Artículos Periódico Noroeste

Pobreza, educación sin calidad y mediocridad colectiva (Noroeste 9 oct 2019)

Fernando García Sais

Notario 210 de Sinaloa

El nivel cultural de una sociedad entendido como el conjunto de modos de vida, costumbres, conocimientos, desarrollo artístico, científico, industrial viene determinado por diversos factores, de los que es inviable dar cuenta aquí. Me referiré, solamente, a la educación que se recibe en las escuelas y en los hogares. Principalmente mi interés reside en la evidencia universal de la correlación entre educación y bienestar.

Según José Narro Robles (“Derechos y políticas sociales”, Instituciones sociales en el constitucionalismo contemporáneo, Fix-Zamudio, Héctor y Valadés, Diego, UNAM-El Colegio Nacional, México, 2011, p.4.) la profunda desigualdad en el ingreso origina inequidad en el acceso a los servicios, paradójicamente, a los que tienen mayor efecto igualador: la educación y la salud. De manera inversa, es una verdad incontestable que a mayores índices de educación, mayor y más efectivo es el ejercicio de otros derechos fundamentales; es decir, mayor bienestar.

La condición de pobreza repercute en los niveles de alimentación, desnutrición y alta propensión a enfermedades de los individuos, lo que a su vez genera menor rendimiento, ausentismo y deserción escolar, que inevitablemente repercuten en la educación, en las posibilidades futuras de empleo y en el acceso a actividades mejor remuneradas; imposibilitan, pues, la superación de la pobreza.

En Estados Unidos, el Partido Demócrata postuló en su plataforma de 2016 que con su programa político se acabaría con el conducto “de escuela a prisión” para construir un conducto “de la cuna a la universidad”, donde cada niño pueda vivir plenamente su potencial divino.” (Democratic Party Platform 2016, http://www.presidency.ucsb.edu/papers_pdf/117717.pdf).

La educación, irrefutablemente, tiene un papel clave en el desarrollo de las personas. Promover, desde el Estado, el acceso a una educación de calidad constituye el firme pavimento de un camino hacia el conocimiento y la superación del hombre. Pero, me interesa sobre todo destacar el efecto colectivo que tiene el acceso individual a la educación: una suma de individualidades más educadas implicará mejores condiciones de bienestar social.

En el plano individual, tener educación representa la posibilidad de dejar de ser pobre. Hay datos como los de la CEPAL, que concluye que una persona del sector rural que termina la primaria o secundaria reduce considerablemente su probabilidad de caer en pobreza alimentaria, de capacidades o de patrimonio.

El rol que las familias desempeñan, en sus casas, es no sólo complementario de la obligación estatal de proveer educación de calidad, sino el requisito indispensable. Imputar las fallas a las instituciones educativas cuando desde la familia se asumen posiciones mediocres (auspiciando el sedentarismo, la utilización de aparatos electrónicos sin mesura, organizando competencias frívolas de “belleza” infantil y todo tipo de reinados) no es más que una falta de atención a los hijos mediante la promoción de conductas que no son las mejores o adecuadas. Es una detestable frivolidad. Del mismo tamaño cuando la escuela es la que promueve (por acción u omisión) tales desvíos.

Se trata de que todos los niños sepan remar, y remen, para llevar la balsa a mejor puerto y favorecer el estudio crítico, el deporte, las artes y las ciencias en general, al margen de cualquier perjuicio, servidumbre mental y fanatismo religioso, teniendo como fundamento los resultados del progreso científico.

Solamente así podemos distribuir equitativamente, como miembros de la sociedad, las cargas que la Constitución nos impone, las obligaciones que tenemos por el sólo hecho de vivir en sociedad, por no estar esperando que sea el Estado quien resuelva todos nuestros problemas y atienda nuestras necesidades. En el nivel agregado, la educación condiciona el desempeño de la economía nacional. La competitividad empresarial e industrial está determinada por el nivel de la educación.

 

 

 

 

 

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Amparo del notario Cecilio González Márquez

Importantísima sentencia en el Amparo en Revisión del asunto del Notario Cecilio González Márquez (Ciudad de MÉXICO).

El Tribunal Colegiado se pronuncia, entre otras cosas, en que los notarios son agentes económicos, postura que he sostenido en mis publicaciones académicas.

Si tienes algún amigo notario, ¡avísale que la tiene que leer!

sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx

Artículos Periódico Noroeste, Artículos Periódico Reforma

Derecho al agua, en serio (Reforma Negocios, 11 de noviembre de 2014; Noroeste, 11 noviembre de 2014)

Fernando García Sais

En febrero de 2012 se constitucionalizó el derecho al agua. La innovadora dicción del artículo 4º abandona la redacción de los derechos de prestación conforme a la cual los ciudadanos, frente a la norma constitucional, eran disimuladamente orientados a asumir una posición pasiva. Ahora,  además de beneficiarios son partícipes solidarios en la consecución de los objetivos constitucionales. La norma no se dirige en exclusiva a la autoridad, involucra al ciudadano. Todos somos responsables de hacer uso equitativo y sustentable del agua.

Esa evolución no es menor. Si las normas se redactan asignando derechos pero, a la vez, imponiendo cargas a las personas, se producirán efectos sociales positivos. La nota distintiva de los derechos sociales es que participan de los rasgos de los derechos e intereses difusos (medio ambiente, mercado eficiente) y colectivos (educación de calidad, vivienda digna, salud). Ante la falta de satisfacción se producen privaciones difusas y colectivas.

Hay una tendencia cada vez más palmaria en la jurisprudencia hacia una Constitución más normativa que política: los derechos prestacionales vinculan al Estado. Es un cambio jurídico paradigmático que se ha presenciado respecto de la aplicación de la Constitución.

En 2017 habrá de conmemorarse, señaladamente, que la Suprema Corte y algunos tribunales del Poder Judicial de la Federación han comenzado a interpretar los derechos prestacionales superando su concepción de normas programáticas, donde el Estado no se hallaba obligado a nada:  daba lo que quería, sin tener que esforzarse por presupuestar y administrar bien el dinero público. Con esa visión política se favoreció la profunda desigualdad social que enfrentamos y que es el origen de muchos problemas sociales, entre ellos el de seguridad.

El derecho al agua plantea retos significativos a los organismos operadores del agua dada las deficiencias de la infraestructura nacional y las administrativas de los sistemas de agua. Tenemos derecho a que los proveedores del servicio público de agua garanticen su acceso para consumo personal y doméstico de manera suficiente, salubre, aceptable y asequible.

Los consumidores tienen la expectativa (de fuente constitucional) de que, al ingerir el agua que llega a sus casas, no serán dañados en su salud. Hoy la Constitución establece que no basta con que dispongamos de agua en nuestras casas o escuelas, es imperativo que pueda ser consumida de manera inocua.

Complementariamente, los consumidores de agua potable gozan del derecho legítimo a ser advertidos cuando, extraordinariamente, el agua deje de tener la condición de salubre. Ese deber de advertir es lo menos que el proveedor del agua potable debe hacer para prevenir enfermedades y daños públicos, sin perjuicio de las medidas correctivas para suministrar agua potable por otros medios, durante el plazo que dure la crisis, tanto en los hogares como en las escuelas, restaurantes y espacios públicos.

Los ciudadanos confiamos en nuestras instituciones. Mientras las advertencias no se comuniquen, las personas deben seguir confiando so pena de producirse un lamentable y costoso desmoronamiento de nuestras instituciones, públicas y privadas.

El aprovechamiento del agua debe estar regido por una visión humana y social, para preservar la dignidad humana. El derecho al agua potable es un derecho fundamental. Su preservación es tarea compartida entre Estado y sociedad. De él depende la realización, goce y disfrute de los demás derechos económicos, sociales y culturales.

@FGarciaSais

El autor es Director General Adjunto de Estudios Jurídicos de la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Oficina de la Presidencia de la República. Las opiniones por él expresadas son a título personal.