Newsletters Notaría 210

Fe de hechos para prevenir daños / Notarial certification to avoid damages (Newsletter, February 2019)

Fe de hechos para prevenir daños / Notarial certification to avoid damages

Fernando García Sais

Abogado, Doctor en Derecho y Notario Público 210

Juris Doctor, Ph.D. & Notary Public

www.garciasais.com.mx

Newsletter / February, 2019

Antes de empezar a construir o, bien, durante el proceso constructivo, ya sea de obras residenciales (departamentos, casas), comerciales o industriales, es recomendable producir constancias documentales que puedan ser utilizadas, si llega a necesitarse, en un juicio.

 

Si esas pruebas son fes de hechos notariales tendrán plena validez respecto del estado que guardaban las construcciones. Lo que el notario plasma en un instrumento público es la verdad legal. El notario en una fe de hechos no incorpora valoraciones ni puntos de vista personales. Se limita a dejar como una fotografía de lo que en ese específico momento (aquí y ahora) observó a través de los sentidos.

 

La ley del notariado expresamente dispone la facultad para los notarios dejar constancia del estado que guardan las construcciones o cualquier otro hecho material.

 

Para las personas y empresas el valor de una fe de hechos es relevante y significativo tanto por la posición especial que tendrá al momento de probar en un juicio situaciones fácticas como por el blindaje patrimonial que ello implica.

 

La escritura pública y el testimonio notarial hacen prueba plena en una contienda judicial. Lo que el notario observó y plasmo constituye la verdad legal. De ahí la importancia de contar con este tipo de documentales que, a la postre, adquirirán relevancia para desvirtuar reclamos, acciones de reparación de daños, indemnizaciones, litigios, defenderse adecuadamente frente a actos de autoridades administrativas o, incluso, para iniciar acciones contra cualquier tercero que haya producido un daño.

 

De la misma manera si el dueño del negocio contrató un constructor para llevar a cabo las edificaciones, al dueño le interesa dejar constancia del estado que guardan y los avances, dado que pudieran existir compromisos contractuales con futuros adquirentes sujetos a ciertos plazos y condiciones y en virtud de la conveniencia de prever litigios futuros y blindar la esfera personal y patrimonial frente a cualquier ataque.

 

El que obra ilícitamente o contra las buenas costumbres y, a consecuencia de ello, causa daño a otro, está obligado a indemnizarlo. La indemnización será buscada siempre por los litigantes y la fe de hechos oportuna puede fortalecer la acción o debilitarla, según sea el caso.

 

El notario público como auxiliar del Estado de Derecho tiene obligación de actuar cuando se le soliciten y paguen sus servicios conforme a la ley.

 

No existe conflicto de interés si la fe de hechos se solicita para dejar constancia de aspectos imputables a otro cliente del notario, puesto que no hay una relación estable de trabajo como la que tienen los abogados patronos con sus clientes.

 

Los notarios de Sinaloa servimos para mejorar la convivencia social y buscamos la paz.

Before starting to build or, even, during the construction process, whether residential (apartments or houses), commercial or industrial, it is advisable to produce documentary evidence that can be used, if needed, in a trial.

 

 

If this documentary evidence is incorporated in a notarial certification, it will have full validity in a court of law with respect to the state of the construction. What the notary expresses in a public instrument is the legal truth. The notary in a notarial certification does not incorporate personal points of view. It is limited to a snap-shop of a specific moment (here and now) observed through the senses.

 

The Notarial Law expressly provides the faculty for notaries to record the status of buildings or any other material facts.

 

 

For individuals, corporations and companies, the value of a public instrument is relevant and significant both because of the special position that it will have as evidence in a trial, in factual situations, as well as for the protection of future inheritance.

 

The public deed and the notarial testimony make full proof in a judicial trial. What the notary observed and captured is the legal truth. Hence the importance of having this type of documentation is that it can be used in dispute of claims, in actions to repair damages, for compensation and litigation and to adequately defend against acts of administrative authorities or even to act against any third party that has caused damage.

 

 

In the same way, if the owner of the business hired a builder to construct the buildings, the owner is interested in recording the state of construction and the progress, since there may be contractual commitments with future buyers/clients/consumers subject to certain terms and conditions. The notarial certification protects against future litigation towards the owner and future inheritance.

 

Anyone who acts illicitly or immorally and, as a result, causes harm to another, is obliged to compensate them. The compensation will always be sought by the litigants and the notarial certification will strengthen the action or weaken it, as the case may be.

 

The notary public, as gatekeeper of legality, has an obligation to act when requested and has been paid for his services in accordance with the law.

 

There is no conflict of interest if the notarial certification is requested by another client of the notary, since the relationship with the notary is not the same as the lawyer/client relationship.

 

The notaries of Sinaloa serve to improve social coexistence and seek peace.

Anuncios
Artículos Periódico Noroeste

¿Cómo cobra el Notario? Primera parte (Noroeste, 26 de mayo 2017)

 

Fernando Garcia Sais

Notario Público 210 del Estado de Sinaloa

www.garciasais.com.mx

@FGarciaSais

Los notarios son abogados, verdad de Perogrullo. Sin embargo, no son exactamente iguales. Y no me refiero a que sean mejores o peores. Por un lado, la función notarial está regulada en una ley de carácter administrativo y, por otro lado, los notarios están investidos de fe pública, que originariamente corresponde al Estado.

Al tener como fuente una norma administrativa, los notarios sin ser servidores públicos, quedan sujetos al régimen de derecho público y, particularmente, al principio de legalidad que reza: “solamente pueden hacer aquello para lo que cuentan con autorización expresa de la ley” o dicho de otra forma: todo lo que no está permitido, está prohibido. Al contrario de lo que acontece con los abogados quienes pueden hacer todo lo que no se les prohíba expresamente.

Además, el ejercicio del notariado es una función de orden e interés público. La función es delegada por conducto del Poder Ejecutivo estatal y recae en un abogado que, por tener ciertas cualidades, se considera idóneo para cuidar adecuadamente de esa función.

Si y sólo sí se entiende la naturaleza de la regulación y de la función del notario, comprenderemos la regulación del arancel que, cuestión aparte, pudiera ser objeto de debate si los montos económicos son altos o bajos, justos o injustos. Tema este que debería ser abordado en sede legislativa, sin olvidar la realidad económica del Estado y el incremento exponencial de las cargas administrativas y fiscales hacia el notariado.

En microeconomía se sabe que ante la demanda de bienes de consumo necesario un aumento en el precio no la afecta. Es decir, se dice que la demanda es inelástica, porque por más que suba el precio, el consumidor tiene la necesidad de adquirirlo y al no haber bienes sustitutos, sus opciones se reducen. El mercado de la fe pública es uno de bienes de consumo necesario, por lo que habría que tener presente el efecto económico referido.

El arancel notarial se desenvuelve en dos facetas importantes: desde el lado del usuario, como un derecho; desde el lado del notario, como una obligación. Al estar previsto en una ley de naturaleza administrativa, el arancel no puede ser objeto de convenio entre las partes. Equivaldría, en ese punto y sólo en ese punto, a la imposibilidad jurídica que tiene un oficial del Registro Civil para modificar los “precios” de las actas del estado civil.

Respecto del cobro por los servicios notariales, en el caso de Sinaloa, la Ley del Notariado contiene algunas referencias importantes que merece la pena identificar. El artículo 15 establece que los notarios no reciben un sueldo del Estado y que los honorarios que cobren “no excederán” del arancel previsto en la ley. Y para evitar incurrir en defecto legislativo con una norma imperfecta, el legislador previó una sanción: si el notario cobra más de lo previsto en la ley se hace acreedor a una multa económica (art. 159) de 30 a 300 días de salario, hoy UMAS. Si no pueden cobrar más ¿pueden cobrar menos? Este tema lo analizo en mi siguiente entrega.