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Notarios y competencia económica, la COFECE se pronuncia

Notarios y competencia económica

Fernando García Sais

www.garciasais.com.mx

@FGarciaSais

En un asunto judicial muy relevante, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció (año 2002) que los notarios de la Ciudad de México no eran agentes económicos, para efectos de la abrogada (en 2014) Ley Federal de Competencia Económica. Pudiera pensarse que, a consecuencia de dicha pérdida de vigencia, también algunos de los precedentes judiciales dejarían de tener fuerza. Esto que se dice fácil, no lo es tanto: requiere un gran esfuerzo analítico.

La sentencia de la Corte puso en evidencia que, en ese entonces, los ministros desconocían profundamente cómo funciona la economía y cómo y para qué está regulada la libre competencia en la Constitución. La prohibición de monopolios y de prácticas monopólicas no es retórica, es el pilar del funcionamiento de los mercados para generar mejores bienes y servicios y a mejores precios que si no hubiera libre mercado. Es, incluso, un derecho prestacional.

Con una perspectiva decimonónica, un notario público parecería que poco o nada tiene que ver (directamente) en lo que concierne a la producción y comercialización de bienes y servicios que son puestos en circulación en el mercado para que los consumidores los adquieran. No son empresarios, son notarios. No realizan actos de comercio, no son comerciantes, son fedatarios públicos. No buscan el lucro mercantil, sino la seguridad jurídica.

Así con dicho criterio obtuso, durante años (15 años tras el precedente citado) se ha afianzado la idea de que el notario no es agente económico. Con la nueva ley federal en la materia, parecería que, de presentarse nuevamente un caso en tribunales, el criterio pudiera dar un giro radical. El artículo 3.I dispone que es agente cualquiera que en cualquier forma participe en la actividad económica, con independencia de si lo hace o no con fines de lucro. Con ello, claro está que los notarios son agentes económicos y sus prácticas deberían analizarse bajo el tamiz de la ley antimonopolios.

Al menos desde la óptica de la Comisión Federal de Competencia, órgano constitucional autónomo que sustituyó al anterior (que era un organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Economía) los notarios, hoy, sí son objeto de su atención. Esperemos que de sus políticas y acciones.

El pasado 23 de octubre de 2017 en el marco del “Premio para identificar el obstáculo regulatorio más absurdo para competir y emprender”, consultable en https://www.cofece.mx/cofece/index.php/prensa/historico-de-noticias/leyes-estatales-de-notarios-ganadoras-del-premio-para-identificar-el-obstaculo-regulatorio-mas-absurdo-para-competir-y-emprender se llegó a conclusiones que ameritan nuevas reflexiones en el tema.

Medularmente, y le pido al lector que profundice, la autoridad tras reconocer la importante labor que realizan los notarios, estimó que existen “limitantes artificiales al número de oferentes de estos servicios” y “restricciones a la competencia entre ellos”, lo que perjudica al ciudadano y se traduce en precios más altos dada la escasez artificial de notarios, incertidumbre jurídica (al haber menos uso de servicios notariales por los altos costos) y baja calidad de los servicios (dada la discrecionalidad en la asignación de notarías).

La COFECE aprovechó la inercia para hacer recomendaciones a los congresos de las entidades federativas para impulsar reformas que se traduzcan en eliminar las barreras regulatorias así como para que a nivel federal se fomente la competencia y rivalidad con los corredores púbicos en materia mercantil.

La atención de la autoridad antimonopolios en el servicio de la fe pública es crucial para el bienestar de los mexicanos. Seguramente será el inicio de pasos más grandes y profundos para mitigar prácticas que pudieran calificar como monopólicas relacionadas con sectores importantes como la vivienda para consumidores, el mercado hipotecario y, sin duda, el derribo de barreras de entrada que privilegian el nombramiento no de los mejores, lo que propicia prácticas que afectan la seguridad jurídica y el patrimonio de los mexicanos.

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