Artículos Periódico Noroeste

Conflictos vecinales (Noroeste, 2 octubre 2019)

Fernando García Sais

Notario 210 de Sinaloa

Los habitantes de la ciudad, históricamente, reclamamos que las autoridades sean efectivas y eficientes para atender los problemas derivados de la cotidianidad. Incluso, a nivel federal, se han organizado foros académicos del más alto nivel para revisar la regulación, las instituciones, los procesos, encontrar las fallas y proponer soluciones para hacer que la llamada “justicia cotidiana” opere satisfactoriamente.

En el año 2015 hubo un foro en la Universidad de Guanajuato, organizado por el CIDE, a petición de la Presidencia de la República (su antecedente fue el mensaje a la Nación de Enrique Peña Nieto “Por un México en paz con justicia y desarrollo” del 27 de noviembre de 2014). Tuve el honor de participar en algunas de las mesas en ese enriquecedor ejercicio invitado por el CIDE (dato accesorio que se comenta tangencialmente).

Lo relevante, y que lo relaciono con el título de esta entrega, tiene que ver con el apartado “Justicia para las comunidades y los vecinos” del documento entregado por el CIDE a la Oficina de la Presidencia (consultable en https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/04/Documento_JusticiaCotidiana_.pdf).

Como preámbulo, en el estudio se enfatiza en la importancia de poner la atención en los escenarios en los que puede haber conflictos sociales cotidianos entre vecinos: espacios de estacionamiento, el uso de las banquetas, el volumen de la música, el uso de las áreas comunes, etc., concluyendo que la existencia documentada de dichos problemas “sugiere … que la resolución oportuna de estos pequeños conflictos puede ser útil para prevenir la violencia social.”

Si uno le pregunta a un ciudadano medianamente informado y perspicaz si es posible exigir que el vecino le baje al volumen de su música, lo más seguro es que conteste que no sabe, que no hay una autoridad encargada de eso o que, si la hay, jamás tomará una medida correctiva. Por lo pronto el habitante del barrio no podrá dormir y es probable que la situación empeore y se haga “justicia por propia mano”. Al respecto, según el INEGI, el conflicto entre vecinos es tan cotidiano que puede tener dimensiones y repercusiones mayores que la venta de drogas o los homicidios (cito al estudio del CIDE).

Sin lugar a duda, en los municipios, los ayuntamientos deberían tener una oficina (municipal o un juzgado menor) destinada única y exclusivamente encargada de procesar conflictos entre vecinos suscitados por los problemas antes referidos o por la modificación del uso de suelo, la invasión y destrucción de áreas verdes o por la emisión excesiva de ruido.

Seguramente la utilización de una institución diseñada ad hoc para canalizar ese tipo de tensiones propiciará una mejor convivencia vecinal y no lo que hemos visto últimamente de manera atroz. La violación al Bando de Policía y Buen Gobierno, por vecinos “desesperados” que colocan mantas (no se sabe si es contra el gobierno, contra los vecinos o contra los inversionistas) o se hacen justicia por propia mano (ejerciendo ilícitamente violencia) constituyen tipos de conflictividad social (comunitarios y socio-territoriales) que difícilmente tenderán a desaparecer o disminuir por obra y gracia de la fe.

Necesitamos trabajar con urgencia en la revisión de los problemas cotidianos que no se logran canalizar institucionalmente y que constituyen acicates de difícil penetración para el fortalecimiento de la convivencia en comunidad.

 

 

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Artículos Periódico Noroeste

Notariado Nacional Homogéneo (Noroeste, 27 de mayo de 2016)

 

Fernando García Sais

Notario Público 210 del Estado de Sinaloa

www.garciasais.com.mx

@FGarciaSais

 

En el imaginario colectivo mexicano, es común hallar el arquetipo de que solamente en la Ciudad de México los notarios públicos son seriamente evaluados previo a su designación. Correlativamente, en la llamada provincia, el proceso mengua en calidad –dado que se considera por algunos que se trata de una graciosa concesión de los Poderes Ejecutivos–.

Con esos antecedentes y prejuicios, algunos más certeros que otros, la economía nacional difícilmente puede desarrollarse adecuadamente, dado el papel tan importante que tenemos los notarios públicos en la formalización de los diversos actos jurídicos, patrimoniales o familiares.

Hasta hace algunos años, en la realidad del notariado, era casi casi impensable que un aspirante al notariado impugnara un proceso de elección vía amparo (pelearse con el cocinero no es sano) o que un notario en ejercicio se atreviera a hacer lo propio para evitar la incursión de nuevos notarios. En diversas partes del país existen expedientes judiciales con ambos tipos de quejas y por ambos tipos de dolientes.

Los notarios, todos, son iguales frente al Estado mexicano y frente a las instituciones privadas (desde las personas, familias y empresas) sin importar el municipio del Estado en el que tengan su residencia y su “jurisdicción”. Esa igualdad formal (ante la ley) debe coincidir en la práctica. El Estado debe cuidar a su notariado, no por el notariado mismo, sino por la finalidad última a la que sirve: la seguridad jurídica, que se sustenta en la independencia, imparcialidad y autonomía del fedatario.

El notario tiene facultades que el Estado le delega, no el titular del Poder Ejecutivo, ni el Federal ni los de los Estados (no pueden delegar lo que no tienen). Se delega la fe pública. Se trata de una maravillosa función que debe blindarse celosamente frente a cualquier intromisión que la pretenda minimizar.

La homologación del notariado en todo el país debería ser el sueño a perseguir por las nuevas generaciones: bastaría reformar el artículo 73 de la Constitución para que se agregara una fracción más a las treinta existentes para contar con una ley general sobre el notariado que siente las bases de un nuevo notariado mexicano con altos estándares en cuanto a sus instituciones y con una homogeneidad que haga de la función un verdadero pilar de la seguridad jurídica.

En mi colaboración anterior referí que el 27 de diciembre de 2013 se añadió en ese precepto constitucional una facultad vinculada materialmente con el tema notarial: la de expedir la ley general que armonice y homologue la organización y el funcionamiento de los registros públicos inmobiliarios y de personas morales de las entidades federativas y los catastros municipales (fracción XXIX-R).

Para los legos en constitucionalismo, noten que la fracción XXIX contiene 24 incisos (desde la letra “A” hasta la “W”), todos y cada uno con facultades para legislar en materia federal. El menú de facultades del Congreso de la Unión para legislar ha ido creciendo de manera rampante desde 1917 hasta 2016. Es uno de los artículos de la Carta Magna más reformado: a la fecha 76 reformas.

La homologación del notariado tendría muchos efectos positivos sobre el desarrollo económico y sobre la seguridad jurídica. Una de sus consecuencias sería que dejaríamos de tener nombramientos de notarios sin méritos profesionales con sus respectivos beneficios para la sociedad beneficiaria de la fe pública.

Otra consecuencia sería la posibilidad de contrarrestar un conjunto de prácticas que pudieran ser calificadas como monopólicas y que perjudican a los intereses de la población consumidora, que a la fecha no han podido erradicarse a pesar de sus perniciosos efectos sobre la economía nacional.

Dejo estas breves ideas y líneas para que, espero, sean objeto de reflexión por parte de nuestros legisladores, con la petición de que observen lo que acontece allende nuestras fronteras y tomemos las mejores prácticas internacionales.

 

Artículos Periódico Noroeste

Seguridad Jurídica Inmobiliaria (Noroeste, 13 de mayo de 2016)

Fernando García Sais

Notario Público 210 de Sinaloa

@FGarciaSais

El pasado 28 de abril de 2016, el presidente Peña Nieto presentó un conjunto de iniciativas en el marco de las reformas en materia de “justicia cotidiana”. En esta ocasión me interesa comentar la relacionada con la “Ley General para Armonizar y Homologar los Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales y los Catastros”.

El antecedente normativo de esta iniciativa es la reforma al artículo 73 de la Constitución de 27 de diciembre de 2014, por la que se facultó al Congreso de la Unión a emitir una ley general sobre los registros públicos de la propiedad y sobre los Catastros. Como es bien sabido, por diseño constitucional, desde 1917 dichas la facultad para legislar en dichas materias corresponde a las entidades federativas.

El antecedente que justifica que el presidente de la República haya presentado la iniciativa de ley general, tiene que ver con un aspecto de crucial importancia: la seguridad jurídica inmobiliaria, que se desdobla en diversas manifestaciones que repercuten en el desarrollo de la economía nacional y, consecuentemente, en la competitividad, no sólo a nivel municipal o local sino a nivel internacional. Recuerde Usted que México ha sido señalado por organizaciones internacionales serias respecto de su capacidad para generar seguridad jurídica en lo que a la propiedad privada se refiere.

Uno de los principales defectos del sistema, por llamarlo de alguna manera, nacional de registros públicos es que los que actualmente existen no operan de manera armónica ni homogénea. Por ejemplo, en la Ciudad de México, desde hace varios lustros opera el sistema de folio real. En Sinaloa y otras entidades, el sistema que se sigue es el de libros. Existe unanimidad entre juristas, notarios, registradores e incluso entre profesionales de otras disciplinas vinculadas con la actividad registral, que el mejor sistema es el de folio real, en la medida que constituye un mecanismo de consulta rápido y confiable respecto del estado que guarda un inmueble.

Desde el punto de vista económico, hay un incentivo a las inversiones generado por un buen sistema registral y catastral. La diversidad de legislaciones a nivel Estado, la falta de procesos sustantivos homólogos, así como de unidades de registro, constituyen acicates importantes para que la iniciativa de ley general sea discutida y aprobada con la mayor celeridad y rapidez posible.

Para el ciudadano, contar con un registro público de la propiedad que tenga la mejor tecnología disponible, que opere con sistemas informáticos eficientes, que comparta información cartográfica y descriptiva de los inmuebles con el Catastro evitando contradicciones y diferencias, se traducirá en mejorar la accesibilidad para la pronta obtención de documentos y muy importante que dichos documentos reflejen la realidad. Hoy, gracias a las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC´s) los trámites se deberían hacer en línea y de manera remota, obteniendo respuesta inmediatamente. Naturalmente, previo pago de derechos.

Los notarios públicos, en la medida que somos operadores jurídicos y que como agentes económicos que prestamos un servicio, estaremos en posibilidad de participar de mejor manera en las transacciones inmobiliarias que nuestros clientes nos confían. El patrimonio de las familias y el de las empresas tendrá mayor seguridad jurídica. Esta reforma, de concretarse, se convertirá en una reforma estructural para impulsar la actividad económica inmobiliaria.

Sería conveniente que, paralelamente, se produjera una política pública nacional orientada hacia la regulación nacional del notariado, de tal manera que las condiciones de acceso, los principios rectores y su ejercicio fueran también armonizados con base en una ley general. Sobre este aspecto comentaré en una próxima colaboración.

http://beta.noroeste.com.mx/publicaciones/opinion/pseguridad-juriacutedica-inmobiliariap-94596

Artículos Periódico Reforma

Publicidad y libre expresión (Reforma, 19 de enero de 2015)

Fernando García Sais

A finales de 2014, la Primera Sala de la Suprema Corte, en asuntos turnados a la ponencia del ministro Zaldívar, sentó dos tesis aisladas relacionadas con las comunicaciones comerciales, esto es, las que tienen como propósito final dar a conocer a los consumidores finales, bienes o servicios, mediante la difusión de sus cualidades, características, etc.

La primera, de rubro “LIBERTAD DE EXPRESIÓN. EL ARTÍCULO 44, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, VULNERA ESE DERECHO FUNDAMENTAL.”, tiene que ver con las investigaciones que la Profeco realiza respecto de los bienes y servicios que se comercializan el mercado que, con base en el artículo 44 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, los resultados publicados por dicha autoridad no pueden ser utilizados por las empresas con fines publicitarios ni comerciales.

Esa disposición en su porción prohibicionista, que fue añadida en 2004, se calificó como inconstitucional al vulnerar el derecho fundamental de la libertad de expresión, “toda vez que prohíbe la utilización con fines publicitarios de los estudios realizados por la Procuraduría, sin distinguir si su uso es “adecuado” o “engañoso”.” A juicio de la Sala, “se considera que […] la difusión exacta de la información generada por la [Profeco] sin manipularla o tergiversarla no afecta los intereses de los consumidores.”

Faltaba más. Parecería absurdo que existiendo información adecuada, en este caso resultado del esfuerzo institucional con base en el dinero de los contribuyentes, no se pueda utilizar en beneficio de los consumidores, para favorecer la toma de mejores decisiones de consumo. El precepto viola el derecho a la información del consumidor. El criterio sienta las bases para favorecer la publicidad comparativa que tome como base los estudios de la Profeco.

En un entorno de tutela debe propiciarse que, desde el Estado y desde la empresa organizada, se dé mejor información (adecuada) al consumidor para que pueda tomar decisiones de consumo que se traduzcan en mayor bienestar. Bajo esta óptica, es acertado el criterio de la SCJN. Sin embargo, dado los efectos relativos del amparo otorgado, el resto de las empresas tendría que agotar los medios de defensa a su alcance o los consumidores controvertirlo.

La segunda de las tesis (“LIBERTAD DE EXPRESIÓN. ESTE DERECHO FUNDAMENTAL COMPRENDE AL DISCURSO COMERCIAL.”) sostiene que “en una economía de mercado es importante el libre flujo de información, esto para que los agentes económicos puedan competir libremente y los consumidores puedan tomar decisiones informadas”, lo que es acertado, no así la consideración de que la publicidad esté protegida por la libertad de expresión.

Es mucho más atinado el criterio también aislado de la propia Sala al resolver el Amparo en revisión 91/2004, en el que el ministro Cossío dijo: “Si bien no puede afirmarse, ex ante y de manera absoluta, que el discurso comercial esté totalmente fuera del ámbito de proyección de la libertad de expresión, en la mayoría de ocasiones el mismo solamente complementa el libre ejercicio de una actividad empresarial, por lo que le son aplicables las limitaciones legales y constitucionales que se proyectan sobre esta última. Esto es así cuando las limitaciones inciden en la dimensión puramente informativa de la publicidad y la relación de la publicidad con el ejercicio de la libertad de imprenta no se da en el caso concreto. El legislador, por tanto, al considerar la publicidad en cuanto mensaje que da información sobre la oferta empresarial puede someterla a los límites de veracidad y claridad exigibles en este ámbito.”

La posición de los consumidores, incluyendo a los más vulnerables (niños, ancianos, enfermos) frente al engaño publicitario requiere acciones enérgicas por parte de la administración pública y por parte de los juzgadores cuando a través de las acciones colectivas se pida, como medida cautelar, la cesación de la difusión de la publicidad atentatoria.

Desde el Estado debe procurarse la actuación eficiente para “sacar del aire” la publicidad que esté vulnerando los intereses de la población consumidora, como una herramienta que complemente la difusión de más y mejor información. Particularmente en un escenario, como el nuestro, en el que la autorregulación no ha encontrado un eficaz desarrollo y se ha convertido en un parapeto de algunas empresas para simular orden y ética.

@FGarciaSais

El autor es precursor de las acciones colectivas y del acceso de los consumidores a la justicia. Se desempeña como Director General Adjunto de Estudios Jurídicos de la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Oficina de la Presidencia de la República. Las opiniones por él expresadas son a título personal.

Artículos Periódico Noroeste

El municipio, orden y progreso (Noroeste, 16 de enero de 2015)

Para que México avance con determinación hacia la consolidación de un Estado democrático, social y constitucional, es preciso que emprendamos –desde todas las esferas, ámbitos y niveles— una cirugía mayor que la posibilite. La intervención del paciente debe efectuarse en los ámbitos de lo cotidiano y del respeto a la ley. Tenemos un Estado de Derecho que no funciona. Hay que refundarlo, no fortalecerlo.

Todos los mexicanos tenemos un conjunto de derechos humanos y fundamentales en la Constitución (desarrolladas en el resto del ordenamiento) más los de fuente internacional. Esos derechos para ser efectivamente cobrados, requieren de ciertas condiciones políticas, económicas, sociales e institucionales que ante su ausencia generarán más desigualdad, al ser efectivos únicamente para quien tiene recursos para reclamarlos.

Disfrutar las ciudades, vialidades, parques, miradores, áreas de esparcimiento familiar, es un derecho (surgido con las primeras libertades y desarrollado exponencialmente junto con los derechos humanos de tercera y cuarta generaciones) que debe cristalizarse como condición concomitante durante la fundación de un Estado de Derecho.

Los presidentes municipales no pueden seguir administrando tan deficientemente. Basta leer con detenimiento el artículo 115 constitucional para advertir las amplias funciones y servicios públicos a cargo de los ayuntamientos. Las personas, niños, adultos mayores, discapacitados, demandan de manera urgente poder gozar a su país. El correcto diseño y funcionamiento de las ciudades es una tarea propia de los gobiernos municipales; sus “gobernados” deben tener la tranquilidad de que ellos lo hacen y lo hacen bien. Para que la democracia funcione, el ciudadano debe dejar de asumir costos desde que sale de casa. Debemos construir ciudades accesibles.

Junto a los servicios públicos de calidad, se debe trabajar para tener una policía que responda al ciudadano, pronto y con calidad. Que imponga la ley. Hablar de buena policía es un reto mayúsculo. Mientras no logremos tener una policía que “sirva y proteja”, seguirán reinando el caos, desorden y la falta de legitimación social de esos cuerpos institucionales. Hoy, desgraciadamente, generan más desconfianza que seguridad. Basta revisar los periódicos y ver las cifras de delitos cometidos por policías y ex policías. Una realidad que nos hemos negado a transformar.

El respeto irrestricto a la legalidad debe ser el pilar, el inicio y el final de la cirugía. Esta tarea inicia en las casas de cada uno y continúa en todos los ámbitos en los que nos desarrollamos, involucra al Estado en todas sus dimensiones y a la iniciativa privada empresarial y al resto de la sociedad civil.

Si educamos a las generaciones más jóvenes a que la ley se aplica a contentillo, generalmente contra quien tiene menos recursos económicos y a los más ignorantes, el llamado Estado de Derecho será una meta inalcanzable.

No busquemos responsables enfrente. El orden y el progreso sociales son un logro, no un regalo.

@FGarciaSais

El autor es precursor de las acciones colectivas y del acceso de los consumidores a la justicia. Se desempeña como Director General Adjunto de Estudios Jurídicos de la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Oficina de la Presidencia de la República. Las opiniones por él expresadas son a título personal.