¿Cómo cobra el Notario? Segunda parte (Noroeste, 9 junio 2017)

 

Fernando Garcia Sais

Notario Público 210 del Estado de Sinaloa

www.garciasais.com.mx

@FGarciaSais

Por un lado, el artículo 15 de la Ley del Notariado claramente se decanta por la idea de que los notarios no son servidores públicos, sujetos a una relación laboral, con subordinación jurídica ni con dependencia económica. Ello es importantísimo: el notario es independiente del Estado y de las vicisitudes políticas. Sin embargo, el Estado debe cuidar su función y vigilar su ejercicio.

En su segunda parte contiene el principio de cobro conforme al arancel. Es un derecho en favor de los usuarios: los notarios no pueden cobrar por los servicios de fe pública más de lo que prevea el arancel. Hay quienes opinan que la ley cuando dice “no excederán” es porque implícitamente permite “disminuirlo”. Es una lectura parcial e inexacta de la ley, que pasa por alto principios esenciales de derecho administrativo y de la función del notario. Para poder disminuirlo, debería preceder una autorización expresa por parte del legislador o de la autoridad.

El arancel, como toda norma jurídica, puede ser violado. Se requiere una supervisión. El Consejo de Notarios (no los Colegios, que son asociaciones civiles) tiene la atribución de vigilar la aplicación del arancel (art. 180) y se le permite al notario dispensar su aplicación en casos concretos, “previa solicitud fundada de cualquier Notario en ejercicio, siempre y cuando no exista riesgo de violación a lo dispuesto en la presente Ley”. El programa federal del “mes del testamento” actualizaría este supuesto.

Y es que en casos de interés social o por un problema de interés púbico, que el Estado quiera resolver, los notarios pudieran solicitar autorización para dar “precios especiales o descuentos” a la población. Aquí tenemos una norma que con contundencia autoriza a concluir que el notario no debe cobrar precios inferiores a los establecidos en la ley. Los notarios tienen derecho y obligación, pues, a cobrar los honorarios que señala el arancel previsto en el artículo 194.

Por la naturaleza pública del notario y de la función notarial, los notarios no están autorizados para acordar honorarios como sí lo hacen los abogados. Un notario que haga competencia desleal (similar a la prevista en el artículo 159 de la Ley del Notariado) manipulando el arancel a su antojo estaría violando la ley y dañando considerablemente a la función notarial.

Esa práctica se conoce como depredación de precios y es ilícita. De la misma manera, como lo ha resuelto la jurisprudencia, los acuerdos entre agentes económicos para fijar precios, ya sean bajos o altos, son anticompetitivos y sancionables por la Comisión Federal de Competencia. Hay, desde mi punto de vista, una relación importante entre la calidad del trabajo notarial, el respeto al arancel y la ética notarial.