Artículos Periódico Noroeste

Indígenas: Diversidad e Igualdad

Fernando García Sais

Notario Público 210 del Estado de Sinaloa

 www.garciasais.com.mx

@FGarciaSais

Como es trágicamente común en nuestro entorno, algunas reformas trascendentes no son objeto de especial atención por los medios de comunicación ni, lo que es más grave, por parte de los abogados o sus academias jurídicas. Contemplamos el cambio normativo y nos mantenemos impávidos.

Es el caso de las reformas al artículo 2º constitucional en materia de derechos de los indígenas, que se han sucedido desde 2001, 2015 y la más reciente el 29 de enero de 2016 y respecto de las cuales la literatura es escasa. La jurisprudencia también lo es, aunque rica en contenido en sus casi 60 precedentes sobre el tema indígena.

El artículo 2º reconoce, por un lado, la composición pluricultural “sustentada originalmente en sus pueblos indígenas” y, por otro, entiende como tales a los que descienden de poblaciones que habitaban en el país al iniciarse la colonización y que a la fecha conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

El precepto se desarrolla en dos apartados. El “A”, en el que se reconoce y se garantiza el derecho a la libre determinación y a la autonomía que se manifiesta en diversos aspectos como la posibilidad que tienen los pueblos indígenas de decidir sus formas internas de convivencia y organización (social, política, cultural y económica) y un conjunto de aspectos muy relevantes para conservar su lengua, acceder a la justicia asistidos por intérpretes y defensores, tomando en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, y otros como la posibilidad de ejercer el derecho al voto activo y pasivo (votar y ser votado) en condiciones de igualdad (hombres y mujeres).

Recordemos que las políticas públicas posrevolucionarias propusieron una “integración” inspirada en una ilusión: eliminar la diversidad lingüístico-étnica y sus sistemas de organización (Cossío, J.R. y Florescano). Se pensaba, y aún lo hacen algunos, que la homogeneidad construiría una nación más fuerte. El referido apartado rechaza esa lógica.

El apartado “B”, establece un conjunto de “derechos prestacionales” que no podemos pasar por alto. Su naturaleza prestacional implica que el Estado tiene que buscar la manera de garantizarlos a través de su previsión presupuestal y del gasto público, por la posibilidad que hoy tienen de ser exigidos judicialmente a través del juicio de amparo por tratarse de derechos de exigibilidad y no como “normas programáticas” como anteriormente eran catalogados, previo a la reforma de junio de 2011 en materia de derechos humanos.

Así, sobre el principio de la igualdad material y de la no discriminación, el constituyente permanente ordena que el Estado mexicano debe promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria. La Constitución no es ciega a las desigualdades sociales y la jurisprudencia de la Corte lo ha vislumbrado así.

Para poder cumplir con dicho mandato constitucional, la Federación, los Estados y los municipios, con miras a abatir las carencias y rezagos, están obligados (con toda la extensión de la palabra) en términos generales y conceptuales a impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas para fortalecer su economía y mejorar las condiciones de vida.

De los derechos prestacionales etiquetados (con recursos) expresamente en la Constitución encontramos el derecho a la educación, a la salud y el llamado “derecho a la ciudad”. Se establece, pues, el derecho a la educación bilingüe e intercultural y a la educación media superior y superior, a la creación de un sistema de becas “en todos los niveles”. El derecho a la salud, mediante el acceso efectivo a los servicios de salud y apoyo a la nutrición mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil. Por último, se prevé que las comunidades indígenas deben mejorar, con recursos etiquetados, sus espacios para la convivencia y recreación, la construcción y mejoramiento de vivienda, y ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos.

Pero para que dichas obligaciones se cumplan no basta que se declaren como obligatorias es necesario contar con recursos económicos y que en los presupuestos de egresos se prevean.

El constituyente, en tanto poder revisor, y como previsor de eventuales indisciplinas financieras, estableció de manera taxativa que “la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben” y además les dio a las comunidades indígenas el derecho de controlar el ejercicio de dicho presupuesto y vigilarlo.

Para los municipios se establece una carga adicional: las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos. Es decir, los indígenas tienen derechos prestacionales y además ejercerán directamente el gasto.

No encuentro en la dicción constitucional otro caso similar a este valioso y olvidado derecho prestacional. Serán los funcionarios responsables quienes los harán realidad o los jueces en sus sentencias gracias al trabajo de los héroes del Derecho que todavía hay por ahí, de lo contrario el reconocimiento constitucional será verdaderamente letra muerta.