Acción colectiva vs Condominio

Fernando García Sais

Notario Público 210 del Estado de Sinaloa

www.garciasais.com.mx

Si pagas cuotas de condominio y su monto fue determinado con base en alguna cuestión diferente (número de cuartos, baños, ventanas) a la medida de tu propiedad, este texto te puede interesar. Tradicionalmente las fricciones inter condóminos, al menos en Sinaloa, únicamente se pueden resolver vía asambleas o juicios de nulidad de actas. Aquí expongo una vía novedosa y, a mi juicio, más efectiva: las acciones colectivas.

Las acciones colectivas federales son un valioso instrumento jurídico que permite a grupos de personas vinculados entre sí por circunstancias de hecho o de derecho comunes acudir ante un juez federal para reclamar la reparación de un daño o la cesación de una actividad perjudicial o potencialmente dañina. A través del acceso colectivo a la justicia se protegen derechos colectivos y derechos difusos.

En nuestro Derecho, las acciones colectivas se limitaron en la reforma constitucional de 2010 y en la secundaria de 2011 a tensiones derivadas de las relaciones de consumo, a daños en materia de competencia económica (por la afectación al consumidor final) y por lesiones al medioambiente— reformas de las que, junto con un grupo de académicos del ITAM, fui corredactor—.

Las relaciones de consumo están reguladas por una ley federal y constituyen un terreno amplísimo en el que entran en colisión derechos de diversa índole y en distintas materias de la actividad económica y del mercado de bienes y servicios. Lo mismo hay consumidores de servicios de telecomunicaciones que consumidores de productos y suplementos alimenticios; consumidores que adquieren derechos de tiempo compartido, o que celebran contratos de crédito y prenda (consumidores de servicios financieros), por mencionar algunos.

Junto con esas adquisiciones hay una porción de la actividad económica vinculada con el acto más importante que celebran por su valor patrimonial: la adquisición de inmuebles destinados a casa habitación. Ahí, se conecta la ley federal con las leyes locales en materia de bienes raíces. La ley federal regula los aspectos relacionados con la protección al consumidor y las leyes locales lo relacionado con la transmisión de la propiedad y la constitución de los regímenes de propiedad en condominio.

Por disposición de la norma federal, la venta de inmuebles destinados a vivienda (aplica solo para inmuebles construidos, sean casas o departamentos en régimen de condominio) importa la necesidad para los vendedores (desarrolladores, fraccionadores, empresarios) de celebrar un contrato de adhesión que esté sancionado por la autoridad federal competente, la que se encargará de que los actos jurídicos no tengan cláusulas abusivas que afecten los derechos mínimos de los consumidores.

Los consumidores de este tipo de bienes inmuebles pueden agruparse y demandar vía acción colectiva cualquier violación a derechos contractuales e, inclusive, extracontractuales (como la falta de cumplimiento a lo ofrecido o prometido en la publicidad de los inmuebles).

No obstante, complementariamente a dicha posibilidad tan evidente, emerge una nueva: es posible que el régimen de propiedad y condominio, que constituye una declaración unilateral de quien lo crea, pueda ser sometido a control judicial para determinar si contiene cláusulas abusivas que en sede notarial no fueron detectadas por los notarios públicos y que mientras no se eliminen regirán las relaciones internas de los propietarios del condominio.

Un ejemplo de ese tipo de cláusulas abusivas lo constituye la alteración de los derechos y obligaciones que cada condómino tenga sobre los bienes comunes, que debe ser proporcional al valor de su propiedad individual, fijado en la escritura constitutiva del régimen. Ahí debe figurar el valor nominal que se asigne a cada condominio, así como el porcentaje nominal sobre el valor total de las partes en condominio. Cualquier desviación en dichos valores constituye una violación a los derechos del consumidor.

Este tipo de litigios abrirán la puerta para una nueva forma de hacer efectivos los derechos de los condóminos (consumidores de inmuebles afectos a regímenes de propiedad y condominio) que actualmente no tienen vías eficientes para hacer ajustes a las escrituras públicas que los contienen y que se asemejan notablemente, por su naturaleza, a los contratos de adhesión, en la medida que son predispuestos por el empresario y constituyen un sometimiento a condiciones contractuales impuestas y diseñadas por la parte fuerte en esa relación contractual.

Transgénicos e invasión de poderes (Noroeste, 6 de junio de 2015)

OBITER DICTUM

Transgénicos e invasión de poderes

A Carlos Constandse Romo, honrado jurista

Fernando García Sais

Con motivo de una temeraria y frívola acción colectiva interpuesta a finales del 2013, un juez de distrito y un magistrado de un tribunal unitario han decretado una medida cautelar impensable en materia de acciones colectivas, paralizando de manera inusitada las actividades con organismos genéticamente modificados, lo que pone en riesgo grave la investigación y el desarrollo no sólo respecto de productos agrícolas sino de otros destinados a contender con enfermedades y a mejorar la salud humana.

Con base en las reformas sobre acciones colectivas de 2011, se previó que los juzgadores ordenen medidas precautorias para evitar la generación acumulada de daños, cuando ya están produciendo o que necesariamente se van a generar y tengan el carácter de irreparables.

En la acción colectiva contra el maíz transgénico se demandó por parte de un colectivo de “ambientalistas” a las autoridades federales Sagarpa y Semarnat junto con varias empresas cuyo objeto circunda en torno a las semillas genéticamente modificadas para su utilización en el campo (Monsanto, Syngenta, etc.).

El escrito de demanda, al que tuve acceso de manera fortuita, es muy confuso respecto del tipo de derecho y de acción que se intenta. Parece que se fundamenta en los derechos de los consumidores y a la vez en un derecho al medio ambiente, todo ello sobre la base de un “derecho humano e interés difuso de conservación, utilización sostenible y participación justa y equitativa de la diversidad biológica de los maíces nativos”. De entrada, pues, se evidencia una falta de adecuada representación que debe ser valorada por el Poder Judicial de la Federación.

La colectividad “afectada” reclama que con base en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados las autoridades tienen las atribuciones de permitir actividades de utilización confinada, liberación experimental, liberación en programa piloto, liberación comercial, comercialización, importación y exportación de organismos genéticamente modificados. Y, como a su entender, dicha atribución se refleja en un daño al maíz, les pareció que mediante una acción colectiva se podría detener el ejercicio de las atribuciones legales de las autoridades federales para que dejaran de autorizar, en sede administrativa, las actividades así reguladas. Y el juez mordió el anzuelo.

Dicha demanda adolece de un problema insuperable: las acciones colectivas en México sólo proceden en materia de relaciones de consumo y en materia de medio ambiente, por actos materiales que dañen a los consumidores finales (no a cualquier consumidor) o al medio ambiente. Una acción colectiva no puede tener como objetivo aniquilar facultades de las autoridades. Para ello, el Derecho provee de otras vías más adecuadas y específicas.

Suponiendo que existe un daño al medio ambiente, se tendría que atacar un acto material de “alguien” que haya sido defectuoso o excesivo; esto es, por no hacer (o por hacer de manera deficiente) lo que se está obligado o es debido y que, en consecuencia, cause de manera directa un daño. Pero nunca puede causar un daño el ejercicio de una atribución legal, por sí mismo, ni tampoco lo causa la actividad mercantil de las empresas con base en un permiso o licencia, siempre que dichos actos se hagan dentro de los límites de la autorización administrativa.

Por ejemplo, si Usted usa su vehículo para trasladarse, evidentemente está contaminando, pero no está dañando (ilegalmente) al medio ambiente, solamente lo hará si lo hace en violación al permiso que, en su caso, se le dio.

Es peligroso que los jueces federales estén siendo sorprendidos con argumentaciones sin sustento jurídico y científico por falta de conocimiento tanto del proceso colectivo como de los OGM´S. Con la medida cautelar ordenada, es evidente el atentado contra la división de poderes que permitiría una controversia constitucional e, incluso, podría dar lugar a juicio político por la grave afectación a intereses públicos fundamentales, como lo es la actividad administrativa de las dependencias federales, hoy está paralizada indebidamente.

Además, al detenerse las actividades con organismos genéticamente modificados se ponen en riesgo valores constitucionales de la más alta jerarquía como los de la soberanía y seguridad alimentaria, puesto que los cultivos tradicionales no ofrecen garantía alguna para contender con las necesidades de alimentación de los mexicanos, amén de que el uso de pesticidas químicos atenta contra la salud de todos los consumidores por la generación de cáncer y dañar al medioambiente al ser recalcitrantes y afectar de manera indiscriminada la biota.

@FGarciaSais

*Ha sido profesor de Derecho de los Consumidores en el ITAM. Precursor de las acciones colectivas y del acceso de los consumidores a la justicia. Es autor de “Derecho de los Consumidores a la Información”, “Jurisprudencia del Consumidor”, “Estado, Mercado y Derecho”. Notario 210 y del Patrimonio Inmobiliario Federal en el Estado de Sinaloa. www.garciasais.com.mx

Acciones colectivas y relaciones de consumo (Reforma, 3 de octubre de 2014)

Fernando García Sais

La semana pasada, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un amparo en materia de acciones colectivas, respecto del cual cabe hacer algunas reflexiones, a efecto de identificar los criterios sustantivos que la SCJN empieza a desarrollar a manera de doctrina jurisprudencial, en disciplinas tan desconocidas por los litigantes y por la academia: las acciones colectivas y la tutela del consumidor.

El asunto fue proyectado en la ponencia del señor ministro Cossío Díaz, quien en distintos espacios ha escrito en favor de la apertura del llamado derecho a la tutela judicial efectiva o acceso a la justicia. En marzo de 2008, el ministro Cossío refirió –en el marco de un foro celebrado en la SCJN organizado por Colegio de Secretarios de la SCJN, el Senado y el Departamento de Derecho del ITAM— que “la dificultad que hay para que la sociedad en general pueda acceder a la justicia, ya sea por el alto costo de los abogados o por los obstáculos jurisdiccionales que prevalecen.

Ahí, Cossío dijo que las acciones colectivas permiten que personas que por sí solas encontrarían enormes dificultades para que obtuvieran el reconocimiento de su estatus jurídico por parte de tribunales, se reúnan y colectivamente reciban ese reconocimiento.

La Corte ha conocido de muy pocos asuntos y ha generado buenos criterios (y alguno lamentable, y que en ambos casos he comentado en este espacio) que deben ser la guía de los jueces federales que conozcan de estos procedimientos colectivos.

En el caso reciente, la Primera Sala resolvió el amparo 33/2014 (no se trata de una jurisprudencia sino sólo un caso) que se originó cuando 62 miembros de un Club de Golf demandaron el cumplimiento forzoso de las prestaciones pactadas en el contrato. Tras intentar la acción colectiva el juez de distrito la desechó por advertir que se había firmado por la colectividad una “cláusula arbitral” y estimó, consecuentemente, que carecía de competencia para resolver el litigio colectivo.

Sin entrar en lamentaciones respecto de la falta de capacitación prevaleciente en algunos de los juzgados de distrito y tribunales del Poder Judicial, es importante que la SCJN esté atrayendo a su conocimiento los asuntos de acciones colectivas para que sus sentencias tengan un valor educativo hacia el interior de ese Poder.

En el derecho del consumidor deben tenerse como abusivas las cláusulas que obliguen al consumidor a renunciar a sus derechos. La acción colectiva es un derecho (adjetivo) irrenunciable. Además, la cláusula arbitral es doblemente abusiva cuando se impone y no se da opción de no aceptarla.

Según información pública difundida por la SCJN, la Sala concedió el amparo a los quejosos (promoventes de la acción colectiva) para que el juez dicte un nuevo auto de inicio y continúe con la etapa de certificación de la acción colectiva. Un jalón de orejas a su señoría que se le hizo fácil mandar el asunto al archivo, seguramente no juega golf el Don, ni tampoco –esto si es grave— ha estudiado.

El criterio sustantivo importante de la Sala, me parece, es el siguiente: la relación entre los integrantes de la colectividad actora y la parte demandada es una “relación de consumo”. Esta calificación de la relación jurídica es lo que le sigue a trascendente. Solamente son enjuiciables, mediante las acciones colectivas, aquellas relaciones que puedan ser calificadas como de consumo.

Por ejemplo, si el club de golf demandado no estuviera constituido como una empresa mercantil (o desarrollara actos de comercio), no existiría un proveedor. De la misma manera, si los contratantes de dicho club de golf no destinan el bien o servicio hacia actividades personales, familiares o privadas, tampoco habría el elemento subjetivo “consumidor”. Si el costo de la membresía lo deducen fiscalmente por destinar el gasto a una actividad empresarial o profesional, habría que considerarlo para no calificarlos como consumidores.

Y es que con la reforma de acciones colectivas sólo proceden para resolver problemas derivados de las relaciones de consumo, de acuerdo con la dicción del código adjetivo (y en materia de medio ambiente, que no es el caso). Y como no todas las relaciones contractuales son de consumo, se dejan fuera muchas operaciones que se celebran cotidianamente. Una oportunidad para la mejora legislativa.

Por otro lado, un criterio que me parece debe superarse es que insiste en que al consumidor se le tutela por su posición de debilidad. En la nota que circuló la SCJN se dice que el consumidor es generalmente la parte débil y habla de que las relaciones de consumo están caracterizadas por ser relaciones asimétricas entre los proveedores y los consumidores.

Me parece que la asimetría importante y que merecería la atención de los ministros es la asimetría informativa. El derecho a la información de los consumidores es el pilar de todo el marco tutelar de ese grupo económico. Al consumidor se le tutela no por ser débil, sino por carecer de toda la información que su contraparte tiene, así como por la dificultad que tiene para identificar la información relevante y hacer juicios útiles a partir de ella que le permitan tomar decisiones informadas. Si la debilidad se refiere a este aspecto, me parece plausible. Si no, me parece un criterio retrógrado.

@FGarciaSais

El autor es Director General Adjunto de Estudios Jurídicos de la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Oficina de la Presidencia de la República. Las opiniones por él expresadas son a título personal. Presidente de Acciones Colectivas, A.C.

Ley Tramposa (Reforma, 3 de abril de 2014)

Con la regulación de las acciones colectivas (originada por la reforma constitucional de 29 de julio de 2010) se abrió una gran oportunidad para mejorar el acceso a la justicia en México para los consumidores y, para todos, en materia ambiental.

Tienen como finalidad resolver, en un litigio, conflictos que afectan derechos e intereses que pertenecen a un grupo en el que sus miembros comparten una misma situación jurídica o de hecho frente al demandado. Esa identidad justifica llevar un solo expediente judicial para evitar costos innecesarios, facilitar la asignación de responsabilidades y evitar sentencias contradictorias.

Su utilidad es palmaria derivado de la contratación en masa, pues ante un incumplimiento del empresario, todos los consumidores afectados se benefician de un procedimiento ágil y de una sentencia que les dará cobertura ante el daño.

Se ha dicho, por legos y doctos, respecto de los defectos de la legislación secundaria y vaticinan su poca operatividad. No voy a hacer un listado ni de los vicios ni de las áreas de oportunidad. Hay un aspecto que no ha sido mencionado, vinculado con la materia que puede ser conocida a través de ese mecanismo colectivo de justicia.

La dicción de la reforma de 2011, al parecer, es tan clara que no hay disimulo. Quien hace la ley hace la trampa y dice: las acciones colectivas “sólo podrán promoverse en materia de relaciones de consumo de bienes o servicios, públicos o privados y medio ambiente”. ¿Qué es una relación de consumo? En función de su significado, la posibilidad de una acción colectiva puede estar más o menos abierta.

Las relaciones de consumo son las que se establecen entre un consumidor final (no me voy a referir al engendro jurídico del consumidor intermedio) y un proveedor, según las nociones que usa la Ley Federal de Protección al Consumidor. El consumidor se equipara al destinatario final –por contratar para un uso privado o familiar, ajeno a una actividad empresarial o profesional. Igual regulación hay en toda la Unión Europea, EUA y Sudamérica.

Hay quien, obviando dicha cualidad, interpreta erróneamente que las relaciones de consumo equivalen a cualquier contratación, sin considerar la finalidad que persigue la llamada “parte débil” al celebrar el contrato. Ello distorsiona las reglas jurídicas y las bases económicas que dan sustento a la tutela de los consumidores. No puede hablarse de manera omnímoda de una relación de consumo. Los jueces deben valorarlo como parte de la legitimación en la causa.

Parte del origen de esa interpretación la ubico en el indebido entendimiento de lo que John F. Kennedy declaró el 15 de marzo de 1962 ante el Congreso de EUA. Mencionó que “por definición, el término consumidores, nos incluye a todos”. Desde entonces se repite, vehementemente, que todos somos consumidores. Nada más alejado de la realidad. El discurso de JFK, es de naturaleza política –no jurídica—. No debemos atribuirle un significado jurídico como si hubiera dictado jurisprudencia.

Hay una parte de ese discurso que, curiosamente, no es motivo de alharaca: “Ellos son el grupo económico más amplio que afecta y es afectado por casi cada decisión económica pública o privada … “. Se refiere a la valiosa función económica que desarrollan los consumidores en y para la economía. Y los reduce a un “grupo” (más concreto) que participa en el mercado. Implícitamente dice que no todos son consumidores, sino sólo quienes integran ese grupo.

En los sectores regulados sus leyes definen su ámbito subjetivo (a quién va dirigida la ley). Por ejemplo, la Ley para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros define al usuario equiparándolo al contratante. No habría relación de consumo respecto de los usuarios que no puedan ser calificados como consumidores finales (por destinar el crédito a una actividad empresarial).

Al consumidor se le tutela por su valiosa función económica. Sus derechos son instrumentales de la meta económico-constitucional de lograr la eficacia de los mercados que generará mayor bienestar al consumidor, mejores precios y calidades de los bienes y servicios. La materia de las acciones colectivas, en lo que toca a relaciones de consumo, resultó ser más limitada de lo que parece. Ahí está la trampa.

Presidente de Acciones Colectivas, A.C.

 www.accionescolectivas.com

@FGarciaSais