si la Ley de Leyes dice que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión, debemos fortalecer los derechos de los periodistas y cuidar por que su ejercicio sea seguro y permitirles el acceso a los mecanismos de protección más amplios posibles para que ejerzan su derecho a expresarse.